«El actual gobierno de Juan Orlando Hernández es ilegítimo», porque es producto del Golpe de Estado de junio del 2009. En cuanto a la situación actual de los derechos humanos, «son absolutamente ilusorios los progresos de los cuales hablan los voceros oficiales», enfatiza el pastor Rigoberto Ulloa. Doctor en medicina, responsable de la Iglesia Cristiana […]
«El actual gobierno de Juan Orlando Hernández es ilegítimo», porque es producto del Golpe de Estado de junio del 2009. En cuanto a la situación actual de los derechos humanos, «son absolutamente ilusorios los progresos de los cuales hablan los voceros oficiales», enfatiza el pastor Rigoberto Ulloa.
Doctor en medicina, responsable de la Iglesia Cristiana Ágape, y fundador del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos, Ulloa realiza una gira de información por varias ciudades helvéticas invitado por el Foro Honduras- Suiza, organización solidaria que aboga por los procesos democráticos y el respeto de los derechos humanos en ese país centroamericano.
«La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país». Lejos de cualquier manifiesto opositor, esta afirmación introduce el segundo capítulo del informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el 18 de febrero pasado.
Apenas dos semanas más tarde, el 3 de marzo, el asesinato de la líder asociativa e indígena hondureña Berta Cáceres vino a desmentir el discurso de mejorías en los derechos humanos que verbaliza el gobierno de Juan Orlando Hernández, -segundo presidente después del golpe de Estado del 2009-, elegido en 2013 apenas con el 31 % de votos, del 60% del electorado que concurrió a las urnas.
«Berta Cáceres, un vacío irreparable»
«A más de seis meses del asesinato político de nuestra hermana Berta Cáceres y aunque las autoridades conocen los autores, la investigación no avanza, y por lo tanto, no se ha logrado identificar a los responsables intelectuales de este hecho brutal», se indigna el Pastor Ulloa.
Un ejemplo más de la «total impunidad que reina en mi país, donde los defensores de derechos humanos, líderes asociativos, abogados y periodistas, son el blanco permanente de ataques, acosos, persecuciones y atentados». El homicidio de Berta fue un duro golpe. «Su ausencia la reciente toda la sociedad civil. No hay tantas dirigentes como ella. Sentimos un gran vacío, casi irreemplazable», puntualiza.
Y recuerda que entre 2008 y 2015 se han registrado en Honduras 48 mil muertes violentas. Cifra propia de una confrontación de la dimensión de la que vive Siria, con la diferencia que allá se sabe quien está en cada campo. En tanto en mi país la violencia puede venir de arriba, de abajo, del costado, casi en una confrontación de todos contra todos. Con el agravante, enfatiza, que la corrupción es enorme, la impunidad aun mayor, existen niveles de criminalidad exorbitantes así como un sistema judicial inoperante cooptado por el Gobierno, y donde la vida no vale nada, reflexiona.
Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó de un 50.9 en 2000 hasta el 90.4 en 2012. En 2013, el índice de homicidios fue el más alto a nivel mundial, sostiene por su parte el Informe de la CIDH. A pesar de las mejorías presentadas por cifras oficiales, dicha tasa «continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo», subraya la Comisión. Quien publica las cifras oficiales de 4.266 homicidios en 2015 (hasta el 31 de octubre), apenas un poco menor que un año antes.
Corolarios del golpe del 2009
Luego del Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya del 28 de junio del 2009 – el primero con esta modalidad «parlamentario-institucional» en la nueva etapa política latinoamericana- la situación general no dejó de degradarse, enfatiza el Pastor Rigoberto Ulloa.
Y la violencia institucionalizada, con raíces económicas, sociales, delictivas, en el narcotráfico e inclusive religiosas, constituye la principal preocupación ciudadana, señala. A la base, esencialmente, «la pésima distribución de la riqueza con un modelo que cada día genera más pobres y concentra el poder en pocas manos».
El efecto más visible de esta etapa pos-Golpe en lo cotidiano, es «la militarización total de la sociedad. Con fuerte presencia del ejército en tareas de seguridad ciudadana. Con la creación continua de nuevos batallones y el crecimiento de las fuerzas armadas. En un país muy problemático a nivel geopolítico, dado que es el único en América Latina que alberga siete bases militares estadounidenses».
Ese golpe, completa, fue una especie de laboratorio repetido más tarde en Paraguay contra el presidente legítimo Fernando Lugo y recientemente, en Brasil, contra la ex mandataria Dilma Rousseff.
¿Las perspectivas en una realidad tan compleja?, preguntamos. «Mientras no haya justicia, tanto la corrupción como la impunidad son reinas. Si no hay rectificaciones de fondo incluso se corre el riesgo del escenario de una guerra civil generalizada. Las perspectivas, por el momento, son pésimas. En el lenguaje médico diría que mi país está enfermo y con pronóstico reservado».
Lo que no implica renunciar a los ideales de un verdadero cambio. Tanto los defensores de derechos humanos, como el pueblo en general, no deben caer en la desesperanza y el miedo, que es lo que busca el poder. Y es esencial que la comunidad internacional redoble sus energías para exigir rectificaciones y cambios. Directamente al Gobierno de Honduras, como también a los gobiernos de cada país, especialmente en Europa, para que éstos presionen a su vez a las autoridades hondureñas. En cuanto a la solidaridad internacional es fundamental que «venga, vea en el terreno lo que padecemos en Honduras, informe, sensibilice y sea testimonio fiel de la exigencia de una nación que exige el respeto a los derechos humanos así como más justicia y equidad», concluye.
País militarizado
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado este año, es casi hoy imperceptible la frontera entre la vida cotidiana de la ciudadanía y la militarización – en el sentido más amplio- de la sociedad.
El ejército es omnipresente: no solo en tareas que corresponderían a la policía sino también en la investigación y sanción de hechos. La policía militar que depende de esa institución cuenta con una especie de «fuero especial» que la ampara. Por otra parte niños y niñas en «riesgo social», de entre 5 y 23 años, son enrolados en el Programa «Guardianes de la Patria», recibiendo una formación militar. Las fuerzas armadas tienen responsabilidades claves en el sistema penitenciario y son desplazadas a regiones donde se dan conflictos agrarios y de tierra como el Bajo Aguán.
Por otra parte, se estima que en Honduras circulan entre 800 mil y 1 millón de armas de fuego, de las cuales apenas unas 282 mil estarían debidamente registradas. Una parte significativa de las mismas son utilizadas por los 60 mil guardias de empresas privadas, muchas de las cuales son ilegales y no están registradas, cuando no impunes en sus actividades.
Desde el Golpe de Estado del 2009 hasta fines del 2014, según la CIDH, 88 abogados y más de 50 periodistas fueron asesinados. Número superior al de los informadores muertos en Colombia en igual período. Honduras se ubica en el puesto 137 (sobre 180 naciones) en la Clasificación Mundial de Reporteros sin Fronteras.
«Todas las fuentes históricas, gremiales y periodísticas muestran como Honduras, un pequeño país de 112.492 km² y escasos 8,5 millones de habitantes, disputa ahora las tasas más altas de asesinatos de periodistas a naciones gigantescas, como México (126 millones de habitantes y 1.964.375 km ² ), Brasil (208 millones de personas y 8.515.770 Km 2) y Colombia (50 millones y 2 129 748 km²)», señala en uno de sus capítulos el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
*Sergio Ferrari, en colaboración con swissinfo.ch y Le Courrier Cuadrito
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