La autoproclamación de Guaidó es la apuesta golpista más ridícula y peligrosa de los últimos años. Con el descarado sostén de Washington, la derecha pretende colocar a un desconocido en la primera magistratura. Esta vez la señal de largada no fue un acto terrorista, ni otro intento de asesinato de Maduro. Trump puso al frente […]
La autoproclamación de Guaidó es la apuesta golpista más ridícula y peligrosa de los últimos años. Con el descarado sostén de Washington, la derecha pretende colocar a un desconocido en la primera magistratura.
Esta vez la señal de largada no fue un acto terrorista, ni otro intento de asesinato de Maduro. Trump puso al frente de la escalada a varios expertos en conspiraciones (Abrams, Pence, Bolton, Rubio) y decidió capturar la empresa venezolana que opera en Estados Unidos (CITGO). Sepultó todos los principios de la seguridad jurídica, para comenzar la apropiación del petróleo de un país que concentra la principal reserva mundial de crudo.
Los gobiernos derechistas de Sudamérica propician el golpe por otras razones. Duque pretende enterrar los Acuerdos de Paz con la guerrilla, luego de encabezar el desmantelamiento de UNASUR. Ya alberga en Colombia al contingente de marines requerido para acompañar cualquier provocación.
Bolsonaro continúa identificando a Venezuela con todas las desgracias del «populismo». Con esa retórica encubre su improvisado debut en la presidencia y pospone la inevitable decepción de sus votantes.
Macri es un cruzado de la primera hora, que compite con otros servidores del imperio. Por eso redobla los actos de sumisión, designando a una funcionaria de su propio equipo como embajadora de Guaidó. Exime a los inmigrantes venezolanos del hostigamiento a los extranjeros, para que no se hable de la inflación, el desempleo o las tarifas. Fractura además a la oposición, compartiendo la denigración de Venezuela con los líderes del peronismo federal (Urtubey, Massa, Pichetto).
Sin el sostén del mandante norteamericano, Duque, Bolsonaro y Macri son totalmente inefectivos. Su «Grupo de Lima» no logró siquiera boicotear la asunción de Maduro. A esa ceremonia concurrieron más delegaciones extranjeras que a la investidura del delirante capitán brasileño.
La atomizada derecha venezolana actúa bajo las faldas de un presidente de fantasía. Nunca pudo ganar la elección presidencial y fracasó en todos los intentos de impugnación de esos comicios. Aceptó sin chistar el veto yanqui a las negociaciones con el chavismo y periódicamente se desbarranca con brutales acciones de violencia. Por el momento actúa como simple marioneta del Departamento de Estado y ha quedado sujeta a los humores tuiteros de Trump.
La doble vara
Los golpistas caribeños han reaparecido como grandes estrellas de los medios de comunicación. Cuentan con la complicidad de los periodistas, que atribuyen a Maduro una variedad de pecados visibles en otras administraciones de la región. El simple registro de esa similitud tornaría injustificable el complot o exigiría el mismo cambio de régimen en numerosos países.
Se resalta especialmente el carácter ilegítimo del gobierno venezolano, como si hubiera surgido de un fraude electoral. Pero en realidad fue ungido con la participación del 67% de la población, es decir con un porcentual superior a los últimos comicios de Chile o Colombia. Esta baja concurrencia de electores no induce a ningún comunicador a proponer el derrocamiento de Piñera o Duque.
Es cierto que un sector de la oposición convocó a la abstención, pero otro participó y los resultados finales no fueron impugnados. Tampoco se presentaron evidencias de fraude, en un sistema electoral que ha sido elogiado por varios organismos (Carter) y figuras (Zapatero) internacionales. Con la misma modalidad de votación fueron electas en el 2015 las autoridades de la Asamblea Nacional que lidera la oposición. Compartiendo un mismo cimiento electoral, Maduro es objetado y Guaidó es reconocido.
En las últimas dos décadas el régimen chavista ha celebrado 24 elecciones, que incluyen una significativa modalidad de revocatoria presidencial. Ese derecho no rige en ningún otro país de la región. La participación de los votantes no es obligatoria, pero ha sido habitualmente superior al promedio latinoamericano. La oposición nunca reconoce las derrotas y siempre justifica los resultados adversos con denuncias de fraude.
Con su habitual duplicidad, los comunicadores que critican esos comicios consideran totalmente normales las elecciones brasileñas, que se desarrollaron con Lula en prisión. Impugnan el sistema judicial venezolano, enalteciendo al magistrado que persiguió al líder brasileño (Moro). Ni siquiera objetan el premio ministerial que le otorgó Bolsonaro.
Los medios también denuncian la detención de líderes opositores (Carmona, Ledesma, López), pero omiten precisar las causas de ese encierro. No fueron a prisión por emitir opiniones críticas, sino por incentivar golpes de estado o por su complicidad con las sangrientas guarimbas callejeras. Al chavismo se le exige una conducta tolerante que no impera en ningún rincón de Latinoamérica. Se supone que debería ser comprensivo con los intentos de magnicidio.
Los comunicadores tampoco mencionan la brutal violación de los derechos humanos que practican los gobiernos más enemistados con Venezuela. Desde la suscripción de los Acuerdos de Paz, los paramilitares colombianos (amparados por el oficialismo) han asesinado centenares de líderes sociales. En Argentina se multiplican los presos políticos y rige la impunidad para los responsables de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En Brasil aumentaron los atentados contra los cooperativistas del MST y se destaparon los vínculos de los asesinos de la luchadora Marielle Franco con el hijo de Bolsanaro.
El chavismo es también denunciado por imaginarias conexiones con el narcotráfico. Pero los acusadores ocultan el comprobado financiamiento que brinda esa mafia a la derecha de Colombia. Ningún organismo internacional penaliza tampoco a ese país por el continuado cultivo ilegal de drogas. Lo ocurrido en México es mucho más grave. Todo su territorio quedó desgarrado por una masacre de 200.000 muertos, sin que la OEA promoviera alguna intervención regional.
Ciertamente Venezuela padece una emigración masiva como consecuencia del drama económico que afronta. Pero en coyunturas semejantes, estos mismos desplazamientos se han verificado en otros países. La miseria siempre empuja a buscar refugio en algún vecindario.
Si esas desgracias constituyen «crisis humanitarias», la misma caracterización correspondería aplicar a las migraciones equivalentes. Pero nadie presenta en esos términos la terrible huida de las familias centroamericanas hacia el Norte. Ese tormento no incentiva ninguna recolección piadosa de socorros. Sólo induce a construir un terrible muro fronterizo. Durante la guerra interna que vivió Colombia se registraron también masivos traslados humanos, que tampoco suscitaron convocatorias a la intervención extranjera.
Los grandes medios siempre coronan sus coberturas de Venezuela con alguna imagen de violación de la libertad de prensa. Pero los trastornos que retratan son irrelevantes, en comparación al sistemático asesinato de periodistas que han padecido México y otros países centroamericanos. Los fabricantes de mentiras aplican la doble vara a su propia actividad.
Contradicciones bajo la superficie
Basta recordar lo ocurrido en Irak y Libia para notar la gravedad de la amenaza actual. El imperialismo puede provocar destrucciones inimaginables. Si consuma una intervención de gran porte, América Latina perderá el resguardo que mantuvo frente a las catástrofes bélicas de África o Medio Oriente.
La derecha descarta ese peligro y supone que obtendrá un rápido triunfo, sin ningún costo. Ya anuncia la retirada del chavismo, el aislamiento de Maduro y la próxima deserción de la cúpula militar. También remarca la cohesión de su propio campo y el respaldo internacional unánime a su causa. Pero esas fábulas no resisten el menor análisis.
El propio comando de Washington está afectado por severas disidencias, en el difícil contexto político-judicial que afronta Trump. Los fiascos de Medio Oriente han multiplicado las prevenciones frente a cualquier incursión externa. Los militares yanquis están desconcertados y fueron obligados a retirar sus tropas de Siria y Afganistán. Las propuestas de repetir la ocupación de Granada o Panamá han sido desechadas y se pospone el típico ultimátum que precedió el ataque contra Hussein o Gadafi. Por ahora el Pentágono sólo evalúa operaciones acotadas, que comenzarían con el burdo pretexto de ingresar ayuda humanitaria.
Tampoco los socios europeos están dispuestos a participar en aventuras bélicas. Intervienen en el complot contra Venezuela sin emitir amenazas contundentes. Hay divergencias en el mando occidental, que han impedido consensuar la aplicación de sanciones en la OEA y en la ONU, mientras persiste la neutralidad del Vaticano.
Los conspiradores han tomado nota también del creciente protagonismo de Rusia en el aprovisionamiento del ejército venezolano. Esa presencia puede complicar la jugada petrolera de Trump, si se confirma la tenencia de acciones rusas en CITGO. No se sabe, además, quién será el principal perjudicado por esa expropiación. Algunos expertos estiman que Estados Unidos logró autonomizar su provisión del combustible venezolano. Pero esas compras aún representan el 13% de las importaciones y su cancelación podría impactar sobre el precio de la energía.
Todas las dificultades que enfrentan los golpistas son rigurosamente ocultadas por los medios. Despliegan una cobertura triunfalista, silenciando la ausencia de logros significativos de la derecha en la primera quincena del complot. Mientras los sobornos, las amenazas y las promesas yanquis no erosionen a las fuerzas armadas, Guaidó seguirá ejerciendo un mandato fantasmal.
Batallas en dos frentes
Es cierto que la derecha recuperó capacidad de movilización, pero el chavismo ha respondido con manifestaciones igualmente masivas. En el pico de la crisis social el gobierno mantiene una llamativa capacidad de convocatoria. Todos saben que el gobierno no entregará el poder por la simple repetición de marchas callejeras. La indefinición actual puede resultar muy problemática para la oposición.
Sus líderes afrontarán nuevamente el dilema de retomar la violencia (que los aisló en el 2017) o aceptar un status quo (que los desgasta). Por ahora evitan la repetición de las guarimbas en los barrios ricos, mientras ensayan algunas provocaciones en las zonas populares.
También el gobierno aprendió de las confrontaciones anteriores y se maneja con cautela. Tolera las fotogénicas apariciones de Guaidó, apostando a su paulatina desmoralización. Pero el derrumbe de la economía crea serios interrogantes sobre el acompañamiento popular en la batalla contra la derecha. Toda la sociedad venezolana está desgarrada por un colapso mayúsculo del ingreso.
La contracción del producto registrada en el último quinquenio ya destruyó el 30% del PBI. Esa regresión tiene el mismo alcance que la Gran Depresión sufrida por Estados Unidos en 1929-1932. La debacle golpea a todos los sectores.
La estratégica extracción de petróleo se ha reducido a la mitad y el financiamiento monetario del déficit fiscal ha provocado la mayor hiperinflación del siglo XXI. El índice de precios saltó del 300% (2016), al 2.000% (2017) y actualmente promedia una cifra incuantificable.
Esa escala demuele el salario, recrea el trueque y provoca una aguda escasez de alimentos y medicinas. Los padecimientos cotidianos son terribles y la supervivencia depende de las redes oficiales de abastecimiento (CLAPS).
Los medios de comunicación presentan este desmoronamiento como una inexorable consecuencia del «populismo chavista». Pero omiten la responsabilidad directa de los artífices de la guerra económica. El cerco exterior y el sabotaje interno desplomaron la extracción de petróleo, achicaron las reservas internacionales y encarecieron las importaciones básicas. Los capitalistas extranjeros y locales han provocado ese desmoronamiento, para facilitar el advenimiento de un régimen político afín a sus negocios.
Esta indescriptible adversidad de la economía ha sido agravada por la improvisación, la impotencia y la complicidad del gobierno. Maduro ha tolerado pasivamente el derrumbe de la producción. Rechazó todas las propuestas del chavismo crítico para penalizar a los burócratas corruptos y a sus socios millonarios.
Estas iniciativas constituyen el punto de partida para frenar el desmoronamiento del nivel de actividad. Incluyen un control efectivo sobre los bancos para impedir la fuga de capital, cambios radicales en la asignación de divisas al sector privado, gravámenes progresivos al patrimonio, incentivos a la producción local de alimentos y numerosas medidas para involucrar a la población en el control de los precios.
Este programa requiere además un replanteo de la deuda, para lograr un anclaje de la moneda que permita contener la hiperinflación. Ningún «petro» o «bolívar soberano» podrá funcionar, mientras subsista el amparo oficial a la boliburguesía. Esa franja de privilegiados sobrefactura importaciones, transfiere fondos al exterior y se enriquece con la especulación cambiaria y el desabastecimiento. La derecha no sólo está embarcada en tumbar el chavismo. También opera al interior de un gobierno que no frena la demolición de la economía.
Compromiso o neutralismo
Frente al agravamiento del conflicto, muchas voces proponen generar nuevas condiciones para que los venezolanos puedan resolver democráticamente su futuro. La legitimidad de ese principio es indiscutible. Pero el gran problema radica en precisar cómo implementarlo, puesto que si triunfa el golpe esa aspiración quedará definitivamente enterrada. La vigencia de la soberanía del país y la defensa de los derechos populares requieren ante todo la derrota de los escuálidos.
El conflicto en curso ya perdió su condición de «asunto interno» de Venezuela. La confrontación desbordó ese punto de partida territorial y actualmente involucra a toda la región. Los dos principales fogoneros de la crisis tienen objetivos muy precisos. Estados Unidos pretende recuperar el dominio pleno de su patio trasero y las clases dominantes locales intentan sepultar todas las demandas populares, que emergieron durante la década pasada.
Si los golpistas logran derrocar al chavismo, avanzarán inmediatamente sobre Bolivia y Cuba, para extender el autoritarismo neoliberal a todo el continente. En Venezuela se disputa el freno o la extensión de esa oleada reaccionaria.
Esta disyuntiva ha sido correctamente percibida por los partidos, organizaciones e intelectuales que rechazan el golpe en forma categórica. Esa contundencia se verifica en su impulso de movilizaciones antiimperialistas. Las vacilaciones que se observaron durante las guarimbas del 2017 han decrecido significativamente. Los propósitos de la derecha están a la vista y son evidentes los daños irreparables que causaría un Bolsonaro en la presidencia de Venezuela.
El dramatismo de esa perspectiva no atempera ninguna de las objeciones al rumbo que ha seguido el gobierno chavista. Pero resulta indispensable situar esos cuestionamientos en un campo común de batalla contra los golpistas.
Esta lucha exige superar también las posturas de ambigua neutralidad que transmiten ciertos pronunciamientos. Esas declaraciones toman distancia de los protagonistas del conflicto situándolos en un mismo plano. Cuestionan con la misma vara a Maduro y a Guadió sugiriendo una ilegitimidad compartida. Critican simultáneamente el autoritarismo del régimen y las aventuras de la oposición. Objetan tanto la amenaza militar de Estados Unidos como la presencia geopolítica de Rusia.
¿Pero esa condena conjunta de Maduro y Guaidó supone el desconocimiento de ambos? ¿Implica la abstención frente a las marchas que convoca el gobierno y la oposición? ¿Entraña una indiscriminada condena de los marines y del ejército bolivariano?
Los neutralistas elogian la actitud de los gobiernos de México y Uruguay, que promueven la inmediata reanudación de las negociaciones entre ambas partes. Esa iniciativa abre un canal de conversaciones que Maduro ya aceptó y Guaidó rechaza.
Es evidente que la concreción de esas tratativas dependerá del desenlace de la lucha. La derecha no aceptará negociar mientras vislumbre alguna posibilidad de capturar el gobierno. Derrotar esa pretensión es la condición para recomponer las tratativas. Los resultados de esas conversaciones reflejarían, además, el balance de fuerzas. Derrotar a la derecha es la categórica prioridad del momento. En esa batalla se juega el destino de América Latina.
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