Después de siete horas de debate y un comienzo tenso, los 12 presidentes de los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), varios de los cuales rechazaron con argumentos contundentes la presencia de bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano, acordaron un texto en defensa de la no injerencia en asuntos internos […]
Después de siete horas de debate y un comienzo tenso, los 12 presidentes de los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), varios de los cuales rechazaron con argumentos contundentes la presencia de bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano, acordaron un texto en defensa de la no injerencia en asuntos internos de los pueblos para garantizar la integración regional y se pronunciaron por la paz y la preservación de los recursos naturales, en un documento moderado.
El mandatario colombiano, Álvaro Uribe, tuvo que defenderse de críticas de sus colegas en el hemisferio por permitir que Estados Unidos utilice siete bases militares en territorio colombiano.
No nos engañemos, ustedes no van a poder controlar a los estadunidenses, dijo su par ecuatoriano, Rafael Correa, quien sostuvo que su país ya tuvo esta experiencia cuando Estados Unidos hacía uso de la base de Manta.
Asimismo se citó a una reunión de cancilleres en la primera quincena de septiembre, para diseñar medidas de fomento en materia de confianza y seguridad y avanzar en una estrategia sudamericana de lucha contra el narcotráfico, y convocar al Consejo de Defensa de la Unasur para analizar la estrategia militar de Estados Unidos en la región.
Al inaugurar la cumbre en un hotel de San Carlos de Bariloche, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que se iba a fijar una doctrina sobre como la Unasur va a tratar la instalación de bases de un país que no forme parte de la América del Sur en cualquiera de nuestros territorios, en referencia a la presencia Estados Unidos en Colombia.
Recordó la experiencia local en las islas Malvinas de Argentina, donde están instaladas en forma unilateral, por la fuerza, bases de una potencia ni siquiera extrasudamericana, sino extracontinental.
Agregó que su país no es ajeno a los temas que se iban a tratar, pero que no se iba a hacer alarde de victimización, y que no se necesitaban «discursos altisonantes que sirvan para el ocultamiento de los hechos que tenemos que analizar aquí (….) esta alteración en nuestra América del Sur debe ser abordada con mucha responsabilidad histórica».
Fernández comentó un pedido que le hizo llegar el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, para que trasmitiera a sus colegas que tuviesen pronunciamientos similares a los adoptados por Estados Unidos de cancelar visas y cuestiones comerciales a los sectores que dieron el golpe en su país.
Durante la reunión, el presidente venezolano Hugo Chávez sostuvo que «las bases militares son la estrategia de la dominación global de Estados Unidos y su verdadero interés es expandir su dominio y no ayudar a Colombia a combatir el narcoterrorismo.
Chávez presentó el documento titulado Estrategia global de bases de apoyo, incluido en el Libro Blanco del Comando Sur con diapositivas. Allí se revela que Estados Unidos propone bases como las que se instalaron en Colombia y que fueron el motivo de esta reunión de emergencia.
Esas y otras bases facilitan la movilidad de tropas y equipos de Estados Unidos, con un peligroso alcance de control regional. Es un plan de avance regional, donde una de las bases que se instala en Colombia en la frontera con Venezuela, la de Palanqueros, tendrá aviones de la más avanzada tecnología de guerra cuyo alcance abarca a toda la región.
Ante esta situación, Correa solicitó que el Consejo de Defensa de la Unasur analice las implicaciones que esto tiene y que se prepare un documento para pedirle luego una reunión urgente al presidente Barack Obama.
Correa hizo quizás la más acabada presentación para demostrar por qué no debían instalarse bases estadunidenses en Latinoamérica, un informe completo con pruebas, cifras y argumentos sólidos.
Ecuador tuvo una base militar de Estados Unidos en Manta. Nos nos engañemos: no hay cómo controlar lo que los estadunidenses hagan en las bases que le cederá Colombia. ¿Quién va a controlar a los estadunidenses?, dijo el mandatario en rueda de prensa.
Para Correa no es posible verificar si un avión que opera en una base es usado para vigilar a narcotraficantes o para interferir las comunicaciones o los radares de otros países de la región. Tuvimos esa experiencia en Ecuador y no seamos ilusos con eso.
Desde el estallido de la crisis diplomática por el acuerdo entre Bogotá y Washington, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, ha insistido en que se expidan garantías jurídicas que las tropas no serán utilizadas para operaciones fuera de Colombia.
En la visión de Correa, el hecho de que países firmen un acuerdo no significa que en un determinado momento éste sea roto, y por lo tanto para que las garantías sean verosímiles es necesario que la región fortalezca la confianza mutua entre los países.
La decisión de Estados Unidos de no acatar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) durante la guerra de las Malvinas, en 1982, y apoyar a Gran Bretaña contra Argentina, dijo el presidente Correa, es el ejemplo claro de que los países firman acuerdos y después los rompen según su conveniencia.
Para Ecuador no queda otra salida que confiar en la Unasur. El Consejo de Defensa hará un examen de la situación y nosotros veremos más adelante. Esperamos que eso nos permita normalizar las relaciones entre los gobiernos de Ecuador y Colombia.
Correa recordó que en las discusiones en la cumbre el presidente Uribe pidió que lo ayudemos a cumplir sus compromisos, y si es para el bien de la región recibirá toda nuestra ayuda.
La presidenta de Argentina consideró que el narcotráfico y el terrorismo se combaten con operaciones de inteligencia y contrainteligencia y no con bases militares, que están más relacionadas con guerras convencionales.
También tomó en cuenta el tema del documento presentado por Chávez y dijo que las bases militares tienen más que ver con operaciones de guerras convencionales que con dispositivos para la lucha contra el narcotráfico.
Los tres mandatarios pidieron al presidente colombiano Álvaro Uribe que dé a conocer con toda exactitud el convenio que ha firmado con Estados Unidos.
Uribe defendió el acuerdo con Estados Unidos y terminó confesando que ya estaba cerrado, con lo cual daba como hecho consumado la instalación de las bases, que describió como una ayuda práctica y eficaz en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Correa relató como las tropas de Estados Unidos en la base militar de Manta, que ordenó desmantelar en su país, mandaban a las fuerzas de seguridad locales. Lo mismo comentó el presidente de Bolivia Evo Morales, cuya posición fue muy precisa: prohibir la presencia de bases militares extranjeras en América Latina.
Correa y Morales demostraron que la presencia en la región de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, no solamente no había mejorado la lucha contra el tráfico de drogas sino que incluso éste se había incrementado.
El mandatario ecuatoriano le recordó a Uribe cómo se descubrió que soldados estadunidenses llevaban drogas y dio cifras que demostraron que las fuerzas locales habían sido más eficientes.
Por primera vez en una cumbre de la Unasur se trataron estos temas de fondo, lo que mostró las diferencias y la decisión de la mayoría de no permitir provocaciones de ruptura de este mecanismo.
Dignidad en el sur
Durante la cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que se desarrolló ayer en Bariloche, Argentina, la mayoría de los gobernantes de la región expresaron su rechazo al acuerdo suscrito entre los regímenes de Colombia y Estados Unidos, encabezados por Álvaro Uribe y Barack Obama, respectivamente, que permite a Washington operar siete bases militares en territorio colombiano. Durante el encuentro, la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner trazó un paralelo entre este hecho y la experiencia terrible que ha implicado la operación de bases británicas en las Malvinas; el mandatario venezolano, Hugo Chávez, afirmó que la suscripción del acuerdo entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño forma parte de la estrategia global de dominación de Estados Unidos; el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que no se puede permitir la presencia militar extranjera en nuestros territorios: es un mandato noble que nos dan nuestros pueblos, y el mandatario de Ecuador, Rafael Correa -quien ejerce la presidencia pro tempore de la Unasur- solicitó una reunión urgente con Obama para tratar el tema. El sentir de los gobernantes se vio reflejado en un documento final en el que se afirma que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede (…) amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación sudamericana y, en consecuencia, la paz y seguridad en la región.
Por su parte Álvaro Uribe insistió en defender el acuerdo de su gobierno con Estados Unidos, señaló que con la instalación de las bases referidas no hay renuncia, ni abdicación de soberanía, e incluso las calificó como una ayuda práctica y eficaz contra el narcotráfico y el terrorismo.
Es saludable que exista en la región un grupo de gobiernos que, no obstante provenir de expresiones políticas e ideológicas distintas, estén dispuestos a llamar a las cosas por su nombre, a defender las respectivas soberanías nacionales y a rechazar un acuerdo que implica, en última instancia, una profunda amenaza de desestabilización en el subcontinente.
Contrario a lo que señala Uribe, no hay elemento alguno que justifique la instalación de este tipo de bases en Colombia: como señaló ayer mismo la presidenta de Argentina, el narcotráfico y el terrorismo se tienen que combatir, entre otras cosas, con medidas de inteligencia y contrainteligencia, no con el establecimiento de enclaves militares, y el propio Uribe debería saber, tras la experiencia de la aplicación del desastroso Plan Colombia, que la estrategia antinarco ofrecida desde Washington no arroja saldos particularmente positivos y sí potencia el desarrollo de escenarios de tintes bélicos y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En cambio, existen razones de peso para sustentar el rechazo de los gobiernos sudamericanos a la presencia militar de la superpotencia en Colombia: históricamente, Washington ha brindado apoyo a golpes de Estado que asolaron la región el siglo pasado y ha respaldado la imposición de gobiernos títeres, ha mantenido un constante injerencismo económico en estos países, y ha emprendido ofensivas sistemáticas en contra de la integridad territorial y el pleno usufructo de los recursos naturales de las naciones al sur del río Bravo. Por lo demás, sería pertinente que Bogotá prestara atención a lo expresado ayer por el propio Rafael Correa, cuando, al recordar que Estados Unidos ocupó durante años la base de Manta, en territorio ecuatoriano, concluyó: No nos engañemos: no hay cómo controlar lo que los estadunidenses hagan en las bases que les cederá Colombia.
Hasta ahora, el pretendido giro de Obama en materia de política exterior no ha pasado de ser un conjunto de buenas intenciones. En lo que se refiere a Latinoamérica, acuerdos como el que se comenta revierten los avances que pudieran haberse dado a nivel discursivo, reafirman el carácter imperial y colonialista de Washington y sus afanes hegemónicos en la región, además de que permiten ponderar el peso específico que mantienen el Pentágono y el complejo militar-industrial en la política de ese país.
Sería por demás lamentable que el decoro y la dignidad expresados ayer por los gobernantes sudamericanos encontraran como respuesta la misma arrogancia imperial que en su momento demostraron los antecesores de Obama. Cabe esperar que éste exhiba sensatez e inteligencia, comprenda que ni Colombia ni su país enfrentan amenazas que justifiquen el establecimiento de estos enclaves militares y atienda al llamado que le han hecho los gobiernos del sur del continente.