Otto Reich y el golpe de Estado en Honduras: el provocador, su discípulo y el presidente derrocado

El mismo día en que se inició el golpe de Estado en Honduras, Roy Chaderton, el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) habló con ira contenida durante una sesión extraordinaria mientras miraba directamente a Héctor Morales, el también embajador usamericano ante la OEA.

«Hay una persona que ha sido muy importante dentro de la diplomacia usamericana; una persona que ha restablecido sus contactos con antiguos amigos y colegas para ayudar y animar a quienes han perpetrado el golpe», dijo. «El nombre del caballero es Otto Reich, ex asesor del Secretario de Estado para Asuntos de Occidente durante el gobierno de George [W] Bush. Nosotros sufrimos a este hombre cuando fue embajador en Venezuela, como intervencionista; luego lo hemos padecido desde su puesto de asesor del Secretario de Estado… Hemos tenido el Primer Reich, después el Segundo Reich y ahora, por desgracia, nos enfrentamos al Tercer Reich que se mueve en el ámbito latinoamericano gracias a una ONG para avivar las llamas del golpe».

Tras la furibunda denuncia de Chaderton, Reich entonó un extraño non mea culpa en un artículo de opinión que servicialmente le publicó el Miami Herald, y que terminaba con la deliberada confusión de Reich al deletrear el nombre de Chaderton. Dijo que él no era el «arquitecto» del golpe, lo que dista bastante de ser una negativa tajante.

Poco después, empezaron a circular nuevas informaciones sobre un inusual turista que andaba por Tegucigalpa haciendo visitas; se alojó en el Hotel Plaza Libertador bajo el seudónimo de Armando Valladares y se le vio ir con frecuencia al palacio presidencial y al Congreso nacional. Armando Valladares es el prisionero cubano que fingió una parálisis para ganar el apoyo del mundo y conseguir su puesta en libertad, y no paró hasta convertirse en presidente de una organización tapadera sin ánimo de lucro relacionada con la CIA en Nueva York, la Human Rights Foundation [Fundación por los Derechos Humanos], hasta que dimitió el pasado mes de julio, irritado porque la Fundación no había apoyado el golpe. El hombre que viajaba bajo ese nombre era en realidad Roberto Carmona Borjas, un discípulo de Reich y figura notoria en otro grupo tapadera «sin ánimo de lucro»: la Fundación Arcadia, que es la ONG a que se refirió Chaderton. Hasta ahora, fuera de Latinoamérica, no se ha publicado una información detallada sobre las actividades de Arcadia en Honduras.

La historia que se ha dado a conocer fuera de Honduras sobre la insistencia de Zelaya en realizar una encuesta de opinión como motivo del golpe de Estado es solo parcial, porque el esfuerzo para debilitar a Zelaya se inició en diversos frentes a lo largo de varios años, hasta desembocar en el golpe. Uno de ellos fue una campaña de rumores soterrados sobre corrupción. Favorecida por los contactos de Reich en las más altas instancias del gobierno usamericano, la Fundación Arcadia coordinó una absurda y tendenciosa campaña mediática contra Hondutel, la compañía telefónica estatal hondureña, campaña que pretendía crear la percepción pública -similar a las acusaciones que varios años antes se habían lanzado contra Jean-Bertrand Aristide, el depuesto presidente de Haití- de que el gobierno de Zelaya era completamente corrupto desde el primero hasta el último de sus miembros y Zelaya un hombre inadecuado para la presidencia.

La historia de Reich en las relaciones de Usamérica con Latinoamérica es repulsiva. Trabajó sin descanso en apoyo del bloqueo económico contra Cuba; ayudó a Orlando Bosch, el terrorista anticubano, a encontrar refugio en el imperio y creó propaganda nacional antisandinista para la Casa Blanca con Reagan desde la Oficina de Diplomacia para Latinoamérica del Departamento de Estado. En aquel puesto, trabajó con un grupo sin ánimo de lucro denominado Citizens for America (Ciudadanos por Usamérica) para divulgar esta propaganda a través de la prensa imperial. A su último puesto de trabajo en el Departamento de Estado llegó con tal cantidad de polémicas, debido a esas actividades y a otras muchas por el estilo, que Bush hijo se vio obligado a retrasar un año su nombramiento, hasta 2001, para evitar el proceso de ratificación del Congreso que probablemente iba a ser contrario, por no mencionar que se pudieran sacar a relucir hechos desagradables. Una vez instalado, Reich se entretuvo en apoyar el fracasado golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela, así como el golpe que sí tuvo éxito en Haití contra Jean-Bertrand Aristide en 2004.

Carmona Borjas es un abogado venezolano que redactó el decreto Carmona, así llamado no por él, sino por Pedro Carmona, con quien el primero no tiene relación familiar alguna. Pedro Carmona tomó el poder en Venezuela durante los dos días del fracasado golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. El decreto Carmona fue el documento que, durante aquellos dos días, abolió la Constitución, el Congreso y el resto de las instituciones democráticas en Venezuela. Tras su implicación en el fallido golpe, Carmona Borjas buscó y obtuvo con facilidad asilo político en Usamérica.

Al igual que hubo extraordinarias similitudes en los secuestros del presidente Aristide en 2004 en Haití y del presidente Zelaya en Honduras -ambos fueron metidos en aviones con las persianas bajadas y volaron hacia destinos desconocidos-, también hubo similitudes en el uso de las telecomunicaciones como una herramienta propagandística para poner en contra de ambos a la opinión pública y crear las condiciones para eliminarlos de sus puestos antes de tiempo y, una vez fuera, mantenerlos alejados.

Breve historia de las relaciones de Washington con las compañías de telecomunicaciones

Desde un punto de vista neoliberal, una propaganda ofensiva centrada en la corrupción de las compañías de telecomunicaciones tiene dos ventajas. La primera es evidente: si se puede establecer una relación directa entre la corrupción de las compañías de telecomunicaciones y el dirigente que no sigue los dictámenes de Washington, se provoca el apoyo público al derrocamiento de dicho dirigente. La segunda es menos obvia, pero igualmente importante, ya que sostiene el argumento de que las compañías de telecomunicaciones no deben estar bajo control del Estado, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y de que estarían mejor privatizadas.

Para llegar a este razonamiento se deben ignorar, desde luego, las abundantes pruebas sobre la corrupción en las compañías de telecomunicaciones en Usamérica, donde hombres como Bernie Ebbers y Joseph Nacchio, que se convirtieron en magnates de las telecomunicaciones gracias a la privatización (allí denominada «desregulación»), cumplen condena en prisiones federales por fraude y operaciones realizadas con información privilegiada. El hecho es que las telecomunicaciones, como servicio esencial en el mundo moderno, siempre han sido una especie de máquina de fabricar dinero y la lucha entre el control estatal y el control privado es la lucha por quién controlará la máquina y lo que se hará con las ganancias.

ITT, que era propietaria de la compañía telefónica cubana en el momento de la revolución, en 1959, fue la primera propiedad extranjera que se nacionalizó en Cuba, en 1961. En 1973, ITT tenía tanto miedo de que se repitiera la experiencia en Chile que John McCone, un miembro de la directiva y antiguo hombre de la CIA, prometió a Henry Kissinger un millón de dólares para evitar la elección de Salvador Allende. Según Edward Korry, embajador de Usamérica en Chile en aquel momento, ITT pagó 500.000 dólares a un miembro del comité de compensación por propiedades expropiadas en Chile, hasta que Allende averiguó el asunto de los pagos y prohibió terminantemente las compensaciones.

En 2007, la privatización en Venezuela también fue revertida y Verizon recibió 572 millones de dólares por sus acciones en Cantv, la compañía telefónica venezolana. Esto heló la sangre de todos los políticos y ejecutivos de las telecomunicaciones o asesores usamericanos (como Reich), que habían invertido en expandir la privatización de las telecomunicaciones fuera del territorio de Usamérica. Y el terror se extendió a los dos partidos. Tanto demócratas como republicanos se habían beneficiado por igual de la privatización global de la «fábrica de moneda» de las telecomunicaciones.

Como alguien que contaba con AT&T y Bell Atlantic (Verizon) entre sus antiguos (y reconocidos) clientes y una demostrada antipatía por los gobiernos de izquierdas, Reich tenía muchos motivos. Un grupo tapadera encubierto como fundación le daría la oportunidad.

Breve historia de los grupos tapadera en Washington

Los grupos políticos que sirven de tapadera son un fenómeno relativamente nuevo en Washington, al menos de forma abierta. La CIA, por supuesto, ha estado mezclada en asuntos de este tipo desde sus inicios. Sin embargo, durante los años de Reagan empezaron a florecer grupos públicos de esta índole, con bonitos nombres y sin ánimo de lucro. The National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia o NED por sus siglas en inglés), el mayor de los grupos tapadera sin ánimo de lucro de ámbito nacional, se estableció para insuflar enormes cantidades de dinero al International Republican Institute (Instituto Internacional Republicano o IRI por sus siglas en inglés) y al National Democratic Institute (Instituto Nacional Democrático o NDI por sus siglas en inglés). Allan Weinstein, uno de los fundadores del NED, afirmó una vez: «Mucho de lo que hoy hacemos [en el NED] lo hizo la CIA hace 25 años de forma encubierta«. El NED se creó en 1983, el mismo año que la organización sin ánimo de lucro Citizens for America (Ciudadanos por Usamérica), la cual recibió donaciones de Northrup, Shell Oil, Chase Manhattan y de una variedad de magnates de derecha para llevar a cabo sus proyectos anticomunistas.

El IRI y el NDI aportaron dinero y recursos a los grupos tapadera extranjeros que apoyaban la política exterior de Usamérica, lo cual significa básicamente que en países no capitalistas o en aquellos que no tienen tendencias capitalistas, financian a cualquiera que esté en la oposición. Por otro lado, el colectivo apoyado por el grupo tapadera normalmente tiene planes nacionales y es, por encima de todo, una herramienta de propaganda, utilizada para facilitar la cobertura de la prensa favorable, que a su vez dirige la política. Relativamente liberados de los requisitos gubernamentales sobre la información, estos grupos son bastante más ágiles y pueden ser comparativamente opacos, cualidades ambas muy útiles en el negocio de la propaganda. En Latinoamérica, donde la prensa se concentra fundamentalmente en manos de una pequeña oligarquía, el grupo tapadera presenta una oportunidad única. Cuando un oligarca desea derrocar a un presidente izquierdista, un grupo tapadera puede ser tanto la tercera fuente de útiles acusaciones -que se pueden reproducir sin cuestionamientos- como una fuente independiente, aunque falsa, de comentarios distanciados sobre la reacción a tales acusaciones, y todo ello para echar más leña al fuego. Ésa es la única razón de ser que justifica la existencia de Arcadia, y ese es exactamente el papel que Arcadia ha desempeñado en Honduras.

Lo único que este tipo de grupo tiene que hacer es tener un estatuto de organización no lucrativa en Usamérica. Por otra parte, deben hacer por lo menos un intento para formar un equipo de dirección aceptable y una declaración de principios creíble, así como cumplir con los impuestos y otros requisitos de divulgación pública. La Fundación Arcadia tiene una declaración de principios -un enmarañado tratado sobre democracia y sociedad civil-, pero poco más. Carmona Borjas comparte importancia en el grupo con Betty Bigombe, una asesora del World Bank ugandés que, según parece, sólo ha prestado a Arcadia su nombre. A pesar de que Carmona Borjas ha insistido en que las actividades del grupo son completamente legales, ha ocultado los documentos que deben estar a disposición del público y se dice que es hostil a quienes solicitan verlos.

Tanto Reich como Carmona Borjas han negado la relación de Reich con el grupo, ya que una relación laboral podría ser tanto innecesaria como inconveniente. Reich podría haber trabajado con Arcadia del mismo modo que trabajó con Ciudadanos por Usamérica, sin una relación contractual con el grupo y, basándonos en las pruebas disponibles, parece que eso es exactamente lo que ha hecho.

El lanzamiento

En el otoño de 2007, el diario El Universal de México publicó una historia basada en un informe que había recibido de la Fundación Arcadia. Curiosamente, el informe no está disponible en el sitio web de Arcadia, pero hay claves sobre su contenido y objetivos en los artículos subsiguientes que publicó el periódico.

Obviamente, el informe contiene acusaciones sobre la corrupción en la compañía telefónica de Honduras, salpicadas de insinuaciones, lo cual constituye la marca de Reich. En él se afirma que los beneficios de Hondutel, la compañía telefónica hondureña, disminuyeron entre 2005 y 2006 cerca de un 50 por ciento. De las docenas, si no de las cientos de compañías implicadas en las telecomunicaciones en Honduras, Arcadia sólo se centra en una: Cable Color -propiedad de los Rosenthal, una rica e influyente familia hondureña-, por desviar llamadas de Hondutel, privando así a la compañía telefónica de beneficios.

Se trata de una vieja patraña que ya se utilizó antes en Haití contra Aristide.

La interconexión y el caso de Haití

Todo el tráfico internacional de las telecomunicaciones está sujeto a tarifas de interconexión con la compañía telefónica en el país en que finaliza la llamada. Estas tarifas de interconexión se dividen al 50 por ciento entre la compañía que hace la llamada y la compañía que la recibe, de forma que sólo se paga si hay un exceso de tráfico en una dirección o en otra.

En países subdesarrollados, como Honduras o Haití, existe un extraordinario exceso de tráfico en un sentido debido a los emigrantes en Usamérica o en otros países occidentales que llaman a sus familias. Es precisamente en esos países extremadamente pobres, en los que las compañías telefónicas no han sido privatizadas, donde esos establecimientos de interconexión suponen una fuente de ingresos vital para el Estado. Hasta hace poco, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) intervino en nombre de múltiples compañías que habían aparecido como resultado de la privatización (desregularización) en Usamérica, para negociar las tarifas de interconexión con otros países que se podrían aplicar igualmente a todas las compañías telefónicas. En 2004, la intervención de la Comisión Federal de Comunicaciones empezó a desaparecer progresivamente y desde 2006 ha desaparecido por completo salvo en el caso de una pequeña lista de países, que no incluye a Haití ni a Honduras.

Durante los años en que las tarifas eran fijas, algunas compañías usamericanas todavía intentaron llegar a un mejor acuerdo extraoficial, y mientras compañías estatales como la Teleco de Haití o la Hondutel de Honduras eran libres para ofrecer tarifas más bajas de interconexión que las que había establecido la Comisión Federal, se suponía que estaban ofreciendo las mismas a todas las compañías, no sólo a unas cuantas privilegiadas, para no burlarse del sistema de la Comisión Federal. Si los pagos hechos por las compañías usamericanas tenían asegurados unos descuentos, eso también podría suponer una infracción de la Ley usamericana de prácticas corruptas extranjeras (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés).

Esto parece ser lo que ocurrió con IDT, una compañía de telecomunicaciones de Nueva Jersey, que negoció una tarifa especial para interconectarse con Teleco de Haití. En aquel momento, la tarifa de la Comisión Federal se suponía que era de 23 centavos por minuto para las conexiones con Haití, pero IDT negoció y recibió un contrato de 9 centavos por minuto. Cuando un ex trabajador de IDT afirmó que parte de esas tarifas eran un soborno para Aristide, el grupo de presión contra Aristide enloqueció.

Mary Anastasia O’Grady, del Wall Street Journal, y después Lucy Komisar, que escribía para otro grupo tapadera sin ánimo de lucro financiado por un oligarca haitiano, el Haiti Democracy Project, afirmó que Aristide lo sabía y que se había beneficiado personalmente del soborno. Antes, las acusaciones de corrupción contra Aristide se habían ido desvaneciendo, al igual que las insinuaciones nunca demostradas de tráfico de drogas, como las que Reich contó a O’Grady cuando se reunió con ella para una entrevista en 2002.

Ninguna de las acusaciones difamatorias sobre la implicación de Aristide en cualquiera de esos asuntos se pudo demostrar y un juicio -muy publicitado- que organizó contra Aristide el gobierno títere haitiano (usamericano) fue discretamente archivado. Pero demostrar la imputación era secundario al hecho de extender las acusaciones como una táctica de propaganda contra Aristide y de intimidación política contra quienes lo apoyaban en el Congreso usamericano.

Tráfico gris

En Honduras, Arcadia carecía de «soplón interno» en quien confiar, como Michael Jewett, el antiguo empleado de IDT, que había calumniado a Aristide y cuyo caso por despido improcedente aportó gran parte del material para las disparatadas acusaciones de O’Grady y Komisar. Carmona Borjas se vio obligado a ser un poco más creativo. La información con la que azuzó a El Universal afirmaba que Cable Color, la compañía de los Rosenthal, había desviado los beneficios de las llamadas internacionales y las había convertido en un «tráfico gris».

Tráfico gris significa que una llamada se desvía a una red de Internet (red IP) en lugar de a la de intercambio correspondiente. Las llamadas de voz en IP (VoIP), que son esencialmente telecomunicaciones mediante conexión de banda ancha, funcionan así. Tanto Skype como Vonage son variantes de este tipo de servicio.

Teóricamente, un proveedor de servicios de Internet puede comprar líneas [de Internet] a una compañía telefónica estándar, como Hondutel. Sin embargo, después utiliza esas líneas para vender más baratas las llamadas internacionales a sus propios clientes [de Internet], ofreciendo un servicio telefónico internacional a unos precios muchísimo más baratos. Se dice que es una práctica que arrasa en África. El único problema con esta práctica es que para un proveedor de servicios de Internet es ilegal ofrecer tal servicio. Cuando esto sucede, el Estado o la compañía telefónica titular, lógicamente, prefieren llegar a un acuerdo de interconexión con la compañía que le compra las líneas para ofrecer servicios de voz, de forma que la pérdida de las ganancias no sea absoluta.

Carmona Borjas no sostuvo que Cable Color iba a acabar con las tarifas sobre las llamadas recibidas, puesto que eso habría sido imposible. Él, sencillamente, mencionó que el tráfico de Hondutel disminuyó, señaló a Cable Color, dijo «tráfico gris» y dejó el resto a la imaginación del lector. Y añadió unos cuantos detalles extra.

«Según el informe», afirmó El Universal, «la compañía Cable Color pertenece a la prominente familia Rosenthal, que posee fuertes intereses políticos y económicos y, según el documento, está dirigida actualmente por Jaime Rosenthal, propietario del periódico El Tiempo, el Canal 11 de televisión y padre de Yani Rosenthal, ministro de la presidencia y alguien considerado en Honduras como posible candidato presidencial».

Probablemente, la información fue proporcionada en primer lugar al periódico mexicano en vez de a los diarios hondureños porque, con excepción de El Tiempo, todos son propiedad de férreos oponentes a Zelaya: la familia Canahuati Larach (Roberto Micheletti, el presidente del Congreso Nacional hondureño, que más tarde se convertiría en el dictador con el golpe de 2009, es propietario de La Tribuna) y su interés en publicar tal información era demasiado evidente. Una vez que la historia se divulgó en México, El Heraldo, La Prensa y La Tribuna estuvieron encantados de continuarla y, durante los dos años siguientes siguieron publicando las acusaciones de Carmona Borjas cada vez que (con frecuencia) se producían y siempre lo describían como el «vicepresidente de una ONG con sede en Washington», sin sacar a la luz su financiación u otros proyectos «anticorrupción».

Jaime Rosenthal envió una carta a El Universal en la que afirmó que el informe Arcadia había sido «fabricado» por alguien «interesado en divulgar en Honduras lo que no podía o no era conveniente publicar directamente [en Honduras]». Rosenthal señaló que la caída de los beneficios de Hondutel entre 2005 y 2006 estaba directamente relacionada con el fin del monopolio de la [tarifa de] recepción de llamadas internacionales, que desapareció el 31 de diciembre de 2005, cuando Hondutel firmó contratos con dos proveedores internacionales de servicios de telefonía móvil. Las llamadas internacionales costaban 16 centavos de dólar el minuto, afirmó, «pero los proveedores inalámbricos no pagan nada a Hondutel».

En un debate radiofónico posterior entre Carmona Borjas y los Rosenthal, éstos explicaron además que Cable Color vendía líneas telefónicas a los proveedores de Internet y que cada vez que se enteraba de que el proveedor de Internet estaba vendiendo ilegalmente el servicio como telefónico en lugar de como un servicio de Internet, sin un acuerdo previo de interconexión, notificaba a Hondutel, que tenía obligación de tomar medidas.

Arcadia contra Rosenthal

En ese debate radiofónico del 12 de septiembre de 2007, Yani Rosenthal preguntó por qué, si Otto Reich no tenía relación alguna con la Fundación Arcadia, su nombre había aparecido en la página web de la fundación hasta el 10 de septiembre y despareció el 11 de septiembre. En un principio, Carmona Borjas evitó responder a la pregunta, insistió en que la fundación estaba legalmente establecida en Usamérica y en que no tenía nada contra Yani personalmente -«¡Caramba! Lo felicitamos [por su campaña] y le deseamos lo mejor»-, tras lo cual retomó su acusación de que las 340 líneas que Cable Color tenía conectadas a Hondutel estaban causando grandes pérdidas a la compañía telefónica debido a que se utilizaban para tráfico gris.

Yani respondió: «Ayer, cuando Roberto Carmona habló en Canal 5, afirmó inequívocamente que el honorable Otto Reich, a quien respeta y admira profundamente por ser un luchador por los principios democráticos en la región, no tenía nada que ver con la Fundación Arcadia. Ésas fueron sus palabras. Aquí se puede ver lo que dijo anoche en el Canal 5 y ahora voy a mostrarle lo que figuraba en la web de Arcadia hasta el 10 de septiembre, donde aparece Otto Reich. Y ahora voy a mostrarle que aquí, el 11 de septiembre, empieza el borrado de la lista de miembros de la Fundación Arcadia, así como del informe que el propio Roberto Carmona firmó y envió a Hondutel el 14 de julio de 2006, con copia al embajador Otto Reich. Por lo tanto, si el Sr. Carmona miente tan descarada y obviamente sobre algo tan sencillo como esto, que fácilmente se puede ver que miente, ¿sobre qué más mentirá? Además, puedo enseñar las comunicaciones entre Cable Color y Hondutel y demostrar que Cable Color cooperó con Hondutel, así como que se castigó a los clientes de Cable Color que se dedicaron a estas operaciones [de tráfico gris ilegal]. Hondutel incluso lo sabe, porque hubo dos compañías a las que se les confiscaron los números y los equipos.»

Carmona Borjas insistió una vez más en que Arcadia no tenía absolutamente nada que ver con Reich y calificó su afirmación al añadir «desde un punto de vista legal», y dijo que cualquier columna que aparezca en el sitio web de Arcadia no tenía por qué estar relacionada necesariamente con Arcadia, que más o menos eran un equipo abierto en el que incluso Rosenthal podría expresar sus ideas si así lo deseaba. (Las únicas informaciones en el sitio web de Arcadia desde entonces, y hasta ahora, son las generadas por Carmona Borjas).

Los Rosenthal dijeron que se vieron obligados a ir a la embajada de Usamérica en Tegucigalpa para explicar la situación, puesto que Carmona Borjas, un ciudadano venezolano-usamericano, había ido allí amablemente en primer lugar para entregar en la embajada una copia de su informe Arcadia.

Rasel Tomé, el presidente de CONATEL, la autoridad hondureña reguladora de las telecomunicaciones, intervino y añadió que en CONATEL no había ningún registro de quejas presentadas contra Hondutel o Cable Color por tráfico gris, a lo que Carmona Borjas repitió que el tráfico gris era la única explicación posible para una caída tan grave de los beneficios, e insinuó que la postura de Tomé se debía al hecho de que había sido el abogado de los Rosenthal durante muchos años.

Más tarde, el propio Tomé averiguó el origen de los exclusivos contactos de Carmona Borjas dentro del sistema judicial hondureño cuando poco antes del golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, se le ordenó que no saliera del país debido a una investigación promovida por Carmona Borjas y un hombre de negocios llamado Eldi, que se había quejado de que Tomé, junto con otros dos comisionados, había concedido ilegalmente licencias para el Canal 12 de televisión a los Rosenthal en lugar de a Eldi.

Además, a fines del año anterior, Carmona Borjas presentó una queja ante el ministerio fiscal contra Tomé por enriquecimiento ilegal, sobre la base de que él [Carmona Borjas] creía que la campaña publicitaria de Tomé para un escaño en el Congreso nacional era tan desproporcionada que Tomé no hubiera podido permitírsela.

En otro debate radiofónico, Tomé definió a Carmona Borjas como «un extorsionador internacional, un mercenario que había sido investigado por lavado de dinero y a sueldo de poderosos grupos». Tomé se presentaba al Congreso por el grupo de Micheletti en el Partido Liberal.

Tiburones al acecho

«¿Qué va a ocurrir en este país si el gobierno deja de percibir los importantes ingresos que se van a generar a través de Hondutel? Hemos venido a esta compañía con una misión del presidente Manuel Zelaya Rosales: tenemos que defender esta compañía, porque quieren comérsela como tiburones, y lo que estamos haciendo es defenderla con uñas y dientes y sólo con la ayuda de unos cuantos amigos que nos están abriendo este espacio.»

Marcelo Chimirri, director de Hondutel, 13 de septiembre de 2007 (durante una entrevista concedida cinco días después de que se publicasen por primera vez las acusaciones de corrupción de Arcadia)

Arcadia ha librado su cruzada de «tráfico gris» en Honduras desde septiembre de 2007 hasta la actualidad. Carmona Borjas se centró primeramente en la familia Rosenthal, propietaria de medios de comunicación, pero pronto pasó a ocuparse con pasión del fértil territorio que le ofrecía el director de Hondutel, Marcelo Chimirri Castro.

Si hubiera que buscar la representación pintoresca de un personaje de telenovela latinoamericana, sería difícil encontrar a un candidato mejor que Marcelo Chimirri. Nacido en Sicilia de padre italiano y madre hondureña, que regresó a Honduras después, tiene un cierto parecido con Antonio Banderas y adora los caballos de pura sangre, los coches de lujo, las Harley Davidson y las mujeres hermosas. El informe original de Arcadia lo mencionó de manera profundamente difamatoria: «A pesar de haber sido declarado inocente, [Chimirri] sigue estando en la mira del Fiscal General de Honduras por la muerte de su ex novia, Yadira Miguel Mejía, y por sus amenazas y comportamiento agresivo contra periodistas». Otro hombre fue condenado por ese crimen y no existe indicio alguno de que haya nuevas pruebas, pero Arcadia no tuvo reparo alguno en tratar de vincularlo a un homicidio brutal. Chimirri es también sobrino de la esposa de Zelaya, Xiomara Castro.

Al igual que Zelaya, habla claro y parece tener sentido del humor. Tras muchos meses de acoso por parte de Carmona Borjas, Chimirri declaró a El Heraldo que, en el fondo, la razón de la insistencia de Carmona Borjas es que está perdidamente enamorado de él.

Es posible que los contactos de Arcadia en el sistema judicial hondureño fuesen anormales, pero eso no era nada en comparación con sus conexiones en el Departamento de Justicia, Inmigración y Aduanas de Usamérica. Carmona Borjas declaró a La Prensa que dos pequeñas compañías usamericanas de telecomunicaciones que tenían contratos de interconexión con Hondutel habían transferido 70.000 dólares a la cuenta bancaria de una compañía propiedad de Chimirri, Inversiones Chicas o Inverchicas, y oportunamente proporcionó las fechas de las trasferencias y el número de cuenta bancaria. El periódico no hizo ninguna pregunta a Carmona Borjas sobre cómo pudo obtener una información tan específica, que Chimirri negó, añadiendo que Inverchicas había dejado de existir mucho antes de la fecha de las supuestas transferencias de dinero.

Carmona Borjas insistió en que Chimirri no solamente había supervisado el desvío del tráfico gris, lo que supuso un robo de unos 48 millones dólares a Hondutel, sino que también los pagos a Inverchicas eran la prueba de algún tipo de soborno.

Micheletti, que en aquel momento era el presidente del Congreso hondureño y había ocupado el importante puesto de Chimirri como director de Hondutel a finales de los noventa, no tardó en insistir en las acusaciones de Carmona Borjas: «Los responsables del tráfico gris, sean funcionarios públicos o empresarios del sector privado, se merecen la cárcel como cualquier otro delincuente», dijo.

Los allanamientos de los Cobra y las escuchas telefónicas

La campaña de insinuaciones de Arcadia no tardó en dar fruto y, a principios de noviembre de 2007, los Cobra, grupos paramilitares auspiciados por el Estado, perpetraron espectaculares y salvajes allanamientos de morada en las oficinas de Hondutel y en el domicilio de Chimirri. Éste declaró que a sus hijos les habían apuntado con armas de fuego en la cabeza. Año y medio después, Andrés Izarra, el presidente de TeleSUR, identificó al escuadrón Cobra como la fuerza responsable de las escuchas y las amenazas contra periodistas de la televisora de Caracas tras el golpe de Estado, es decir, antes de su expulsión del país.

La justificación de los allanamientos fue que Chimirri estaba acusado de «abuso de poder, tenencia ilegal de armas y revelación de secretos». Zelaya se enfureció y los calificó de agresión brutal, digna de una película de terror, contra la familia de Chimirri y añadió que habría bastado con una simple citación judicial de los funcionarios de Hondutel.

Un par de semanas antes, el 22 de octubre, el presidente Zelaya había presentado una denuncia por espionaje telefónico cuando su teléfono fue intervenido ilegalmente sin su conocimiento, lo cual permitió la grabación de sus conversaciones con sus subordinados, entre ellos Chimirri, sobre las estrategias para controlar la cobertura de la prensa hostil y los problemas iniciales con Micheletti. Otros dos empleados de Hondutel fueron acusados de la intervención de los teléfonos: Óscar Danilo Santos y Luis Alejandro Arriaga.

Arcadia colgó oportunamente en YouTube las grabaciones obtenidas de manera ilegal.

Se intensifican las acusaciones

La embajada usamericana en Tegucigalpa no esperó que el caso contra Chimirri hiciera su camino en el sistema judicial hondureño. Hacia el 24 de enero de 2008 anunció que Chimirri tenía prohibida la entrada en Usamérica debido a sus vínculos con «casos graves de corrupción pública». Con pasaporte italiano, Chimirri nunca había necesitado una visa, pero ahora ni siquiera eso le ayudaría a atravesar las aduanas del imperio. Las visas han sido siempre una de las especialidades de Reich.

Fue entonces cuando aparecieron los cadáveres. El viernes, 8 de febrero, cuatro personas fueron encontradas muertas en el interior de un camión con placas guatemaltecas, bajo un puente. Habían sido tiroteadas y luego quemadas.

De nuevo, Carmona Borjas propuso una explicación. Dos de los cuerpos eran de guatemaltecos, un tercero era imposible de identificar y el último sería el de un técnico en computación llamado Alejandro Laprade Rodríguez. Según Carmona Borjas, Laprade había ido a Washington hacia el 27 de marzo de 2007 para entregar una grabación magnetofónica de 49 minutos como prueba de un intento de extorsión por parte de empleados de Hondutel. Laprade afirmaba que habían allanado su compañía sin razón alguna y le habían exigido 100.000 dólares si no quería ir a la cárcel. Arcadia también colgó esto en YouTube.

Para Carmona Borjas, el hecho de que la escena del crimen se pareciese mucho a una venta de drogas que terminó mal era la prueba de lo contrario e insistió en que se trataba de un montaje. Dado que el fiscal a cargo del supuesto caso de extorsión no podía obligar a Carmona Borjas a que viniese a Honduras y que éste (al igual que su mentor) se negó a ir a causa de lo que calificó de «imperante clima de inseguridad en el país», comunicó su intención de viajar a Washington para entrevistarse con Carmona Borjas.

A finales de marzo, La Prensa publicó un informe, según el cual médicos forenses habían identificado sin la menor duda uno de los cuerpos quemados como Laprade, con 21 comparaciones entre los dientes de uno de los cadáveres y un molde que el dentista de Laprade tenía a mano. Pero varios días después, el jefe de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de Honduras, Francisco Murillo López, dijo que tenía sus reservas. «Un dictamen odontológico es creíble cuando se coincide en 75 puntos, no 21», dijo, «y que es realizado por un odontólogo forense… Yo como investigador respeto la posición del Ministerio Público, pero creo que hay que profundizar un poco más sobre este caso y como investigador policial tengo mis reservas», añadió. Asimismo, solicitó ver los resultados preliminares del ADN de los cuatro cadáveres.

Carmona Borjas volvió a la carga desestimando los comentarios de Murillo y añadiendo más información. Afirmó que apenas unos días antes de que Laprade fuese asesinado, había llamado de nuevo a Carmona Borjas para decirle que tenía una cinta en la que Marcelo Chimirri confesaba su implicación en el tráfico gris. Por desgracia, las capacidades informáticas de Laprade no parecían suficientes para ocuparse de las descargas en YouTube y Carmona Borjas no tenía una copia de la cinta porque, según él, Laprade estaba buscando la manera de hacérsela llegar sin levantar sospechas cuando desapareció.

Con su apego por el plural mayestático combinado con la insinuación estratégica, Carmona Borjas declaró: «Le dijimos que tuviese mucho cuidado porque… entre 1997 y 1998 Marcelo Chimirri estuvo vinculado al crimen de la joven Yadira Mejía. Después ya no tuvimos más noticias de Laprade». La existencia de la cinta nunca ha sido probada.

Durante la segunda mitad de 2008, Carmona Borjas siguió acechando a Chimirri, pero también empezó a ocuparse del auténtico objetivo de Arcadia. A finales de julio presentó una denuncia formal contra el presidente Zelaya en la embajada hondureña en Washington, acusándolo de actuar contra el orden legal de Honduras y contra los principios democráticos. Fue una muestra de que iba en serio.

A Arcadia no le interesa la corrupción

De repente, a principios de abril de 2008 la tensión entre la Fiscalía hondureña y el Congreso nacional estalló de manera extraordinaria. Cuatro fiscales iniciaron una huelga de hambre el 6 de abril en la planta baja del edificio del Congreso. La huelga se debió a 14 casos de supuesta corrupción que implicaban a «figuras conocidas e influyentes de la política y la economía del país» y que habían permanecido archivados durante años sin ningún seguimiento ni investigación ni revelación pública de sus nombres.

Conforme avanzaba, la huelga de hambre fue ganando simpatizantes y en menos de un mes 22 huelguistas adicionales, procedentes de una gran variedad de organizaciones, se habían unido a los cuatro fiscales iniciales, entre ellos dos sacerdotes y el pastor evangélico Evelio Reyes.

Tras la intervención del pastor Reyes, el Congreso hondureño nombró una comisión mediadora, constituida por Ramón Custodio, comisionado para los derechos humanos y Juan Ferrera, secretario ejecutivo del Consejo Nacional Contra la Corrupción. Los fiscales en huelga de hambre rechazaron la idea de la mediación. Un año después, tanto Ferrera como Custodio apoyaron el ilegal golpe de Estado de Roberto Micheletti.

La proposición de Micheletti para resolver el enfrentamiento suponía llevar la queja a la Organización de Estados Americanos (OAS), propuesta que también fue rechazada por los fiscales, los cuales insistieron en que el problema debía solventarse en Honduras. Los fiscales también exigieron que el Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, y el Ayudante del Procurador General, Omar Cerna, renunciasen por haber participado en actividades ilegales.

El presidente Zelaya apoyó al grupo y fue a visitarlos al Congreso nacional; también pidió la renuncia de Cerna tras afirmar que «el verdadero problema en Honduras es que la ley no se aplica a quienes la infringen».

La prensa hondureña y los aliados del Fiscal General describieron la huelga como un intento del presidente para reemplazar al fiscal y a su ayudante con personas de su propio Partido Liberal, en vez del Partido Nacional, al que ambos pertenecían. Los fiscales rechazaron estas acusaciones e insistieron en que sólo buscaban que se investigasen las razones de la debilidad del Ministerio Público y se revisasen los casos impunes de crimen organizado, la corrupción y los abusos medioambientales y de derechos humanos.

Cerna se negó a dimitir con el pretexto de que sería un precedente terrible y, con argumentos que los golpistas repetirían un año después, añadió que su decisión de rechazar la petición del presidente buscaba realmente «fortalecer las instituciones y la democracia [en Honduras]».

Por su parte, el asombrosamente altanero Rosa Bautista negó haber cometido falta alguna y añadió que, de todos modos, de haberla cometido habría sido en su práctica privada de abogado defensor, no como administrador, por lo cual el Decreto 49-2008, aprobado por el Congreso un año antes para castigar las faltas administrativas, no se le podía aplicar. Además, dijo que se estaba enmarañando el asunto, ya que en realidad él era una especie de juez, no un administrador ordinario y, por lo tanto, dependía de la Corte Suprema, no del Congreso nacional. Amenazó con pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tomase medidas preventivas para garantizar sus libertades y las del Ministerio Público.

A pesar de tales declaraciones, estaba claro que las manifestaciones públicas a favor de los huelguistas empezaban a poner nervioso a Rosa Bautista, que comenzó a desplazarse en automóviles proporcionados por el Secretario de Defensa. «Si las protestas con fines mediáticos hubieran tenido lugar dentro de la Constitución, hace mucho tiempo que se habría hecho algo», dijo. «Pero estas amenazas a la paz, a la libertad de prensa, las manifestaciones, las acusaciones irresponsables de todos… debemos regresar a paz y a tranquilidad».

Fue sin duda una magnífica oportunidad para que el luchador anticorrupción de Washington interviniese y Carmona Borjas terminó por hacerlo. Estaba convencido de que la huelga de hambre no era más que teatro y acusó a los huelguistas de holgazanear sobre cómodos colchones Coleman, de mantenerse con bebidas y barras energéticas y agua Evian. ¿Por qué tanto escándalo por unos casos de corrupción si había tráfico gris del que ocuparse y Chimirri andaba suelto?

Carmona Borjas dirigió su ira contra el pastor Reyes, un objetivo interesante si se considera que éste apoyaría el golpe de Estado un año después, pero es bien sabido que, en Honduras, la relación de los evangelistas y de otros muchos sectores con la política es algo complicado y no puede analizarse en términos de derecha-izquierda. Incluso si él mismo ha sucumbido al encanto de los trajes costosos, Carmona Borjas arremetió contra el pastor en un «debate» radiofónico por sus lujosos atuendos de «cientos de miles de dólares» [sic] y sus Rolex de oro.

La respuesta de Reyes a Carmona Borjas fue un insulto mucho más mordaz: dijo que nunca había oído hablar de él.

La huelga de hambre concluyó mes y medio después de su inicio, cuando se nombró una comisión de representantes del Congreso para que investigase a Rosa Bautista y Cerna. Pero sus conclusiones no llevaron a ninguna parte. Jari Dixon Herrera, uno de los cuatro huelguistas, dijo que el informe de la comisión «no nos llena de sorpresa, esto es lo que iban a hacer, no iban a permitir nunca que se revisaran esos casos». Sobre Rosa Bautista y Cerna añadió: «No iban a permitir nunca exponer a sus dos mejores trabajadores dentro del Ministerio Público, como son los fiscales generales que han protegido a muchos».

Latinode

En abril de 2009, las acusaciones de Arcadia contra Hondutel terminaron por dar fruto cuando la Corte Federal Usamericana del distrito sur de Florida impuso una multa de 2 millones de dólares a Latinode, una compañía de telecomunicaciones, por haber infringido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al pagar más de un millón dólares en sobornos a «terceros», los cuales debían entregar «una parte o la totalidad de tales fondos» a empleados de Hondutel con vistas a obtener un descuento en sus porcentajes de interconexión. (Por otra parte, IDT fue sancionada por la FCC en el caso de las telecomunicaciones de Haití, pero nunca se la ha acusado de infringir la FCPA).

Latinode había sido investigada por el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Miami (ICE). Según el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia (DOJ), Latinode también sobornó a funcionarios en Yemen para obtener descuentos de interconexión. Fuentes del Ministerio de Justicia comunicaron que Latinode recibió descuentos de interconexión entre 2004 y 2007, y que los pagos estaban destinados a cinco empleados de Hondutel. Los nombres de los «beneficiarios» de tales pagos no se publicaron, pero el «subgerente general (que luego pasó a ser gerente general)» no podía ser otro que Chimirri.

Hondutel lo negó y dijo que una auditoría interna llevada a cabo entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007 había revelado discrepancias en el tráfico de Latinode, que adeudaba 4,6 millones de dólares a Hondutel. Pagar una multa de 2 millones en Miami (durante un período tres años, según el DOJ) y cerrar Latinode era lo obvio, sobre todo para eLandia, la compañía de telecomunicaciones de Coral Gables, que había pagado 25 millones para comprar Latinode en 2007.

Pero el comunicado de prensa del DOJ incluía otra nota curiosa: «La investigación penal de Latinode refleja, en gran medida, las acciones de la compañía propietaria de Latinode, eLandia International Inc. (ELandia), pues para el Ministerio de Justicia pone de manifiesto las potenciales infracciones de la ley FCPA tras la adquisición de Latinode y el descubrimiento de pagos ilegales de eLandia después de su clausura».

Al igual que el caso de Arcadia, que se originó en Washington, el de Latinode parece haberse originado en Miami. A pesar del comunicado de prensa en inglés del DOJ, ni Arcadia ni Latinode tienen relevancia informativa alguna en Usamérica, pero sí son políticamente importantes en Honduras. Incluso si el dictamen del DOJ con respecto a Latinode no demuestra la culpabilidad de ningún empleado de Hondutel, tanto Arcadia como el gobierno golpista así lo han interpretado y difundido a través de los medios. Cuando Chimirri y otros funcionarios del gobierno de Zelaya fueron detenidos el 2 de julio de 2009, las únicas pruebas citadas por la prensa favorable al golpe de Estado se basan en las acusaciones contra Latinode publicadas por la corte usamericana, la misma corte federal de Miami que juzgó a los cinco héroes cubanos y el reciente «escándalo de la maleta«, lo cual demuestra que el DOJ no está por encima de la política y sí al servicio de los objetivos de la derecha pura y dura en Latinoamérica.

El nuevo Tercer Reich

«[Esta] inmensa red va buscando las comunicaciones, no solo en Honduras sino en Centroamérica. Son los mismos que lograron su objetivo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde se las arreglaron para desnacionalizar totalmente el sector de telecomunicaciones sin ningún beneficio para el pueblo… Así que ya tienen un plan perfectamente planeado para quedarse con toda la telecomunicación en América Central.»

-Entrevista a Marcelo Chimirri, 13 de septiembre de 2007.

Saliendo de las sombras, Reich no pudo resistir la oportunidad de comentar el caso de Miami: «El presidente Zelaya ha permitido o apoyado este tipo de prácticas y ahora veremos que también está detrás de esto», declaró a El Nuevo Herald. También mencionó a Chimirri por primera vez en la prensa usamericana, aludiendo de pasada a su relación familiar con los Zelaya y al hecho de que había sido acusado en Honduras de una serie de ilegalidades en la gestión de Hondutel. Pero no mencionó al denunciante de Chimirri.

Para Zelaya esto fue la gota que colmó el vaso. Envió a dos miembros de su gabinete y su secretario personal a Usamérica para contratar a un abogado que demandase a Reich por difamación. El secretario, Enrique Reina, dijo que Reich estaba disgustado porque Hondutel había cancelado el contrato de interconexión de una compañía que él representaba.

Carmona Borjas intervino de nuevo, acusando a Zelaya en los medios hondureños de haber actuado «inconstitucionalmente».

Pero Zelaya dispuso de poco tiempo para llevar el caso adelante. Dos meses después fue despertado por la fuerza por los paramilitares del escuadrón Cobra, que entraron a tiros en su casa y lo trasladaron por aire a Costa Rica en piyama.

En su extraña declaración al Miami Herald, Reich se burló de Zelaya y afirmó que una insignificancia como un golpe de Estado no era razón suficiente para no proseguir con su demanda judicial por difamación y, continuando con las acusaciones contra Chimirri, exageró la cantidad de fondos faltantes de Hondutel, de 48 a 100 millones de dólares.

El vínculo con el ALCA

La explicación de esta exageración de las cifras puede que tenga menos que ver con la tendencia de Reich a la hipérbole que con el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Las presiones para desnacionalizar a Hondutel no se materializaron hasta que se puso en marcha el ALCA. Se trata de una pieza clave del puzzle neoliberal, que incrementa los derechos de las compañías multinacionales en Centroamérica y les permite poner pleitos por «pérdidas» o ausencia de «futuros beneficios» mediante una cláusula que las protege de «medidas equivalentes a la expropiación». (ALCA, artículo 10.7)

El ALCA establece claramente que medidas estatales legítimas tales como las leyes de protección medioambiental o del consumidor podrían contravenir el artículo 10.7 y permitir que sociedades anónimas usamericanas demandasen a los países signatarios por el dinero que podrían haber ganado sin ellas. Actos gubernamentales ilegítimos como la corrupción quedan así cubiertos y basta con simples acusaciones de corrupción para poder presionar a los gobiernos y que éstos lleguen a un arreglo con los tribunales secretos de arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), del Banco Mundial. Pero eso no sería necesario, ya que Reich es un experto en el manejo de «actividades anticorrupción, en el análisis de riesgo político y en acuerdos extrajudiciales» para multinacionales usamericanas en Latinoamérica. Su capacidad para actuar bajo cuerda puede lograr que las multinacionales nunca tengan que exponerse públicamente a estas disputas que tanto perjudican su reputación.

Teniendo en cuenta los vínculos de Reich con la industria de las telecomunicaciones, por no mencionar los del Cormac Group y los de Lanny Davis, el amigo de Hillary Clinton, que arregló para los golpistas hondureños una campaña de prensa y una visita de cabildeo al Congreso en Washington, la posibilidad de una futura demanda judicial de este tipo no puede descartarse. Los reglamentos del ALCA con respecto a tales demandas judiciales van más allá del infausto Capítulo 11 del TLC (Tratado de Libre Comercio) y tales amenazas ya están siendo utilizadas por algunas multinacionales para presionar a los gobiernos de El Salvador y Guatemala, agobiados por la falta de liquidez, para obtener millones.

Las consecuencias

Reich confesó haber participado en «señalar a Zelaya como el impulsor de la corrupción en Honduras» y añadió: «Si yo hubiese sido el ‘arquitecto’ de la destitución de Zelaya, habría aconsejado que se lo acusara de los casi 20 delitos de los que la judicatura hondureña lo ha acusado ahora y que las autoridades civiles lo detuviesen. Habría instado a que persistiese el proceso constitucional con el acceso a la presidencia del siguiente en el orden de la lista, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y la continuación del proceso electoral, que culminaría en las elecciones de noviembre».

Excepto por la omisión del traslado forzoso del presidente a Costa Rica, así fue como se desarrolló el golpe de Estado, punto por punto, aunque Reich esquivamente insistió en que tales acontecimientos se desarrollaron «sin mi participación».

En La Prensa de Honduras, Reich negó de nuevo cualquier relación legal con Arcadia. «No soy miembro de la Fundación Arcadia. Conozco muy bien la Fundación Arcadia y el trabajo que ha hecho». Era exactamente la clase de declaración que podía haber hecho hace 25 años con respecto a Ciudadanos por Usamérica.

Por su parte, Carmona Borjas despotricó en lo que aún queda de la prensa hondureña sobre cómo la expulsión de TeleSUR fuera de Honduras no limita la libertad de expresión y criticó a CNN en Español por no haber censurado completamente las manifestaciones favorables a Zelaya y, por supuesto, a Chimirri.

En Honduras, una vez desplazado Zelaya, los nuevos dirigentes golpistas iniciaron la cacería de brujas, deteniendo a Chimirri y a otros funcionarios de Zelaya y enviándolos directamente a la penitenciaría nacional, pero no sin presentar personalmente a Carmona Borjas durante una manifestación a favor del golpe, elogiándolo por haber sido el primero en incriminar a Hondutel y agradeciéndole la detención de Chimirri.