Este artículo se basa en resultados de las tertulias con docentes y dirigentes de empresas del sector informal sobre las nuevas políticas para el mercado de trabajo en ocasión del día del trabajo, 1 de mayo de 2026, Tegucigalpa, Honduras.
“Allí donde a causa de una visión economicista se piensa en el hombre en clave egoísta y en los otros como medio y no como fin, el trabajo pierde su sentido primario de continuación de la obra de Dios, obra destinada a toda la humanidad para que todos puedan beneficiarse”. (Papa Francisco)
La influencia del llamado pensamiento ortodoxo en países de menor desarrollo como los latinoamericanos, si se mide por el énfasis de los instrumentos de política pública en el cumplimiento de metas como el crecimiento del PIB y PIB per cápita, baja inflación, mayor inversión extranjera, equipamiento económico -social y acceso a satisfactores como salud y educación con la “eficiencia” privada y precios y salarios flexibles, ha sido manifiesta no solo en la academia, sino también en ministerios públicos, agentes económicos, organizaciones de sociedad civil e incluso gremiales.
Se ha aceptado como válido por gobiernos de tendencia progresista o socialista (manifiesto en el discurso político de sus líderes), al asignar un rol más activo del Estado en la economía y sociedad, pero en la práctica dar muestras de complacencia con las políticas de ajuste, reforma y cambio estructural promovidas por países, empresas transnacionales y Organismos Financieros Internacionales (OFIs).
En el caso del mercado de trabajo, se asume- sin más- que las manifestaciones visibles es lo que frena el desarrollo, como la no captación de mayor inversión externa, baja calificación de la mano de obra, falta de empleos, pérdida de competitividad del sector productivo (agroalimentario principalmente), salarios ajustados por inflación insuficientes y no mejora del ingreso monetario de las familias. Estas rigideces refieren a la vigencia de leyes de salario mínimo y jornada de trabajo, un código de trabajo “regulatorio “desfasado(s) en tanto asume que todos los trabajadores quieren empleos de tiempo completo, y resistencia de sindicatos de trabajadores a reformas profundas en dicho mercado, alta informalidad, corrupción pública, entre otros
I. Trabajo y fuerza de trabajo
Se considera trabajo a una actividad del ser humano que se realiza con el objeto de transformar la naturaleza para satisfacer necesidades, haciendo uso efectivo de capacidades físicas y mentales. La fuerza de trabajo como las facultades de la persona humana en movimiento para realizar el trabajo. En la tradición marxista, la fuerza de trabajo es otra mercancía que se ofrece y demanda, pero tiene una cualidad especial: genera valor. El capitalista contrata la mercancía fuerza de trabajo en el mercado, pero no la paga por todo el valor que genera, sino sólo por aquella parte de trabajo necesario para reproducirse como tal, o por lo menos, en el mundo actual, para recibirun salario denominado mínimo y poder comer, subsistir o no morir (no cubre todos los satisfactores sociales).
La otra parte excedente, es apropiada por el propio capitalista como ganancia. La evidencia de un gran número de trabajadores con empleo “invisible”, donde no se reconoce la existencia o el pago del salario mínimo, permite obtener una ganancia mayor, lo que vuelve más difícil la reproducción de las condiciones materiales de vida del trabajador y su familia.
Los trabajadores, unos más calificados que otros, se presentan al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo, cuyo precio es determinado por la oferta y demanda, asumiendo que existe información oportuna para todos los puestos de trabajo ofrecidos y está disponible siempre, lo cual no es cierto. Si hay mucha oferta, como sucede en todos los países latinoamericanos, el precio (salario)ofrecido es bajo, pero es mayor si sucede lo contrario. Hay actividades económicas (maquila por ejemplo) donde los salarios pagados son mayores que el resto, o sea mayor que el salario mínimo promedio, siendo la tecnología y productividad del trabajo factores explicativos en empresas de mayor tamaño o transnacionales.
No se trata de ser buena persona al contratar a los que no tienen trabajo, tal como manifiestan ciertos empresarios en los países cuando se les consulta su disposición a invertir sus capitales; se trata de un beneficio que aumenta cuando los salarios de los trabajadores son bajos, es más, cuando las condiciones socioeconómicas y de sus familias no son las más adecuadas. La pobreza de la familia y del trabajador (as), jefe de hogar, es un aliciente para pagar salarios espurios, lo cual, a no dudarlo, aumenta las ganancias de las empresas.
Según Adam Smith, el padre de la economía clásica, poco citado por economistas y gobiernos de corte neoliberal y libertarios en este tema,« el hombre siempre ha de vivir y mantenerse con su trabajo. Por consiguiente, su salario a de alcanzar por lo menos para su mantenimiento. Es indispensable también, las más de las veces, que ganen algo más que su sustento, porque de otro modo será imposible mantener una familia”[2]. No obstante, la realidad demuestra que priva siempre la ganancia y no las cantidades de trabajo que se contrata, el valor que se agrega cada año y la situación socioeconómica del trabajador y familias.
Todos los bienes materiales que son producto del trabajo humano y destinados al mercado, contribuyen a aumentar las ganancias de los dueños del capital, pero la reducción de los salarios hace posible una ganancia mayor, aunque no exista garantía que el trabajador empleado acompañe siempre dicho proceso, ya que es sustituido en el mismo con más rapidez cuando hay flexibilidad laboral.[3]Las condiciones de reproducción material de vida del trabajador y familia no tiene garantía, ya que, a los bajos salarios se suma la falta de acceso a otros satisfactores sociales, sea por deficientes servicios proporcionados por el Estado, ausencia de leyes de protección social efectivas, corrupción de empleados públicos y políticos o por el costo de los mismos, haciendo más visible la insuficiencia de los ingresos monetarios del trabajador y su pobreza material.
Se necesita, a lo sumo, la generación de trabajos decentes, o sea aquél trabajo que dignifica a la persona humana, garantiza ingresos justos para las personas y familias, protección social y seguridad laboral, sin discriminación de género, edad, sexo, cultura, y sustentado en el diálogo social y de todos los actores involucrados.[4]Implica la institucionalización de una cultura favorable al trabajo, y una práctica diaria en la empresa, organización, comunidad, municipio, región, sector, gobierno, país.
II. La referencia
En Honduras, después del golpe de Estado (junio de 2009), frente a los problemas de empleo que se generaron, unos 200.000 desempleados según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), atribuidos en su mayoría al ajuste del salario mínimo del 60% autorizado por el Gobierno de Manuel Zelaya en diciembre de 2008, el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), mediante decreto N.230-2010 del 5 de noviembre de 2010 y en el marco de la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022)[5], creo el Programa Nacional de Empleo por Hora, como programa de emergencia para nuevos puestos de trabajo y mantener los vigentes ( ArticuloN.1).
Era un programa de carácter temporal, unos 36 meses, en el supuesto que al concluir su vida útil se volvería al régimen anterior, ya que, la economía, retomaría su curso “normal” al superarse la inestabilidad económica y política generada por el golpe de Estado. Las partes, en este caso empleador y empleado, podrán suscribir contratos por “horas o en medias jornadas ordinarias, diurnas, mixtas o nocturnas, y en jornadas ordinarias completas, diurnas, mixtas o nocturnas bajo las modalidades de: a) Por tiempo limitado, o; b) Para obra o servicios determinados. En estos casos la contratación estará sujeta a las regulaciones de los derechos y obligaciones establecidos en el Programa”[6]
El 31 de marzo de 2014, en el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), se promulgó la Ley de Empleo por Hora (Decreto N. 358-2013), una categoría mayor de aquel programa que se creó con carácter temporal y sin pensar en cercenar el Código de Trabajo. El argumento de fondo era que, con el programa, una especie de antesala a la nueva Ley, se habían generado más de 700.000 empleos con su ejecución, aunque de mala calidad. Uno de los objetivos o propósitos de la nueva ley, es “fomentar el empleo digno y decente, evitar los índices de desempleo y subempleo, en el sector formal de la economía y simultáneamente lograr que estos trabajadores gocen de los beneficios de la seguridad social y salud ocupacional”[7]
Hubo mucha presión al final del gobierno de JOH para que se derogara dicha Ley, y volviera al régimen anterior del Código de Trabajo y sus reglamentos, lo cual no se logró. El argumento de los trabajadores (as) era que muchos empresarios estaban cambiando contratos por acuerdo, con todas las de ley, por contratos por hora, lo cual constituía una clara violación al Código de Trabajo y Leyes Internacionales. En la tradición dela economía clásica, el salario pagado era suficiente para la reproducción material del trabajador y su familia, pero, con estas prácticas, se busca bajar el salario y poner en riesgo sus condiciones de vida y familia, aumentando las ganancias.
Una de las promesas de campaña de Xiomara Castro, e incluso como parte de sus prioridades de gobierno (2022-2025), fue derogar la Ley de Empleo por Hora del Gobierno de JOH, para responder a un clamor popular. El Congreso de la República, mediante decreto 38-2022 del 28 de abril de 2022 derogó dicha Ley. Un soporte fundamental es que “se cuenta con evidencias testimoniales de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos como personal permanente para después ser recontratados de manera temporal, o bien han simplemente despedidos y sustituidos o reemplazados por personal temporal, con lo cual, en la precondición delos trabajadores indistintamente de su edad o sexo, han pasado mayor precariedad”.[8]
Es de destacar el trabajo de la abogada Silvia Ayala, diputada al Congreso de la República por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), al documentar parte de las violaciones del Código de Trabajo y Tratados Internacionales. De acuerdo a la congresista “los argumentos para derogar la normativa son los analizados por parte de la Secretaría de Trabajo y los fallos judiciales de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque bajo esta modalidad se han violentado los derechos de los trabajadores. (….) señaló que el área donde más se hace uso del empleo por hora, son los call center, que tienen más del 50 por ciento de las personas registradas bajo la modalidad, además del turismo”.[9]
Hay evidencia que hubo presión política sobre los miembros de la Comisión del Congreso Nacional nombrada, pero el resultado buscado, desistir o cambiar el proyecto por otro del Partido Liberal, no se logró, aun cuando el informe final elaborado por dicha Comisión no se hizo público, lo que hubiera facilitado que la población conociera a mayor detalle estas violaciones.
III. Volvemos al inicio
La derogación de la Ley de Empleo por Hora fue una promesa de campaña del Gobierno de Xiomara Castro, no apoyada por empresarios, incluyendo aquellos de organizaciones ligadas al sector de las Mi Pymes, ya que se cuestionó dicha política y decreto aprobado, en tanto afectaba sus operaciones al no poderse contratar empleados a tiempo parcial con salarios por hora, y afectarse sus ganancias por la falta de trabajadores en épocas de mayor demanda de sus productos. A ello se sumó la persiste denuncia de personeros del COHEP sobre los efectos o impactos negativos de su derogación (pérdida de empleos e ingresos de las familias), y presión de diputados del bipartidismo exigiendo la aprobación de la nueva ley de empleo de tiempo parcial.
El Gobierno del presidente Nasry Asfura y con un Congreso de la República de diputados más azules (simpatizantes del partido nacional) en alianza con diputados del partido liberal, aprobó mediante Decreto N. 45-2026 del 28 de marzo de 2026, la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, donde se asume, entre otras justificaciones que “ la realidad socioeconómica actual demanda modalidades excepcionales de contratación que fomenten la inversión y la generación de empleo, especialmente para jóvenes, estudiantes, mujeres con responsabilidades de cuidado, personas adultas mayores sin que la flexibilidad implique disminución de garantías sociales fundamentales” (Ver segundo considerando de la Ley).
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial es vista, según los proponentes, como una exigencia de la población que demanda empleos sin importar su calidad y sostenibilidad en el tiempo, mucho menos el acceso a satisfactores sociales que siguen sin ser garantizados por el Estado, sobre todo el acceso a la atención en salud, medicamentos y protección social.
Para el exministro de Trabajo del Gobierno de Xiomara Castro, Javier Fernández, la Ley de Empleo Parcial es “Inconstitucional “irremediablemente”, al legalizar la precariedad laboral, que considera el principal desafío en las relaciones laborales de Honduras. (…). La normativa destruirá la estabilidad laboral pues la permanencia solo es una de las garantías. (…), y señaló que esta ley pulveriza el salario mínimo, ya que se volverá norma contratar por menos horas, trabajar más y pagar menos”[10].
Es una práctica institucionalizada con la Ley anterior, por lo que no solo deberían aumentarse los controles y las penas a los infractores, incluyendo cierre de los establecimientos que sustituyan empleo a tiempo completo con salario mínimo pagado por empleo temporal, sino también socializar un reglamento de la Ley avalado por las organizaciones gremiales y del sector no formal. Estas organizaciones se opusieron a la aprobación de la nueva Ley, pero sabían de antemano que la maquinaria del bipartidismo en el Congreso Nacional ya había asumido el compromiso del voto favorable. Queda la denuncia internacional y la protesta pública, pero debería documentarse las violaciones que habrá, lo cual no se hizo con la ley aprobada por JOH.
El Gobierno de la República, pero sobre todo dirigentes y diputados del partido liberal, argumentan que la nueva Ley otorga mayor protección legal y social a los trabajadores a tiempo completo, y aquellos que serán contratados a tiempo parcial, pero todavía hay dudas por las debilidades de la institucionalidad vigente, donde destaca la malas prácticas del Ministerio del Trabajo en el curso de las denuncias por violaciones a los derechos de los trabajadores, corrupción y falta de controles y registro del tiempo de trabajo efectivo realizado y los pagos salariales.
El articulo nº 4 de la Ley refiere a los principios rectores, entendido como un marco orientador para las acciones que se ejecuten por las partes involucradas, incluyendo al Gobierno de la República. El primero es que vale más lo que se comprueba en la práctica, no lo que se haya suscrito. Supone que si existe una denuncia de un trabajador por no pago de horas adicionales trabajadas (ejemplo los fines de semana), el Ministerio de Trabajo comprobará la evidencia y su informe será aceptado.
El 60% de los Inspectores de Trabajo son activistas políticos, por lo que es de esperar que no actúen en contra de un empleador que aporta al partido en el poder, aun cuando las normas de la Ley deben ser interpretadas a favor del trabajador, teniendo igualdad de oportunidades y derechos que los trabajadores a tiempo completo cuando lo permita la naturaleza del derecho.
El principio de la progresividad y no de regresividad, busca que no se disminuyan o menoscaben los derechos laborales reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente, igual él de estabilidad laboral reconoce que debe continuarse la relación laboral, pero el límite lo pone el tiempo del contrato de trabajo suscrito, contrario al contratado por acuerdo donde la continuidad es automática y permanente. Nada impide al empleador a no continuar con el contrato una vez concluido, ya que, entre otros argumentos, puede manifestar que sus ventas en ese tiempo son bajas. Estos contratos deberían ser analizados por las centrales obreras, y acompañar al Ministerio del Trabajo en su aprobación y uso, para lo cual deben, desde ya, crear una comisión jurídica y técnica interna.
La jornada de trabajo a tiempo parcial debe ser fijada en un rango de entre 18 y 32 horas semanales. De acuerdo al Código de Trabajo, la jornada diurna es de 44 horas semanales, la jornada nocturna de 36 horas semanales, y la mixta de 42 horas semanales. Hay evidencia de sobreexplotación del trabajo, sea porque los obreros trabajan más horas de las permitidas por el Código de Trabajo, o porque no se les paga el salario convenido.[11]La nueva Ley habla de empleo efectivo igual, salario igual, lo cual pretende regular lo anterior, pero las denuncias previas eran que la única forma de hacerlo para trabajadores a tiempo completo actuales en esta condición, es ofrecerles empleo a tiempo parcial efectivos ( igual legalizarle la invisibilidad), lo cual no debe ser permitido por las Centrales Obreras e incluso por el Ministerio del Trabajo, ya que los trabajadores pierden derechos adquiridos, siendo una denuncia válida con la aplicación de la Ley de Empleo por Hora anterior.
IV. Tocando madera
El rumor, no una política pública consensuada y aprobada para el mercado de trabajo, es que existe una presión por empleos de corto plazo y de mala calidad, en tanto las familias no pueden obtener empleos permanentes y sostenibles, ya que la inversión pública y privada es baja, y los empresarios demandan mercancías baratas (mano de obra) con salarios de tiempo parcial, para colocar y vender los productos y servicios a un mayor precio. La promesa es que, a futuro, esta oferta de trabajo mejorará con más recursos para apostarle por calificación de la mano de obra, menores regulaciones del Estado, un salario mínimo con ajustes anuales por inflación y estabilidad del mercado de productos y servicios.
El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestra que la población total de Honduras supera los 10 millones de personas, con unos 7.4 millones de personas (74%) en edad de trabajar, de la cual 54% son mujeres concentradas mayormente en las zonas urbanas y periurbanas. La Población Económicamente Activa (PEA), es de 4.3 millones de personas, un 43% de la población total y 58.1% de la población en edad de trabajar. La población ocupada es de 4.1 millones, con un 58.5% de población asalariada y 39% de población no asalariada, afectando la desocupación a unas 211.015 personas.[12]
“Existen en el país 327.692 (8.0%) personas subocupadas por insuficiencia de tiempo de trabajo, es decir, que estando ocupadas trabajan menos de una jornada de trabajo a la semana y desean trabajar más. En cambio, las personas ocupadas bajo condiciones de subocupadas por insuficiencia de ingresos ascienden a 1.359.617 Este último se define como las personas que trabajan más de una jornada de trabajo y tuvieron ingresos inferiores a un salario mínimo, esto refleja una tasa de subocupados por insuficiencia de ingresos (TSI) nacional del 34.4%; la misma para el área rural, es del 30.0%.”[13]
Este es el principal problema del mercado de trabajo de la economía hondureña, donde se concentran personas que trabajan fuera de las condiciones laborares normales y ausentes del marco de regulación estatal que sustenta el Código de Trabajo. Es un problema que debe resolver el Gobierno en conjunto con los actores involucrados (empresarios y trabajadores), pero, además, con la participación de asociaciones del sector informal, gobiernos locales y organizaciones de sociedad civil, incluso agencias de cooperación internacional al reorientar los recursos de préstamos y cooperación bilateral a la ejecución de proyectos productivas y construcción de infraestructura económica-social que generen empleos decentes.[14]
La pregunta que surge es cómo se resolverá éste problema de raíces estructurales de la economía hondureña, al legalizarse el empleo por hora o a tiempo parcial. El argumento del Gobierno y los empresarios ligados al COHEP, es que el problema es la falta de empleo, no la calidad, por tanto, no interesa si se precariza aún más el empleo. En la ley aprobada, faltó incorporar el principio orientador de la sostenibilidad del empleo, lo que implica asumir el compromiso (Gobierno, empresarios y obreros), de apoyo para avanzar en el logro de un empleo permanente, no en la reducción de dicho empleo y salario, incluso en empresas de mayor tamaño[15]
Siguiendo el argumento de los economistas neoclásicos, el costo de oportunidad para la economía de una persona desempleada es cero, ya que no se pierde nada al ser contratada, pero ello no garantiza que vuelva a ser cero rápidamente por el corto tiempo de empleo que se ofrece a dicha persona. Contratamos a alguien sin trabajo y le damos una oportunidad de acceder a ingresos monetarios que no tenía y generar productos o servicios, pero cuánto dura esa ilusión de estar empleado, y como puedo garantizar como empleador y Gobierno su permanencia.
A este problema del subempleo, se agrega la existencia de más de 937.000 jóvenes, entre 12 y 30 años que no estudian ni trabajan, los llamados ninis, afectando mayormente a las mujeres, un 73% del total. (INE: 2025); siendo evidente la ausencia de una política de Estado para enfrentar este problema, donde las drogas, prostitución, narcotráfico, migración y empleos espurios se miran como soluciones.
La apuesta futura
En un reciente boletín informativo dedicado a los mercados laborales en Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacan los avances del mercado laboral en empleos y educación, pero advierte sobre los problemas de informalidad, bajos ingresos (léase salarios espurios) y baja productividad física y del trabajo. La solución: crear más y mejores empleos[16].
Se destaca la reducción del desempleo entre 1995 y 2024 para la región latinoamericana y del caribe, pero hay evidencia del subempleo visible (trabajadores deseosos por trabajar más horas), empleos concentrados en sectores de baja productividad, gran número de trabajadores con empleos formales y menor acceso a la seguridad social. A ello se suma la insuficiencia de ingresos de los trabajadores para salir de la pobreza monetaria, lo cual condiciona sus capacidades y oportunidades para garantizar la reproducción material de él y familia.
“En un contexto de precariedad laboral, nos encontramos en presencia de personas que teniendo una ocupación remunerada, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Se trata de trabajadores pobres y son quienes deben motivar las acciones que emprendemos desde ámbito público, para que puedan acceder a niveles de ingresos dignos y a una mayor estabilidad laboral, dos preceptos que fueron el leitmotiv de quienes históricamente encabezaron las luchas por las reivindicaciones sociales”[17].
Esta es una responsabilidad constitucional para el Gobierno, pero también para el sector privado y trabajadores. Aumentamos el ingreso monetario de las familias con empleos a tiempo parcial, pero no hay evidencia que superemos el umbral de la pobreza monetaria de los hogares, y volvamos a la situación de pobreza estructural una vez que los ingresos temporales adicionales se evaporan. Ello abarca incluso aquellas actividades económicas como la maquila, con mayores salarios, y que genera expectativas de empleo en la juventud cuando existen posibilidades de su ampliación en regiones menos desarrolladas de un país.
“En el mismo sentido, se debe entender que un trabajador que no se encuentra debidamente registrado no accede a los beneficios legales que brinda el empleo formal: aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagadas, sueldo anual complementario, representación sindical, etc. Todo ello coloca al individuo y a su grupo familiar en un estado de desprotección y de imposibilidad de ingreso a la salud, a una vivienda digna y a la educación de sus hijos, presupuestos necesarios para considerar a alguien como socialmente incluido”[18].
El transformar empleos informales en empleos formales ha sido una política de gobierno, sector privado, organizaciones gremiales y agencias de cooperación externa, pero no hay garantía que, a los beneficios ofrecidos, sobre todo para la protección social de la familia y la estabilidad laboral, se acceso en forma rápida y estén disponibles en todo tiempo y momento. Ocupamos políticas y estrategias de mayor plazo, donde los recursos de los regímenes para la protección social del trabajador y su familia estén garantizados, y no sean utilizados por funcionarios y diputados corruptos y narcotraficantes, blindando la institucionalidad pública.
Otros problemas, destacados en el boletín informativo del BID, más visibles en el futuro, es el de la absorción tecnológica que, a no dudarlo, exigirá mayores conocimientos y habilidades de la fuerza laboral, igual la reducción de la población en edad de trabajar, lo cual afectará las oportunidades de empleo, ajustándose las estrategias de inserción laboral para que los adultos mayores puedan participar activamente en el mercado laboral.
A lo interno, en su propuesta de campaña política denomina Plan de Gobierno “Juntos Vamos a Estar Bien “2026-2030, el presidente Nasry Asfura tiene la visión de país para una Honduras “en la que las oportunidades se convierten en fuente de trabajo, trabajo y más trabajo; y que ello se traduce en condiciones de vida material y espiritual más decorosas para el pueblo”. [19] Igual, busca incentivar la creación de empleos en el sector privado mediante políticas fiscales y de inversión, promover programas de formación profesional acordes con las demandas del mercado laboral, y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y el emprendimiento juvenil, y fortalecer la inspección laboral para garantizar salarios justos y condiciones de trabajo dignas[20]
En lo que va del Gobierno, a la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), de beneficio para que las empresas acogidas sigan gozando de exoneración del pago de impuestos arancelarios, y la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, se suma el ajuste del salario mínimo por consenso (empresarios, trabajadores y Gobierno) de entre 6% y 7%, por un periodo de dos años ( 2026 y 2027), con una inflación de arrastre en 2025 de 4.98%, no para 2026 que los agentes económicos estiman superará el 6%.
Un salario mínimo promedio mensual podría estimarse en un rango de entre 9,600 ( empresas pequeñas en sector agroalimentario) y 19,200 lempiras en grandes establecimientos de servicios financieros, lo cual resulta insuficiente para una canasta básica familiar de 16.000 lempiras mensuales promedio (Adalid Irías, defensor del consumidor), y ascenso por el impacto negativo del aumento de los precios del petróleo en la cadena de suministro de alimentos, transporte, energía e insumos importados, donde el Gobierno ha aprobado reducción de subsidios y programas sociales.
El crecimiento de la economía hondureña para 2026 y 2027 se estima entre 3.0% a 4.0 %, lo cual no es muy halagador por la creciente demanda de puestos de trabajo, muchos de los cuales deberán ser generados por programas y proyectos de inversión pública. Es menos optimista que la estimación de 2025-2026, con un PIB de entre 3.5% y 4%, cerrando con 3.8% de crecimiento en 2025. Se espera que la inflación se sitúe entre 4.00% más o menos 1%, lo que hace pensar en un programa fuerte de contracción de agregados monetarios y del gasto, incluyendo el gasto de inversión pública.
Todo apunta, no obstante la acumulación de reservas internacionales mayor de 5 meses de importaciones, frente a un cierre en 2025 de 6.3 meses de importaciones, que tendremos mayor flexibilidad en la política cambiaria, o sea mayor depreciación de la moneda, donde los pagos por deuda, la crisis del petróleo y la inestabilidad de precios de productos de exportación, son factores impulsadores, sumado a una mayor inflación esperada. El Banco Central ha eliminado trabas burocráticas para acceder más rápido a las divisas, pero es de esperar también ajustes cambiarios más rápido.
Hay preocupación además por recortes al presupuesto de 2026 en sectores como el agroalimentario, lo que incluye el crédito agrícola para pequeños productores y grupos campesinos dedicados a la siembra de granos básicos y hortalizas[21], la compensación social muy ligada a los programas de ajuste económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) con las llamadas Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), la eliminación y recorte de subsidios a los combustibles, transporte y energía eléctrica, recortes en el gasto de salud por medicamentos y atención de clínicas especializadas, construcciones escolares, inversiones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); igual la reducción del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En el tema de precariedad del empleo, un menor salario contribuye a la insuficiencia de ingresos monetarios para salir de la pobreza, pero la falta de no garantía de los otros satisfactores en salud, educación, seguridad social, agua potable, vivienda, etc., profundiza dicha situación y orilla a los trabajadores con este tipo de empleos a la indigencia y muerte. La orden del día no es empleos y más empleos, sino empleos y más empleos de buena calidad; es decir, empleos decentes con garantía de satisfactores por el Gobierno. Se necesita un Pacto Nacional por el Empleo de Base Amplia, ya que, lo mismo para lo mismo no es solución, es más del problema.[22]
En el Gobierno de Xiomara Castro, el COHEP propuso un Pacto por el Empleo, pero se necesita de una propuesta conjunta de mayor plazo que no condicione la generación de empleos de mala calidad a la protección y aumento de los beneficios adquiridos por las empresas, ni a políticas de contracción de demanda agregada donde se afecte el gasto en inversión productiva y económica. No hay evidencia plena que, por sí solo, y con todos los beneficios tributarios otorgados a las empresas de mayor tamaño, el sector privado pueda mostrar suficiencia para enfrentar la demanda de empleo, pero sobre todo para generar empleos de buena calidad. Las economías campesinas familiares generan empleos de buena calidad (criterio de sostenibilidad), aun cuando las políticas agrarias, comerciales y financieras ejecutadas por el Gobierno y bancos les perjudican.
Notas:
[2]Adam Smith “La Riqueza de las Naciones”. Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica, 1986, pág., 112
[3]Un argumento en contra es que los precios de los bienes son inestables y, en periodos de crisis económica, epidemias y fenómenos naturales no controlados, tienden a la baja, por lo que la ganancia es menor e incluso hay perdidas; pero, igual, un costo de la mano de obra menor que el promedio nacional o regional ayuda a compensar dicha caída de precios.
[4]Ver para ampliación a Virgilio Levaggi ¿Qué es el Trabajo Decente?.Organización Internacional del Trabajo(O IT) Oficina para América Latina, 9 de agosto de 2004.
[5] No hay evidencia que el decreto de aprobación de esta Visión de País y Plan de Nación haya sido derogado, por lo que debería ser actualizada por el Gobierno de Nasry Asfura, para lo cual la asesoría de la Academia es fundamental. Es una iniciativa que puede ayudar a eliminar el enfoque de trompo “tatarata” que sigue actualmente el Gobierno, sin tener claridad del rumbo.
[6]Ver “Programa Nacional de Empleo por Horas”, decreto N. 230-2010 del 5 de Noviembre de 2010, pág. 12
[7]Ver Decreto Número 354-2013, del 31 de marzo de 2014, pág2
[8]Ver Decreto 38-2022, 28 de abril d 2022
[9]Hondudiario.com, 18 de abril de 2022
[10]Ver declaraciones publicadas por el Libertador-hn, 31 de marzo de 2026.
[11]El subempleo invisible es quizá la manifestación más valida del mercado de trabajo hondureño, donde a las personadas que trabajan jornadas completas se le paga menos del salario de la rama o actividad productiva en la que están empleados; trabajan en puestos que no van para su calificación y son empleados en trabajos poco remunerados y riesgosos, lo que refleja un alto grado de informalidad.
[12]Ver “Resumen Ejecutivo de Resultados LXXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples”. INE, julio de 2025
[13]Ver “Resumen Ejecutivo de Resultados LXXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples”. Op.cit , INE, julio de 2025
[14]Cifras manejas por el COHEP en prensa, con ocasión del 1 de mayo de 2026, muestran que la informalidad afecta al 78% de los trabajadores y que más 3 millones no tienen cobertura de seguridad. social. La tribuna, 1 de mayo de 2026. EL problema, tal como se explicó, la precariedad laboral también afecta a los trabajadores formales subempleados y sin acceso, aun pagando, a la seguridad social.
[15]En declaraciones recientes, el actual Ministro de Trabajo, Fernando Puerta, manifestó que en Honduras unas 850.000 personas, el 44% del total, no reciben el salario mínimo. (Declaraciones en prensa, febrero de 2026). Se necesitará una reforma profunda y fortalecimiento del Ministerio del Trabajo para que los empresarios cumplan la Ley, pero también para que no legalicen estos empleos de tiempo completo a tiempo parcial; lo cual, en el marco de un modelo de más flexibilidad laboral y menos recursos para el Gobierno, es poco probable que se dé.
[16]Ver Auri Melissa Minaya “La evolución del mercado laboral en América latina y el Caribe: cómo mejorar empleos, ingresos y productividad”. BID; 29 de abril de 2026.
[17]Ver a Oscar Cuartango en “LaInformalidad, la precariedad laboral y el empleo no registrado en la Provincia de Buenos Aires”, coordinado por Julio C. Neffa, Ministerio del Trabajo, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 2008, pág. 7.
[18]Ver a Oscar Cuartango, op cit
[19]Ver Plan de Gobierno “Juntos Vamos a Estar Bien”, 2026-2030. Tegucigalpa, Honduras, Noviembre de 2025.
[20]Plan de Gobierno, op cit, pág. 10
[21]El Gobierno busca convertir al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), en un banco de primer piso, saneando, con apoyo del sector privado, su cartera en mora que aumentó en el Gobierno de Xiomara Castro. Es de esperar que este saneamiento vaya acompañado de la eliminación o reducción del subsidio a las tasas de interés para créditos a pequeños productores agrícolas, menores recursos canalizados por dicho banco, la vigencia de un seguro agrícola y habilitación de productores para que accedan a créditos de la Banca Privada sin afectar los recursos del Estado.
[22]La oposición política, principalmente dirigentes del partido LIBRE y organizaciones gremiales, podrían objetar esta propuesta, ya que el sector privado está dentro del Gobierno y no mira amenazados sus intereses económicos; sin embargo, hay otros sectores y organizaciones del mercado laboral que tradicionalmente han sido excluidos que demandan esta participación, incluyendo aquellas del sector social de la economía y las informales.
Javier Suazo. Economista, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
Tegucigalpa, Honduras, 5 de mayo de 2026