(A propósito de la polémica montada por la derecha panameña por unas declaraciones del presidente Petro de Colombia respecto a la pérdida de Panamá. Estos argumentos proceden del libro “El mito de los proceres. La verdadera historia de la separación de 1903”)
“Panamá es una nación diferenciada de Colombia que intentó repetidas veces separarse”. Hay quienes pretenden que Panamá es una nación desde hace 500 años (En los quinientos años de la Nación panameña de Fermín Azcárate, Ricardo Ríos también). Este absurdo sólo es posible si se ignora qué es una nación y no se le diferencia del concepto de estado.
Como señalamos en un libro nuestro (Estado, nación y clases sociales en Panamá), desde el siglo XIX Humbolt y Schiller establecen la diferencia entre nación-cultura y nación-estado. El problema es que se usan ambas acepciones sin distingo. Por ejemplo, existen en el mundo: naciones-cultura sin estado (como los kurdos), naciones-estado que incluyen dentro de sí varias naciones-cultura, aunque suele predominar una (como la ex URSS y la Federación Rusa hoy) y en pocos casos existen estados-nación uninacionales (como Irlanda). En el caso de hispanoamérica o de los árabes tenemos una nación-cultura escindida en muchos estados-nacionales por circunstancias históricas muy concretas.
Si entendemos por nación una comunidad cultural que se identifica con un pasado común, la lengua, la religión, etc., hasta el siglo XIX fuimos parte de la nación hispana, y hasta el siglo XX hicimos parte de la nación colombiana, que sería una fracción de la nación cultural hispanoamericana.
La ruptura definitiva de Hispanoamérica no quedó completamente planteada hasta que el liberalismo español se negó, en las Cortes de Cádiz, a una reforma política que diera plena igualdad a los nacidos allende el mar. Cada una de las repúblicas hispanoamericanas son fragmentos de una gran nación que no llegó a constituirse por la intervención de ingleses y norteamericanos, y el egoísmo de las oligarquías regionales.
La lectura cuidadosa de libros como El Panamá colombiano, de Araúz y Pizzurno, o el de Alfredo Figueroa N. (Dominio y sociedad en el Panamá colombiano) evidencia que, nunca hubo una vocación firmemente separatista entre las clases dominantes del Istmo y que, cuando acariciaron la idea, ésta no tuvo por objetivo la creación de un estado independiente, sino la sujeción o anexión al dominio inglés o norteamericano (hanseatismo), a lo que se opuso el arrabal de Santa Ana y sus líderes liberales (por ejemplo en la crisis de 1830-1831).
Un mito usual entre nuestros historiadores e ideólogos es calificar a Justo Arosemena como “padre de la nación panameña”, y a su famosos libro “El Estado Federal de Panamá” como sustento de la separación. Nada más falso, pues en ese libro, Arosemena dice claramente que se opone a la separación y, cuando habla de “nación” o “nacionalidad” se refiere a Colombia.
Los llamados intentos separatistas de Panamá de Colombia a lo largo del siglo XIX ameritan un estudio particular, porque nuestros historiadores han descontextualizado los hechos, después de 1903, para ponerlos como supuestos prolegómenos del 3 de Noviembre. El error metodológico subyacente parte por analizar las “actas separatistas” del siglo XIX sin visualizar lo que pasaba en el conjunto del estado neogranadino o colombiano en ese momento.
Por ejemplo, el historiador Rommel Escarreola (“Consideraciones históricas sobre los acontecimientos del 3 de noviembre de 1903”) sustenta su interpretación de la separación sobre la base una aspiración persistente de los comerciantes panameños por “recuperar el espacio económico perdido” de la que los “intentos separatistas” (1830, 1831, 1840, 1861 y 1885) serían la expresión de este proyecto nacional.
En realidad, la mayoría de las llamadas “actas separatistas” no expresaban otra cosa que conflictos políticos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, comerciantes librecambistas y proteccionistas, y no un conflicto nación oprimida versus nación opresora.
No se trata de negar la existencia de graves contradicciones durante el decimonono colombiano, sino de esclarecer la verdadera índole de aquellos conflictos. Un análisis de las circunstancias que les dieron origen muestra que, más que un conflicto “nación panameña” vs “nación colombiana”, son producto de las contradicciones políticas y sociales que se abatían sobre el país.
El Acta de 1821. Algunos afirman que el hecho de que Panamá proclamara su independencia de España en 1821, sin intervención de los ejércitos bolivarianos, ya es una prueba de que constituíamos una entidad independiente, reafirmado por la adhesión voluntaria al proyecto de la Gran Colombia.
Quienes así hablan olvidan algunos detalles: 1. Panamá estaba adscrita, desde 1739, al Virreinato de la Nueva Granada; 2. El Istmo era una región debilitada económica y demográficamente que no podía sostenerse sola como estado independiente; 3. Que la Villa de los Santos llamó a los ejércitos de Bolívar a hacerse presentes, y esto obligó a los comerciantes de Panamá y a José de Fábrega a sumarse a la independencia; 4. Como dijo Belisario Porras mucho después: “Panamá sólo se alzó, al tener noticias de que los españoles iban de capa caída por todas partes”.
El Acta de 1826 se la presenta a la ligera como el primer esfuerzo separatista, sin embargo, no hay en ella nada de eso. Ese año, luego de una larga ausencia, Simón Bolívar retorna a Bogotá desde Bolivia y Perú con un proyecto de nueva Constitución Política que, entre otras cosas, le nombra presidente vitalicio. Como Santander y la oligarquía neogranadina se le oponían, Bolívar pidió respaldo mediante pronunciamientos.
En Panamá, su hombre de confianza, el general Carreño, promovió un acta de apoyo a Bolívar. Actas similares se hicieron en Guayaquil, Quito y Cuenca. Pero los “notables” del Istmo ya estaban políticamente más cerca de Santander, así que redactaron una declaración ambigua, sin tomar partido por Bolívar. En el artículo cuarto, expresaban su deseo de leyes especiales para el Istmo, en el sentido de levantar los impuestos aduaneros que afectaban sus negocios. Como la misma no satisfizo a Carreño, los militares promovieron poco después otra acta, salida de la agitación popular del interior y el arrabal, contrapuesta a la primera, que sí apoyaba incondicionalmente a Bolívar.
El Acta de 1826 no es una proclama independentista, sino política, y expresa la disputa entre dos partidos: santanderistas y bolivaristas. También los hechos reflejan que en Panamá hay una incipiente contradicción social, entre el pueblo y los notables (comerciantes). Lo único que tiene de particularismo local es el librecambismo de los comerciantes istmeños y el proteccionismo prevaleciente en Bogotá.
El Acta de 20 de septiembre de 1830. Año en que Bolívar, harto del sabotaje de los santanderistas y enfermo terminal de tuberculosis, renuncia a la Presidencia y marcha al exilio europeo, al que no pudo llegar. El general panameño José D. Espinar realiza un acto de insubordinación frente a los que se apoderan del gobierno, y que además le degradan separándolo de Panamá, donde era jefe militar, ordenándole marchar a Veraguas. El móvil de Espinar era exigir el retorno de Bolívar al gobierno.
El artículo primero proclama la separación “especialmente del Gobierno de Bogotá”. El segundo exige: “Panamá desea que su Excelencia el Libertador Simón Bolívar se encargue del Gobierno Constitucional de la República, como medida indispensable para volver a la unión de las partes de ella que se han separado bajo pretextos diferentes, quedando desde luego este Departamento bajo su inmediata protección”. Y el tercero: “Panamá será reintegrada a la República luego que el Libertador se encargue de la Administración o desde que la Nación se organice unánimemente de cualquier medio legal”. El considerando alude a una circular emanada de Bogotá para que “los pueblos manifiesten sus deseos”.
Nótese que se trata de un conflicto político, continuidad del que dio origen al Acta de 1826, que además no se proclama una independencia absoluta sino condicionada, y que al usar el vocablo “nación” lo hace para referirse al conjunto, no a Panamá. Esta proclama perdió sentido cuando Bolívar contestó a los enviados de Espinar que desistieran, y los bolivaristas recuperaron el poder a través de Rafael Urdaneta.
Destaquemos también que el considerando recoge el reclamo de los comerciantes istmeños, no de una separación, sino la queja de que al separarse las provincias del sur (Ecuador y Perú) se habían afectado las relaciones mercantiles de Panamá, ya que éstas eran sus mercados naturales, no así las provincias del centro (Bogotá). Este tipo de reclamo mercantil es la tónica real de las clases dominantes en el Istmo, no la construcción de una nación independiente.
En 1834 se decreta una legislación especial atendiendo a estas reclamaciones comerciales (ver “El Panamá colombiano”, de Araúz y Pizzurno), a partir de la cual cesan las quejas de la oligarquía istmeña. En las décadas siguientes, en especial durante la fase federalista del estado colombiano, pero también bajo el régimen centralista de Núñez siempre hubo legislaciones para Panamá para asegurar su especificidad transitista. Por ello, mal puede afirmar Escarreola que estábamos ante pérdida del control administrativo de Panamá por parte de los comerciantes istmeños “usurpado por el centralismo colombiano”
El Acta de 1831. Como los notables (comerciantes) del “intramuros” eran hostiles a Espinar, por motivos políticos (él era bolivarista, ellos santanderistas), sociales (él expresaba al sector plebeyo del ejército, ellos las élites comerciales), raciales (él era mulato, ellos blancos), promovieron que el general Juan E. Alzuru se sublevara, arrestara y deportara a Espinar. Alzuru, apoyado por los comerciantes istmeños, deshace la “separación” de Espinar el 22 de junio de 1831.
Pero el 9 de julio se proclamó una nueva acta. Las circunstancias: Bolívar acababa de morir; empieza la disgregación del Estado colombiano, los caudillos regionales se enfocan en sus intereses locales; en Ecuador el general Flórez proclama su república contra Urdaneta y deporta a Panamá a una veintena de oficiales venezolanos; éstos animan a Alzuru a proclamar un acto semejante en Panamá para hacerse con el poder; se inicia un intento de Confederación entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.
En los considerandos uno y dos nuevamente se arguye el problema de las relaciones comerciales con Nueva Granada. Pero la proclama no habla de “independencia” sino que (art. 1) “Panamá se declara territorio de la Confederación Colombiana y tendrá una administración propia…”. Es decir, se proclama un estado federado, reafirmado por el artículo tercero que señala que los “tres grandes Estados de Colombia disfrutarán de todas inmunidades comerciales que se conceden a los istmeños”… (a cambio del mismo trato); “siendo un pueblo de la familia colombiana” (art. 4); ofrece el territorio para que sea la “residencia de la Confederación”, capital política (art. 5); y conserva la Constitución, leyes y símbolos de la república “en prueba de amistad y amor hacia la Nación a que espontáneamente se unió” (art. 7).
Pero Alzuru estaba lejos de representar los intereses de los comerciantes ya que, como militar, también era bolivarista. Duró poco, y le correspondió nada menos que al General Tomás Herrera, enviado con 200 soldados desde Bogotá, aplastar al régimen de Alzuru y fusilarlo el 29 de agosto de 1831.
Mariano Arosemena da cuenta de las contradicciones sociales y que el objetivo de los comerciantes panameños no era la independencia, al decir que Alzuru se apoyaba en “una pueblada espantosa” y que (los comerciantes) “neutralizamos el proyecto de absoluta independencia…”. Destaquemos lo dicho por Alfredo Figueroa N.: “Es significativo el que la provincia de Veraguas, regida por Fábrega, se haya opuesto a las dos independencias proclamadas por Espinar y Alzuru”. Veraguas fue el bastión del latifundismo y el conservatismo en Panamá y, por ende, aliada a esos mismos sectores sociales en el resto de Colombia.
El Acta de 1840. Es imposible entender el Estado Libre o Soberano del Istmo (1840-41), proclamado por Tomás Herrera, sin la perspectiva general de la guerra civil que asoló a Colombia y se llamó la “Guerra de Los Supremos” (caciques político-militares). Al igual que Herrera en Panamá, proclamaron otros tantos “estados libres”: González en el Socorro, Reyes Patria en Sogamoso, Carmona en Santa Marta, Troncoso en Mompox y Gutiérrez de Piñeres en Cartagena.
No estamos ante un acto aislado de los istmeños. Según Humberto Ricord estas proclamas obedecieron a un comunicado del Poder Ejecutivo que, desde Bogotá, reconociendo su incapacidad de contener la sublevación, para que “las autoridades provinciales tomaran todas las medidas que procedieran para salvaguardar la tranquilidad y el orden público”. Lemaitre dice: “Cada uno se encerraba en su casa, se echaba cerrojo por dentro, y dejaba que el turbión de la guerra pasara por encima…”
La revuelta empezó como una sublevación conservadora en Pasto contra la disolución de algunos conventos, pero pronto se volvió en su contrario (liberal) cuando aparecieron pruebas de que el caudillo José M. Obando había asesinado al general Sucre por orden de Bogotá. Los caudillos o “supremos” se alzaron exigiendo un régimen federal. Por ello el Acta del 18 de Noviembre de 1840, redactada por Tomás Herrera considera que, dada la “disolución” de la república producto de la guerra (art.1); proclama el Estado Soberano (art.2); condiciona su reintegro a la Nueva Granada bajo un régimen federal (art.3); y establece el carácter “provisorio” de las nuevas autoridades.
Nuevamente Veraguas, dirigida por Carlos Fábrega, se opuso a esta proclama. En marzo de 1841 se reunió una Convención Constituyente del Istmo que, a instancias de Herrera, mantuvo la voluntad de adherir a una Nueva Granada federal, rechazando el centralismo (art. 2). Cuando Pedro Alcántara Herrán controló el poder y Gutiérrez retornó Cartagena al centralismo, Herrera se vio obligado a negociar.
De esta fase proceden los principales alegatos de Tomás Herrera en torno a las reclamaciones comerciales del Istmo (“nuestras necesidades son peculiares”), exige negociaciones para la apertura de un canal, y señala que un Congreso reunido a “300 leguas de distancia, jamás legislará convenientemente para nosotros”. También preocupaba a Herrera la amnistía dictada por el gobierno, pues no tenía seguridad de que no recibiría represalias, tal como después sucedió (fue desterrado por tres años).
Le tocó negociar con Rufino Cuervo, y en una carta dirigida a él, en la que insistió sobre la necesidad de una “administración adecuada” y leyes especiales para el Istmo, también dijo enfáticamente: “Jamás el Istmo se habría lanzado a romper de hecho una unión en que entró por su libre albedrío…”. El 31 de diciembre de 1841, Herrera se reincorporó a la Nueva Granada, de la que llegaría a ser él (Tomás Herrera) vicepresidente (el presidente fue el chiricano José de Obaldía) y presidente encargado en 1854.
Como se puede apreciar, en realidad estamos ante sistemáticos conflictos: 1. políticos (santanderistas vs bolivaristas, primero, y luego conservadores vs liberales); 2. sociales (clases oligárquicas terratenientes y comerciales vs el pueblo y el artesanado apoyado por profesionales); 3. Administrativos (centralistas vs federalistas). Conflictos que, además, no eran exclusivos de Panamá frente a Bogotá, sino que asolaron a toda la Gran Colombia primero, y a la Nueva Granada después.
Vamos a obviar, que hemos tratado en anteriores artículos, la fase del Estado Federal de Panamá, que surgió como un régimen especial en 1855, pero se hizo extensivo a toda Colombia al año siguiente, y que quedó consignada en las Constituciones de 1858 y 1863. Esta última co-redactada por Justo Arosemena. A partir de la influencia de la Revolución de 1848 en Europa, cobraron fuerza en Colombia las ideas liberales fuertemente asociadas a criterios federalistas y librecambistas, que permitió una confluencia de intereses entre comerciantes y terratenientes. Bajo este signo político se organizó Colombia o los Estados Unidos de Colombia hasta que entró en crisis a mediados de la década de 1870, cuando se forjó el régimen centralista de la Regeneración encabezado por Rafael Núñez.
Lo más importante es que el panameño que encarnó las ideas federalistas, Justo Arosemena, en su libro El Estado Federal de Panamá, lejos de promover la separación del Istmo sostiene con toda claridad que el federalismo es la fórmula para impedir su desgajamiento de Colombia, no por voluntad de los istmeños, sino por la intervención de potencias extranjeras ansiosas de quedarse con una ruta tan codiciada. Quienes sostienen que Arosemena abogó por la separación, y lo califican de “padre de la nacionalidad panameña”, o mienten descaradamente o no han leído su obra.
“En ocasiones anteriores he manifestado mis temores de que el Istmo de Panamá se pierda para la Nueva Granada si esta no vuelve en sí, …, y asegura su posesión dándole un buen gobierno inmediato… Grandes y numerosos intereses extranjeros se están acumulando en su territorio…. Para evitar, por consiguiente, que con pretexto de darse la seguridad que nosotros le negamos, quisieran adueñarse de un país tan codiciable para cualquier nación poderosa y mercantil, plateemos en el Istmo de Panamá un gobierno, que siendo liberal, tenga igualmente la eficacia que le daría el concurso de todos los istmeños, y el poder anexo a una sólida organización…”. Descartando la idea de la separación dice: “Es esto más de lo que el Istmo apetece…, mucho más cuando solo quiere tener un gobierno propio para sus asuntos especiales, sin romper los vínculos de la nacionalidad…” (Justo Arosemena).
No nos detendremos en los pormenores del Convenio de Colón y la crisis de 1860-62, la cual muchos interpretan como otro intento secesionista, pero que el debate entre Justo Arosemena y Gil Colunje (publicado por Ricaurte Soler bajo el título Teoría de la Nacionalidad) muestra que se trató más de un conflicto político, liberal-conservador. Guerra civil en la que los liberales panameños y el arrabal de Santa Ana, dirigidos por Buenaventura Correoso, apoyaron activamente a las tropas enviadas por Tomás C. Mosquera contra el conservador Santiago de la Guardia.
Tampoco es separatista la sublevación de Colón en 1885 que terminó con el ahorcamiento del líder liberal colombiano Pedro Prestán. Guerra Civil que sirvió de excusa a Rafael Núñez (quien vivió muchos años en Panamá y casó en primer matrimonio con una chiricana, con la cual tuvo dos hijos, y era amigo personal de las más importantes familias del Istmo, como los Arosemena) para abolir el federalismo con la Constitución de 1886. El centralismo de Núñez fue apoyado por los conservadores panameños. José Terán cita una resolución emitida por éstos, el 2 de febrero de 1902(!), a raíz de la muerte del general Albán, en la que se lee: “Sostenedores de las instituciones conservadoras 86…” con la firma de Tomás Arias, Nicolás Victoria J., Manuel Amador Guerrero, y otros futuros “próceres”.
El problema central en Colombia (bajo todas denominaciones que tuvo en el siglo XIX) era la inexistencia de una clase capitalista capaz de unificar bajo una perspectiva común los intereses regionalistas, creando un mercado nacional. La fragmentación en burguesías comerciales importadores y exportadoras de carácter local, o terratenientes locales, asociadas y aupadas por intereses extranjeros (ingleses o norteamericanos), intensificaba estas luchas. A lo que se sumaba el conflicto entre el liberalismo, dispuesto a una reforma del Estado modernizante, y el latifundio conservador opuesto a renunciar a sus privilegios.
Cada élite local abogaba por sus intereses, procurando que la máquina del Estado se inclinara en su favor. Así lo hizo la burguesía panameña igual que la de otras regiones. Lo que no quiere decir que se animaran a una ruptura definitiva con Colombia. Agreguemos que el arrabal y el interior, al igual que hoy, no compartía los mismos intereses que dicha burguesía comercial. En reiteradas ocasiones se le opuso.
La Guerra de los Mil Días. No nos vamos a detener en esta guerra porque un análisis objetivo muestra que los enemigos de Victoriano Lorenzo no eran “los colombianos”, sino los latifundistas asentados en Penonomé, por eso montó su cuartel en La Negrita y cercó ese poblado. Esta fue una guerra social, la de Victoriano, y política la de los liberales, como Belisario Porras. La prueba suprema de que esto no era un conflicto nacional es que la oligarquía panameña era aliada del gobierno de Bogotá, porque los que hoy llaman “próceres” de 1903 eran todos conservadores, por ende, enemigos de Victoriano, por eso lo fusilaron.
La separación de 1903. Está bien demostrado que la separación de Panamá de Colombia en 1903 tuvo que ver directamente con el interés del imperialismo norteamericano de construir el canal para que su armada protegiese sus intereses en ambos mares. La separación sólo se planeó cuando la opinión pública colombiana y panameña repudió el Tratado Herrán-Hay, que contenía todo lo malo que después empeoró el Tratado Hay-Bunau Varilla. La conspiración de la separación partió del abogado William N. Cromwell, metido en el negocio de las acciones del Canal Francés, y sus subalternos en la Panama RailRoad Co., José A. Arango y Manuel Amador Guerrero (éste último originario de Cartagena).
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