El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple su cuarto año de gobierno en El Salvador, con la llamada “guerra contra las pandillas” como buque insignia, con la meta de buscar la reelección en los comicios de 2024 para un periodo de cinco años más, esto a pesar de los señalamientos de que viola la Constitución.
Un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2021 dio pie a que el mandatario, que llegó al poder con el partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), anunciara su intención de buscar la reelección en febrero de 2024.
Bukele hizo tres anuncios la noche del 1 de junio, mientras rendía su informe de cuarto año de Gobierno ante la Asamblea Legislativa: la reorganización del mapa salvadoreño, que pasará de 262 municipios a 44; la reorganización legislativa, que dejará de tener 84 diputados para tener 60 y un plan de persecución de la corrupción, que aseguró inició con el allanamiento de las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
Cristiani fue el primer presidente de El Salvador por el partido derechista Arena. Además, ha sido uno de los más importantes líderes del partido de derecha después de los acuerdos de paz.
Las dos primeras medidas, según anunció, tendrán repercusión en las próximas elecciones de 2024, lo que cambia por completo el mapa electoral a solo ocho meses de unas elecciones legislativas y presidenciales; y nueve meses de las municipales.Para todas ellas, el Tribunal Supremo Electoral ya debe lidiar contrarreloj con la implementación del voto en el extranjero.
En una América Latina cansada del crimen y la violencia, algunos comenzaron a ver la guerra contra las pandillas declarada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador como un ejemplo a seguir de mano dura contra la delincuencia. Obviamente, apostarle a una estrategia de mano dura como la de Bukele en El Salvador puede lanzar a los países de América Latina a esquemas autoritarios, incluso a dictaduras.
La estrategia de Bukele está basada no solo en meter a los malos a la cárcel, sino que tiene precedentes: un control del Poder Legislativo primero, un nombramiento a veces inconstitucional de jueces adeptos al gobierno después, el control del Judicial como último objetivo, lo cual rompe con el necesario balance entre los poderes de una república democrática, y finalmente la aplicación de una ley que no se basa en el Estado de derecho.
Es una estrategia de corto plazo, que tiene riesgos muy altos para el sistema, porque debilita la separación de poderes. Orienta a los países hacia un modelo crecientemente autoritario, que evade la responsabilidad de atender de forma preventiva las causas profundas de la inseguridad, que tienen que ver esencialmente con la desigualdad.
No es un modelo para imitar, aunque algunos políticos centroamericanos lo usan como bandera. Atacar a las pandillas en Guatemala como lo está haciendo Bukele en El Salvador únicamente resuelve el problema al final de la cadena, pero deja por fuera todas las consideraciones del lavado de activos por ejemplo, o de la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político en lo municipal, legislativo e incluso en Ejecutivo, como en el caso de Honduras con el presidente Juan Orlando Hernández.
En el caso de Guatemala, el problema es mucho mayor que simplemente las pandillas en los barrios. Allí el sistema político en su conjunto está penetrado por el narcotráfico desde hace muchísimo tiempo.
Además, muchas de las personas que son encarceladas no necesariamente son culpables ni van a ser reconocidas como tales, sino simplemente como víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio.
Sin dudas el gobierno de Bukele es apoyado por la mayoría de los salvadoreños. El problema es si esa política es sostenible, fortalece el ejercicio democrático y permite a la gente tener una salida a sus otros desafíos, como la pobreza y la falta de educación, agua, servicios de transporte y de vinculación con el mercado mundial. Y la realidad muestra que la pobreza crece año a año en El Salvador.
En política a veces no hay nada más permanente que una solución temporal. Y da la impresión de que la forma en que se está manejando, incluso publicitariamente por parte del gobierno de El Salvador el tema de la inseguridad y las respuestas exitosas que le ha dado a corto plazo, indicarían que Bukele está lejos de querer detener esto. Le está sacando un rédito muy largo en cuanto a publicidad e imagen.
La preocupación mayor es que en la región se esté considerando sacrificar un modelo perfectible de Estado de derecho y de democracia, por una salida autocrática y al margen del fortalecimiento de las instituciones esenciales para el funcionamiento de ese sistema democrático.
Régimen de excepción
Bukele tomó las riendas del poder Ejecutivo en junio de 2019. La baja de la tasa de homicidios que había desde 2016 se vio acentuada con su llegada. Bukele lo atribuyó por más de tres años a su plan secreto -ya que no se hizo público- “Control Territorial”, pero esta dinámica se rompió en 2022: a finales de marzo, una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas se cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el 26 de marzo como la jornada más violenta de la historia reciente con 62 homicidios en un día.
El día 27 de ese mes entró en vigencia un régimen de excepción aprobado por el Congreso a petición de Bukele y este se colocó como la medida que es el pilar de su popularidad actualmente. Esta acción dejó más de 69.000 detenciones, que el gobierno dice son todos pandilleros, y que representan más del 1 % del total de la población. Son 14 ampliaciones las que el Congreso dio al régimen de excepción y las autoridades explicaron que seguirán pidiendo su prórroga hasta detener a todos los pandilleros.
Diversas organizaciones locales e internacionales recibieron desde la vigencia del régimen de excepción más de 5.000 denuncias de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. La organización no gubernamental Cristosal dio a conocer recientemente que son al menos 160 personas detenidas en este contexto que fallecieron bajo custodia estatal, de lo que las autoridades no informaron ni se pronunciaron.
A su vez, identificó patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes con cuerpos con laceraciones, hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación y ahorcamiento.
Bitcoin y pobreza creciente
La pobreza y la inequidad también golpean a la población salvadoreña. Entre los temas pendientes se encuentran la situación económica y la pobreza, dado que estos índices no tuvieron mejoras.
Profundizadas durante la pandemia del covid-19, se traducen en el incremento de la migración irregular y su criminalización por parte de los países receptores. Esto último es especialmente grave para un país cuyo PBI se constituye, en más de un 20%, por las remesas que millones de migrantes envían a sus familias en El Salvador.
Los hogares en pobreza extrema (carencia de alimentos) aumentaron del 4.6 por ciento en 2019 al 7.8 en 2021 y ocho por ciento en 2022. O sea, casi se duplicó durante el actual gobierno. La penuria creció a pesar de que la población total del país disminuyó de seis millones 704 mil 864 personas en 2019 a seis millones 330 mil 947 personas en 2022.
La pobreza se situó en el 26,6 % del total de las familias salvadoreñas en 2022, mientras que en 2021 fue de 24,6 %. Por su parte, la economía mantuvo su ritmo a tasas similares de otras administraciones y no cumplió las expectativas.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense, que circula desde 2001, pero su uso no tuvo mayor acogida entre los salvadoreños y las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas no superan el 2 % del total.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), dada a conocer a mediados de enero pasado, subraya el “uso casi nulo” del bitcóin en El Salvador en 2022 y la persistencia de opiniones desfavorables entre la población sobre el criptoactivo.
Álvaro Verzi Rangel. Sociólogo, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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