La continuación del proyecto Oxec en territorio q´eqchi´ recalca la subordinación del Estado y el sistema de justicia a intereses empresariales. Corresponde ahora proponer nuevas formas de organización social, asamblearias y de los pueblos. Corresponde soñar un país distinto. Las presiones empresariales convirtieron el proyecto hidroeléctrico Oxec en cuestión de Estado y obligaron a […]
La continuación del proyecto Oxec en territorio q´eqchi´ recalca la subordinación del Estado y el sistema de justicia a intereses empresariales. Corresponde ahora proponer nuevas formas de organización social, asamblearias y de los pueblos. Corresponde soñar un país distinto.
Las presiones empresariales convirtieron el proyecto hidroeléctrico Oxec en cuestión de Estado y obligaron a la Corte de Constitucionalidad a una decisión favorable a este proyecto. El resultado es un contrasentido: una resolución que reconoce violación del derecho de consulta, en primer lugar, aceptando acto seguido que los violadores continúen desarrollando su negocio.
Según decisión de 26 de mayo, nuestra amada Corte de Constitucionalidad (CC) «da sin lugar los recursos de apelación presentados por la empresa Oxec y por el Ministerio de Energía y Minas» mas sin embargo «permite la continuación de la actividad empresarial durante al menos doce meses». Una empresa y un proyecto ilegítimo e ilegal puede continuar operando. Sin ser abogado puedo ver la paradoja de una decisión judicial que reconoce que no se hizo la consulta, pero lo acepta al permitir que la empresa siga produciendo energía. Es «un sí pero no, dado de la manera más servil», afirma José Cruz, miembro del Colectivo MadreSelva y acompañante de la resistencia comunitaria.
Para rematar, una pirueta juridico-política empeora la decisión, al ordenar la CC que se realice la consulta pendiente (sí, la que el Convenio 169 y la propia CC definen como previa, libre e informada).
Si la consulta previa, libre e informada ya no es posible, ¿qué consulta propone la Corte? La consulta «posterior, perseguida y desinformada» afirma el abogado Sergio Vives, es decir, la consulta cuando «ya los proyectos operan y la población sufre persecución política y es objeto de intimidación y estrategias de persecución» (José Cruz).
Es un callejón de salida única: durante la discusión de Construcción de Estándares Básicos para las consultas comunitarias, iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 12 de octubre de 2016, sectores empresariales proponen la homologación retroactiva de los proyectos en ejecución y la consideración de la consulta como indicativa y de carácter negociador, no como posibilidad de decisión de las comunidades. Es de temer que estos y otros aspectos similares iluminen la propuesta de consulta sobre Oxec en las comunidades.
Funcionaron presiones a la Corte de Constitucionalidad
Durante meses, una intensa campaña mediática equiparó Oxec con progreso, abogó por la seguridad y la certeza de inversiones y amenazó con pérdida de empleos (60,000 en el sector hidroeléctrico, 1,600 aproximadamente en Oxec), incremento de 40% en la tarifa de la luz y caída de la inversión extranjera («índice de confianza de inversión extranjera directa»), si el proyecto Oxec era suspendido de forma definitiva.
La campaña criminalizó a comunidades y organizaciones sociales (logró extender orden de captura contra uno de los dirigentes, Bernardo Caal Xol, 29 de marzo) e hizo una fastuosa y peligrosa equivalencia: defender Oxec es defender a Guatemala; por tanto, los opositores son malos guatemaltecos.
Descalificación de luchas, datos sin contexto, estrategia del miedo y polarización fueron los principales argumentos utilizados, que finalmente enredaron a la Corte.
Días antes de la publicación de la resolución, el director de El Periódico publicó un artículo de opinión donde planteó que la CC decidiera a favor de «privilegiar el progreso de la Nación y proteger al país de los francotiradores» (16 de mayo, página 3). En las mismas fechas, los empresarios propusieron el mecanismo de la «consulta reparadora», como forma de legalizar los proyectos que se hubieran saltado el engorroso trámite de consultar a las comunidades. Tal cual, con otras palabras, decidieron los magistrados.
La Corte cerró filas con los poderes empresariales involucrados directamente en el proyecto y con las élites, temerosas del mal ejemplo de la paralización de un proyecto. Fuera del debate (una vez más) queda la violación de los derechos de comunidades y el pueblo q´eqchi´ afectado por la construcción del proyecto: entre otros, derecho de consulta, derecho al territorio, derecho a la participación sin persecución, derecho al agua, derechos de los ríos y la naturaleza, derecho a decidir el modelo de organización y el modelo económico, derecho a la libre determinación.
Abrir otros espacios de lucha y organización
El Estado corporación (Gustavo Castro), construido por y a la medida de las élites, continúa intacto. Aunque existe margen para la acción jurídica en el sistema internacional, la empresa continuará «construyendo, operando, explotando, destruyendo, y las reparaciones no llegan siempre», recalca el abogado Juan Castro. Parece evidente que este Estado, en este sistema de justicia, con esta Corte de Constitucionalidad y esta institucionalidad, no hay futuro para los derechos colectivos. «El nudo es una resolución plagada de vulgaridad pero sobre todo, de ilegalidad, contraria al bien común y a los derechos de los pueblos indígenas, con severas violaciones al derecho internacional, por lo que socialmente, debería ser rechazada en el acto», opina el político de izquierdas Miguel Ángel Sandoval.
El sistema siempre cierra espacios y se cierra, refractario a los cambios, enrocado sobre un poder y un discurso construidos a partir de certezas simples (desarrollo, progreso, individuo, continuidad) y miedos profundos (a lo indígena, la participación colectiva, la participación y decisión de las mujeres, el cambio, la construcción plural y diversa). «El Estado solo sirve de instrumento opresor para defender los intereses de la élite» indica un comunicado de la Alcaldía Comunal Santa Rita Salcajá sobre la decisión de la CC.
Corresponde entonces fortalecer otras formas de organización, un nuevo pacto social desde los pueblos, un proceso asambleario y constituyente más allá de los límites de esta legalidad e institucionalidad, de este Estado (fracasado, no fallido) en vías de extinción, más allá incluso de nuestros sueños tradicionales. Lo tenemos que hacer: por los ríos y la vida amenazada, por los perseguidos y por los presos, por los derechos irrenunciables.
Blog del autor: www.memorialguatemala.blogspot
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.