Mientras exista la prohibición de las coaliciones electorales predominará en el medio electoral el hegemón del ELA colonial (PPD) y su alternancia en el gobierno con la otra ala del bipartidismo corrupto (PNP).
Hector Luis Acevedo y el vicepresidente de la Pava, Carlos Delgado Altieri, “recordaron que los partidos emergentes no llegaron a la política para estar presentes un solo cuatrienio.”
“Hay una realidad nueva. Hay un multipartidismo en Puerto Rico que no es una moda. Es una tendencia que ya se amplía. Eso requiere una reflexión profunda y no a la ligera. Aquí, el país se está desafiliando progresivamente de sus partidos, y eso requiere pensamiento, estudio, tener los oídos abiertos. Esto es una agenda totalmente nueva”. Tomado de reportaje de El Nuevo Día de hoy en el que citan a dirigentes del PPD sobre su reorganización en agosto, en el 83 aniversario de su fundación.
Pero mientras en el PPD se debate públicamente la necesidad de reinventarse, los partidos minoritarios guardan silencio sobre sus necesarias transformaciones en una especie de triunfalismo peligroso.
Considero que mientras exista la prohibición de las coaliciones electorales predominará en el medio electoral el hegemón del ELA colonial (PPD) y su alternancia en el gobierno con la otra ala del bipartidismo corrupto (PNP). Esta afirmación parecerá insólita y un balde de agua fría para algunos cuando en las elecciones del 2020, para la candidatura a la gobernación, el PNP sacó 32.9% y el PPD 31.8%. Un total de 65%. Y los partidos minoritarios obtuvieron: MVC 14%, PIP 13.7%, partido dignidad 6%, Eliezer menos del 1%. Un total de un 35%.
Pero si los partidos minoritarios hubieran acudido coaligados con un programa común y un solo candidato, sin lugar a duda hubieran ganado la gobernación. Pero la prohibición de las coaliciones contenidas en el Artículo 6.1 del Código Electoral impidió una coalición en la que los partidos minoritarios mantuvieran sus autonomías partidistas para acudir unidos bajo un programa común. Al acudir fraccionados al ruedo electoral se generó una dinámica de canibalismos, acosos, difamaciones y conducta sectaria entre sus huestes. Esas heridas se han filtrado a todos los espacios del pueblo en la isla y diáspora, en todos los espacios de lucha y organización comunal, sindical, sectoriales, estudiantiles, clases y grupos sociales. Veremos en las concentraciones de agosto próximo si se ha desinflado como nunca el poder de convocatoria de masas de los sectores contestatarios en otros espacios de lucha.
Una alternativa a la prohibición electoral hubiera sido si todos los partidos emergentes y pequeños congelaban sus franquicias para acudir bajo un solo partido nuevo, pero eso no ocurrió y será difícil (aunque no imposible si hay una autocrítica pública seria de todos los partidos) bajo el escenario fratricida generado.
Los parlamentarios o dirigentes de los partidos pequeños (MVC, PIP o PD) no han hecho pronunciamientos de autocrítica ni tampoco para derogar la prohibición de las coaliciones electorales. Es un asunto grave. No reflejan interés en coaliciones amplias.
¿Cuál estimo debe ser la hoja de ruta en este asunto?
Es imprescindible la edificación de un tercer bloque político convergente o frente amplio de las fuerzas patrióticas, progresistas y emergentes, que cultive la verdad, inicie un profundo proceso autocrítico público para reconstruir relaciones armoniosas y una cultura ética, camino a las elecciones del 2024, pero que se amplíe para abarcar luchas centrales del pueblo en las calles y otros espacios y medios éticos que adelanten nuestros fines. Que tenga un programa común unificador, bajo un contrato que contenga las grandes reformas necesarias y otro contrato que promueva un proceso de auto determinación y descolonizador, que agrupe la soberanía del pueblo puertorriqueño en una asamblea constituyente, en el ejercicio del derecho natural que le asiste a terminar con el coloniaje.
Para ello el primer paso debe ser un proceso de sanación de heridas, autocrítico, sincero y público. Esto no ha ocurrido. Un segundo paso en cuanto al uso del medio electoral, debe ser intentar la derogación de la prohibición de las coaliciones electorales. Objetivo que podría ser logrado a corto plazo mediante nueva legislación a cabildear por la concertación del bloque parlamentario de los grupos de minoría con otros parlamentarios o la vía judicial.
La impugnación judicial de la prohibición de las coaliciones contenida en el Artículo 6.1 del Código Electoral, debe fundarse en disposiciones de la Constitución del ELA. Ocurre que los asuntos electorales son de la jurisdicción exclusiva de los estados y territorios. En el caso de Timmons v Twin Cities el Tribunal Supremo del estado de Minnesota validó la prohibición estatal de fusiones electorales entre candidatos de dos partidos distintos. La decisión fue impugnada al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Dicho alto foro resolvió que no había infracción constitucional federal y confirmó la decisión del Tribunal Supremo de Minnesota. (1) Ello implica que el Tribunal Supremo Federal no estaría inclinado a derogar la prohibición de las coaliciones. Así que habría que elaborar teorías de litigación bajo la Constitución del ELA.
Se ha resuelto que los derechos fundamentales bajo la Constitución del ELA son de hechura más ancha que bajo la Constitución Federal. Se podría explorar la teoría de que la mayoría del pueblo (65%) no puede acceder al gobierno y que se infringe el sistema democrático de gobierno. Bajo la Constitución del ELA sólo se requiere tener 18 años para votar, hay unas prohibiciones contra ciertos discrímenes, y todo lo demás, relativo al derecho al voto, los partidos y el proceso electoral, se reglamenta por legislación. Pero una legislación no puede infringir derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión, asociación, al voto y exigir reparación de agravios al gobierno mediante las urnas. Hace falta voluntad política y que unos partidos emergentes o candidatos que deseen coligarse, junto a unos electores individuales, con capacidad jurídica para litigar, impugnen la prohibición de las coaliciones mediante recurso judicial de sentencia declaratoria.
Paralelamente, se necesita el concurso de los partidos minoritarios para cabildear y derogar esa prohibición en la legislatura so pena de no aprobar nombramientos al Ejecutivo ni legislaciones de los otros dos partidos principales.
Esa prohibición electoral de las coaliciones es el corazón o epicentro de la idoneidad del uso del medio electoral por una tercera fuerza emergente camino al 2024. Pero si no hay voluntad en los partidos de minoría para iniciar un proceso autocrítico público, congelar sus franquicias y acudir unidos bajo un programa común o no se deroga la prohibición de las coaliciones por vía de las cortes o legislación, no hay forma que se pueda derrotar electoralmente al bipartidismo en el 2024.
El gobierno federal recientemente insufló fuerza a la fórmula territorial del ELA mediante la carta del Secretario de Justicia federal al congresista Grijalba, en la que indicó que la fórmula territorial colonial del ELA tiene que estar en la papeleta de cualquier proceso dirigido a “descolonizar” a Puerto Rico. La ley Promesa es oxígeno para el ELA, para que algún día pueda acceder al mercado de préstamos. Es anticipable que el gobierno federal buscará las maneras de darle oxígeno al enclave colonial porque el que manda, el capital foráneo, extrae ganancias exorbitantes, superiores a los $60 billones anuales, de la explotación colonial-$23 billones de venta de mercancías, $35 billones de rendimiento de capital foráneo no domiciliado que no tributa, más otros negocios como subsidio a la marina mercante, servicios de deuda pública y privada. Además está el interés estratégico político-militar de mantener una colonia en el Mar Caribe y cerca del Canal de Panamá. El oxígeno federal al ELA es alimento para su partero y sostenedor político, el PPD. El PPD ahora está inmerso en muchos frentes y participa hasta en los bailes de muñecas. Se plantea una reorganización, mas hay discrepancias internas en su seno sobre la reforma electoral. Al estar fraccionados los partidos emergentes, la cosecha electoral de las luchas en las calles y en los foros variados, se las podría llevar el PPD, ante el desgaste del PNP en los pasados cuatrienios.. Noten como ahora abundan los candidatos del PPD para ser candidatos a la gobernación. Algo presienten. No se puede descartar que recluten a caras jóvenes reconocidas o algún alcalde exitoso y entablen alianzas tácitas para la alcaldía de San Juan. Tampoco se puede descartar que coopten líderes de los grupos pequeños.
El panorama no es bueno para los partidos contestatarios si siguen separados. El proceso electoral del 2020 ha dejado heridas entre los grupos emergentes muy difíciles de sanar. Meditemos esto. Si no se nota voluntad en los partidos minoritarios para reconocer pública y auto críticamente los errores cometidos y soslayar o derogar la prohibición de las alianzas, una ruta podría ser que el pueblo-esa mayoría del 65%_ se lance a las calles y exija su derogación so pena de un boicot electoral en el 2024. O se deroga la prohibición de las coaliciones o se boicotean las elecciones. Sería un boicot electoral con un reclamo único y sencillo. Pues pregunto: ¿vale la pena volver a acudir a un proceso electoral para fomentar sectarismos, desunión, canibalismos, difamaciones que debiliten aún más las organizaciones y al pueblo? Esfuerzo vano, segregado y lleno de enconos ante el regreso fortalecido de una de las alas del cuervo bipartidista. Invito a la reflexión y discusión de estos asuntos.
(1) Timmons v. Twin Cities Area New Party, 520 U.S. 351, 117 S. Ct. 1364, 137 L. Ed. 2d 589, 1997 U.S.