“Perú, con escudo o sin escudo, los que van a morir por ti te saludan”, anónimo.
El 09 de noviembre del 2020 un grupo de congresistas liderados por Manuel Merino intentó dar un golpe de Estado, argumentando los escándalos que declaraban la incapacidad moral del presidente Martin Vizcarra. La aristocracia liberal de izquierda (o caviarada), aprovechó la falta de consistencia social de los golpistas y la rabia acumulada de la juventud trabajadora (por el covid, confinamiento, desempleo, etc.), para agitar contra el golpe y aplicar una estrategia de recambio político dentro del propio régimen político de corrupción, explotación y opresión capitalistas.
La llamada de celular de Merino a las FF.AA. no era para “pichanguear”
Esto último dividió a la izquierda. Por un lado, lxs que “negaron el golpe parlamentario” diciendo que solo era una pugna por el poder político entre dos mafias. Pero si bien es cierto lo que estos señalan, pues, ese factor de la realidad no “niega” otros factores. Es así como se comprende que la llamada de celular de Merino al alto mando de las FF.AA. fue un claro intento de golpe de estado desde el Parlamento (al menos que crean que en medio de la crisis política, la llamada de celular era para jugar una “pichanguita”). Y por otro, la voluntad democrática y combativa de cientos de miles de jóvenes cansados del status quo, que al final, derrocó a tres presidentes, incluido Vizcarra, con quien la caviarada co-gobernaba entonces.
La dialéctica es un método
En realidad, esta cuestión tiene que ver con el método de análisis político que se utiliza para observar los fenómenos sociales. Y es que la dialéctica nos enseña que, “la falta de conciencia de clase, la explotación, etc. ejercen una fuerte presión sobre la moral obrera. Durante largos períodos se manifiesta como una lenta acumulación de descontento, ira y más ira y frustración debajo de la superficie, hasta que el mínimo accidente produce un punto de inflexión donde la cantidad se convierte en calidad…”, (Covid -19, cuarentena, improvisación y rebelión popular, 28/03/20).
“La necesidad a veces se expresa a través del accidente”
Decía Hegel y en efecto esta cuestión la hemos observado en varios países. En Chile, el “accidente” (o detonante) se expresó en el aumento del precio del pasaje en el Metro (con la consigna de “no son 30 pesos sino 30 años”), etc. En Ecuador, el “detonante” se manifestó contra los ajustes fondomonetaristas de Moreno. En Colombia, contra el abuso policial que terminó con la vida de un trabajador. En Puerto Rico, fue la corrupción del alcalde Rosselló. Y en Bolivia, contra el golpismo cívico-militar. Como observamos, el “accidente” es distinto en cada país. Y Perú no es una isla. Está concatenado dialécticamente a América Latina como “un solo cuerpo”. En nuestro país, fue la intentona golpista de Merino el que “detonó” toda la rabia acumulada. Y el puñete que le propinó un joven al congresista Burga fue síntoma de la rabia.
Durante la rebelión popular, el movimiento social de masas (que algunos calculan en más de 1 millón), comenzó a forjar su propio poder a través del método de la auto organización, desarrollando organismos embrionarios de “poder popular” con la 1ra línea de combate asumiendo los comités de autodefensa, comités o destacamentos de desactivación de bombas, de salud médica, por la constituyente, etc. pero la asunción de Mirtha Vásquez al poder descomprimió todo esto con la promesa de dar solución a las demandas sociales.
Si todo este inspirador movimiento hubiera estado coordinado con una plataforma común y una estrategia insurreccional otra hubiera sido la historia. Como vemos el “movimientismo” de características multiclasistas tiene sus límites, como antes también sucedió con la Marcha de los 4 Suyos, las movilizaciones contra la invasión de Irak o contra la contaminación ambiental, etc. No obstante, estamos frente a los primeros síntomas del “embarazo” que se avecina. Hay que prepararse para la maravillosa perspectiva revolucionaria que aperturó el 14N.
A un año del 14N ninguna demanda popular resuelta
Un año después ninguna de las demandas populares ha sido resuelta. Al contrario, el régimen político capitalista a logrado recomponerse relativamente desechando leyes como la Ley contra la usura bancaria, limpiándole la cara a la institución policial (en particular al grupo Terna), firmando un pacto de deuda usurera con el FMI por cien años (hipotecando el futuro de las nuevas generaciones), y logrando que los mismos partidos políticos golpistas hoy tengan representación en el Congreso, etc. Todo esto gracias al co-gobierno Sagasti-Vasquez.
La justicia se impondrá a través del método de la movilización de masas
Y con respecto al caso de Inti y Bryam y las decenas de heridos del 14N, pues, la Fiscalía resolvió que “los hechos acaecidos no fueron aislados o excesos individuales, sino que respondieron a un patrón de comportamiento realizado por altos mandos de la PNP, al haber usado municiones prohibidas y armas potencialmente letales que fueron disparadas directamente al cuerpo de los manifestantes”. Sin embargo, el abogado de la familia Sotelo, “la investigación preliminar ya terminó, esta no puede ser formalizada como denuncia constitucional ya que de acuerdo al artículo 99 de la constitución política, para investigar a los altos mandos es necesario contar con la autorización del Congreso”. Un entrampamiento legal premeditado por los políticos y juristas defensores del establishment pro Elite.
La Comisión multisectorial del presidente Castillo y la premier Vásquez es una distracción
En este sentido también se ubica el hecho que la Inspectoría de la PNP haya exculpado de responsabilidad a los 11 policías implicados (Lam, Cayas, Villafuerte y Tenorio, etc.), cuestión que trata de ser “superada” por el Tribunal policial que plantea comenzar de nuevo con las investigaciones. Por su lado, el presidente Pedro Castillo y la premier Mirtha Vásquez firmaron una resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial para atender a los deudos y víctimas de las marchas de noviembre y diciembre de 2020.
Hay pruebas suficientes para meter presos a Merino y cía. Y es que hay 44 declaraciones y 54 fuentes documentadas que son parte de las pruebas que acusan a Manuel Merino, Antero Flores Araoz y Gastón Rodríguez, como los responsables de la muerte de Inti y Jack y las decenas de heridos. Es decir que las pruebas sobran. Lo que sucede es que no hay voluntad política para el juicio de responsabilidades. Y es que otorongo no come otorongo.
Lo curioso con la Comisión Multisectorial formada por Castillo es que la misma quiere incluir a los asesinados por el paro obrero rural, pero no hay acusación contra Francisco Sagasti, que fungía de presidente de la República, ni investiga o cita como testigo a Mirtha Vásquez a pesar que entonces era la jefa del Poder Legislativo.
El abogado Rivera, señala que el proceso judicial, en comparación con el de La Cantuta, está avanzando, pero de lo que se olvida es que en los 90s había una dictadura y ahora supuestamente vivimos en “democracia”.
El juicio de responsabilidades por la masacre del octubre negro en Bolivia
Además, comparativamente, habría que señalar que el juicio de responsabilidades por más de 60 asesinados y cientos de heridos en el octubre negro boliviano del 2003, durante el gobierno democrático-burgués de Sánchez de Lozada, pues, acabó solo con la exigencia de una indemnización de $10 millones a las familias afectadas (BBC, 03/04/18), por parte del ex presidente y magnate Sánchez de Lozada.
Los asesinos de Inti y Bryam tienen el aparo institucional del alto mando policial y del régimen político opresor actual
Hay parlamentarios que se reclaman “marxistas” y que incluso se jactaban de haber puesto al ex ministro del Interior, pero se vieron incapaces de ver el tema y hacer público los informes de inteligencia de entonces sobre el caso de Inti y Bryam. Lo mismo podemos decir del gobierno del presidente Castillo. Si él quisiera podría dar la orden de abrir los documentos clasificados de inteligencia sobre el asesinato de Inti y Bryam. Pero no lo hace porque tiene miedo a la rebelión policial.
Lo que sucede es que los asesinos de Inti y Bryam tienen el amparo institucional desde los más altos mandos de poder policial y militar. En este marco, la Comisión Multisectorial de Castillo-Vásquez juega un rol distraccionista.
Las lecciones al año del 14N insurgente
Por estas razones, es importante que tanto los familiares, así como los afectados y el movimiento insurgente 14N, saquen las conclusiones políticas necesarias tomando conciencia de que es el régimen político capitalista-neoliberal el que terminó con la vida de nuestros hermanos de clase social, que Inti y Bryam no lucharon por indemnizaciones sino por una democracia real y que esta solo se conseguirá con la auto organización (formando una coordinadora que rompa con las políticas aggiornadas o que embellecen al sistema de opresión y sus políticos como Vásquez o Sagasti), la movilización y la independencia política (integrando las demandas populares como aumento de salarios, no a los despidos, por más trabajo, aumento de presupuesto a la salud y educación públicas, vivienda popular, gas barato, contra la usura bancaria, nueva constitución soberana, no a la deuda con el FMI, etc.), podrán darles el honor y la gloria que se merecen.
César Zelada. Director de la revista La Abeja obrera (teoría, análisis, debate y organización).