¿Qué Vetó Cartes? Responder a la pregunta primero nos conduce a mencionar que Cartes mandó aprobar leyes regentadas por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; a citar: La ley de Responsabilidad Fiscal, Ley de Alianza Público Privado, la Ley de Defensa Nacional y la ley de seguridad a las inversiones. Cada una de estas […]
¿Qué Vetó Cartes?
Responder a la pregunta primero nos conduce a mencionar que Cartes mandó aprobar leyes regentadas por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; a citar: La ley de Responsabilidad Fiscal, Ley de Alianza Público Privado, la Ley de Defensa Nacional y la ley de seguridad a las inversiones. Cada una de estas leyes con los instrumentos garantes para la entrega de las riquezas del país al capital privado; el primero es para evitar inversión en el sector social, el segundo para privatizar con contratos a favor de las empresas privadas y obligar al estado a indemnizar en caso que el negocio no sea rentable para las empresas, el tercer para reprimir y sacar a los militares en las calles en caso que los reclamos sean un problema y quebrante la estabilidad del gobierno; y el Cuarto para garantizar las ganancias de las empresas en desmedro de la clase trabajadora.
En Paraguay se aplicó como argumento «de respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal»; expuesto por Santiago Peña Ministro de Hacienda e hijo mimado del Fondo Monetario Internacional, para vetar el Presupuesto General de Gasto de la Nación, que limitaba la posibilidad de seguir endeudando al estado, controlar al Banco Central para que no actue discrecionalmente en el mercado para regular el Dólar y una reorganización mínima que levemente beneficiaba al pueblo.
Cabe mencionar que la aprobación de esta ley fue agradecida por Cartes el 23 de octubre del 2013, manifestando en aquella ocasión: «Contento…y agradecer a ambas cámaras, tanto Diputados como Senadores, por la aprobación de esta ley que me parece tan importante para el país»; esta Ley señala que el déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor al 1,5% del PIB, como así también, instituye, que el incremento anual del gasto corriente del sector público no podrá superar la tasa de inflación interanual más el 4%, y no se podrán incorporar incrementos salariales.
Es decir, la Ley fue preparada para estas ocasiones a fin de respaldar legalmente las medidas impopulares tomadas desde el Gobierno.
Pero resulta que esto es un argumento falso, capcioso, que pretende Peña hacer pasar por verdadero; pues el presupuesto aprobado en el parlamento para el 2017 es de 11.881,8 millones de dólares, sin embargo el presupuesto remitido por el Ministerio de Hacienda para el ejercicio del 2017 es de 12.574 millones de dólares; o sea, el presupuesto 2017, en tamaño de monto de dinero, enviado por Peña supera a lo aprobado en el parlamento en un monto de 692 millones de dólares.
Con la cifras presentadas por el Ejecutivo, se desmorona la idea de la austeridad y el respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues el mismo Peña, cuando envío el presupuesto, y si éste se hubiese aprobado, infringiría la ley de marras.
El mentado pretexto que se aumentaron los gastos rígidos, aludiendo que exclusivamente los ajustes salariales de entre el 10% y el 15% para docentes; de entre el 12% y el 18% para el personal de blanco; del 10% para funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); entre otros, son los gastos rígidos; constituye una estrategia, para que la ciudadanía no reaccione ante la decisión impopular tomada por Cartes, y que a su vez, la ciudadanía crea que el problema son los funcionarios públicos, ya que este sector ha sido manoseado y criminalizado mediáticamente en todo este año.
Ante el pretexto falaz, esgrimido por el Ejecutivo, ¿qué vetó entonces Cartes? El presidente Cartes vetó los 150. 000 posibles beneficiarios para el Programa Tekoporá (Buen Vivir) que aprobó el Congreso para el 2017- 10.000 más propuesto por Cartes-, vetó la ley que le limitaba seguir endeudando al Estado paraguayo a través de los bonos soberanos, vetó el aumento de salario a los trabajadores de la educación y de la salud entre el 10 y 18%, pero sin embargo sigue manteniendo el doble aguinaldo para los funcionarios de Hacienda, y vetó totalmente la Ley de presupuesto 2017 en este tiempo, puesto que ingresamos en período de receso parlamentario, y , ante esta circunstancia, la Comisión Permanente del Congreso, convocó a los Diputados y Senadores en sesión extraordinaria, donde en Diputados aceptó el veto, pues el Cartismo tiene mayoría, con la decisión de Diputados queda en vigencia el Presupuesto 2016 cuyo monto es de 12.652 millones de dólares.
El presupuesto 2016 aprobado excede a lo aprobado por el Congreso en 770 millones de dólares, pero con la diferencia sustancial que el mismo congela los salarios de los funcionarios y le permite seguir endeudando al país y así acelerar las privatizaciones para pagar las deudas y quedarse con sus socios comerciales con las empresas del estado.
Además entra nuevamente en vigencia la Ley de Llave en mano, que no es más que otra cosa que un mecanismo de endeudamiento donde los intereses son superiores inclusive a la emisión de bonos e hipoteca la caja jubilatoria de los trabajadores como garantía de pago; hecho que pone en vilo la Jubilación de los trabajadores del país.
El veto es en contra de los trabajadores, el veto es en contra de los más vulnerables, muy al contrario a lo que dijo Santiago Peña, que es en beneficio de la gente.
El veto es para favorecer a los gerentes, a la patria contratista del Cartismo y el veto es para seguir expoliando a la clase trabajadora.
Adilio Lezcano, Licenciado en Matemática por la Universidad Nacional de Pilar.
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