Si el fujimorismo llevo a cabo una política macartista contra la izquierda (asesinando a líderes obreros históricos como Pedro Hillca, Saúl Cantoral, etc.), el débil Toledo, con zig zags, trató de reprimir al pueblo para continuar con el modelo (pero que no pudo pro el ascenso de lucha de clases), y Alan García, aprobó algunas […]
Si el fujimorismo llevo a cabo una política macartista contra la izquierda (asesinando a líderes obreros históricos como Pedro Hillca, Saúl Cantoral, etc.), el débil Toledo, con zig zags, trató de reprimir al pueblo para continuar con el modelo (pero que no pudo pro el ascenso de lucha de clases), y Alan García, aprobó algunas medidas legales para imponer la privatización de la selva (también derrotado con el Baguazo), pues, el de Ollanta, es un gobierno débil, que se enfrenta a García por el tema de la corrupción, pero que al igual que éste, quiere profundizar la criminalización de la protesta social, contando a su favor con el apoyo de los gobiernos de izquierda de la región.
Y es que solo así se puede comprender la modificación del inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, que libera de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el que señala: «…Que en el cumplimiento de su deber hagan uso de sus armas u otro medio de defensa…». Así como leen, e l lunes 13 de enero en el diario oficial El Peruano, se publicó la Ley 30151, que permite disparar a los protestantes cuando los policías o militares juzguen que estos están yendo en «contra del orden y la paz social».
Amparados en esta Ley la policía dio muerte a dos ciudadanos comerciantes en «El Huequito» en pleno centro de Lima en medio de una orden de desalojo la semana pasada. En Madre de Dios, hay varios ciudadanos muertos por bala policial, al estar estos participar en una huelga general que ya lleva más de 2 semanas sin visos de solución. En Puno, un periodista, fue herido de gravedad en el ojo, por cubrir la protesta social de una comunidad de Ayaviri. En Celendín (provincia de Cajamarca), el 8 de abril, Fredy Cargía, y cinco dirigentes de las rondas campesinas, opositores del proyecto transnacional minero Conga, fueron detenidos. Hay que señalar que desde el inicio del mandato de Ollanta ya van más de 30 muertos por diferentes protestas sociales.
A esto hay que agregar que según informes de la Defensoria del Pueblo, existen más 200 conflictos sociales, a nivel nacional, mucho de los cuales se encuentran activos y otros latentes. ¿Todos estos conflictos Ollanta los enfrentará con balas policiales o militares?, ¿Esta es la inclusión social de la que habla tanto en foros internacionales?, ¿UNASUR, CELAC, CAN, no tienen nada que decir al respecto?
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