De acuerdo al Banco Mundial, nuestro país está entre los 6 más desiguales de Latinoamérica, y entre los 10 más desiguales del mundo. En Panamá, en 2015, el 10% de las familias más ricas tenían ingresos 37 veces superiores al 10% de las familias más pobres. Esto nos habla de la injusticia social y el […]
De acuerdo al Banco Mundial, nuestro país está entre los 6 más desiguales de Latinoamérica, y entre los 10 más desiguales del mundo. En Panamá, en 2015, el 10% de las familias más ricas tenían ingresos 37 veces superiores al 10% de las familias más pobres. Esto nos habla de la injusticia social y el alto grado de desigualdad que padece nuestro pueblo.
Según cifras oficiales, estimadas a la baja con métodos estadísticos cuestionables, en Panamá cerca del 10% de la población, 400 mil personas, no tiene ingresos suficientes para comer adecuadamente. Y un 23%, alrededor del millón de connacionales, no puede pagarse el conjunto de las otras necesidades vitales, además de comer. A lo cual hay que agregar el colapso de los servicios públicos para comprender el sufrimiento que se padece.
En esta «Dubai de Centroamérica», resulta que hay decenas de miles de jubilados con pensiones inferiores a B/. 500 que claman por una compensación frente al creciente aumento de los precios de la canasta básica y de las medicinas, muchas de las cuales deben comprarse en farmacias privadas, dada la crisis de medicamentos de la Caja de Seguro Social.
En este marco un grupo de jubilados logró que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 621 que otorga unos ajustes a las jubilaciones, que oscilan entre B/. 60 para pensiones menores a B/. 500, de B/ 45 para los que ganan entre B/. 501 y 1,000, y de B/. 35 para aquellos que reciben entre B/. 1,001 y 1,500.
Este aumento debería pagarse con un impuesto del 7% a las remesas de dinero que se envían al exterior, 5% de impuesto a las ganancias de casino y tragamonedas, y la asignación del 20% del impuesto que ya se paga al consumo de cervezas.
En esta Dubai de la injusticia y la disparidad social, los sectores empresariales encabezados por la Cámara de Comercio y la APEDE pegaron su grito al cielo, oponiéndose tajantemente a cualquier aumento de impuestos. La excusa como siempre es que la economía se vendría a pique. Traducido al lenguaje panameño: no les importa si las jubilaciones de estos viejos pobres les alcanzan o no para comer, no me aumentes los impuestos a los que más ganan.
Ahora que se conmemoran 50 años del golpe de estado de 1968, hay que recordar que una de las causas fue la crisis institucional abierta por los empresarios vinculados al «chiarismo» porque no querían al candidato David Samudio y su reforma fiscal. Hoy, como entonces, sigue habiendo un «Club de Exonerados» que se niegan a compartir algo de sus pingües beneficios con el pueblo panameño. Casi todo el sector punta de la economía, el «logístico», goza de exoneraciones fiscales, y el resto pagan poco comparados con los asalariados.
Otra medida similarmente egoísta, ha sido la aprobación de la Ley 51 de 10 de octubre de 2018, por la cual se restringe el gasto público hacia los próximos años, y se limita el aporte del canal a los fondos nacionales al 2.5% del PIB, ordenando que la mitad de cualquier excedente que pueda haber a futuro en esos ingresos vaya al Fondo de Ahorro Panamá, para beneficio de los banqueros que lo administran, y sacrifico de tantas necesidades sociales.
Se requiere la construcción de una propuesta política nueva que ponga a los seres humanos primero que al mercado y la ganancia; que anteponga la deuda social histórica que nuestra oligarquía tiene con el pauperizado pueblo panameño; para lo cual hay que hacer justicia fiscal, haciendo que paguen impuestos progresivos en función del ingreso todos, que se acaben las exoneraciones fiscales, una forma solapada y legal de corrupción.
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