El gobierno de Juan C. Varela tiene problemas con los números, pues no le cuadran bien los presupuestos y anda en busca de quién va a llevar sobre sus espaldas el mayor peso de la carga fiscal. Esa es la realidad que inspira sus principales decisiones en políticas públicas: ¿Cómo sostener el crecimiento económico, sin […]
El gobierno de Juan C. Varela tiene problemas con los números, pues no le cuadran bien los presupuestos y anda en busca de quién va a llevar sobre sus espaldas el mayor peso de la carga fiscal. Esa es la realidad que inspira sus principales decisiones en políticas públicas: ¿Cómo sostener el crecimiento económico, sin aumentar la deuda pública, ni tocarle el bolsillo a las grandes empresas y fortunas del país, las cuales hacen parte de lo que el sociólogo Marco Gandásegui, en los años 60 del siglo pasado, llamó el «club de los exonerados»? La respuesta es obvia: que la cargue el pueblo, para variar.
En Panamá los que más ganan son los que menos tributan proporcionalmente hablando. La mayor parte de la carga fiscal la lleva la clase trabajadora a la que sin falta le sacan de su cheque su impuesto sobre la renta y, cuando compra lo básico que alcanza con el sueldito, le cargan su ITBMS. A lo que se suma una serie de impuestos indirectos que el empresariado transfiere a los precios de sus mercancías y servicios para que el consumidor los pague.
El «club de los exonerados» tiene a su servicio hábiles contadores que «maquillan» las cuentas de las empresas las cuales terminan tributando menos de lo que deberían. Cuando no apelan al maquillaje se pintan de filántropos y crean alguna fundación o sociedad «sin fines de lucro» a donde van a parar lo que no se quiere tributar. Pero la mayoría ni siquiera tiene que recurrir a trucos contables pues el estado «benefactor» panameño, que no se ocupa mucho de los pobres pues sería «paternalismo» o peor aún «populismo», exonera legalmente a todos los grandes negocios nacionales y extranjeros.
A donde usted mire, todos los sectores punta de la economía panameña, tienen algún tipo de exoneración fiscal. Basta un ejemplo: la industria marítima como totalidad representa el 33,5% del PIB, que en números absolutos significa que mueven unos B/. 25.780,3 millones anuales. La tributación de este importante sector totaliza B/. 603,4 millones, o sea apenas un 2,3% de todo el capital que mueven (El Panamá América, 29/9/15).
Compare esa cifra con un salario quincenal de un docente universitario con sueldo bruto de B/. 882,15 paga de impuesto sobre la renta B/. 64,88, o sea el 7,35% de su salario. Si le suma el seguro educativo, que es otro impuesto a pagar por el asalariado, totaliza B/. 75,91 a pagar, o sea, el 8,6% de su salario. En matemáticas simples y buen panameño, el profesor paga 4 veces más impuestos que toda la industria naviera.
Otro ejemplo, Panama Port Co. (PPC), filial de la multinacional Hutchinson (HPH), que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, privatizados durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, del PRD, en 1997, quedándose el estado supuestamente con el 10% de las acciones. PPC movió entre enero y julio de este año más de 2 millones de TEU (contenedores), que representan el 56,4% del mercado portuario panameño, que implican ingresos por unos B/. 1.477 millones anuales, sólo le pagó al estado panameño 1 millón de balboas por sus acciones, entre 1997 y 2014 (La Estrella de Panamá, 10/9/15).
Al gobierno de Varela se le ha acumulado enorme deuda pública de cerca de 20.000 millones de balboas que, sólo en el último año se incremento en 10% gracias a las megaobras de su antecesor, que le heredó un déficit fiscal del 4,1%. El gobierno panameñista, asesorado por el FMI e ideólogos neoliberales como Felipe Chapman, se ha dispuesto a bajar el déficit público drásticamente al 1,5% o menos. Para lograrlo, entre el Contralor y el ministro de economía han dejado de ejecutar el 44,5% del presupuesto de inversión en el primer semestre (La Prensa, 29/8/15).
El intento de equilibrar las cuentas del estado choca con una baja en las recaudaciones de 10,9% respecto a lo presupuestado para el primer semestre de 2015, y más de 50 millones respecto a los ingresos tributarios del año anterior. Podría pensarse que la culpa es de la ralentización de la economía mundial, en especial de clientes de Zona Libre de Colón, como Venezuela, pero la estimación es que Panamá será la economía que más crecerá en el continente este año (6%). Lo más interesante es que el impuesto que más redujo sus aportes no es el de ventas (ITBM), sino el «impuesto sobre la renta de las empresa» que cayó 27,3% de los presupuestado y 15,3% respecto al año anterior (La Prensa, 30/7/15).
Nuevamente podemos sacar inferencias de los datos de La Prensa: si lo recaudado en el primer semestre de 2015 del impuesto sobre la renta empresarial fue de B/. 347,3 millones, un 27,3% menos, o sea B/. 94,8 millones menos, la suma total que estimada a recaudar era de 442,1 millones de balboas por el primer semestre que, multiplicada por dos (semestres), nos dicen que el total de impuestos sobre la renta empresarial por año oscila por los B/. 884,2 millones. Esto significa que, respecto a una economía panameña estimada en B/. 76.925 millones para este año, las empresas solo pagan, cuando pagan, de impuesto sobre la renta empresarial ¡¡¡apenas el 1,1% del PIB!!!
Por esa razón la urgencia de la política de descentralización, es una manera de transferir competencias fiscales y económicas a los municipios y que políticos de poca monta y poco escrúpulo asuman la responsabilidad. De ahí el incumplimiento con la reparación de escuelas, y ahora el cierre de hospitales bajo la figura de la «integración». Todo para aumentar la carga (fiscal) sobre las espaldas de la clase trabajadora.