Sólo los más ingenuos nos permitimos arribar a la conclusión de que el tratado constitucional de la UE estaba muerto tras los resultados de los referendos francés y holandés. Eso era, bien es cierto, lo que invitaba a concluir la lógica más elemental: aunque se había dejado abierta la posibilidad de que el texto saliese […]
Sólo los más ingenuos nos permitimos arribar a la conclusión de que el tratado constitucional de la UE estaba muerto tras los resultados de los referendos francés y holandés. Eso era, bien es cierto, lo que invitaba a concluir la lógica más elemental: aunque se había dejado abierta la posibilidad de que el texto saliese adelante si veinte Estados lo ratificaban, la norma parecía pensada para solventar la eventualidad de que algunos países de relieve menor en el marco general de la UE dijesen ‘no’. En modo alguno cabía su aplicación, en cambio, si los renuentes eran Estados como Francia –una de las dos grandes potencias comunitarias– u Holanda –uno de los socios fundadores–.
Y, sin embargo, en las últimas semanas nos hemos topado con una llamativa novedad: fuerzas políticas de peso en el seno de la UE parecen sostener que aquí no ha pasado nada y, de resultas, se apuntan cada vez con mayor claridad a la tesis de que no es menester siquiera reformar el tratado con la vista puesta en ganar para él mayores apoyos. La estrategia correspondiente se ha hecho valer al amparo de la decisión de cancelar la convocatoria de los referendos que podían conducir a nuevos ‘noes’ y al calor, también, del alejamiento cronológico –y del olvido consiguiente– de las consultas francesa y holandesa.
Sorprende singularmente que el protagonismo de esta delicadísima posición corresponda en muchos casos a partidos socialistas que, conforme a un pronóstico de nuevo ingenuo, bien podrían haber aprovechado la tesitura para enterrar definitivamente un tratado que en buena ley no respondía en plenitud a su proyecto. Tengo en mente las declaraciones vertidas, lejos de los micrófonos, por algún representante significado de nuestro Partido Socialista que se avino a reconocer que el resultado del referendo francés había sido un auténtico respiro en la medida en que cancelaba el horizonte de aplicación de un texto que poco tenía que ver con la socialdemocracia consecuente. Lo he dicho muchas veces a lo largo del último año: en virtud de su apuesta rotundamente neoliberal, el tratado que se sometió a consulta entre nosotros le cortaba las alas a cualquier intento de preservar para el Estado un papel activo en la economía que permitiese garantizar, por ejemplo, la preservación de derechos sociales laboriosamente conquistados durante decenios. Si las noticias de los últimos días se confirman, la posición de esos partidos socialistas –entre ellos, y por lo que parece, el nuestro– porfía en mantener una alianza poco estimulante con conservadores y liberales que, con certeza, no se olvidan de sus proyectos cuando llega el momento de diseñar textos de pretensiones constitucionales.
Una de las lecturas, inevitable, que se sigue de lo anterior es la que viene a concluir que buena parte de los responsables políticos de la Unión Europea sigue considerando que el resultado de los referendos francés y holandés invita a identificar, en la opinión pública de esos países, genuinas y preocupantes patologías. Desde esta retorcida cosmovisión, nada en la UE realmente existente invitaría a arribar a la conclusión de que esta última arrastra problemas severos que suscitan, con lógica, los recelos de la ciudadanía. Qué llamativo ha sido, en los últimos meses, que de manera machacona los medios de comunicación se preguntasen en virtud de qué ignota rareza los franceses se inclinaban mayoritariamente por repudiar el tratado constitucional, y en cambio rehuyesen cualquier pregunta en lo relativo al –éste sí– realmente sorprendente comportamiento asumido en febrero de 2005 por tantos ciudadanos españoles. No está de más que recordemos que la abrumadora mayoría de éstos se declaraba partidaria del tratado al tiempo que confesaba ignorarlo todo sobre él. Si agregamos que, por desgracia, el debate abierto y plural faltó entre nosotros en febrero, tendremos un motivo más para recelar de la buena salud democrática de nuestros hábitos y para preguntarnos –dicho sea de paso– qué ocurriría hoy en España si se repitiese el referendo de hace un año: ¿no es lícito concluir que, en la estela de la consulta francesa, nos veríamos en la obligación de hacernos alguna pregunta delicada en relación con la UE que tenemos?
Las iniciativas encaminadas a sacar adelante el viejo texto del tratado constitucional –en su caso, a remendarlo de manera liviana– parten de una erradísima presunción: la que sugiere que la Unión Europea está en crisis desde que una mayoría de ciudadanos franceses y holandeses se pronunció contra el tratado en cuestión. Pues no es así: la UE está en crisis desde bastante antes, de tal suerte que los referendos galo y neerlandés no han hecho sino iluminar sus problemas en todos los órdenes. Éstos bien pueden ir a más, por cierto, en el caso de que el proyecto que hoy me ocupa progrese: configuraría una inquietante provocación que, sin ningún genero de dudas, suscitará una agria respuesta popular y un alud deslegitimador de la Unión que tenemos.