En cada pueblo del interior del país, todos se conocen y, tienen líderes naturales a los cuales respetan por su ecuanimidad, conocimientos y moralidad.
Sus asambleas, son de las más democráticas y eligen sus dirigentes presencialmente, siguiendo sus normas ancestrales. No eligen a desconocidos ni a representantes de partidos políticos. Sin embargo, este derecho está prohibido en la elección de sus autoridades políticas locales. ¿No es esto, una tiranía?
El sistema político vigente, les impone la obligación de elegir autoridades locales de manera fortuita, mediante un régimen electoral fraudulento, ajeno a sus usos y costumbres. Esto es, burlar el derecho consuetudinario fundamental, (art. 149 de la constitución vigente), además de cometer abuso aberrante, lo cual; es causal de nulidad jurídica en diversos países y tratados internacionales firmados por el Perú.
Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
¿Dijo algo, el “defensor del pueblo”?
Los pueblos del interior del país, no tienen por qué, regirse por un sistema de ánforas electorales, tramado desde Lima centralista, pasible de estafa a la voluntad ciudadana y que, no se ajusta a la realidad de estos ámbitos. Coercitivamente, bajo pena de castigo dinerario, los campesinos y demás pobladores de distritos pequeños, son compelidos a sufragar, votando por desconocidos.
Obligarlos a ejecutar un acto contra su voluntad es un delito penal. Peor aún, si se les obliga a hacerlo exclusivamente por candidatos de partidos políticos, impuestos por las cúpulas de estos, al margen de la ciudadanía local. No son penados los estafadores políticos, sino, los estafados. Es necesario acabar con esta injusticia.
Solamente cuando hay elecciones, llega gente desconocida en campaña electoral, ofreciendo lo que no van a cumplir. Luego desaparecen después de haber instalado personas extrañas en los cargos públicos locales, muchos de los cuales, tienen compromiso adelantado, con sus financiadores para otorgarles proyectos de obras y contratos de enriquecimiento ilícito.
Esto no es justo y por ello, la democracia directa debería ser la bandera más sólida de la plataforma reivindicativa de la movilización popular en todo el Perú profundo y no, consignas abstractas, introducidas por elementos advenedizos, ajenos a la comunidad local. A los pueblos olvidados por el centralismo, de los que, solo se acuerdan cada vez que los políticos necesitan votos, les corresponde, elegir sus autoridades autónomamente.
Reformando el actual régimen electoral, a estos pueblos se les debe reconocer el derecho de regirse por sus propias normas electorales, aprobadas por los residentes, respetando sus principios ancestrales de elegir autoridades conforme a los intereses locales y no de los partidos políticos con intereses ajenos. Cerca de dos mil distritos que son las células del tejido político nacional podrían acogerse libremente a esta opción, aunque subsista la opción vigente, para ámbitos mayores.
¿Por qué, no permitir a los pueblos indígenas, elegir sus propias autoridades políticas? ¿Por qué mantener un régimen electoral injusto? Aún en el virreinato, se respetaba la jurisdicción de los pueblos indígenas, dejando que elijan sus propias autoridades internas. El curaca no era elegido mediante ánforas. ¿Por qué la república les niega este derecho consuetudinario?
Porque dentro de los cálculos de la dominación está la siguiente lógica: Permitir la libertad electoral de los distritos es peligroso para la estabilidad del régimen vigente, al amparo del cual lucran los grupos de poder. No se les podría manipular para que voten por sus opresores. En las asambleas de pueblos, los grupos de poder de la capital, no deciden. Los pueblos son mayoría y cubren todo el territorio nacional. Podrían tomar el poder provincial y regional, poniendo en grave riesgo el centralismo y la democracia del dinero.
Pero esta misma lógica sirve para que los pueblos que demandan acceso al poder político, tengan una ruta para luchar por sus derechos conculcados. Este es el reto para sus planes reivindicativos. El Parlamento sería distinto y una constitución, acorde con las aspiraciones populares sería más factible. Esta lucha, podría ser más beneficiosa que, haber tenido tantos muertos por represión, sin haber logrado nada.
No cabe duda que la república anacrónica ya no se ajusta a los tiempos actuales y es necesario reestructurarla. El sistema eleccionario exclusivo de los partidos políticos proviene de una realidad muy distinta en el siglo XIX, cuando los caudillos militares dieron pase a los caudillos feudales de la aristocracia terrateniente, hace más de 150 años. Este modelo se ha envilecido haciendo que el dinero determine nuestra suerte política y la corrupción sea parte del proceso electoral.
Son muchas las malas artes políticas que se conservan desde la fundación de la república. Los aborígenes, auténticos dueños del territorio invadido, fueron excluidos y la república fue erigida exclusivamente por los opresores colonialistas. Los verdaderos patriotas del Tahuantinsuyo, hasta hoy, no tienen acceso ni al poder político local. En cambio, los descendientes de los invasores, hasta hoy, siguen en los poderes del estado y deciden sobre los pueblos originarios.
De nada sirve reclamar nuevas elecciones y, nueva constitución, si el sistema político se mantiene intacto, pues los resultados tendrán los mismos vicios de fabricación. No es cuestión de aborrecer los productos finales como es el caso del repudiado Parlamento. Es la fábrica la que utiliza insumos acondicionados precisamente para obtener los resultados de su conveniencia.
Llama la atención que los movimientos políticos supuestamente revolucionarios, en vez de cuestionar el injusto y fraudulento régimen electoral, se suben a ese vehículo y se jacten de ser demócratas. Lo lógico sería que, reclamen por los derechos de los oprimidos electoralmente. La autonomía del sufragio para los pueblos de población mínima, y la defensa del derecho consuetudinario para elijan sus autoridades políticas locales, en democracia directa, debería ser prioritario. O no. ¿Ustedes qué dicen?
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