Han concluido las testificales del juicio sobre la masacre de Marinakue y solo falta un documento que ingresar en las instrumentales: un pedido a la policía científica española sobre la cadencia de disparos capturada en algunos videos de la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 (hace casi 4 cuatro años) que ocasionó 17 […]
Han concluido las testificales del juicio sobre la masacre de Marinakue y solo falta un documento que ingresar en las instrumentales: un pedido a la policía científica española sobre la cadencia de disparos capturada en algunos videos de la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 (hace casi 4 cuatro años) que ocasionó 17 muertes, una decena de heridos, medio centenar de imputados, una quincena de acusados y acusadas, todxs campesinxs, un golpe de Estado parlamentario y miles de mentiras para justificar la masacre, las muertes, las heridas, las imputaciones, las acusaciones y el golpe de estado parlamentario que una semana después de la masacre (el 22 de junio de ese año) traspasó el gobierno de la centro izquierda a la centro derecha.
Iniciado el 27 de julio del año pasado, el juicio es una demostración práctica y coherente de cómo funciona la justicia pos reforma en Paraguay. La reforma judicial en Latinoamérica, impulsada con el gentil auspicio de Estados Unidos y la Unión Europea, hecha para acabar con el estilo heredado de la colonia de hacer justicia, centrado en lo escrito, ha quedado en un mero cambio formal y parcial.
El juicio Curuguaty ha mostrado que, por ejemplo, más que la oralidad, importan las actas y los expedientes, más que la reflexión de fondo y el sentido común, importan las formalidades y los tiempos. Y que lo elitista, clasista y sexista de la justicia pre reforma se mantiene e incluso pareciera haber aumentado.
El Tribunal que preside, coordina, regula y decide el juicio, compuesto por tres varones viejos y ladinos, se comporta desde el inicio como un apéndice de la fiscalía, salvo cuando el pudor les ataca y para mantener cierta -a sus ojos- dignidad les hacen algún caso a las defensas. La construcción del poder del Tribunal durante el juicio se hace a base de someter, humillar y despreciar a las defensas. La imparcialidad del Tribunal ha sido solo respecto a las defensas, sus defendidos y algún testigo no entrenado por la fiscalía, tratándoles con dureza.
En lo sustantivo es la Fiscalía (Ministerio Público) quien lleva el ritmo y dirige efectivamente el juicio, subordinando sus intereses al Tribunal, domesticando y preparando a los testigos quienes mayoritariamente fueron solicitados por la fiscalía, y dentro de esa totalidad, una gran parte han sido funcionarios policiales o del mismo Ministerio Público. La fiscalía construyó este juicio (como construye el sistema judicial paraguayo) con el objeto concreto de otorgar impunidad a las autoridades (policiales y fiscales) y a los poderosos en cuestión (en este caso el clan Riquelme, usurpador de las tierras en litigio, Marinakue).
Este juicio no es distinto a lo que sucede habitualmente en la práctica judicial paraguaya. Una pequeña encuesta entre abogados penalistas paraguayos incluso señala que este juicio, por su exposición pública, ha sido un grado menos aberrante que lo normal. En la normalidad, los abogados penalistas señalan que es siempre mejor un acuerdo extrajudicial con la fiscalía que un juicio oral pues es ésta la que dirige la industria judicial paraguaya.
Cómo este juicio, con todas sus aberraciones, con todas sus violaciones al debido proceso, con todos las faltas a las garantías no deja de ser lo normal y corriente, lo regular y rutinario, salvo un «milagro» de un formato bien concreto: una llamada telefónica desde un poder superior que «oriente» una sentencia relativamente justa, no debería sorprendernos -pero sí indignarnos y movilizarnos- que tenga un resultado normal, corriente, regular y rutinario: que se condene a los pobres, que se proteja a policías, fiscales, jueces, poderosos.
No sería extraño que esta impunidad que el Ministerio Público ha construido para eximir a la Policía Nacional de siquiera verse afectada por las ejecuciones sumarias de al menos 7 campesinos ese día 15 de junio y la muerte de 11 campesinos en total, se vea techada por el Tribunal. Es lo normal.
Por eso la demanda del pueblo paraguayo de justicia para Marinakue sigue siendo anormal. Cuatro demandas base enunciadas poco después de la masacre siguen con plena vigencia hoy: libertad a los presos y desimputación a los imputados; reparación a las familias de víctimas y víctimas con uniforme y sin él; recuperación de las tierras de Marinakue para el Estado con destino a la reforma agraria; y justicia y verdad imparcial, objetiva, histórica y judicial. Todas esas demandas entran en la esfera de la anormalidad.
Una construcción que acerque cierta justicia al Paraguay no pasa solo por la reforma a la reforma judicial, sino una modificación sustancial del contexto elitista, clasista, sexista y racista al que responde actualmente y en el que se sustenta la justicia paraguaya. El juicio «Curuguaty» es un ejemplo de esta urgente necesidad.
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