A ninguna persona que tenga el más mínimo sentido de lo que es la democracia participativa se le escapa que los resultados del referéndum del 20-F revelan una palmaria ilegitimidad de los intentos de las elites dominantes de la economía y la política españolas por elevar al rango de Constitución el Tratado que han redactado […]
A ninguna persona que tenga el más mínimo sentido de lo que es la democracia participativa se le escapa que los resultados del referéndum del 20-F revelan una palmaria ilegitimidad de los intentos de las elites dominantes de la economía y la política españolas por elevar al rango de Constitución el Tratado que han redactado con sus congéneres, los grupos de poder europeos. La absoluta mayoría de la población española no ha votado a favor de ese proyecto. Casi 24 millones de personas (el 81.85% de los llamados a las urnas), votaron no, en blanco o se abstuvieron, de un electorado de 34.687.888. Con una participación que no llega ni al 43% ningún referéndum está legitimado, salvo que quiera parecerse más a los plebiscitos organizados por las dictaduras. Seguir adelante como si tal desafecto a lo que se propone no hubiera ocurrido es profundizar el camino de la no-democracia.
El referéndum ya había tenido una ilegitimidad previa, emanada del desconocimiento de lo que se iba a votar. ¿Cómo puede ser legítimo un referéndum en el que días antes de su celebración más del 90% de la población declaraba que no sabía cuál era el contenido de lo que tenía que votar?. Una ignorancia, no lo olvidemos, promocionada por miembros del gobierno y del PSOE, que nos insistían en que no hacía falta que leyéramos la Constitución para aprobarla.
Pero además tenía otras carencias de legitimidad derivadas del propio proceso consultivo, como la falta absoluta ya no sólo de explicaciones, ni siquiera de debates rigurosos sobre el Tratado (esta vez nadie del «sí» estaba interesado en los televisivos); la promoción del «sí» con dineros públicos por parte de las instituciones; el cerramiento de espacios mediáticos a la opción del «no» y negación de la mínima financiación a las organizaciones y movimientos sociales que sostenían esa opción, cuando los partidos del «sí» se dieron a sí mismos 8.287.587 euros para su campaña; insistencia, aun en el día de reflexión y el mismo domingo 20, de la necesidad de votar «por la libertad» y «por Europa», son algunos de los ejemplos.
Mas ni todo ello, ni la puesta en escena de famosos, folclóricos, futbolistas, sindicalistas fieles e «intelectuales» de orden, ha bastado. La pinza PSOE-PP, sumada a la de las burguesías nacionales catalana y vasca, no han podido esta vez doblegar el recelo popular respecto a su proyecto europeo.
¿Qué harán ahora?. ¿Nos han dicho acaso qué pasaría si un Estado no suscribiese el Tratado?. ¿Repetirían la votación hasta que la gente «deje de equivocarse», como en el caso de Dinamarca e Irlanda cuando sus ciudadanos dijeron «no» a entrar en la UE?.
No, más bien parece que buscarán la huida hacia adelante hasta conducir a las sociedades europeas a situaciones de ingobernabilidad, cuando la población vea reducidos sus derechos laborales y sociales a meras declaraciones bonitas impresas, sin traducción en sus vidas; mientras la calidad de las mismas va decreciendo de forma perceptible para todos.
El asunto es muy serio, pues estamos ante un modelo de crecimiento e incluso civilizacional que se agota (léanse las previsiones para España en el siglo XXI que recoge el propio informe del Ministerio de Medio Ambiente). Un modelo que las elites que lo pseudo-dirigen no saben cómo enmendar, ni siquiera a través de parches como el Protocolo de Kioto. Y no saben porque no hay mucho margen de enmienda posible para un sistema regido básicamente por el interés privado de las grandes corporaciones, y que está apostando de nuevo en Europa, en aras de la tan reiterada «competitividad», por prolongar el derroche ingente de energía.
Todo ello mientras que a los ciudadanos comienzan a pedirnos medidas de «ahorro» con la luz o el coche, por ejemplo. Precisamente cuando uno de los pilares de este modelo insostenible ha sido la privatización del transporte y la individualización de su uso.
Después de destruir líneas y servicios de transporte colectivo, hoy mismo se prepara en los ferrocarriles la privatización y la generalización de los trenes de alta velocidad a precios inasequibles para amplias capas de la población, que se verán abocadas al transporte por carretera, con el consiguiente mayor gasto energético (de un producto como petróleo que tenemos que importar en su totalidad a precios cada vez más elevados), el aumento de la contaminación, la saturación de carreteras y el notable incremento del riesgo de accidentes. Problemas todos ellos que podrían evitarse en gran parte con un transporte por ferrocarril diseñado para todos y entendido como un servicio social más. Todo lo contrario a lo que se planea.
También los planes para la comercialización de la educación universitaria han comenzado con el Acuerdo de Bolonia (para el conjunto de los países miembros de la OCDE la enseñanza supone el último de los grandes mercados, más de 875.000 millones de euros al año calculan sus grupos industriales-financieros dominantes que pueden ganar en ese sector). Mientras, en la escala más olvidada del sistema educativo, los directores de los institutos públicos valencianos se tienen que reunir para reclamar fondos para pagar la luz.
A todo esto Bush llega a Europa para decirnos quién es el que manda aquí: la OTAN, es decir, ellos. Dispuestos a exigirnos dinero para su invasión de Irak y arrastrarnos de paso a nuevas locuras bélicas.
¿No les parece que ya está bien de irracionalidad?. Zapatero, y con él el gobierno y el PSOE, han comenzado una vez más a cavar la zanja que les separa de la voluntad ciudadana, empeñándose en camuflar la realidad con declaraciones triunfalistas sobre la victoria del «sí». Las mentiras políticas, cuando son tan flagrantes, terminan muy mal para quien las usa como apoyo para sus acciones, y si no que se lo digan a Aznar.
En el otro lado, ninguna fuerza parlamentaria puede atribuirse el relativo éxito contra viento y marea del «no», pues ninguna ha estado a pie de calle aprovechando para construir movimiento y tejido social. En adelante, las más de 400 organizaciones políticas, sindicales y sociales de izquierda del Estado Español agrupadas en la Coordinadora por el «no» al Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, tienen el reto social y político de ir construyendo alternativas sociales y políticas creíbles y organizadas, a una Europa y una «España» que no proponen ningún futuro a las grandes mayorías.
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Andrés Piqueras
Profesor de Sociología
Universitat Jaume I de Castelló