Luisa Gutiérrez tiene 65 años y baila un endiablado mambo en una inusual pista: una calle de la capital nicaragüense. Centenares de vehículos en fila hacen sonar sus bocinas con impaciencia, mientras ella, rodeada de ancianos con bastones, prótesis y pancartas, exige con su danza una pensión estatal. El baile entusiasta de Gutiérrez, antigua empleada […]
Luisa Gutiérrez tiene 65 años y baila un endiablado mambo en una inusual pista: una calle de la capital nicaragüense. Centenares de vehículos en fila hacen sonar sus bocinas con impaciencia, mientras ella, rodeada de ancianos con bastones, prótesis y pancartas, exige con su danza una pensión estatal.
El baile entusiasta de Gutiérrez, antigua empleada de una hoy extinta fábrica privada de calzado, es solo una de las diversas formas de protesta que realizan 20.000 extrabajadores en retiro agrupados en la no gubernamental Unidad del Adulto Mayor (UNAM). Las movilizaciones se intensificarán en septiembre, cuando se cumplen cinco años de reclamos ininterrumpidos.
La UNAM exige la restitución de una antigua ley que obligaba al Estado a pagar pensiones a extrabajadores que no pudieron completar los requisitos para jubilarse con beneficios del Seguro Social. Con esa premisa, unos 6.000 integrantes bloquearon las principales calles de Managua la semana pasada y se proponen seguir hasta que sean atendidas sus peticiones.
El presidente de la UNAM, Porfirio García, dijo a IPS que en las próximas semanas, si es necesario, recurrirán a una huelga de hambre en una plaza pública frente al edificio del gobierno, para obligar al gobierno izquierdista de Daniel Ortega a respaldar una propuesta de ley que se encuentra varada en la Asamblea Nacional (parlamento).
«Ya dimos los mejores años de nuestra juventud al país y nos quitaron el derecho a una pensión reducida. No queremos morir sin antes luchar con nuestras últimas fuerzas por restituir ese derecho y al menos heredarle eso a nuestros nietos», dijo García.
La UNAM, que cumplirá cinco años de existencia el 23 de septiembre, comenzó con la unión de unos 100 retirados que continuamente llegaban a las oficinas del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), en Managua, a gestionar una pensión reducida equivalente al porcentaje de cotizaciones que hicieron mientras eran trabajadores activos.
La ley del Seguro Social establece un mínimo de 750 semanas de cotizaciones a los trabajadores activos, quienes al llegar a los 60 años tienen derecho a una jubilación y servicios médicos especializados en las clínicas inscritas en el INSS.
Sin embargo, García explicó que la mayoría de los extrabajadores del país que pasaron a retiro no completaron sus cotizaciones, en gran parte por la inestabilidad del país que, con guerras, desastres naturales y crisis económicas y políticas constantes, afectaron empresas y oficinas públicas que daban trabajo a los hoy protestantes.
Una ley que fue derogada a comienzos de 1990 durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996), por presiones de organismos financieros multilaterales, establecía una pensión reducida mínima de aproximadamente 50 dólares mensuales a los cotizantes que no hubiesen cumplido los requisitos de jubilación.
Nicaragua, con 5,8 millones de habitantes, es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, con más de 40 por ciento de su población en esa situación.
Ante el ya extenso reclamo de la UNAM, el diputado Adolfo Martínez Cole, de la opositora y minoritaria Bancada Democrática Nicaragüense, introdujo una iniciativa jurídica denominada «Ley Especial de Otorgamiento de Pensiones Reducidas por Vejez», que pretende establecer recursos públicos para garantizar la pensión reducida de quienes quedan fuera del sistema.
Martínez Cole explicó a IPS que el proyecto tiene por objetivo crear un marco jurídico que beneficie con un monto básico de dinero mensual a los extrabajadores en edad de jubilación y que hayan cotizado al menos 250 semanas según los registros del INSS.
Ese instituto registra aproximadamente 65.000 personas que cotizaron entre 250 y 750 semanas hasta 2007, pero un estudio debe determinar cuántos han fallecido, los que están fuera del país y los que necesitan la pensión.
«No pedimos nada extraordinario, sino la aplicación humanitaria de un derecho establecido en la Constitución, que mandata que los trabajadores retirados tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado», dijo.
Pero esta propuesta de ley recibió de antemano fuerte críticas de legisladores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que son una amplia mayoría de 63 votos en los 91 escaños del parlamento unicameral.
Empero, el diputado sandinista Gustavo Porras, sindicalista del sector salud, aclaró a IPS que la iniciativa no ha sido rechazada y que se encuentra bajo estudio.
«Ellos (los autores de la propuesta jurídica) no aportan la fuente de los recursos, solo dicen que hay que darle dinero a los extrabajadores, pero eso no se puede hacer sin un estudio técnico sobre la población en retiro, el monto de sus pensiones, el origen de sus antiguos trabajos y la historia laboral», dijo Porras, presidente de la Comisión de Salud del Parlamento.
Porras explicó que el gobierno de Ortega ha creado una Comisión Especial de Atención a la demanda de los adultos mayores y que, a la par, se elabora un informe técnico del INSS para precisar el número de afectados y la situación de sus aportaciones al Estado, y en base a ello, buscar las fuentes de financiamiento.
A raíz de la última protesta, que llevó al hospital a 20 de sus afiliados por fatiga y otros síntomas asociados a enfermedades que padecen por la edad, el gobierno, por medio de Rosario Murillo, portavoz y esposa del mandatario, anunció una pronta reunión para anunciarle a los reclamantes el avance de los estudios.
Según cifras oficiales del INSS, el gobierno entrega desde 2010 un total de 5.700 bonos mensuales de un valor equivalente aproximadamente a 43 dólares a igual número de reclamantes, además de alimentos y atenciones médicas, brinda también de modo gratuito lentes, prótesis y sillas de ruedas, y respaldo a sus familias en caso de muerte del extrabajador.
No obstante, formalmente, el gobierno ha admitido que no tiene una fuente de recursos sostenibles para invertir en la pensión reducida, pero que trabajan para buscar una alternativa permanente.
Para el economista e investigador social Adolfo Acevedo Vogl, este país sí tiene los fondos y la estructura económica suficiente para garantizar una pensión reducida a los adultos mayores.
«Basta con destinar una partida de las sobre-recaudaciones de impuestos para solventar la demanda de estas personas», dijo.
Nicaragua, según una encuesta de hogares del estatal Instituto de Información para el Desarrollo, registra hasta 2010 una población de 363,400 personas mayores de 60 años.
De esa cantidad, solo 55.000 recibían una pensión a la vejez del INSS. El restante 85 por ciento carece de los beneficios de la seguridad social.
«En el resto de América Central se han establecido pensiones no contributivas para ancianos que viven en extrema pobreza, hayan cotizado o no al Seguro Social. Nicaragua tiene la capacidad y el deber humanitario de hacerlo», recomendó Acevedo Vogl.
Según sus cifras, la pensión mensual mínima personas mayores de 70 años costaría al Estado unos 52 millones de dólares. «En 2011, la recaudación fiscal por encima de lo presupuestado, ascendió a más de 147 millones de dólares, de manera que establecer un esquema de esa naturaleza costaría al país apenas 35 por ciento de los impuestos extras recaudados» explicó.
Y mientras se sigue la discusión, los extrabajadores, como Luisa Gutiérrez, amenazan con pasar de los bailes de mambo y bloqueo de calles a las tomas de hospitales y huelgas de hambre, aunque con ello arriesguen la vida.