Nos esperan unas semanas más bien durillas con eso de la Constitución Europea y el famoso referéndum que en España va a tener lugar el próximo 20 de febrero. De repente la gente va a empezar a escuchar referencias a la Convención, a la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, órganos consultivos, comisiones varias, Tribunales […]
Nos esperan unas semanas más bien durillas con eso de la Constitución Europea y el famoso referéndum que en España va a tener lugar el próximo 20 de febrero. De repente la gente va a empezar a escuchar referencias a la Convención, a la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, órganos consultivos, comisiones varias, Tribunales de Justicia europeos, el Banco Central, etc, etc y todo esto además en relación con nuestras constituciones y legislaciones nacionales.
Ya hay quien ha fijado su actitud ante ese referéndum nada más imprimir las 474 páginas de las que consta, 202 son el documento en sí y las otras 245 son los protocolos y anexos: «No voy a votar. Esto es algo así como hacer un referéndum sobre el Código Penal ¿quién se lo leería?. Nadie… Si yo tuviera que pedir un préstamo y me dieran 202 páginas de condiciones no lo firmaría, por eso tampoco voy a firmar este contrato». No es de extrañar que se adopten estas posturas porque en realidad lo que se nos pide en este referéndum es que hagamos un nuevo acto de fe. La cuestión es que mucha, mucha fe no nos va quedando, y menos aún para invertirla en línea con los intereses de los partidos y sindicatos mayoritarios, organismos oficiales y mundillos varios.
Si habitualmente el peso mediático en unas elecciones es enorme, en el próximo referéndum va a ser colosal. El porqué de esta afirmación creo que no es difícil de sostener, basta con tener en cuenta un par de pequeños detalles: el primero es que la mayoría de la gente va a votar el día 20 lo va a hacer de oídas y, el segundo, es que nuestro presidente de gobierno ya ha firmado la nueva Constitución en Roma. Además, parece ser que hay una cierta celeridad por presentarnos como baluartes de la nueva Constitución. Me refiero a que vamos a ser los primeros en hacer el referéndum en Europa y a que el señor Zapatero puso su firma sobre la nueva Constitución sin saber si era incompatible, al menos en 3 artículos, con la nuestra (para tranquilidad de algunos al final si eran compatibles), vamos que primero se da y luego se pregunta.
Sobre lo de la campaña de bombardeo mediático pseudoinformativo repitiendo los enunciados de los grandes principios y valores hasta la saciedad volveremos con algunas propuestas de eslóganes alternativos. Pero antes, conviene hacer algunas consideraciones de carácter general que nos lleven más allá de lo que es una mera discusión de artículos puntuales.
La Constitución o mejor dicho el Tratado por el que se instituye una Constitución Europea tiene sobretodo una profunda raigambre económica que es el esqueleto práctico sobre el que construye todo el texto. Con esto quiero decir que este Tratado afirma las políticas neoliberales y las eleva a categorías insospechadas al darles valor constitucional. Basta leer los artículos de la Tercera parte en los que se instituye el Mercado interior, en ellos se defiende: la libre competencia, la libre circulación de capitales, la liberalización de la inversión directa en terceros países, la libertad de establecimiento de empresas, la prohibición de las ayudas estatales, etc.
El que esto sea así y se refleje en el Tratado es algo que no puede extrañarnos, pero al mismo tiempo es algo que no es de recibo. Intentaré explicar las dos afirmaciones.
No es de extrañar porque la historia de la Unión Europea está edificada por sucesivos acuerdos económicos: en 1951 se firma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero; en 1957 se firman los Tratados de Roma por los que se establecían la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica; en 1959 se crea la EFTA (Asociación para el Libre Comercio en Europa); en 1967 se fusionan las instituciones de las 3 comunidades: Comunidad Económica del Carbón y del Acero, CEE y EFTA… Hasta 1987 no se habla de Unión Europea tras la firma del Acta Única. Por tanto, es fácil deducir que la dimensión política y social es más reciente y más débil ya que hay unas estructuras de poder establecidas que marcan el paso de lo político y lo social.
Esas estructuras son fundamentalmente económicas y saben que en la era de la globalización el que quiere contar como potencia a nivel mundial necesita tener un mercado interior de grandes dimensiones, una política exterior común, una política común de defensa y seguridad, una moneda fuerte y una legislación que consagre las leyes del liberalismo económico para que los mercados se sientan seguros.
Así pues, cuando en el Consejo de Laeken se pide que se simplifiquen y reorganicen los Tratados ya existentes para adoptar un texto constitucional, lo que se hace es recoger todos esos posos y añadir unos tintes sociales que en muchos casos recaen sobre los propios estados, lavándose las manos la Unión Europea en nombre del principio de subsidiariedad por el que instancias superiores no deben intervenir en aquellos asuntos que se pueden resolver a niveles inferiores.
Así pues, creo que el planteamiento de fondo del Tratado ya se veía venir y que la pregunta que hay que hacerse es ¿ a dónde nos conduce este Tratado?, ¿a una mayor cooperación entre los pueblos?, ¿a salir de la Europa fortaleza?, ¿a reforzar los derechos sociales? Me temo que no, y por eso, mi afirmación de que este Tratado no es de recibo y menos aún cuando tratan de darle la categoría de Constitución.
Si se miran algunos capítulos a fondo parecen estar escritos desde los intereses de las grandes empresas multinacionales: Libertad de implantación (a ver quien para luego eso de la deslocalización), políticas laborales en las que en nombre de las necesidades del mercado se consagran la movilidad geográfica y funcional, garantía de los derechos de propiedad intelectual, etc. Y, al mismo tiempo, se articula una sociedad civil débil, despolitizada, en la que no pueden faltar los mecanismos para que la gente no vea frustradas sus intenciones solidarias vía artículo III-321.5: «A fin de establecer un marco para que los jóvenes europeos puedan aportar contribuciones comunes a las acciones de ayuda humanitaria de la Unión, se creará un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria», ni la protección a sus derechos como consumidores como bien recoge el artículo II-98: «En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores».
Si la fortaleza de lo económico en este Tratado arrastra una debilidad en lo social, también lo hace en lo político. Es cierto que la Unión política de 25 países es difícil de gestionar, que hay multiplicidad de idiomas, de herencias culturales, de grados de desarrollo y que hay que hacer que todo esto funcione de una manera enriquecedora. Pero la forma de salvar esa dificultad no puede pasar por reducir la participación y las vías directas de elección de los ciudadanos recurriendo de modo excesivo a la representatividad. En particular quiero referirme a dos puntos: los sujetos de la Unión Europea y el papel del Parlamento Europeo.
En el Tratado Constitucional se citan como sujetos del mismo a los ciudadanos y a los Estados nacionales y se omiten términos como pueblo y nación. La omisión de este último es un modo de cortar el vuelo a los nacionalismos y la omisión del primero es un signo de que el individualismo y la institucionalización marcan el terreno de juego. A base de mucho ciudadano individualista y de mucha libertad individual acabamos en la masa social. Cuando esos ciudadanos empiezan a organizarse y a hacerlo solidariamente desde una libertad responsable empieza a surgir el pueblo. Y todos sabemos que ese terreno es menos manejable, menos manipulable por los oportunistas de turno.
Por otra parte, quería hacer mención al papel del Parlamento Europeo porque es la única institución que los ciudadanos pueden elegir de forma directa vía elecciones europeas. El PE es en buena medida un órgano devaluado con este Tratado, baste citar algunos botones de muestra. No tiene competencia efectiva en temas de asuntos de política exterior, ni de seguridad común, ni de defensa; no nombra ni ratifica al Ministro de Asuntos Exteriores, ni la dirección del Banco Central Europeo, ni a los miembros del Tribunal de Cuentas, no es competente para fijar el régimen lingüístico de las instituciones; no tiene capacidad de iniciativa legislativa, etc. Con todo esto parece que los señores parlamentarios deberían estar disgustados con los contenidos del Tratado, pero no es así.
El Parlamento Europeo acaba de dar el visto bueno al texto Constitucional con un apoyo del 74 por ciento de los parlamentarios. Aunque ya se dejó entrever que en algunos países la cosa no va a ser un camino de rosas, me refiero a Gran Bretaña, Polonia y República Checa. La oposición más fuerte fue la de República Checa, dos tercios de cuyos parlamentarios votaron en contra. y también fue rechazado por 40 de los 70 parlamentarios británicos que votaron.
Aunque se quedan muchas cosas en el tintero porque el tema es demasiado amplio quisiera volver al tema de las campañas informativas a las que me refería anteriormente y hacer algunas contrapropuestas para esa campaña a modo de gesto de rebeldía ante tanta utilización política como se hace de la gente.
Esta mañana he visto en un periódico la foto a toda página de Butragüeño citando el artículo I-2 de la Constitución: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.».
Pensé, anda mira que cita tan maja se ha ido a buscar. Y qué pasaría si en vez de ponerle ese artículo le pusiéramos por ejemplo el contenido del artículo III-177 que define cual ha de ser el objetivo primordial de la política monetaria, un objetivo que por otra parte rezuma «solidaridad y respeto por la dignidad humana» se la mire por donde se la mire: «una política monetaria y de tipos de cambio única cuyo objetivo primordial sea mantener la estabilidad de precios y, sin perjuicio de dicho objetivo, apoyar la política económica general de la Unión (esto incluye esos detalles de crear empleo, de apoyar políticas sociales y esas cosillas), de conformidad con el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia». ¿Verdad que a Butragüeño le pega más el artículo I-2?.
Hay imágenes públicas que conviene no trastocar para que la ciudadanía vea que todo sigue como siempre o que, en todo caso, sólo se puede ir a mejor. Pensar en cambiar su artículo a Butragüeño o, no sé, poner a Carmen Sevilla citando el artículo Art I-41.3 «Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares. Se crea una Agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento (Agencia Europea de Defensa)», sólo pueden ser malos pensamientos.
Pero ya puestos a imaginar otras campañas mediáticas distintas, pensemos mal aunque sólo sea durante unos breves párrafos. Se podría pensar en elaborar unos carteles con las fotos de Botín y de algún que otro banquero o presidente de aseguradoras citando el artículo III.185.6 «Una ley europea del Consejo podrá encomendar al Banco Central Europeo funciones específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros.»
Otro cartel podría llevar la foto de la Duquesa de Alba en otro primer plano con el texto del artículo II-77: «Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida.».
Otra estrategia publicitaria podría ir en la línea de sacar instantáneas de caras de la gente al escuchar algunos artículos, por ejemplo, la de los negociadores de los países del Tercer Mundo que piden desesperadamente la reducción de las subvenciones a los productos agrícolas europeos (eso se come casi 1/3 del presupuesto) al escuchar el artículo III-314: «la Unión contribuirá, en el interés común, al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo.»
Otros rostros elocuentes serían los de los trabajadores de astilleros, hayan conseguido o no salvar el pellejo, ante el artículo I-3: «La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.»
Para hacer algo relacionado con el audiovisual quizá podríamos hacer leer a 2 voces a personajes ilustres algunos artículos. Por ejemplo, Aznar y Zapatero podrían entre los dos repartirse el artículo I-41 que hace referencia a la política común de seguridad y defensa europea y a los objetivos de posibles intervenciones con medios civiles y militares fuera de la Unión:
– Aznar:»La Unión podrá recurrir a dichos medios (civiles y militares) en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo
– Zapatero: garantizar el mantenimiento de la paz,
– Aznar: la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional,
– Zapatero: conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas».
Y acabar en un dúo «La política de la Unión no afectará al carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y será compatible con la política común de seguridad y defensa establecida en dicho marco».
Por último, podríamos abrir otra línea más participativa en la que no sólo se trate de captar la atención del viandante o del lector sino de buscar su implicación. Por ejemplo, se podrían citar 2 artículos en carteles, uno de ellos haciendo referencia a la buena administración (Art II.101.1) y el otro a la justicia (II.107): «Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable» y «Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley». Debajo de las citas se podría preguntar ¿A que no adivinas cuánto puede llegar a ser un plazo razonable?.
Quizá el tono irónico pueda resultar banal a los oídos de algunos, pero hay cosas que o se beben con un poco de buen humor o amargan lo suyo. Ironías a parte, quisiera acabar revelándome contra esa postura que vaticina una hecatombe para Europa si sale el «no» en el referéndum. Se dice que se perdería buena parte de la credibilidad ante los mercados, que sería dejar pasar una oportunidad única para avanzar y consolidar derechos sociales a nivel europeo. Pero no se piensa en la hecatombe que es elevar a la categoría de Ley Fundamental los principios de un sistema económico neoliberal que a nivel planetario genera desequilibrios sociales cada vez más fuertes entre ricos y pobres, que poco a poco va instalando la precariedad en el mundo laboral, que distancia cada vez más al ciudadano de las tomas de decisiones, etc.
Me atrevería a decir que el Tratado que nos proponen recoge grandes principios, pero lo hace desde una concepción de una Europa fortaleza, egocéntrica, y que, al mismo tiempo, introduce un caballo de Troya que en la práctica los condiciona y los recorta, al dotar de vida propia a unos principios económicos que han demostrado en estos años tremendas deficiencias desde el punto de vista social y democrático.
Hay quienes estamos ya cansados de la política de lo menos malo, quienes no entendemos que haya que poner nuestra esperanza en futuras reformas que mejoren lo que inicialmente hay porque la dinámica en que estamos nos dice que cada paso que se cede, es paso que no se recupera.
Aspiramos a que se vaya forjando una ciudadanía adulta, políticamente hablando, una ciudadanía a la que se le de un papel que vaya más allá del de mera comparsa de las instituciones políticas ya sean nacionales o europeas. La legitimidad democrática no se consigue a golpe de referéndum, se consigue a base de trabajar por la promoción de los más débiles, porque la gente pueda ser más persona, porque haya una conciencia cada más crítica, porque las leyes sean cada vez más justas, porque la visión sea cada vez más universal; y casi lo demás vendrá por añadidura.
En resumen: votar de oídas, no; si se quiere hacer una Constitución hágase pero no nos metan un Tratado neoliberal encubierto tras grandes palabras y principios; y, por último, tenemos que acostumbrarnos a que para formar criterio propio no está de más el que de vez en cuando trabajemos las cosas en grupo.