En el año 1998 apareció la primera noticia sobre tránsito de drogas a través de la frontera que comunica Bolivia y Argentina en la localidad salteña de Salvador Mazza. Dos gendarmes fueron asesinados y ya se destacaba la escasa presencia institucional del Estado y una debilidad en las tareas de control fronterizo. […]
En el año 1998 apareció la primera noticia sobre tránsito de drogas a través de la frontera que comunica Bolivia y Argentina en la localidad salteña de Salvador Mazza. Dos gendarmes fueron asesinados y ya se destacaba la escasa presencia institucional del Estado y una debilidad en las tareas de control fronterizo.
En aquel entonces la Argentina era una ruta no convencional de tránsito de drogas y el decomiso de cocaína a través de la frontera norte del país oscilaba en los 800-900 kilos. 13 años después, en el año 2011, en un solo procedimiento se incautó una tonelada de cocaína en un camión que circulaba por la ruta 34 conducido por dos gendarmes.
En ese lapso aumentó la droga transportada, la complejidad de las organizaciones, la cantidad de enfrentamientos entre bandas, la implicancia político-policial en el negocio ilegal y la transnacionalidad del proceso de intercambio comercial.
Esta expansión del tránsito de cocaína puede explicarse por diversos factores:
1. La ausencia de actores o instituciones fuertes en la sociedad civil en virtud del fin de las explotaciones hidrocarburíferas de YPF.
2. Algunos cambios legales, como la desfederalización de los delitos minoristas de drogas, ayudaron a la expansión del narcotráfico.
3. Cambios estructurales en el sistema de transporte del país. La crisis ferroviaria y la preponderancia del transporte por camión convierte a la ruta 34 en un corredor de ingreso de drogas para el mercado interno.
4. Cambios institucionales, como la conversión de la Gendarmería en fuerza policial.
5. Comportamientos político partidarios (la Policía Federal involucrada en el tráfico de cocaína en vehículos oficiales, dirigentes políticos locales judicialmente involucrados en narcotráfico).
El Estado argentino, actuando contradictoriamente, se manifiesta impotente ante el crecimiento del delito en la zona y al mismo tiempo, participa (voluntaria o involuntariamente) en procesos que permiten el crecimiento fronterizo del flujo de drogas.
Los días 25 y 26 de marzo de 2013 un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical visitaron la provincia de Salta y realizaron un informe sobre la situación del narcotráfico [1] . Al reunirse con la Cámara Federal de Salta supieron sobre la falta de funcionamiento de los radares tridimensionales del «Operativo Escudo Norte». Solo funciona un radar ubicado en el norte de la Provincia de Santiago del Estero durante algunas horas del día. El resto de los radares no fueron instalados o no funcionan.
La Justicia Federal en Salta tiene 6000 causas vinculadas con el narcotráfico, muchas de ellas a punto de prescribir por falta de infraestructura para diligenciarlas y la carencia de instalaciones carcelarias para atender la problemática.
En la provincia de Salta funcionan dos Juzgados Federales en la capital y uno en la ciudad de Oran, en el norte provincial, con competencia en todos los fueros. El Juzgado de Orán se halla completamente colapsado, con 2500 causas al año vinculadas al narcotráfico. La ley 26707 (marzo de 2009) creó un cuarto Juzgado Federal en Tartagal, pero todavía no está operaivo.
El Fiscal Federal del Juzgado Federal de Oran, el Dr. José Luis Bruno, dijo que tiene apenas cuatro colaboradores para atender esta creciente y compleja competencia. Estimó en 15 toneladas el volumen de cocaína decomisada en los últimos tiempos.
Informó sobre la presencia comprobada de unos 2000 ciudadanos de origen colombiano, con irregular situación de radicación, muchos de los cuales estuvieron involucrados en hechos de narcotráfico o episodios de violencia asociados, resaltando que una de las actividades principales es la de prestamistas. El Fiscal Federal consideró insuficiente la dotación de Gendarmería en la zona, unos 1300 efectivos, cantidad insuficiente para controlar una frontera tan extensa. El diario Clarín afirma que los 40 kilómetros de la frontera seca son controlados por unos 350 hombres (la mitad por turno) del Escuadrón 54 de Gendarmería [2] .
Históricamente, los gendarmes tenían la sede de su escuadrón en Salvador Mazza. Pero eso cambió. «A principios de año, lo trasladaron a Aguaray. Y ahora van a sacar a la delegación de Policía Federal. Hacen todo para beneficiar a los narcos», contó indignado un comerciante [3] .
El juez Federal de Orán, Jorge Reynoso, fue mucho más concluyente sobre la carencia de personal y en cuanto a la necesidad de contar con una institución carcelaria o al menos una alcaidía, ya que los 250 detenidos a disposición de su juzgado se hallan alojados en instituciones muy distantes, como Resistencia, Formosa o Salta Capital, lo que complica el traslado para los trámites de las distintas causas en que se hallan involucrados.
En la ciudad de Tartagal, uno de los Concejales perteneciente a la localidad de Salvador Mazza se refirió a la permeabilidad de la frontera, relatando como una práctica habitual «la llegada de vehículos hasta una distancia prudencial del puesto de control fronterizo, del cual descienden personas que atraviesan caminando la frontera, por lugares no habilitados, portando bultos que una vez en territorio argentino vuelven a cargar al vehículo que atravesó los controles regulares… En líneas generales se confirmó el diagnóstico ya escuchado en la anterior audiencia, con especial hincapié en la falta de eficacia en los controles, el constante contrabando de bultos y bagajes y el fuerte incremento de la violencia».
Localización
La localidad de Salvador Mazza se encuentra en la provincia de Salta, en el extremo norte del país. Allí se encuentra el paso fronterizo internacional denominado «Salvador Mazza- Yacuiba», que comunica Argentina con Bolivia. Por allí ingresa entre el 80 y el 90 por ciento de la cocaína que circula por la Argentina [4] .
Bolivia es un antiguo productor de coca como parte del complejo coca-cocaína, sustancia que encuentra en el paso fronterizo de Salvador Mazza una forma sencilla de acceso a Argentina, por varios motivos:
1. por ser lindera con uno de los tradicionales países productores
2. por la diversidad topográfica, que incluye selva de transición y cordones montañosos
3. por el desgaste de la frontera, erosionada por la presión del narcotráfico
4. por la presión del proceso de globalización, que busca la facilitación en las transacciones comerciales y controles fronterizos menos exhaustivos y más permisivos.
Los puestos de gendarmería se encuentran repartidos de manera poco uniforme, cuentan con poco personal y los requisitos necesarios para poder atravesar la frontera son mínimos. Uno de ellos es contar con el certificado de Tránsito Vecinal Fronterizo de Exportación (TVF), que autoriza a los residentes fronterizos a transitar con mercaderías, que pocas veces son registradas, por un monto estipulado.
Así el narcotráfico tiene distintas formas de ingreso:
1. La más utilizada es el «bagayeo» (tráfico minorista), acarreo de droga en bolsones o cajas sobre sus espaldas. Ha ido evolucionando desde su forma básica de transporte «a hombro» hacia la ayuda con un «carro», que es más visible pero no presenta mayor riesgo, tiene bajo costo, es efectivo y relativamente rápido.
2. La ingesta de cápsulas de látex rellenas de cocaína para cruzar la frontera en buses de larga distancia o en aviones de línea. Estrategia poco utilizada debido a que la cantidad de cocaína transportable es pequeña.
3. Encomiendas en buses de larga distancia o en vuelos regulares de línea. En el caso terrestre es frecuente encontrar paquetes de droga tirados a la vera de las rutas, descartados ante un control sorpresivo de Gendarmería.
4. Escondida en la estructura de camiones y autos, con una mayor cantidad de mercadería transportada.
5. Transporte clandestino por vía aérea. Por sus características, la envergadura de los aviones u avionetas, el uso de caminos o pistas de aterrizaje ilegales ubicadas dentro de las enormes fincas privadas más la falta de radares aéreos para su detección, facilita el envío eficaz de grandes cantidades de droga. La carencia de medios pone en jaque l a capacidad del Estado para controlar las pistas de aterrizaje clandestinas.
El control territorial
El narcotráfico necesita controlar un territorio para desarrollar sus actividades. En la lucha por conquistarlo comete crímenes predatorios, aquel tipo de crímenes que buscan eliminar al «enemigo» en zonas donde la presencia estatal y su autoridad y legalidad (áreas sin gobierno) están disminuidas. Una vez que el territorio ha sido conquistado la cantidad de crímenes disminuye, pero no desaparecen.
En esta etapa cada crimen representa un mensaje hacia sus adversarios en la guerra por el control del territorio y hacia la población. Ese mensaje dice: «el poder somos nosotros» [5] .
El caos de la violencia parece indicar una guerra entre pandillas de «entrepreneurs», que buscan el control inicial del territorio, que siempre es territorial, monopólico, estable y coactivo. Algunas pandillas irán predominando hasta que una o dos controlen el territorio y comience la expansión.
En Salvador Mazza la cantidad de crímenes predatorios se ha reducido pero todavía hay crímenes aislados que son reafirmaciones del control territorial. En los procesos de control territorial la «cantidad» de homicidios es menos importante que comprender el grado de vinculación que tengan o no con el control del territorio.
Tal es el caso de los dos gendarmes asesinados el 18 de septiembre de 1998, en una zona cercana a la frontera cubierta de monte tupido, plena de escondites, donde apenas una quebrada y el lecho de un arroyo seco separa a los dos países. Los gendarmes fueron asesinados por dos hombres del hampa local conocidos por las fuerzas de seguridad. Los pobladores de las cercanías que vieron lo sucedido no estaban dispuestos a brindar información. «Acá todos trabajan para los bagayeros. Por cinco pesos les avisan cuando venimos. Esta mujer sabe más de lo que dice, pero no habla porque es cómplice o porque tiene miedo». Esta clase de reacción es común en las zonas donde el narcotráfico crea nuevas relaciones sociales y da significado a geografías inviables.
La complicidad policial, judicial y política
Cuando el narcotráfico logra consolidar su poder sobre un territorio determinado ejecuta un proceso netamente político. Se encuentra cumpliendo lo que por definición corresponde al Estado nacional, el control del territorio. Por eso se vincula, conflictiva o armoniosamente, con las fuerzas de seguridad, la única institución estatal que se relaciona en forma permanente con estos territorios.
Por lo tanto en Salvador Mazza no son inusuales los casos de corrupción. En el año 2005 un escándalo con 116 kilos de cocaína involucró a cuatro policías federales, entre ellos al subcomisario Daniel Ferreyra. La transportaban en una camioneta no identificada, desde Salvador Mazza en dirección a Salta, por caminos alternativos para eludir los controles de gendarmería. En la mayoría de los casos, el personal policial queda exonerado y continúan cobrando su salario.
Otro caso de corrupción fue el del subjefe de la Policía de Salta, comisario Mario Paz, quien fue denunciado por estar vinculado con sectores del narcotráfico, armar causas judiciales contra personas y pedir $ 12.000 a un comerciante de Salvador Mazza para pagar un supuesto rescate del hijo.
La idea de que el poder político en Salta está vinculado al tráfico de drogas se basa en un largo historial de hechos. El primer indicio se dio a mediados de los años 80, cuando se estrelló un avión perteneciente al entonces gobernador de Salta, Roberto Romero, en la zona de San Antonio de los Cobres con 200 Kg. de cocaína. El mandatario jamás pudo quitarse el mote de «narco».
El periodista Christian Sanz afirma que «tanto la candidatura de Ernesto Aparicio como la de (el intendente de Salvador Mazza) Francisco «Pancho» Ibañez fueron financiadas por los narcos, aunque este último ahora haya tomado distancia del clan de Castedo (…) Otra de las personas vinculadas a ellos es el ex diputado salteño Juan Carlos Outes, quien más de una vez se reunió en Salta con Aparicio y Castedo» [6] .
Romero (padre e hijo) aparecen desde hace años en los archivos de la DEA norteamericana por sus vínculos con el mundo de las drogas. El periodista americano Anthony Henman, autor del libro Mamá Coca, menciona a Romero padre en la página 103: «es, no obstante, de la vecina Argentina de donde han provenido las más asombrosas revelaciones de implicaciones a alto nivel en el negocio de la cocaína, indudablemente, no con respecto a los actuales gobernantes militares, altamente paranoicos y ultra reservados, sino con relación a personajes que predominaron en el último periodo de la presidencia de Isabel Perón. La historia fue revelada por el Servicio de Informaciones del Ejército en las vísperas del golpe de 1976 e incluía a una serie de prominentes figuras del ala derechista del movimiento peronista, entre los que figuraban el ignominioso ministro de Bienestar Social, López Rega; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, y una corte de figuras secundarias como el ministro Raúl Lastiri, el senador Cornejo Linares, el director del diario «El Tribuno», Roberto Romero… Operando una serie de bien equipados laboratorios de cocaína cerca de Salta, en la frontera con Bolivia, estas figuras controlaban una red de gran alcance que utilizaba la Policía Federal para la distribución interna en el país y la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura para las exportaciones».
Siguieron apareciendo indicadores de la vinculación del poder político con el narcotráfico: es el caso del asesinato de Liliana Ledesma el 21 de septiembre de 2006. Liliana Ledesma había acusado al diputado de Salvador Mazza, Ernesto Aparicio, de cerrar caminos vecinales a fin de liberar zonas para el tráfico de drogas. Las sospechas sobre Aparicio se refuerzan por su relación con Reinaldo Delfín Castedo, vinculado a varios hechos de tráfico de drogas, como la Operación Carbón Blanco II en junio de 2005.
El mercado de consumo como derrame del tránsito de droga
En Salvador Mazza viven unas 27.000 personas. Entre ellas se mezclan unas 10 bandas que se dedican al tráfico de cocaína, cada una integrada por unos 40 hombres. Los «barones» de la droga operan desde Colombia, Perú y Bolivia, pero los «peones» que la mueven están aquí.
A un «pasador» -como llaman a quienes cruzan la droga por la frontera, en su mayoría gente desocupada o debajo de la línea de pobreza- le pagan entre 200 y 300 pesos por cada kilo de cocaína que entra al país. El método varía según la cantidad. Para ingresar entre uno y dos kilos se usa a las «vagineras» (mujeres que se introducen un profiláctico con cocaína en la vagina); a los «encapsulados» (los que la tragan y la llevan en el estómago) y a gente que se la adhiere con bolsas a distintas partes del cuerpo. Si son entre cinco y 50 kilos, los cargan en mochilas para atravesar los montes fronterizos, sea a pie, en burro, o en moto. Más de 50 kilos los pasan en coches, en los paneles de las puertas o los asientos. Cuando se trata de más de 80 kilos, los ocultan en camionetas con doble fondo. Y para más de 300 kilos, directamente los meten en camiones cargados con madera, carbón o muebles. El resto cruza en avionetas.
En ocasiones, cuando trasladan cantidades importantes, llevan autos de custodia con hombres armados. No le temen a la ley sino a las «mexicaneadas» de otras bandas.
El volumen es alto. Todas las investigaciones sobre drogas terminan en el juzgado federal de la localidad de Orán, a cargo de Raúl Reynoso. En siete años y medio allí se iniciaron más de 19.000 causas [7] .
En Salvador Mazza las oportunidades de empleo son reducidas. «E l empleo formal está dado solo en algunos comercios, el hospital, las escuelas o la policía. Los desocupados viven del bagayeo y muchos de ellos se ayudan cobrando unos pocos pesos como planilleros del municipio, sean argentinos o con doble nacionalidad» [8] .
Para muchos, además del nuevo «invento» de los planilleros, la única oportunidad de supervivencia se encuentra en el bagayeo [9] para el narcotráfico. Los bagayeros cruzan la frontera con Bolivia a través de un paso internacional hombreando bolsas de 50 kilos. Algunos hacen hasta 20 por día. Estos se mueven en un límite incierto entre lo legal y lo ilegal, corridos por la necesidad extrema, desamparados de toda protección estatal. Cargan bolsas repletas de trigo, maíz, papas, cajones de vino, cerveza, gaseosas, alimentos enlatados. Esperan en la puerta de los depósitos (o repartidoras), donde los camiones cargados de granos se fraccionan en bolsas de no menos de 50 kilos. El reparto de estos bultos se hace a través de un intermediario entre el dueño de la mercadería y el grupo de bagayeros contratados.
Aunque suene contradictorio, esta forma de trabajo informal tiene un halo de legalidad. Por ser habitantes de una zona fronteriza los bagayeros cuentan con el beneficio del régimen del Tránsito Vecinal Fronterizo de Exportación (TVF), que les permite cruzar de un lado al otro, llevando mercaderías por un valor de hasta 150 dólares de franquicia. No se especifica cuántas veces pueden hacerlo, ni en qué tiempo, pero la resolución 1336/02 de la AFIP, sostiene que este tráfico puede ser ejercido por mayores de 14 años. Y aclara que los medios de acarreo serán los establecidos por los usos y costumbres de la zona.
El bagayeo, por su carácter informal y despersonalizado, es útil para el narcotráfico que utiliza a estas personas como fuerza de trabajo. Saca provecho de una sociedad fragmentada proveyendo lo que el Estado no da..
Estas personas se mezclan fácilmente con el resto de los bagayeros al pasar por los controles fronterizos. Continuamente colapsados por una enorme cantidad de bagayeros que entran y salen por la frontera, los agentes de control casi nunca pueden revisarlos. La gendarmería utiliza el «semblanteo» para determinar la inspección a una persona o su carga, pudiendo asegurarse en la mayoría de las veces la efectiva llegada de la droga al otro lado de la frontera.
«La meta final es estar en menos de un mes en Madrid o Lisboa con 500 kilos de cocaína pura , el equivalente a unos 100 millones de euros. El primer bagayero recibirá veinte pesos por el tramo inicial del cruce de la cañada» [10] .
Después de un tiempo que las personas comienzan a trabajar trayendo y llevando droga, se transforman de simples «paseros» en vendedores, cobrando sus servicios en droga y no en efectivo. El efecto derrame del tránsito de droga crea a su alrededor un mercado de consumo.
[1] Informe visita a la frontera norte en la Provincia de Salta, diputado Bernardo Biella, http://www.drbernardobiella.com/web/post/informe-visita-a-la-frontera-norte-en-la-provincia-de-salta-765/
[2] Salvador Mazza, viaje a la puerta de entrada de la cocaína en Argentina, diario Clarín, 5 de agosto de 2012, http://www.clarin.com/policiales/Viaje-puerta-entrada-cocaina-Argentina_0_749925129.html
[3] Idem
[4] Salvador Mazza, viaje a la puerta de entrada de la cocaína en Argentina, diario Clarín, 5 de agosto de 2012, http://www.clarin.com/policiales/Viaje-puerta-entrada-cocaina-Argentina_0_749925129.html
[5] Una Ciudad Juárez se instala en Salta, 17 de julio de 2012, Contexto Móvil, http://contextotucuman.com/movil/nota.php?Id=80678
[6] Sanz, Christian. «Encubriendo drogas en Salta», Tribuna de Periodistas, 09-12-2006.
[7] Salvador Mazza, viaje a la puerta de entrada de la cocaína en Argentina, diario Clarín, 5 de agosto de 2012, http://www.clarin.com/policiales/Viaje-puerta-entrada-cocaina-Argentina_0_749925129.html
[8] Planilleros, el nuevo invento laboral del norte, El Tribuno, http://www.eltribuno.info/salta/nota_print.aspx?Note=223231
[9] O’Donnell, Santiago. «La violencia se esconde en la frontera», La Nación, 22-02-2010.
[10] La Argentina blanca: cómo penetran por Salta los grandes carteles del narco, diario Clarín, 20 de febrero de 2014, http://www.clarin.com/sociedad/Argentina-penetran-Salta-grandes-carteles_0_1087691515.html
Dr. Norberto Emmerich, Investigador Prometeo, IAEN, Quito, Ecuador
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