El 9 de diciembre último, el presidente peruano Martín Vizcarra logró una contundente victoria en el referéndum abrió un buen debate sobre las acciones que debe tomar para adelantar los cambios que signifiquen terminar con el ciclo neoliberal que se inició 26 años atrás con la constitución fujimorista. Más del 80% de los votantes aprobó […]
El 9 de diciembre último, el presidente peruano Martín Vizcarra logró una contundente victoria en el referéndum abrió un buen debate sobre las acciones que debe tomar para adelantar los cambios que signifiquen terminar con el ciclo neoliberal que se inició 26 años atrás con la constitución fujimorista.
Más del 80% de los votantes aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la regulación del financiamiento de los partidos políticos, la no reelección de congresistas y rechazó el retorno a la bicameralidad. Los resultados fortalecieron al presidente, quien con una crisis ministerial encima, necesitaba ese resultado para: confrontar a un fujiaprismo (fujimoristas y apristas) que, sintiéndose amenazados y con sus líderes presos o en camino a estarlo, atacan desde el Congreso.
En un país donde cuatro presidentes son acusados de corrupción, la legitimidad de Vizcarra había quedado en entredicho, ya que accedió al poder tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczinsy, tras el indulto d éste al dictador genocida Alberto Fujimori y los escándalos de compra de votos y connivencia entre magistrados y congresistas.
Uno de los untos resaltantes es la valentía de Vizcarra de proponer mecanismos de democracia participativa (el referéndum) para legitimar su figura y mandato, deshaciendo el miro generado por el poder fáctico y los medios de comunicación hegemónicos de que sería funesto para el país cambiar la Constitución fujimorista.
Tras al referendum resta un cambio radical de la Constitución, que eche por tierra el modelo neoliberal y rescate un modelo no solo económico sino también social en favor de las grandes mayorías y no solo en favor de las empresas. Hay un mensaje del país para poner a caminar los cambios y es el Presidente quien debe proponer y llevara adelante las reformas.
Salomón Lerner, director de Otra Mirada, señala que se abrieron expectativas de la gente «alrededor de la propuesta de que se vayan todos: los congresistas, los representantes de la justicia, todos aquellos que no contribuían con el Estado de derecho». Añade que es fundamental darle velocidad a las reformas aprobadas que generen una ruta adecuada para llegar al 2021.
«Existe un resentimiento en el crecimiento productivo y económico en el país, el ejecutivo debe enfocarse en llevar medidas que plantee una ruta que mejore la situación. Si no se dan estas reformas los meses siguientes serán duros», señala el empresario.
Maribel Pérez Tello, ex ministra de Justicia aseguró que si Vizcarra «no se deja lavar la cabeza con el tema de que el 2021 puede postular o algo así, entonces puede ir bien, a pesar que tendremos años con sobresaltos en lo económico. Es importante el mensaje de la gente: Respaldo y búsqueda de justicia concreta y una reforma política que nos permita recuperar la legitimidad».
Reforma laboral, alerta sindical
En las últimas semanas, entre el referéndum y el intento frustrado de asilo del corrupto expresidente Alan García en la embajada de Uruguay se han presentado, más que discutido, algunos elementos de una probable reforma laboral, lo que ha encendido las luces de alerta de trabajadores.
Anteriormente hubo otros intentos de «flexibilización» laboral con la excusa de adquirir mayor productividad y competitividad en el mercado global: la llamada Ley Pulpin (aprobada y derogada por el Congreso tras las movilizaciones juveniles) y un proyecto de ley «de esclavitud laboral» que proponía cambios en las modalidades de capacitación técnica, también rechazada por trabajadores jóvenes y sindicatos.
Para la derecha empresarial, el mercado laboral peruano es «rígido», especialmente en el procedimiento de despido, lo que deriva en una la alta informalidad (que alcanza a la mitad de los trabajadores) para evitar los costos laborales que suponen cumplir con las normas legales. Del 50% con contrato laboral, alrededor del 70% son temporales, es decir, no requieren de un proceso de despido, pues tienen contrato a término.
El objetivo real de la reforma laboral es debilitar a los sindicatos mineros, de algunos bancos, industrias y grandes comercios. Son un grupo de grandes empresas que pueden pagar indemnizaciones con tal de prescindir de los sindicatos. Para lograr esto, buscan aprovechar la popularidad de Vizcarra ganada en la lucha contra la corrupción y creen que si éste impulsa dicha reforma, no tendrá la oposición de la opinión pública ni de la mayoría de los ciudadanos. Sin duda, un mal análisis.
En la última semana, la CGTP y las otras centrales sindicales estuvieron coordinando las medidas de respuesta y movilización frente a esta amenaza de reforma. En este enfrentamiento fue víctima el ministro de Trabajo Christian Sánchez, quien se había ubicado en la defensa de los principios del derecho laboral.
Vizcarra debió salir al cruce de la campaña empresarial y señaló que « Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral», por lo que pareciera retroceder la amenaza de una reforma antisindical y precarizadora del empleo
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)