Las «bombas» de Vizcarra

Las Bambas fue promocionado como uno de los proyectos de inversión transnacional, que iba a convertirse en la locomotora de la actividad minera paralizada, con el fin de tratar de alcanzar el tan anhelado 9% de crecimiento del PBI. No obstante, el conflicto social, de más de 50 días, con la comunidad de Fuerabamba en huelga, ha preocupado a la gran prensa, la empresa, el gobierno, analistas, la burocracia política y el pueblo, polarizándola en dos: Los pros y contra. Hay incluso economistas liberales de prestigio como Elmer Cuba y Julio Velarde (presidente del BCR), que acaban de señalar, que el conflicto en Las Bambas, «pone en jaque crecimiento de 1% del PBI», (diario Gestión, 26/03/19).

De estafa en estafa capitalista (Glencore, EIA y modificatoria de contrato que elude el mineroducto)

Y no es para menos. La empresa China MMG Limited fue promocionada como un modelo a seguir por sus relaciones públicas comunitarias (a diferencia de Conga y Tía María), y como la tercera mina de cobre más importante del Perú con el 16% de producción del mineral (después de Cerro Verde y Antamina). «Producción de cobre de 598.196 toneladas para todo el año 2017; un récord para MMG y un incremento de 19 % con respecto a 2016. Las Bambas logró una producción trimestral récord de 121.140 toneladas de cobre en concentrado de cobre para fines de diciembre, con lo que la producción total de 2017 llegó a 453.749 toneladas» (www.lasbambas.com). En el año 2016 el precio del cobre llegó a $4.781 la onza (El Comercio, 16/10/16). Y en el 2017 tuvo una caída llegando a $ 3,273 (Emol, 27/12/17).

Estamos hablando de una inversión de $10 000 millones que realizó China al comprar la mina a la suiza Glencore. Según Miguel Gutiérrez R., de Convoca.pe , «$ 2,400 millones de esa transacción se movieron en un complejo esquema tributario que incluyó ‘préstamos intragrupo’, una práctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias» (diario La República, 18/04/18). Y en efecto, con la venia de los funcionarios de la Dirección General de Minería, y a pesar que entre 2013 y abril del 2014, Glencore no cumplió con la inversión comprometida según Ley (invirtió $1 764 millones de los $3 000 millones obligatorios), el tributo por transacción financiera que debió ser de $1 300 millones (de los $7 000 millones que le dio China, según expertos), terminó en $ 580 millones.

En medio de esta estafa capitalista hay que señalar que la transnacional china si bien es verdad cumplió con la indemnización de $120 000 por familia comunitaria, no cumplió con el plan de Glencore- Xstrata que   era construir un mineroducto (2 km de diámetro y 700 de profundidad), hasta Matarani con el fin de evitar contaminación ambiental, etc. Al contrario, la empresa «comunista» china miró para otro lado y en acuerdo con el gobierno nacionalista de Ollanta Humala (¿otro Lavachino?), quedaron en que éste último debía cambiarle el carácter de uso a la carretera comunal para tornarla en una de interés nacional, con el compromiso que el propio Estado se encargue también del asfaltado (¿Qué tal negocio chino?), cuestión que los comuneros de la zona recién comprendieron tiempo después con muertos, detenidos y heridos, generando el agudo conflicto actual.

«…En el 2014, Glencore de Suiza compra Xstrata y surge un problema pues China no desea depender en demasía de las importaciones de cobre que le hace a Glencore y la «obliga» a vender Las Bambas, que es comprada por la estatal china MMG. ¿Qué sucede? MMG, al no ser dueña de Tintaya, desecha el EIA original y se cambia en el 2014-2015, con autorización del MEM pero con poca consulta a la población, lo que es fuente de problemas. Consecuencia: se anula el mineroducto y ahora el mineral irá por camiones hasta la costa… Si se hubiera construido una refinería en Las Bambas, la cantidad de viajes se hubiera reducido en un 80%, pues ya no hubiera salido «tierra» sino cobre refinado al 99%. Pero nuestras concesiones no contemplan eso. Cómo se le ocurre… Antes de seguir: durante los 5 primeros años de producción Apurímac no recibirá ni un sol de canon -el 50% del impuesto a la renta- porque la empresa estará recuperando su inversión (tendrá pérdidas). Por tanto, cero de impuesto a la renta y de canon. Se ha venido «conversando» para que el gobierno adelante el canon y lo descuente cuando haya impuesto a la renta. Hasta ahora, nada: los apurimeños van a ver salir el mineral durante 5 años, sin canon…», redactó el economista y ex jefe de Petroperú, Humberto Campodónico («Las Bambas y la película completa, diario La República, 28/03/19).

Cinco años de espera implica que recién para el bicentenario las comunidades de Cotabambas verían el canon. ¿Necesitan más razones para justificar la protesta?

Según el dirigente de la comunidad reubicada en Nueva Fuerabamba (Chumbibilcas), Edison Vargas , parte de la negociación con MMG Limited fue darles un nuevo terreno en Yavi Yavi (más de 3 mil has), a cambio de su terreno (4 774 has). «…nosotros queremos que la empresa respete nuestra propiedad privada, no queremos que los camiones pasen por ahí, porque hacen ruido y nos contamina, a nuestras papas, animales, son algo de 1200 carros que contaminan a nuestros animales…no solo a nosotros sino todo el corredor…hasta hoy desde enero, nunca la empresa nos ha dado la cara…el terreno no está a nuestro nombre…para nosotros no existe nuestra comunidad, ese terreno pertenece a la comunidad de Chijlla, y otra parte pertenece a la comunidad de Chuajere…estoy denunciado por nueve delitos…queremos que deje sin efecto la resolución 372 que declara nuestra carretera como zona vía nacional…que nos dé título de propiedad…», (entrevista Perú 21, 27/03/19).

Contradicciones explosivas

«Apurímac es un gran caso de éxito con respecto a la reducción de la pobreza, pues esta pasó del 69.5% en 2007 al 35.9% en 2017, según el INEI. Además, de acuerdo con el IPE, fue el departamento que mayor dinamismo registró en 2016, con un crecimiento del 163% respecto de 2015…La expansión de la inversión minera, a través de proyectos como Las Bambas, permitió generar mayores niveles de empleo en la región, así como una mayor actividad económica», menciona el pro patronal ComexPerú (Gestión, 06/05/18). No obstante, durante el mismo período, el mismo INEI, ubicó a Apurímac en el segundo grupo de pobreza monetaria (La República, 25/04/18). A esto hay que agregar que, s egún un reporte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), a julio del 2018, el 58.8% de los niños apurimeños de cero a cinco años, presentan anemia moderada, es decir seis de cada diez niños tienen anemia; y el 20.9% sufre desnutrición crónica…», (portal GRA, 29/01/19).

Por otro lado, según   observa Juan Carlos Odar, director ejecutivo de Phase Consultores, «… El motor del crecimiento el año pasado fueron los sectores primarios, los cuales no tienen tanto efecto en la generación de empleo …», (El Comercio, 24/04/18). Y es que en la práctica el efecto laboral minero es muy limitado en comparación con la agricultura o el comercio que son las dos ramas mayoritarias generadoras de empleo.

Respecto a la corrupción, «según el reporte del periodista Paúl Pilco (Pro-ética 2016), la Contraloría de la República emitió un informe en el que 823 funcionarios de 22 entidades públicas apurimeñas fueron denunciados por la Fiscalía. De ese total, la Contraloría denuncio a 263 ex funcionarios por la vía penal y a 54 por la vía civil» («Corrupción en Apurímac: Problema y desafío», Enver Quinteros). Según la Defensoría del Pueblo, solo en Apurímac, el costo de la corrupción en el 2017 habría sido por 20 millones 964 mil 595 soles (4,06% del monto total).

Esta situación de, por un lado, ingentes ganancias para las mineras y la clase media profesional migrante y local, y por otro, de pobreza, violencia, corrupción y desnutrición es la que ha producido varias protestas durante los últimos años.

El 13 de agosto del 2016, más de 1 500 mujeres, marcharon gracias a la convocatoria del movimiento Ni Una Menos. «…la consejera Evelyn Cavero Contreras, presidente del Consejo Regional de la Mujer de Apurímac, y una de las organizadoras de la convocatoria, indicó que la región ocupa el primer lugar de violencia contra la mujer en el país… Sostuvo que en Apurímac se registraron 190 mil casos de agresiones contra mujeres lo que representa el 49,6% del todo el país. En cuanto a violaciones sexuales contra menores de 17 años, de las 1,390 denuncias registradas solo 93 casos se encuentran judicializados… «, (Diario Correo, 15/07/16).   El MIMP señaló que el 78% de mujeres apurimeñas han sido víctima de violencia por sus parejas sentimentales.

El 27 de diciembre del 2017, cientos de estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA), protestaron contra la corrupción exigiendo la renuncia del rector Ramiro Trujillo Román, por no haber acreditado a la Universidad con la SUNEDU. La policía violentó la Autonomía Universitaria y a punta de bombas lacrimógenas detuvo a 43 estudiantes. Un año antes, en abril del 2016, cientos de estudiantes de la Universidad José María Arguedas, también tomaron las calles exigiendo la renuncia de la Comisión reorganizadora por corrupta.

«…El 2017, la OEFA, ordenaba la paralización de las operaciones mineras toda vez alertaba de una potencial contaminación de las aguas en toda la microcuenca…», (diario Correo 15/01/19). Esto puso en vilo a la población que temía por la contaminación de sus fuentes hídricas. Y el 15 de enero del 2019, y después de mesas de diálogo estériles, 300 comuneras/os del pueblo Huanca Umuyto (distrito Haquira, provincia Cotabambas), bloqueó la carretera y tomó las instalaciones del proyecto Utunsa (de la empresa Anabi SAC), por varios días, hasta que fueron desalojados por 120 policías, quienes detuvieron a 7 comuneros (entre estos un menor de edad), para luego ser liberados condicionalmente, por el fiscal adjunto de la Fiscalía Mixta Provincial de Challhuahuacho, Julio Hinojosa.

A principios de febrero del año en curso se movilizaron aproximadamente 2000 mineros artesanales demandando la renuncia del director regional de minería, así como la formalización del sector. Antes hubo una movilización de la Federación de Taxistas y Asociados de Abancay (FEDETA) exigiendo también formalización y regulación para los colectivos expresos. Paralelamente a esta iniciativa, dirigentes agrupados en el Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac, acompañados de varios pobladores marcharon con los hombres del volante, demandando el ordenamiento del comercio ambulatorio, destitución de funcionarios corruptos (designados por la actual autoridad), e investigación de la tragedia ocurrida en el hotel Alhambra donde murieron 15 personas en medio de una boda (Correo, 03/02/19).

La mayoría de estas protestas tuvo un canal de expresión el 28 de noviembre del 2019 con el Paro Regional convocado por el Frente de Defensa. Dentro de sus demandas, además de las reivindicaciones estudiantiles, por una Asamblea Constituyente y contra la corrupción estatal, se encontraba la exigencia de respeto a los 17 puntos del contrato de MMG Las Bambas que Vizcarra prometió hacer cumplir a la empresa.  

Regresando al tema que nos convoca, en setiembre del 2015, hubo un conflicto también contra Las Bambas, por parte de las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas, que paralizaron sus localidades demandando una consulta previa en el tema del EIA (que fue modificado), dejando como saldo 3 muertos, 11 heridos y varios detenidos. Después de dos semanas llegan a una tregua con el gobierno a cambio de que se levante el Estado de Emergencia y que se vea el caso de 11 familias que exigían más dinero por sus tierras.

El falso compromiso de Vizcarra le echa más leña al fuego

La comunidad suspendió el paro, la empresa siguió funcionando, pero el conflicto también continuó. Por esta razón, el 09 de diciembre del 2016, Martin Vizcarra, en ese entonces Ministro de Transportes, viajó a la localidad que estaba en lucha, y se comprometió a realizar el Plan de Desarrollo de Cotabambas.

«… Es así que, ante cientos de pobladores apurimeños, el ministro de Transportes y primer vicepresidente del Perú Martín Vizcarra , se presentó ante la población, acompañado de titulares de Justicia Marisol Pérez Tello y Agricultura, José Manuel Hernández. Juntos expusieron la hoja de ruta que deberá seguir el citado plan, que en un primer término fue bien recibido por la población, sin embargo, para el final fue criticado principalmente por no considerar soluciones a corto plazo, ni un cambio inmediato en el Estudio de Impacto Ambiental, según los moradores…», redactó Proactivo (09/12/16).

El tan celebrado Plan constó de 158 proyectos que demandaban más de 2 000 millones de soles (865 millones debió poner el Estado, 600 millones MMG Las Bambas, 560 millones el GRA y 30 millones la municipalidad de Cotabambas) hacia el 2021. Y cuya ejecución debió comenzar el primer trimestre del 2017.

Vizcarra prometió, «asfaltar 300 km de vía del llamado Corredor Minero con la construcción de 9 puentes en Cotabambas que debió culminar en el año 2018. Prometió que para el 2021 la inversión en saneamiento sería de 1 189 millones de soles (34 proyectos de ampliación, mejoramiento e instalación de agua potable y desagüe, así como la instalación de energía eléctrica en Pumamarca-Hatupampa (Tambobamba), así como el servicio de internet en Tambobamba y en todas las capitales de las provincias de Apurímac», (portal Activo.pe).

En Educación, se comprometió a contratar a 65 profesores para inicial, primaria y secundaria en Cotabambas, así como equipar 6 centros de educación inicial y uno de secundaria, además de mejorar la infraestructura de otro centro inicial y la instalación de aulas pre fabricadas en Cotabambas y Huaquira.

En Salud, se prometió para el 2017, la construcción de tres hospitales en Huaquira, Cotabambas y Challhuahuacho, así como la contratación de personal médico profesional en odontología, enfermería y medicina general. Esto con la finalidad de reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia en 8 200 niños, así como la implementación de programas sociales para ocho mil familias y 15 mil niños a un costo de 2.8 millones.

De todo el Plan de Desarrollo de Cotabambas, a pesar de haber pasado algunos compromisos como el del asfaltado del Corredor Minero que estaba pronosticado para el 2018, se avanzó muy poco o nada.

Criminalización de la protesta social y liberalismo hipócrita

Es así como llegamos a esta nueva situación conflictiva donde la huelga comunitaria comenzó con la nueva comunidad de Fuerabamba (ubicada en el fundo Yavi Yavi, en la provincia fronteriza de Cotabambas con Cuzco), con bloqueo de la carretera del Corredor Minero (Apurímac -Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay -Cusco- y Las Bambas -Apurímac- con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani en Arequipa ), llevando más de 50 días, y con su presidente y dos asesores legales, «detenidos preventivamente», acusados de pertenecer a una asociación criminal de extorsionadores.

Detención curiosa ya que la única prueba que muestran es el pedido de $30 millones por el uso de un tramo del Corredor Minero. Esta cuestión ha sido utilizada por periodistas connotados como Rosa María Palacios para decir que, «los comuneros no son tan pobrecitos», tratando de decir que porque tienen plata no tienen razón para reclamar sus derechos, cuando lo que estamos viendo es que, en las alturas políticas, se están muriendo de miedo porque fue el propio Vizcarra el que hizo demagogia con todo el pueblo al prometer el oro y el moro, sin una base política-técnica sólida al respecto.

Para desacreditar la lucha comunitaria, la gran prensa caracteriza al presidente de la comunidad como un simple oportunista que lucra utilizando a la comunidad, «…La misma suerte ha tenido su líder Gregorio Rojas, de 34 años, hoy detenido bajo cargo de extorsión. En febrero de 2012 compró un minibús marca Hyundai por US$55,174 y una camioneta Nissan modelo Frontier por US$10,000…», (Perú 21, 26/03/19). Este es el colmo de la hipocresía capitalista.

Más de 200 años de agitación del liberalismo económico para incentivar la libertad individual de hacer riqueza para que ahora nieguen el derecho de los ciudadanos comuneros a mejorar su calidad de vida. Esta es la inconsecuencia del liberalismo de RMP, Tafur, Meléndez, Rodrich, entre otros. Pero no solo es inconsecuencia sino una hipocresía vulgar ya que a la vez que, por un lado, denuncian a los «asesores extorsionadores», callan en mil idiomas el multimillonario negocio de transporte de PPK a través de SERVOSA (¿no debió ser expropiado por corrupción y el caso Westfield Capital?), la fuga de capitales por miles de millones, el pago de una deuda externa ilegítima y la confiscación del salario de las/os trabajadoras/es a través de impuestos al consumo como el IGV.

A continuación, han difundido unos audios de los implicados diciendo que, » Los diálogos telefónicos entre los hermanos Chávez Sotelo y los dirigentes de la comunidad de Fuerabamba, a lo que se suman las manifestaciones de colaboradores eficaces, sirven de sustento al fiscal Jafet Velásquez para acusarlos de extorsión en supuesto agravio de la compañía MMG. Aparte de los Chávez Sotelo, también han sido arrestados el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura, y los coordinadores entre la mina, los campesinos y los abogados, Carlos Vargas Arizaba y Rafael Valdivia Bolívar…», (diario La República, 27/03/19).

Un audio interceptado por la fiscalía entre Chávez Sotelo y una mujer no identificada todavía dice:

«… JCh: Ahorita estamos en tira y afloja.

NN: Ah, ya.

JCh: Ahora la empresa nos ha ofrecido 3 millones. Hummm… Es una cojudeza, pe’ ¿no? Entonces, le hemos hecho una propuesta de 80 dólares el metro cuadrado». 

El staff de abogados Chávez-Sotelo, también asesora a otras comunidades aledañas como Pumamarca, Choqueca y Quehuia, pidiendo a la empresa china como indemnización, montos por 50, 80 y 20 millones de dólares, respectivamente. No cabe duda que los Chávez Sotelo han visto el negocio de su vida asesorando a estas comunidades, y como cualquier staff de abogados, en una sociedad capitalista, van a sacar provecho de esto.

«…Pero ¿por qué la empresa y el Poder Ejecutivo no tomaron el problema como algo serio desde el 2018? El año pasado, en diciembre, el Ejecutivo «cerró» unilateralmente la mesa de diálogo. Entiendo que el asesoramiento de dos abogados de dudosa reputación como los Chávez llevó a una posición extrema, pero ¿quiénes no cumplieron con sus promesas?, ¿los comuneros o la empresa? …», escribió la analista Rocío Silva Santisteban (» La protesta ahora es crimen organizado», La República, 26/03/19).

¿Es injusto? Si pues, pero ¿qué quiere la fiscalía?, ¿Qué los abogados no cobren por sus servicios laborales?, ¿Qué los comuneros contraten a un carpintero para ver temas legales con el staff de abogados de la empresa china? En verdad, lo que está detrás de todo esto es una delicada y peligrosa estrategia de campaña política de criminalización de la protesta social orquestada desde la administración Vizcarra, con el fin de imponer sus planes de ajuste neoliberal.

Prisiones preventivas y semibonapartismo

Las prisiones preventivas eran una excepción a la norma en el mundo de la jurisprudencia peruana. No obstante, los grandes escándalos de corrupción que tuvo un punto de inflexión con el asesinato del consejero ancashino Ezequiel Nolasco, conllevaron a la prisión preventiva del entonces gobernador César Álvarez (quien se entregó a la justicia el 16 de mayo del 2014).

Con el descubrimiento del affaire Odebrecht, las prisiones preventivas, fueron utilizadas como un mecanismo de extorsión política contra los adversarios del gobierno de turno. Utilizando hábilmente el sentimiento anti aprofujimorista, Vizcarra, operativizó la prisión preventiva de Keiko Fujimori e intentó lo mismo con Alan García.

Es cierto que Keiko y Alan merecen estar en la cárcel no solo por haberle robado a la nación (recortando el presupuesto a la salud, educación, etc.), sino por la entrega de recursos estratégicos del país como los puertos, aeropuertos, energía, electricidad, etc. a intereses económicos reaccionarios y foráneos y emitiendo bonos de deuda pública que termina endeudando a las futuras generaciones (en Argentina, para salir de la bancarrota de la deuda, cada argentino tiene que pagar más de $7000).

Pero las prisiones preventivas desvirtúan todo el proceso legal contra Keiko y Alan dándoles razones para su libertad al apelar al «respeto del debido proceso y la independencia de poderes».

Y es que, si quieren meter preso a Alan, éste va a plantear que, con el mismo criterio que lo quieren encarcelar (partido político como asociación ilícita para delinquir, colaboradores eficaces y dinero de Odebrecht), también deberían estar presos Toledo, Ollanta-Nadine, PPK, Susana, y hasta el propio Vizcarra. Pero como éste último está en el poder político, y los antes mencionados son aliados del gobierno, pues, probablemente no les pase nada (aunque la crisis es tan compleja que los poderes facticos pueden decidir que Ollanta, PPK, Susana o Castañeda vayan presos).

En verdad, las prisiones preventivas (así como el referéndum), son métodos que utilizan los gobiernos semibonapartistas (concentración autoritaria del poder en una persona arbitrando entre los partidos y clases en contienda, pero muy limitadamente al no poder dar concesiones a las masas), para imponerse, desapareciendo o encarcelando a la oposición política que pone en peligro la nueva recomposición política de la gobernabilidad pro burguesa.

Es esto lo que estamos observando atónitamente ahora con la prisión preventiva del presidente de la comunidad de nueva Fuerabamba y los asesores legales Chávez Sotelo.

«… El artículo 200 del Código Penal ha sido modificado para que una toma de carretera sea delito de extorsión agravada con penas de 15 años, más que homicidio… ¡qué es esto! Criminalización de la protesta pura y dura. En Arequipa una fiscal ha intentado convertir la estructura de un Frente de Defensa en crimen organizado, en Fuerabamba se está probando lo mismo, con la dudosa imaginación para los alias de algún oficial de la PNP (los Chávez han sido bautizados como «los Chabelos»). Yo no voy a poner mis manos al fuego por estos dos individuos, pero sí creo que se está utilizando este proceso para convertir a las comunidades que se quejen en bandas, crimen organizado, mafias, al mejor estilo de cualquier dictadorzuelo caribeño», redactó la catedrática y analista Rocío Silva Santisteban (» La protesta ahora es crimen organizado», La República, 26/03/19).

Y esta cuestión la han comprendido bien las/os comuneros lugareños que han exigido la libertad de su dirigente para sentarse a negociar. Y es que la carretera de estas comunidades campesinas (para pastear su ganado y movilizarse de un lugar a otro), declarado por el Gobierno como carretera nacional para que lo utilicen al día unos 250-500 camiones de gran tonelaje, ha sido motivo de periódicas protestas campesinas desde hace cinco años, que se saldaron con 5 muertos entre el 2015 y 2016. Eventino Cereceda Huilca, Alberto Cárdenas Chalco, Beto Chahuallo Huilca, Ezequiel Mamani y Exaltación Huamaní, son los nombres de héroes anónimos del pueblo combativo de Cotabambas (que tiene sus raíces en la cultura milenaria chanca).

La administración Vizcarra, cínicamente, dice que no puede hacer nada porque «eso depende del Ministerio Público», pero es una cuestión objetiva, como decimos líneas arriba, que la justicia burguesa peruana no es imparcial y está siendo utilizada como un método de extorsión política para subyugar a los dirigentes comunitarios.

Y en efecto, aunque la Empresa señala que hay un proceso judicial desde el 2017, el periodista Nicolás Lucar, acaba de redactar, «…Ahora está claro. La decisión de criminalizar la protesta social en Las Bambas partió del gobierno, que estuvo a punto de ceder a la presión de quienes quieren que la crisis en Yavi Yavi se resuelva a sangre y fuego. Los hechos ocurrieron más o menos así. El abogado Juan Portocarrero Zamora, Procurador Público Especializado en Asuntos de Orden Interno del Ministerio de Interior, presentó ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Abancay una denuncia por los delitos contra la paz pública, organización criminal y delito contra el patrimonio en la forma de extorsión en contra de Gregorio Rojas, Rafael Valdivia, Edison Vargas y Noemí Portilla, dirigentes de la comunidad campesina de Fuerabamba y contra sus abogados Jorge y Frank Chávez Sotelo y Carlos Vargas…», («Las Bambas: Corregir el error», diario Exitosa, 27/03/19).

Frente a esta denuncia, la posterior conferencia de prensa del premier Salvador Del Solar, no ha dicho nada. Como dice el dicho, «el que calla, otorga».

Un Estado de «cuello blanco»

Esta situación de impase está llevando a una mayor polarización. El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantaron, y las seis provincias de la región, han difundido un pronunciamiento donde exigen el cese del Estado de Emergencia, la libertad del dirigente detenido, el cumplimiento irrestricto a la Empresa china de las 17 condiciones del anexo K del contrato original, y el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas aprobada el 22/10/16 (que contó con la presencia del entonces ministro de transportes y actual mandatario).

Y es que el gobernador está contra las cuerdas y sabe que para sobrevivir políticamente (ganó las elecciones a las justas), tiene que ponerse del lado del pueblo. Además, ellos están reclamando algo que es democrático como el respeto a las 17 condiciones firmada por la empresa, así como el levantamiento del Estado de Emergencia, que se declara en casos extraordinarios y por cierto tiempo, pero que en Apurímac ya lleva dos años.

Por otro lado, está el negocio redondo e injusto de las concesiones mineras que alimenta el caótico Estado capitalista. Como señala el periodista Nicolás Lucar, «…El oro pasó de USD 887.70 la onza en el año 2008 a USD 1669 el año 2012. En ese mismo periodo la plata pasó de USD 14.96 la onza a USD 31.17. Para hablar en simple, duplicaron sus ingresos sin que subieran sus costos de producción. El modelo actualmente en vigencia en el Perú excluye de manera tajante la explotación estatal de los recursos mineros. Pero en Chile, modelo de liberalismo económico para muchos, CODELCO, una empresa estatal, es la principal corporación minera del país, que explota entre otros el principal yacimiento de cobre del mundo, la mina El Teniente. Eso permite que enormes recursos estén disponibles, por ejemplo, para sostener una de las Fuerzas Armadas más poderosas de la región y para engrosar las arcas públicas. A diferencia del Perú, en Canadá y en algunos estados de los Estados Unidos, el propietario del suelo tiene derechos sobre el subsuelo, lo que permite que los habitantes de las regiones ricas en mineral sean socios de los proyectos de desarrollo minero y los principales interesados en su explotación. Lo que tenemos enfrente es una discusión que va más allá de cuánto están dispuestas a pagar las concesionarias a comuneros que reclaman compensaciones, porque más de la tercera parte de las concesiones mineras se sobreponen a tierras comunales…», (L a cuestión minera, 26/03/19).  

Y en efecto, en países liberales como Chile o Brasil, las empresas estratégicas como el cobre o el petróleo, respectivamente, siguen en manos del Estado, porque son fuentes claves de ingresos de divisas. Solo en algunos países como Perú el liberalismo es inconsecuente y contradictorio porque plantean reducir el Estado, pero cuando se trata de salvaguardar los intereses de los banqueros de la bancarrota (banco Nuevo Mundo) o de los multimillonarios ingresos y despilfarros de las AFPs, pues, son los primeros en acudir al apoyo del Estado.

A esto hay que sumar las estafas de los EIA y las consultas previas amañadas que realizan las transnacionales con la venia de los funcionarios del Estado como ha pasado en Tía María y ahora en Las Bambas.

Otro ejemplo del Estado de Cuello Blanco es el gran negociazo que se realizó en torno del gasoducto del sur que no solo se multiplicó de $1000 millones a $7000 millones (que con adendas y todo involucra a varios gobiernos y que no está dentro del Acuerdo de Odebrecht, ¿Porqué será?), sino que está en un arbitraje en el CIADI, donde según los expertos, el Estado peruano tiende a perder y va a tener que pagar aproximadamente $1000 a Odebrecht.

¿Y porque pasa esto? Porque tenemos un Estado de «cuello blanco», que Vizcarra, prometió reformar, pero al final, como señalamos en notas de análisis anteriores, no era más que una política gatopardista, de «querer cambiar algo para que nada cambie». Y es que lamentablemente, el tema de la corrupción en el Estado no se va a solucionar con una reforma sino con una revolución social que ahora pasa porque todos los jueces y fiscales elegidos a dedo por los partidos de turno (tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo), sean elegidos por voto universal.

Una crisis que expresa el derrumbe del régimen político

En Apurímac, los movimientos independientes, disputaron el gobierno regional. Los resultados electorales fueron los siguientes: Llankasun Kuska, Movimiento Popular Kallpa, APP, Frente Amplio, Somos Perú y Acción Popular, conquistaron 38 482 votos, 35 644 votos, 31 375 votos, 31 131 votos, 22 047 votos, y 7 176 votos respectivamente (de 234 039 electores).

En el caso de la provincia de Cotabambas, Somos Perú, gano las elecciones con 516 votos, mientras que APP, Perú Libre, FA, FREPAP, KUSKA, AP, consiguieron 398, 288, 198, 162, 93 y 90 votos (de 3241 electores hábiles), respectivamente. En el distrito de Tambobamba ganó Perú Libre. En Coyllurqui ganó el Frente Amplio. En Mara ganó Democracia Directa. Y en Haquira y Challhuahuacho ganó Somos Perú. En otras palabras, Somos Perú y las diversas articulaciones de izquierda tienen presencia en Cotabambas, lo que implica que ésta última podría ejercer un rol más protagónico en el conflicto llevando al movimiento hacia la victoria.

Pero, al parecer, ninguno de estos plantea una campaña unificada de agitación y de contenido programático y no tiene vínculos organizacionales y programáticos serios con la comunidad de nueva Fuerabamba. Hay ausencia de «puentes» entre la región de Apurímac y la administración Vizcarra. Esta cuestión podría explicar la demora en hacerse conocido la agenda de la comunidad de Fuerabamba.

Todos los partidos políticos del Congreso de la República, con sus diferencias internas o estrategias políticas, han salido a demandar el respeto al «principio de autoridad» del Ejecutivo. «Los Comuneros están armados con Huaracas, es un arma letal. Espero que el Ministerio del Interior no envíe PNPs desarmados. No debemos olvidar que en Tía María falleció un técnico PNP apedreado. Se ha dejado que crezca el conflicto de las Bambas, tiene 50 días. ¡No aprendimos nada de Bagua!», declaro el vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino (Exitosa, 27/03/19).

El congresista Richard Arce fue elegido por el Frente Amplio con 10 076 votos, pero en la ruptura entre ecologistas y liberales, pues, se definió por los últimos integrando la bancada de Nuevo Perú, que tiene a Verónica Mendoza como ex candidata presidencial. En una reciente entrevista, Arce, denunció la actitud demagógica del gobierno, pero con una estrategia de aggiornamiento al Estado capitalista, «…por favor dialoguemos, ojo, más allá del problema de la empresa minera, acá hay un problema de ausencia del Estado, y es el propio Vizcarra el que se ha comprometido con Cotabambas, firmando el plan de desarrollo de Cotabambas…están procesando y criminalizando a los comuneros …a consecuencia de ese estado que no sabe dialogar…la población no recibe el beneficio…por una cláusula que existe en el contrato, no reciben canon minero…», (ATV, 15/03/19).

Estamos de acuerdo en que hay que dialogar, pero esta tiene que ser la voluntad de ambas partes. Sin embargo, señala que hay «ausencia de Estado» (¿ausencia de Estado?). El Estado burgués, está presente con la presencia represiva de la policía y los militares, y como estamos viendo, representa, en la práctica, los intereses de los poderes fácticos del país como la MMG Limited. Ellos no quieren dialogar, quieren sangre. Comprenden que de salir victorioso el pueblo fuerabambino, varias comunidades aledañas seguirán su ejemplo. El incidente del helicóptero será usado como una manipulación de la opinión pública contra las comunidades. La situación es muy delicada en la zona.

En Cotabambas hay una medición de fuerzas. Si no fuera por la contundencia de la protesta social, los militares y policías hubieran reprimido hace rato. La única forma de conquistar una salida democrática es llevando a cabo una campaña militante, agitativa, organizativa y de agitación de toda la región de Apurímac por la libertad de los presos y el respeto a los compromisos asumidos por la empresa y Vizcarra con la comunidad, que es justamente lo que NP y Arce no están haciendo metódicamente a pesar de haber obtenido 10 076 votos. Por su lado, el Frente Amplio (FA), a pesar de hacerle un agasajo por su trayectoria de lucha a Hugo Blanco en el Congreso de la República, no ha podido articular un movimiento social sólido para realizar esta tarea a pesar de que tiene algunos municipios y un apoyo electoral significativo.

Existe además una postura dentro de un sector de la izquierda antiimperialista que embellece al Vizcarrismo pensando que éste genuflexo presidente va a ser consecuente en la «lucha contra la corrupción» y le aconseja desde las redes no dejarse llevar por los «que quieren sangre». Es la misma posición liberal de izquierda que apoyó a la «segunda fase de la revolución militar que tenía al dictador Morales Bermúdez como presidente». Para desgracia del redactor, el ascenso de Morales terminó en una sangría y corrupción histórica con un paquetazo pro FMI que despidió a más de 5 mil obreros.

Si existiera un partido revolucionario y socialista en Cotabambas hubiera generado organismos unitarios de poder dual que se extiendan a nivel regional, macroregional y que coadyuven al desarrollo de la conciencia política de las trabajadoras/es del campo y la ciudad, en perspectiva de la victoria y la ruptura con la alienación capitalista.

Y claro que, al no hacerlo la izquierda liberal, han sido las propias comunidades las que han convocado al Paro Regional, al cual se han visto obligados a plegarse el gobernador y los alcaldes, demandando la libertad del dirigente detenido. En el caso de los asesores, mientras que el pueblo también reclama por su libertad, pues, las autoridades políticas discrepan.

Lo que estamos presenciando en Apurímac es una expresión regional del derrumbe del régimen político. La bancarrota moral se mezcla con la bancarrota política y económica del gobierno y sus aliados políticos de la zona como Somos Perú, APP y un sector de la izquierda liberal (que son aliados en el Congreso de la República), para solucionar una crisis que está presente desde hace años y que le puede costar caro al inquilino de la Casa de Pizarro.

La sombra del Andahuaylazo a un nivel superior: El Paro regional indefinido

Y es que Andahuaylas, centro económico, histórico y comercial de Apurímac, fue escenario el 01 de enero del 2005 de una insurrección etnocacerista, que puso contra las cuerdas a la administración Toledo. La heroicidad etnocacerista fue inspiradora. No obstante, por más democrático que haya sido su Manifiesto de Lucha, al estar, la medida de combate, desvinculada orgánicamente de las masas, solo fue cuestión de tiempo, para que los sublevados, tengan que entregar las armas y purgar cárcel, como al final, sucedió.

No obstante, la sombra del Andahuaylazo, está presente en el imaginario colectivo de la población apurimeña. El propio Antauro desde la cárcel a caracterizado a la zona como un polvorín. Líneas arriba hemos descrito todos los factores de corrupción, pobreza, desnutrición, violencia hacia la mujer, etc. que están presentes en la realidad cotidiana. «la necesidad se expresa a través del accidente», decía el filósofo Hegel. Y la represión de la protesta comunitaria de Las Bambas puede convertirse en ese «accidente» que desencadene la rabia acumulada de todo el pueblo.

Según los informes que llegan, el Paro Regional, recién comenzaría mañana. No obstante, Frentes de Defensa, sindicatos de construcción, juntas de riego, estudiantes, profesores, comerciantes, etc. han salido a movilizarse en solidaridad con sus hermanos de Fuerabamba. Y es que el Paro genera una sinergia que unifica a todos las/os pobladores (ocupados y desocupados, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos) y desarrolla una conciencia colectiva y revolucionaria que eleva la moral de combate. Durante el Paro se desarrollan organismos de poder dual y las decisiones la toman todas las/os trabajadoras/es. En verdad, la huelga general indefinida es un paso a la insurrección popular.

El impasse de la administración Vizcarra

«… Una posibilidad que se esbozó anoche era de que nos pongamos de acuerdo (con la comunidad de Fuerabamba) en liberar la vía (Corredor Minero Sur), frente a ello el Gobierno Nacional podría evaluar la posibilidad de levantar el Estado de Emergencia y hacer una tregua hasta que la comunidad pueda resolver la recomposición de sus autoridades en función de cómo evoluciona el proceso judicia l», declaró el viceministro de gobernanza territorial, Raúl Molina (diario Gestión, 26/03/19).

Luego, declaró, » Manejamos una posibilidad de que el alcalde de Cotabambas conduzca una iniciativa para poder abrir una ventanita de diálogo. Si esto se da, el ministro Ísmodes (de Energía y Minas) y yo iremos hoy a Cotambas.   No vamos a parar hasta abrir una ventanita que nos permita reconstruir la situación que se ha tensionado a través de la detención del día jueves». Pero luego el alcalde de Cotabambas participó del apoyo al Paro regional. La situación es compleja y contradictoria ya que el alcalde es de Somos Perú, un partido que es parte del derrumbe del régimen político.

«Es una vía nacional no puede ser bloqueada.   Lógico, como condición nosotros ponemos que debe abrirse la pista. No puede ser bloqueada, eso está penado, sin embargo,   queremos insistir todavía en el diálogo … «, declaró el Ministro de Defensa, José Huerta (Correo, 27/03/19), como si estuviera caminando sobre una línea delgada roja, al tener en cuenta también que la empresa China acaba de plantear el posible cese de la mina (cada día pierde $ 6 millones).

Por esta razón, el premier Salvador Del Solar, acaba de enviar una comisión de alto nivel, integrada por los ministros de Salud, de Desarrollo e Inclusión Social y de Transportes y Comunicaciones. No obstante, en la Conferencia de prensa, declaró, que no pueden liberar a los detenidos porque esa es una competencia que depende del Poder Judicial. La Comisión no resolverá nada y entonces lo más probable sea que la población demande la presencia del premier y del propio Vizcarra.

Sin embargo, los comuneros ponen, justamente, como condición para dialogar con el gobierno, la liberación de sus asesores y dirigente Gregorio Rojas Paniura. Vizcarra y sus consejeros pensaban que, con la detención preventiva del presidente comunitario y sus asesores, la población se iba a amilanar y desarticular (¿o será que fue a propósito para lograr la fuga de los chinos y favorecer al capital transnacional canadiense o yanqui?). Pero nada de eso ha sucedido. Los que están dirigiendo ahora la lucha también están denunciados y algunos con orden de captura. La comunidad está en huelga más de 50 días. Al parecer, han llegado a la conclusión que no tienen nada más que perder en la vida. Al final, como dice el joven vicepresidente, Edison Vargas, » …estamos dispuestos a morir luchando por nuestros derechos».

«…Ya no es un win win solution, sino un loose loose solution para el gobierno…», señaló el analista Álvarez Rodrich. «…Ahora, es raro, porque con la cantidad de dinero que hay sobre la mesa, no debería haber loose loose, todos deberían ganar algo, donde las comunidades reciban no sé si todo, pero una parte y que la empresa siga haciendo el formidable negocio que está haciendo…», declaró Mirko Lauer (La República, 25/03/19).

Y no es para menos lo que señalan los analistas liberales del diario La República. En verdad, el gobierno está en un impasse. La comunidad de Fuerabamba, en la dinámica de la lucha de clases y de perder la vida de hermanas/os suyos, y después de haber aceptado el acuerdo con la empresa china, está sacando la conclusión que prefiere vivir tranquila (sin ruido y pastoreando sus animales) y que no quiere plata. El propio gobernador Baltazar Lantaron fue vitoreado cuando trató de acercarse a los huelguistas. El gobierno tuvo la estrategia de «pasear» a los comuneros esperando que se cansen y desmoralicen, lo que no sucedió ya que el pueblo tiene tradiciones milenarias de lucha. Al contrario, están más exacerbados, pero también pueden llegar al cansancio. Una huelga indefinida distrital de casi 60 días no es cualquier cosa (la solidaridad de otras comunidades y de Lima será importante para la moral del pueblo comunero).

Curiosamente, el helicóptero donde supuestamente viajaba la Comisión de Ministros, fue atacada por los comuneros con huaracazos. Cuestión que acaba de ser desmentida por el vicepresidente de la comunidad. «… En este sentido, señaló que el helicóptero donde se transportaron los ministros continúa en el fundo Yavi Yavi, sin los daños mostrados en las fotos circuladas por la prensa: «la foto del helicóptero con la ventana rota no pertenece al fundo Yavi Yavi, es otro helicóptero…» (Exitosa, 28/03/19). Esta cuestión pudo ser «armada» por el Estado para victimizarse y crear confusión en las clases medias y populares y a la vez ganar tiempo (ya que no hay fotos contundentes que involucren a comuneros de la zona), para «encontrar un interlocutor válido». El impase también es que los interlocutores que quiere imponer el gobierno como el gobernador o el alcalde de Cotabambas son, por ahora, rechazados por la población.

A la vez el vicepresidente también declaró que, «… ¡Nosotros hemos abierto esta mina y vamos a cerrarla! ¡No importa que haya matanza!».

Hubo una información de que Vizcarra tenía listos 2000 policías y 300 militares para desbloquear la carretera. Al parecer, a última hora, dio marcha atrás. Y es que Vizcarra sabe lo que es una revuelta social ya que él fue intermediario durante el Moqueguazo. Así como están las cosas, una represión fuerte, puede desembocar en una guerra civil o un levantamiento popular que «tiraría por la ventana» toda su demagogia de lucha contra la corrupción. Pero si no reprime también puede encontrarse con una nueva crisis por incapacidad para «imponer el principio de autoridad» que tanto le reclama la patronal y los aliados y opositores del Congreso de la República, pudiendo producir el envalentonamiento de las comunidades aledañas y luego un vació de poder y la caída del premier y hasta del mandatario. Si Vizcarra quiere una solución pacífica tendría que liberar al dirigente o exigir la renuncia de su ministro de energía y minas para dar una señal de diálogo, pero de hacerlo implicaría un paso atrás en su estrategia semibonapartista (de poder personal), y de ofensiva política, pero de no hacerlo, el impase se prolongará. Los siguientes días serán decisivos.

De sostenerse y fortalecerse el Paro indefinido y extenderse a otras regiones donde la izquierda, los quechuas-aimaras y los «independientes» son gobierno como Junín, Puno, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco, Cusco, Arequipa, etc. y de entablar una estrategia orgánica y programática seria (libertad para los detenidos, solución efectiva al Plan de Desarrollo de Cotabambas, construcción del mineroducto, título de propiedad comunitarios, participación de la clase obrera y comunitaria en la administración de la empresa, aumento de salarios, etc.), con la clase obrera minera, y trabajadora de las ciudades, desarrollando organismos de poder dual y comités de autodefensa, la lucha estará a un paso de la victoria.

Finalmente, la relación conflictiva entre comunidad-mina transnacional y la minería per se como slogan de desarrollo nacional, así como la fracasada regionalización, debe llevarnos a una mayor deliberación política popular que solo puede hacerse a través de una Asamblea Constituyente (soberana y con poder; y como una consigna transicional hacia un gobierno de las/os trabajadoras/es), que supere el estadio de derrumbe del régimen político por otro con un Estado realmente democrático y de características socialistas, andinas y amazónicas.

César Zelada. Director de la revista La Abeja (Teoría, análisis y debate).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.