El cobro de impuestos a los grandes establecimientos agropecuarios en América Central, una región caracterizada por la alta concentración de la tierra, puede desalentar la acumulación de tierras y contribuir así al desarrollo del medio rural, sostienen expertos. Rafael González, líder del no gubernamental Comité de Unidad Campesina, dijo a IPS que una iniciativa de […]
El cobro de impuestos a los grandes establecimientos agropecuarios en América Central, una región caracterizada por la alta concentración de la tierra, puede desalentar la acumulación de tierras y contribuir así al desarrollo del medio rural, sostienen expertos.
Rafael González, líder del no gubernamental Comité de Unidad Campesina, dijo a IPS que una iniciativa de esta índole en Guatemala permitiría la creación de un banco de tierras para ayudar a los agricultores de subsistencia que no cuentan con parcelas propias.
Además, consideró prioritaria la aprobación de la ley de Desarrollo Rural Integral que busca reformar, democratizar y ampliar el acceso a los medios de producción, garantizar y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los indígenas y campesinos.
Pero el camino es cuesta arriba porque los grandes terratenientes, a través de las cámaras empresariales, rechazan todo posible tributo agrario y lo califican de «marxista», en sentido despectivo, y violatoria del derecho de la propiedad privada. Una propuesta de ley al respecto permanece congelada en el parlamento desde 2009.
Casi 80 por ciento de las tierras productivas pertenecen a cinco por ciento de los 14 millones de guatemaltecos, mientras que la mitad de ellos viven en la pobreza y 17 por ciento son indigentes, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, la agroindustria de este país dedicada a producir azúcar, palma africana, banano, café y otros productos, siguen extendiendo su poderío, a la vez que aumenta el riesgo sobre la seguridad alimentaria, agravada por los fenómenos naturales extremos, advierten dirigentes campesinos.
Por ejemplo, los cultivos de caña de azúcar, la segunda producción más importante del país después del café, pasaron de ocupar 84.000 hectáreas en 1985 a unas 220.000 en 2009, según un estudio publicado en 2010 por la no gubernamental Action Aid.
A su vez, Guatemala no pudo satisfacer la demanda anual de 40 millones de quintales de maíz, principal cultivo de subsistencia de la población, y tuvo que apelar a la importación.
«Los países centroamericanos estamos sufriendo la invasión de nuevas empresas trasnacionales, lo cual implica reconcentrar tierras para producir etanol, minería, y no existen posibilidades para producir alimentos como maíz y fríjol», denunció González.
De este modo, las organizaciones campesinas reclaman acciones estatales que les faciliten el acceso a tierras para subsistir.
En junio, el presidente de Uruguay, el izquierdista José Mujica, puso a discusión la responsabilidad social de los grandes terratenientes en América Latina al plantear a su consejo de ministros la creación de un impuesto a los propietarios de más 2.000 hectáreas, quienes pagarán de ocho a 16 dólares por hectárea al año, según el borrador de proyecto de ley.
El propósito, según Mujica, es desalentar la concentración de tierras e invertir estos recursos en caminos rurales. El impuesto, pendiente de ser discutido y eventualmente aprobado en el parlamento, es visto con buenos ojos desde América Central.
«Un gravamen de esta naturaleza, sin duda, tendría un efecto positivo para el país», dijo a IPS Ricardo Barrientos, del no gubernamental Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, con sede en la capital guatemalteca.
Sin embargo, sería imposible su aprobación en este momento, según el experto. «No tendría viabilidad política por razones de tipo histórico. Varios estudios ven al sector privado de este país como el más cerrado», explicó.
Barrientos recordó que los acuerdos de paz entre la guerrilla izquierdista y el gobierno de entonces, firmados en 1996 y que dieron fin a 36 años de enfrentamiento armado interno, contemplaron un gravamen agrario, aunque su implementación aún está pendiente.
«Se trata de un impuesto anual que debe establecer mayores tasas a las tierras ociosas o subutilizadas y exonerar a las pequeñas extensiones. Pero hubo una campaña con argumentos tergiversados por los sectores tradicionales oligárquicos, quienes lograron que los mismos sectores sociales se pronunciaran en contra de la medida», explicó.
Mujica, con su iniciativa, «demuestra un reconocimiento de, quizás, el principal problema social de todo el hemisferio, como es la desigualdad», acotó el economista.
El secretario del no gubernamental Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, Santos Cornelio Chirinos, comentó a IPS que para implantar un impuesto agrario en la región «debe haber voluntad política y una lucha campesina permanente».
Precisó que en su país unas 300.000 familias campesinas no tienen tierra para cultivar, razón por la que «la calidad de vida no es muy buena y tenemos un fuerte analfabetismo».
Los conflictos agrarios llevaron últimamente a graves enfrentamientos en América Central, principalmente en Honduras y en Guatemala.
El fértil valle hondureño del Bajo Aguán, ubicado unos 600 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, fue escenario de cruentos enfrentamientos entre terratenientes que producen palma aceitera y campesinos sin tierra que invadieron esas propiedades. La disputa dejó casi 50 muertos en dos años.
Mientras que en Guatemala, los desalojos violentos de campesinos de tierras ocupadas han dejado miles de familias desplazadas de sus hogares y al menos cuatro muertos en lo que va del año, principalmente en el nororiente del país en fincas destinadas a la producción de azúcar.
Chirinos entiende que debe buscarse un espacio en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde «la lucha y el lobby deben ser esenciales» para recuperar tierras y, además, crear una ley de Desarrollo Rural que promueva su utilización productiva.
«Los terratenientes deben emplear campesinos en sus cultivos y poner en manos de los productores de pequeña y mediana escala la tierra que no utilizan», matizó.
Amy Ángel, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, señaló a IPS que un impuesto a la tierra puede servir como incentivo para no mantener tierras ociosas y desalentar la concentración.
En El Salvador, con la reforma agraria profunda de los años 80, se impuso un límite constitucional de tenencia de tierras de 245 hectáreas como máximo, explicó. «Solamente tres por ciento del área cultivada está en parcelas superiores a 100 hectáreas, mientras 87 por ciento de los productores poseen 1,5 hectáreas o menos cada uno», detalló.
«Pero no necesariamente tenemos mejores resultados en términos de calidad de vida, ya que la mayoría de los productores cultivan granos básicos de subsistencia, lo cual apoya su seguridad alimentaria pero no genera ingresos notables», explicó.
De tal modo, Ángel cree que se deben continuar los esfuerzos por diversificar la producción «hacia rubros más rentables, como frutas y hortalizas», aunque deben conservarse granos para su seguridad alimentaria familiar.