Asesinatos de mujeres cometidos en las últimas semanas, salpicados de prepotencia y brutalidad, siguen marcando a El Salvador como uno de los países con mayor incidencia de feminicidios. Los crímenes son empujados por la impunidad, el machismo y la debilidad de un Estado que no alcanza a dimensionar el fenómeno, sostienen colectivos de defensa de […]
Asesinatos de mujeres cometidos en las últimas semanas, salpicados de prepotencia y brutalidad, siguen marcando a El Salvador como uno de los países con mayor incidencia de feminicidios.
Los crímenes son empujados por la impunidad, el machismo y la debilidad de un Estado que no alcanza a dimensionar el fenómeno, sostienen colectivos de defensa de los derechos de la mujer consultados por IPS.
«Hay una visión que promueve a las mujeres como propiedad de otro, que se nos puede corregir, con lo cual hay una legitimación de la violencia contra nosotras», dijo a IPS la abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) (http://ormusa.org/).
Entre los casos de las últimas semanas se destaca el asesinato de Yuridia Herrera Laínez, de 24 años, perpetrado el 28 de marzo en Tonacatepeque, en el norte de San Salvador. Su pareja, Luis González, está procesada bajo acusación de acribillarla de varios disparos cuando ella se negó a continuar la relación sentimental que mantenían.
Ocho días antes, en la oriental ciudad de San Miguel, murió María Carmen Centeno, de 32 años, asesinada a machetazos por su pareja, un hombre no identificado que se encuentra prófugo.
Suyapa del Carmen Villatoro, de 37 años, una salvadoreña- estadounidense que había venido al país a vacacionar, se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada a tiros, el 1 de este mes, por sicarios pagados presuntamente por su esposo, José Elías Canesa.
Este hombre, detenido y a disposición de la justicia, habría ordenado el asesinato como castigo a una presunta infidelidad, según las investigaciones de la policía, y ofreció 36.000 dólares a los autores del ataque en el que murió Ana Cristina Ramos, de 67 años, amiga de Villatoro.
Pero uno de los casos que causó más escándalo fue el de Lida María Huezo, de 41 años, asesinada a quemarropa el 24 de marzo en su domicilio de San Salvador. Aunque todas las evidencias presentadas apuntaban a su esposo, Manuel Gutiérrez, gerente de una de las mayores distribuidoras de automóviles del país, un juez decretó su libertad amparado en un vacío técnico de la fiscalía.
Reportes periodísticos indican que Gutiérrez fue liberado por la injerencia de la familia Poma, una de las más acaudaladas del país y propietaria de la empresa en la que trabaja el acusado.
«La impunidad que ha prevalecido en este y otros casos lleva el mensaje de que aquí se mata a una mujer y no pasa nada, o que alguien con dinero e influencias puede salirse fácilmente con la suya», señaló Ima Guirola, portavoz del Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer).
La organización no gubernamental de origen suizo Small Arms Survey ubica a El Salvador en el tope de la lista de países con mayor proporción de estos asesinatos por cuestión de género, 12 por cada 100.000 habitantes, según su último informe Feminicidio: un problema global http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H- Research_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf).
El estudio publicado en 2012, pero que recoge cifras de 2004 a 2009, no da cuenta de la merma de alrededor casi la mitad de la cantidad total de asesinatos perpetrados en El Salvador, lograda a partir de la tregua que pactaron en marzo de 2012 las dos principales pandillas y las autoridades.
Juárez coincidió con Guirola en que la impunidad incide en que el país siga a la cabeza de estas trágicas estadísticas mundiales. Al parecer, nada se ha logrado desde enero de 2012, cuando entró en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador- de-documentos-legislativos/ley-especial-integral-para-una-vida-libre- de-violncia-para-las-mujeres).
La norma impone penas de hasta 50 años de prisión a quienes cometen feminicidio, 20 más que los que corresponden a la pena por homicidio.
Pero según cifras de Ormusa, solo siete de los 270 casos presentados en los tribunales desde entonces se tipificaron como feminicidios y, de esos, solo en tres se lograron condenas.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, dijo a medios de comunicación locales que en muchos de esos casos hay un contexto previo de violencia intrafamiliar, que requiere de una política preventiva del Estado.
Guirola también señaló que el Estado debería de implementar un sistema de alerta temprana, en el que los casos de violencia doméstica sean considerados como potenciales feminicidios. La activista de Cemujer cuestionó que las autoridades no vean esos llamados de atención cuando se denuncian maltratos y amenazas contra las mujeres.
Muchos policías, jueces y otros agentes del sistema desconocen la nueva legislación y muestran una resistencia a abordar esos casos como feminicidios, añadió.
De hecho, varios funcionarios ejercen violencia machista. El más notorio fue el diputado Rodrigo Samayoa, de la derechista Gran Alianza Nacional por la Unidad (GANA), que el 3 de junio de 2012 propinó una golpiza a su esposa, Mireya Guevara.
Al menos seis policías fueron acusados últimamente de crímenes contra esposas, novias o parejas.
El agente Oliverio Enrique Rosales asesinó a su esposa, Xenia Roxana Mártir en la casa que compartían en la occidental ciudad de Ahuachapán. Después de acribillarla a balazos, el policía se suicidó.
La inoperancia de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil o la Procuraduría General de la República, hace que las investigaciones no prosperen, añadió Guirola.
«Esa fragilidad institucional hace que muchos crímenes no sean investigados adecuadamente, y todo lo vinculen con la violencia de pandillas u otros casos que no grafican realmente al problema», puntualizó.