Exactamente 15 años después de que en Guatemala se firmaran los Acuerdos de Paz entre el ejército y la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), dejando atrás nada menos que 150.000 muertos, el país parece optar nuevamente por refugiarse en promesas de mano dura, militarización y pena de muerte, con la excusa de […]
Exactamente 15 años después de que en Guatemala se firmaran los Acuerdos de Paz entre el ejército y la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), dejando atrás nada menos que 150.000 muertos, el país parece optar nuevamente por refugiarse en promesas de mano dura, militarización y pena de muerte, con la excusa de combatir la inseguridad.
Esta evidente involución en la muy frágil democracia guatemalteca, surge también de la lectura de los resultados electorales recientes. En ese marco, el general retirado Otto Pérez Molina, del ultraderechista Partido Patriota obtuvo el 36,09% de los votos, y el abogado derechista y empresario -acusado de tener fuertes lazos con el narcotráfico- Manuel Baldizón (Partido Libertad Democrática Renovada) logró el 23,27 % de los sufragios.
Ambos candidatos irán a una segunda vuelta el próximo 6 de noviembre, y por ello ya se han lanzado a conquistar nuevas alianzas con el resto de los partidos que han quedado fuera de juego. Sin embargo, el general Pérez Molina, aparece con mayores perspectivas de triunfo, teniendo en cuenta que se ha impuesto en 19 de los 22 departamentos del país, aunque Baldizón ya ha anunciado que contrató a dos expertos asesores de imagen en EEUU para que lo ayuden a ganar la partida.
Mucha agua bajo el puente ha pasado desde aquellos Acuerdos de Paz a la baja, firmados por Pérez Molina, en nombre del ejército, y la URNG, (organización que concurrió a las urnas en alianza con el partido de Rigoberta Menchú y solo obtuvo el 2,5% de los votos), pero poco y nada se ha solucionado para los sectores mas humildes de Guatemala.
El país, con una importante mayoría indígena y campesina, sigue sufriendo serios problemas alimenticios, la mortalidad infantil alcanza al 26 por mil, la tasa de desempleo continúa en aumento y en algunas provincias alcanza cifras históricas, a lo que se suma que casi dos millones de personas son analfabetas o semianalfabetas.
Además, en todos estos años, la lacra del paramilitarismo ha recrudecido y se han producido nuevas matanzas.
Hasta el presente ningún gobierno ha sabido (más allá de promesas demagógicas) resolver los reclamos de las grandes mayorías de la población, y a todos los anteriores deficits se le suman los problemas de la inseguridad (de 15 a 20 personas son asesinadas cada día por temas delincuenciales) y el feminicidio, que se han convertido en una noticia casi rutinaria.
En ese marco, es que crecen los discursos guerreristas como el del general Pérez Molina, quien asegura que «va a combatir el crimen organizado con el ejército en la calle», anunciando entre otras recetas el regreso de las denominadas «fuerzas de tareas paramilitares» (task forces), que él y sus hombres utilizaron en los años 70 y 80 para masacrar al campesinado.
El ultraderechista general pertenece a la generación de oficiales que se formaron en la Escuela de las Américas norteamericana, donde camadas enteras de uniformados aprendieron a torturar y asesinar en el marco de la doctrina «contrarevolucionaria» que luego se autodenominó de «Seguridad Nacional».
Pérez Molina es además el fundador de los temibles Kaibiles, una fuerza especial uniformada que se caracterizó por asesinar -con métodos bestiales- a numerosos pobladores a los que se acusaba de favorecer a la guerrilla.
Según fuentes de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Pérez Molina fue parte del llamado «Sindicato», uno de los cinco grupos que manejan el crimen organizado en Guatemala.
Además, fue en los primeros años de la década del 80, el comandante de la Base El Quiché, una zona donde el ejército usó la táctica de tierra arrasada y «aldeas estratégicas» como en Vietnam. Allí se produjeron las mayores y más sangrientas matanzas de civiles, en su mayor parte indígenas mayas, de acuerdo a informes de la Comisión de la Verdad. Pérez Molina era el jefe directo de la Fuerza de Tareas Gumarcaj, la cual asesinó niños, hombres, mujeres y ancianos, muchos de ellos líderes poblacionales y religiosos. Sus aterrorizadas víctimas lo conocía como el «comandante Tito».
Por otra parte, el ahora aspirante a Presidente, también está acusado de ser un veterano intermediario entre la CIA estadounidense y el ejército. Así lo delató en 1995 la revista neoyorquina «The Nation», que señaló al «coronel Pérez Molina, junto con su colega Edgar Godoy Gaitán», como receptores de fuertes partidas de dinero de la Central de Inteligencia para impulsar acciones clandestinas.
Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, le acusa en esos años,de tener relación, junto a otros miembros del Estado Mayor Presidencial, con el asesinato del juez Edgar Ramiro Ogáldez, quien casualmente estaba procesando varios casos que involucraban a ex-miembros del Ejército, incluyendo a Pérez Molina.
En el otro rincón de la competencia electoral está el empresario Manuel Baldizón, quien también abreva en fuentes de la derecha neoliberal, y ha basado sus millonarias campañas electorales en explicar que frente al delito la única medicina es «el rigor, aunque duela y lastime, porque sin rigor no hay justicia». Para ello, invocando «el apoyo de Dios y la Virgen», sugiere pena de muerte para los que roban o matan. Pero como también es necesario acompañar los gestos violentos con medidas populistas, Baldizón promete doble y triple aguinaldo a los trabajadores y «viviendas para todos».
El candidato se esfuerza en desmentir su ligazón con los capos del narcotráfico local, pero no puede demostrar de dónde surge el dinero, que en grandes partidas, invirtió en una campaña electoral que los medios consideraron más que fastuosa. Sobre todo, cuando pocos años atrás Baldizón había confesado tener serias dificultades económicas en su actividad comercial.
Ahora, posa como un empresario próspero, que en poco tiempo construyó en su ciudad natal de Petén un pequeño imperio en el cual se destacan los rubros de la construcción, el transporte de pasajeros, los centros comerciales y las empresas de TV por cable.
Este es el escenario que encontrarán los votantes de la segunda vuelta, de allí que en muchos ciudadanos prive el escepticismo sobre el futuro que les espera al tener que elegir entre una derecha dura y otra similar, pero con cobertura más demagógica.
Quien sí se muestra satisfecho -gane quien gane el próximo 6 de noviembre- es el embajador de EEUU, Arnold Chacon. No es para menos: los dos aspirantes han confesado estrechar aún más los lazos de amistad con Washington y fortalecer los tratados comerciales bilaterales y también los de cooperación militar. Toda una definición.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.