El próximo 31 de marzo tendrá lugar la celebración de las elecciones presidenciales en Ucrania, unos comicios donde los distintos candidatos del régimen surgido del golpe de Estado del Maidán en 2014 pugnan por apoderarse de los resortes políticos para continuar la loca carrera de expolio y latrocinio a que han sometido al país. Las […]
El próximo 31 de marzo tendrá lugar la celebración de las elecciones presidenciales en Ucrania, unos comicios donde los distintos candidatos del régimen surgido del golpe de Estado del Maidán en 2014 pugnan por apoderarse de los resortes políticos para continuar la loca carrera de expolio y latrocinio a que han sometido al país. Las elecciones se dirimen entre quienes han sido los beneficiarios del golpe de Estado hasta hoy, entre los que se han enriquecido con el saqueo en los últimos años y quienes pretenden acceder ahora a los negocios que proporciona el poder para enriquecerse también.
Entre esos candidatos se encuentra el actual presidente, Petró Poroshenko, un hombre corrupto y profundamente impopular, con pocas posibilidades de ser reelegido; Yulia Timoshenko, una mujer que se enriqueció con las oscuras redes de la corrupción en la compañía ucraniana de gas y en los contratos de suministros, y que fue dirigente de la «revolución naranja»; y Yuriy Boyko, ex ministro de Yanukóvich y viejo enemigo de Aleksandr Turchínov, uno de los primeros golpistas de 2014. También se presentan otros candidatos menos relevantes, como Andriy Sadovyi, alcalde de Lviv (una de las ciudades donde más arraigo tiene el nazismo ucraniano) y dirigente del partido Samopomich (Autoayuda), que se define como democristiano; o como Valentýn Nalyváichenko, quien tras el golpe de Estado fue nombrado jefe del SBU, los servicios secretos ucranianos.
Las garantías democráticas son inexistentes: el terreno político se reserva para los partidos del régimen, que, no obstante, se combaten entre sí en medio de intrigas, manipulación y operaciones sucias. Por ello, el gobierno de Poroshenko no quiere candidatos molestos y, así, la candidatura de Petró Simonenko (secretario general del Partido Comunista de Ucrania) para las elecciones presidenciales ha sido rechazada por la Comisión Electoral central, que ha decidido declinar su registro, en abierta violación de los derechos democráticos; una decisión para la que ni siquiera encuentran aval entre las propias leyes aprobadas por el Parlamento, y en clara contradicción con los documentos firmados por Ucrania con la Unión Europea, donde se expresa el compromiso de respetar los principios democráticos, la libertad y los derechos humanos.
Atendiendo a las indicaciones del gobierno golpista de Petró Poroshenko, los organismos oficiales ucranianos han impuesto sus condiciones, marginando y persiguiendo a todas las organizaciones políticas que combaten las instituciones y el poder de quienes se beneficiaron del golpe de Estado del Maidán de 2014. El golpe que inauguró los años de arbitrariedad y represión, fue organizado, apoyado y financiado por Estados Unidos y sus aliados, que entrenaron militarmente a mercenarios en campos polacos durante las semanas previas al derrocamiento de Yanukóvich. El Parlamento golpista expulsó después a los treinta y dos diputados comunistas que habían sido elegidos en comicios anteriores, y el Ministerio de Justicia y los tribunales administrativos prohibieron la actividad del Partido Comunista de Ucrania. Tampoco ha avanzado la investigación de la espantosa matanza de los sindicatos de Odessa, donde los matones del Maidán quemaron vivas a cuarenta y dos personas: a algunas, los asesinos les reventaron la cabeza mientras gritaban vivas a Ucrania.
Desde entonces, el gobierno golpista ha impulsado una legislación que pretende borrar de la memoria del país toda referencia a los comunistas, a la República Socialista Soviética de Ucrania, a la Unión Soviética, imponiendo en los centros educativos, en la universidad y en los medios de comunicación una vergonzosa manipulación de la historia del país. A ese efecto, el parlamento golpista aprobó la ley llamada de «descomunistización», tan arbitraria que fue considerada abusiva por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y que se encuentra entre los asuntos pendientes sobre los que debe pronunciarse el Tribunal Constitucional ucraniano.
Nada puede esperarse de un régimen como el de Ucrania, en cuyo gobierno se encuentran ministros abiertamente fascistas, y cuyo programa pasa por la integración del país en la OTAN, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos, cuyas tropas participan con frecuencia en ejercicios militares en el país, y a quien Kiev incluso ha ofrecido la apertura de bases militares y navales, y con la continuación del saqueo que ha convertido a Ucrania en uno de los países más pobres de Europa. El gobierno de Poroshenko, así como los partidos políticos del sistema surgido del Maidán, es protagonista de un escandaloso régimen de corrupción, nepotismo y expolio de los bienes públicos, sigue imponiendo una dura represión contra los comunistas y la izquierda, y se niega al cumplimiento de los acuerdos de Minsk para poner fin a la guerra en el Donbás, mientras sigue bombardeando el territorio, enviando escuadrones de la muerte como el que asesinó al dirigente del Donbás, Aleksandr Zajárchenko, y dando cobertura al despliegue militar de Estados Unidos y la OTAN en el Mar Negro, con las peligrosas consecuencias que ello puede tener para el mantenimiento de la paz en esa región y en toda Europa.
El atropello a la libertad y la democracia que supone impedir que Petró Simonenko pueda presentarse a las elecciones presidenciales ucranianas, debería mover al gobierno español, a la Unión Europea y al Parlamento Europeo, a intervenir en defensa de los principios democráticos, condenando la actuación del gobierno de Kiev y exigiendo su inmediata rectificación, de tal forma que Simonenko pueda inscribir su candidatura presidencial. Es muy dudoso que lo hagan, por supuesto, porque Madrid y Bruselas solo tienen ahora ojos para mirar hacia Caracas, aunque no haya duda de que la Unión Europea, las organizaciones democráticas, los sindicatos, deberían expresar su solidaridad con el Partido Comunista ucraniano, en defensa de la libertad.
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