Dos días antes de que, en uno de sus discursos más delirantes, el presidente argentino Javier Milei dijera en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos que la humanidad está conociendo actualmente su época más próspera y justa, la ONG Oxfam difundía un informe sobre desigualdades y pobreza en el que dice prácticamente lo contrario.

Especializado en la evolución del mundo del trabajo y autor de numerosas investigaciones al respecto, Antunes habla en esta entrevista con Daniel Gatti sobre la urgencia de pensar nuevas estrategias ante el avance de la explotación laboral y la destrucción del planeta.

Meses lleva metódicamente preparándose el escenario para una nueva intervención militar extranjera en Haití.

En el mundo se producen actualmente muchos más alimentos que los necesarios para abastecer a toda su población. Nunca, en realidad, se produjeron tantos. Y sin embargo el hambre crece y crece. América Latina en su conjunto es considerada uno de los principales graneros del mundo.

Con más de 200 masacres desde 2020 hasta hoy, la cercanía de las presidenciales acelera el ritmo de los asesinatos políticos. Al mismo tiempo, algunos militares empiezan a reconocer las atrocidades cometidas bajo el mandato de Álvaro Uribe.

El asesinato sin aclarar de Jovenel Moïse, que gobernaba a fuerza de masacres con el apoyo de la OEA y Washington, aviva las inquietudes imperiales por una nueva intervención. En la calle, los paramilitares y la movilización popular se disputan el futuro.

Tran To Nga se ha atrevido a llevar a la Justicia a quienes produjeron el agente naranja con el que Washington devastó el sudeste asiático y que aún hoy provoca horrores sanitarios y desastres ambientales. Su victoria cambiaría el destino de muchos.

En un mundo aquejado por la búsqueda del beneficio, las pandemias amenazan con hacerse interminables. La incertidumbre dificulta pensar en salidas a la crisis global.

Tras esperar en vano por más de dos años que se investigaran a fondo las amenazas de muerte que recibieron de un comando paramilitar, la mayor parte de las víctimas de ese delito denunciaron al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).