Este primero de mayo nuevamente fue una jornada de lucha del pueblo trabajador, con distintos énfasis según la coyuntura que atraviesa cada país en América Latina.
La defensa de los derechos laborales, seriamente amenazados por los gobiernos neoliberales de Daniel Noboa en Ecuador y de Luis Lacalle en Uruguay, y por el neofascista Javier Milei en Argentina. En el caso de Colombia, el reclamo al lado del presidente Gustavo Petro por mayores avances favorables a la clase obrera, que son frenados por la oposición derechista en el Congreso. En el caso de Chile el emplazamiento al gobierno de Gabriel Boric de aplicar verdaderas medidas de transformación social, superando una actitud gubernamental moderada que aprovechan los sectores derechistas para fortalecerse.
En varias ciudades argentinas, las dos grandes centrales sindicales – la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de Argentina- convocaron grandes marchas con las consignas “Los derechos se defienden y la Patria no se vende”. El país rioplatense atraviesa por un momento decisivo, en el que se está definiendo para las siguientes décadas un modelo económico de plena apertura a los grandes capitales transnacionales, subordinando al sujeto trabajador y desnacionalizando los sectores estratégicos de la economía. Este proyecto de la burguesía es respondido por una creciente resistencia popular, que ahora suma a las clases medias cuyos ingresos cayeron en vertical con el ajuste. Es cierto que esta resistencia resta apoyo social al gobierno y le quita legitimidad a su gestión, pero todavía no en la medida suficiente para frenar su arremetida.
Eso pudo verse ayer, cuando el presidente Javier Milei logró en la Cámara de Diputados la aprobación de la “Ley de Bases”, que ahora pasa al Senado para el debate definitivo. Esta ley otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo; permite privatizaciones de empresas públicas; elimina la denominada moratoria previsional que permitía jubilarse a personas que tenían la edad mínima para hacerlo pero no suficientes aportes; establece un régimen de incentivo a las grandes inversiones; consolida una contrarreforma laboral favorable a los empresarios; aprueba un paquete fiscal que permite el blanqueo de capitales y repone impuestos de carácter regresivo como es el impuesto a las ganancias de trabajadores.
En Chile, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a movilizarse pidiendo al gobierno de centroizquierda de Gabriel Boric una actitud más decidida en favor de la clase obrera. Se reeditó lo sucedido en el paro nacional del pasado 11 de abril, cuando muchos militantes de base del Partido Comunista de Chile -que es parte de la coalición de gobierno- demandaron la aplicación por Boric del programa de transformaciones por el que votó el pueblo al elegirlo el año 2022.
En Colombia, el presidente de izquierda Gustavo Petro ha marchado hoy junto con las organizaciones sindicales bajo la consigna de apoyar las reformas en beneficio del pueblo. No se dejó desanimar por algunas dirigencias sindicales que criticaban su presencia, con el débil argumento de que las organizaciones sociales deben ser “independientes” de los gobiernos. Fue superior la fuerza de las bases laborales que acogieron con aplausos a Petro en la marcha en la ciudad de Bogotá, que terminó en un acto de masas en la céntrica Plaza de Bolívar, en la que el gobernante de izquierda, a tiempo de ratificar que las reformas de salud, de pensiones, laboral y agraria seguirán adelante con la fuerza del pueblo movilizado, propuso la suscripción de un acuerdo nacional “escrito en letras constituyentes”. En la misma ocasión anunció que Colombia romperá relaciones con el Estado de Israel por el genocidio en Gaza.
En Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores de la Central Nacional del Trabajo (PIT-CNT) realizó una concurrida marcha por la defensa del salario, de las empresas públicas y contra la desigualdad laboral de género. Es llamativo el caso uruguayo, donde las fuerzas unidas de la izquierda en el “Frente Amplio”, sumadas a las acciones de los sindicatos, están logrando arrinconar al gobierno de derecha de Luis Lacalle. Así se explica que Lacalle, hace unos días, trató de distanciarse de Javier Milei, afirmando que “el Estado es necesario”.
En Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central sindical del país, marchó denunciando las políticas neoliberales y autoritarias del gobierno de Daniel Noboa. Hace una semana, luego que Noboa anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de un crédito de 4.000 millones de dólares, el FUT denunció en un pronunciamiento que es “una nueva deuda para pagar viejas deudas, por 7.500 millones de dólares contraídos del mismo FMI por los gobiernos de Moreno y Lasso”. Denunciaron que este préstamo servirá para condonar los fondos públicos otorgados a empresarios y banqueros en la pandemia, siendo una de las más beneficiadas la familia Noboa. Ratificaron sus denuncias este 1 de mayo, protestando también por la inseguridad y las matanzas en el país, que siguen pese a la militarización decretada por Noboa.
Así transcurrió una jornada en la que, en toda América Latina, trabajadoras y trabajadores salieron a las calles por justicia e igualdad social.
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