José Efraín Ríos Montt llegó a la presidencia de Guatemala en 1982 mediante un golpe de estado, y lo echaron con otro, al año siguiente. De los 36 años en que el país vivió consumido por la violencia (1960-1996), el de Ríos Montt fue el período más sangriento. Sólo en el área de Nebaj fueron […]
José Efraín Ríos Montt llegó a la presidencia de Guatemala en 1982 mediante un golpe de estado, y lo echaron con otro, al año siguiente. De los 36 años en que el país vivió consumido por la violencia (1960-1996), el de Ríos Montt fue el período más sangriento. Sólo en el área de Nebaj fueron masacrados en pocos meses unos dos mil aborígenes. Pasaron 31 años antes de que la justicia pudiera (o quisiera) sentarlo en el banquillo de los acusados. El jueves 9 de mayo, y tras intensas marchas y contramarchas, el genocida de 86 años recibió su condena: 80 años de prisión.
La combi trepa la montaña por un camino demasiado estrecho y sinuoso para el estómago. En vez de doce pasajeros, lleva exactamente el doble, hacinados, de pie algunos y doblada la espalda para no perforar el techo con la cabeza. Todos aborígenes. Las nubes van quedando abajo y la niebla que crece desde la llovizna da un toque irreal al paisaje boscoso. Que no aparezca ningún vehículo de frente, es el silencioso ruego.
Nebaj emerge finalmente al tope. Un pueblo grande de casas pobres y bajas, con calles por donde corre el agua servida y los perros famélicos no tienen ni pulgas. En el mercado, que uno presume artesanal, casi todo es importado.
El Quiché es el departamento norteño donde se encuentra el triángulo de las poblaciones ixiles que fueron más castigadas por el ejército guatemalteco: Nebaj, Chajul, San Juan Cotzal y las aldeas de los alrededores. Guatemala empezó a vivir «el tiempo de la violencia», como dice la gente, en los años 60, cuando grupos insurgentes se alzaron en contra de gobiernos corruptos y cómplices de la United Fruit Company (actual Chiquita Brands International), la bananera que llegó a ser dueña del 40% de las tierras y de las vidas de la gente. La historia de Guatemala está signada por golpes, contragolpes y componendas entre la oligarquía y las compañías extranjeras; fue esa coalición la que echó por tierra los planes de reforma agraria y mejoras sociales del presidente electo Juan José Arévalo (1944-1951), y de Jacobo Arbenz, su sucesor por voto popular, derrocado en 1954 merced al plan PBSUCCESS que orquestó la CIA (1).
Abril de 2010. La sede del Movimiento para la Reparación de las Víctimas se encuentra en una casa amplia, en la 5ª avenida (qué ironía), segunda calle del cantón Batzbaca. En las oficinas hay un grupo de jóvenes que cargan en computadoras los relatos de tantos años de tragedia. El director del centro se llama Diego Rivera y habla un español dificultado por el ixil, que es su lengua madre (2); hay que sortear esa distancia con paciencia. A lo largo de la conversación toman cuerpo los más crueles actos de violencia perpetrados por el ejército, sobre todo en el bienio 1982-1983, cuando Efraín Ríos Montt llega al poder tras un golpe de estado aupado por los Estados Unidos.
Cuenta Rivera: «Vinieron a una aldea, mataron a todos, quemaron, sólo queda una niña. El oficial le ordena a un soldado que le dispare. El soldado se niega. El oficial saca el arma, mata primero al soldado y después a la niña». También: «Entran a una aldea, matan a muchos, también al marido y al hijo de una mujer que escapa con su hija y su nietito hacia el pueblo, pero allí no tienen pertenencias. La hija dice que volverá a la casa para buscar algunas cosas, pero en el camino la encuentra una patrulla. Le dicen que ella colabora con la guerrilla, pero no es así, no colabora. No importa, dicen, la llevan al pueblo y al otro día la ahorcan. Murió inocente».
Hay afiches exigiendo justicia en todas las paredes. Rivera saca una carpeta azul llena de fotos con cuerpos mutilados, quemados, con saña, con esa maldad que el hombre lleva consigo y que cuando la suelta no tiene límites. «Algunos de esos soldados que eran mandados -dice Rivera- son los que ahora denuncian dónde están las víctimas. Mañana hay una ceremonia de inhumación, pueden venir si quieren. Casi siempre era así, los enterraban todos juntos».
Diego Rivera nació en 1955. «Crecí con mi abuelito en la aldea Qanaquil. Apenas fui a segundo grado. Antes del conflicto armado (3) estaba muy bien con mi familia, pero tuvimos que desplazarnos por varios lugares para escapar del ejército. Había una gran pobreza, mucha desnutrición en los niños porque quitaron la comida, quemaban sembrados, tuvimos que organizar a las comunidades. Vigilar. Y cuando el ejército se aproximaba teníamos que dejar las viviendas por el peligro. Vi masacrar a familias completas. En el año 82 había llevado a mi familia a un cerro porque venían los soldados y nos ocultamos en un bordo, junto con otros de la aldea. Desde ahí mirábamos abajo. Era tiempo de siembra y la gente estaba trabajando la tierra, el ejército llegó y empezó a disparar, la pobre gente corría, los mataban, quemaban sus casas, luego agarraron los cuerpos y arriba pusieron unas tablas y les prendieron fuego. Cuando el ejército se fue, bajamos. Los muertos se estaban quemando. Gente sin cabeza, sin brazos, y una mujer con el bebe puesto en el pecho. Un compañero se desmayó, otros lloraban, todos traumados».
La masacre de Qanaquil impulsó a Rivera a sumarse a la guerrilla. «No con mucha voluntad, pero no había modo de sobrevivir. Pensaba: si me lleva el ejército me obligará a matar a las personas de la comunidad. Tenía cuatro niños, los llevé bien lejos y me uní a la guerrilla. Por pura suerte nunca estuve en combate, porque me dieron chance como organizador. Y como no tenía mucho estudio los muchachos me dieron un año de cursos. No había papeles, aprendí con carbón y una tablita. Fue buena experiencia. Me enseñaron a organizar a las personas para mantenerse con vida».
Los primeros nombres
En noviembre de 2011 los familiares de los desaparecidos publicaron los nombres de las dos víctimas que primero exhumaron e identificaron: Sergio Saúl Linares Morales y Amancio Samuel Villatoro. Ellos forman parte de los más de 200.000 muertos y desaparecidos según el informe «Guatemala: Nunca Más», de la Iglesia católica (4), y del emitido por la comisión creada por la ONU para esclarecer los hechos. El abogado alemán Christian Tomuschat, ex delegado de esa misión, ratificó el 11 de abril último que en Guatemala hubo genocidio y que el 93% de las matanzas y las violaciones a los derechos humanos corrieron por cuenta del ejército, la policía y los parapoliciales, y el 7% restante fueron muertes provocadas por la guerrilla. El documento se basa en 7.338 testimonios de sobrevivientes.
La declaración de Tomuschat salió al cruce de los sectores más reaccionarios que aseguran que no existió genocidio, sino tan sólo un enfrentamiento entre dos bandos: ejército y guerrilla. El alemán, profesor en la Universidad Humboldt, en Berlín, dijo que incluso el actual presidente Otto Pérez podría ser investigado por su vinculación con los crímenes. Pérez, obviamente, respalda la tesis del «no genocidio».
Uno de los primeros pasos en busca de justicia lo dio la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, ella misma perseguida. El 2 de diciembre de 1999 presentó ante la Audiencia Nacional de España una demanda contra Ríos Montt y otros altos oficiales, por el asesinato de cuatro sacerdotes y tres diplomáticos de nacionalidad española. De ahí en más la responsabilidad recayó en la justicia guatemalteca, que tras sinuosas marchas y contramarchas (debidas en parte a la inmunidad de Ríos como congresista), recién el 28 de enero de este año abrió el juicio contra el jerarca (que masacraba bajo el seudónimo de Tito Arias) y su jefe de Inteligencia, el ex general José Mauricio Rodríguez. A ellos se les considera autores intelectuales de miles de crímenes, como el holocausto de los poblados de Plan de Sánchez y Dos Erres, donde fueron asesinados a quemarropa más de 450 indígenas, muchos de ellos niños.
Una de las defensoras acérrimas de Montt es su hija Zury, casada en cuartas nupcias con el evangelista Jerry Weller, senador republicano de los EEUU. Zury Mayté ha confesado que «mi padre es mi inspiración» (¡!). Su hermano Enrique, en cambio, acaba de ser capturado, puesto que se lo acusa de la pérdida de 120 millones de quetzales (moneda guatemalteca) mientras se desempeñaba como jefe de finanzas del ejército, durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004).
Luego de sucesivas parálisis, amenazas de muerte contra testigos, magistrados y fiscales, el jueves 9 de mayo la jueza Jazmín Barrios (chaleco antibalas, guardaespaldas y etc) leyó el veredicto: 80 años de prisión para el octogenario y absolución para Rodríguez. El viejo genocida conserva amigos poderosos en la elite económica y política, tantos como para asegurarse un buen pasar en este trance. Pero la justicia puso al fin un primer nombre y apellido al exterminio. Por eso, al finalizar la sesión, estallaron aplausos hacia la jueza y un conmovedor yantix (gracias).
Notas
1-PBSUCCESS, plan autorizado por el presidente Eisenhower en agosto del 53. Contaba con un presupuesto de U$S 2.700.000 para alimentar la guerra psicológica y diversas acciones políticas en Guatemala, además de sostener a los grupos paramilitares. Según los archivos de la CIA, hasta el mismo día en que Jacobo Arbenz renunció, el 27 de junio de 1954, «la opción del asesinato seguía siendo considerada». The National Security Archive.
2-El ixil es una de las 22 lenguas de raíz maya que se hablan en Guatemala. Entre los aborígenes, que conforman el 45% de la población, el español no es habitual.
3-Conflicto Armado Interno, CAI, tal como se conoce al período 1969-96.
4-El 24 de abril de 1998, el obispo auxiliar de Guatemala, Juan Gerardi, dio a conocer el informe «Guatemala: Nunca Más», que reúne pruebas sobre los 200.000 indígenas masacrados y el millón de exiliados. Dos días después, el mismo Gerardi fue asesinado. Le sucedió en el mismo cargo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Mario Enrique Ríos Montt, hermano del genocida.