El reciente asesinato del dirigente campesino Matías Valle Cárdenas representa una clara señal de que los sectores pudientes de la banca privada y la agroindustria hondureña de palma africana no están dispuestos a renunciar al multimillonario negocio que están impulsando a expensas de miles de familias campesinas en el Bajo Aguán. El gobierno no parece […]
El reciente asesinato del dirigente campesino Matías Valle Cárdenas representa una clara señal de que los sectores pudientes de la banca privada y la agroindustria hondureña de palma africana no están dispuestos a renunciar al multimillonario negocio que están impulsando a expensas de miles de familias campesinas en el Bajo Aguán. El gobierno no parece ser ajeno a esta estrategia criminal.
El pasado 4 de enero, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) entregó al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) una propuesta de préstamo con la banca privada y la pública, para la adquisición de 4 mil hectáreas de tierra que fuera acordado en junio de 2011 con el terrateniente y productor palmero, Miguel Facussé. Artículo relacionado.
Esa propuesta, que fue avalada por el gobierno y presentada como la solución al grave conflicto agrario que ya costó la vida a 45 campesinos organizados, es señalada por el MUCA como parte de un plan para endeudarlos y estrangularlos económicamente, y así devolver las tierras a los terratenientes.
En efecto, el MUCA se expondría a una deuda total con el Banco Ficohsa (privado) y el Banhprovi (público) que supera los 2 mil millones de lempiras (105 millones de dólares). Una propuesta que los campesinos aseguran estar diseñada para favorecer «al consorcio de bancos privados que participan en dicha transacción».
«Se trata de una estrategia para destruir nuestro proceso de lucha y exterminarnos. No pudieron hacerlo con las armas y ahora lo vuelven a intentar asfixiándonos económicamente, para después desalojarnos de nuestras tierras», dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del MUCA.
Según el dirigente campesino, aceptando esta propuesta las más de 3 mil familias que integran el MUCA estarían condenadas a vivir como esclavas de los bancos.
«Es por eso que la estamos rechazando por inhumana, y proponemos que sea el Estado a destinar fondos públicos para financiar la compra de la tierra con intereses bajos», señaló Rivas.
Recrudece conflicto
Para Gilberto Ríos, director ejecutivo de FIAN Honduras, la propuesta presentada por la SEFIN y la banca privada es totalmente descabellada.
«El problema viene de lejos. Se sobrevaluó el valor de la hectárea de tierra cultivada con palma; se estimó un mismo valor aunque estuviesen inproductivas y hay asentamientos sobrepoblados con muy poca tierra per cápita», explicó Ríos.
Además, expertos del sector aseguran que para que una familia pueda tener ingresos que le permitan sobrevivir, debe manejar por lo menos siete hectáreas. «Hay asentamientos donde las familias no llegan siquiera a una hectárea. ¿Cómo puede ser sostenible la propuesta que le hicieron al MUCA?», se preguntó el directivo de FIAN Honduras.
Para él, resulta obvio que los que saldrían beneficiados de esta operación financiera serían los mismos de siempre.
«Los que salen ganando de esta operación son Miguel Facussé y la banca privada. El primero recibiría más de 540 millones de lempiras (28.5 millones de dólares) por la venta de la tierra y la banca tendría una ganancia exagerada, llevando los campesinos a la quiebra», aseguró Ríos.
Ante esta situación, FIAN Honduras considera que es necesario que el Instituto Nacional Agrario (INA) utilice los mecanismos adecuados para asignar nueva tierra, que se haga un nuevo evalúo de las hectáreas ya entregadas y que sea el Estado quien otorgue el préstamo a los campesinos.
«Si no se busca rapidamente una solución integral al problema, que involucre a todos los grupos campesinos, el conflicto podría volver a recrudecer», concluyó Ríos.
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Fuente original: Rel-UITA
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