A principios del 2017 escribimos un artículo de análisis titulado «cuatro salidas a la crisis nacional», donde analizamos que una de las tendencias a desarrollarse, producto de la crisis política entorno a Odebrecht, era hacia una «crisis del régimen y el adelanto de elecciones» (http://www.rebelion.org/noticias/2017/2/222578.pdf). Una tendencia golpista en desarrollo con muchas contradicciones Han pasado […]
A principios del 2017 escribimos un artículo de análisis titulado «cuatro salidas a la crisis nacional», donde analizamos que una de las tendencias a desarrollarse, producto de la crisis política entorno a Odebrecht, era hacia una «crisis del régimen y el adelanto de elecciones» (http://www.rebelion.org/noticias/2017/2/222578.pdf).
Una tendencia golpista en desarrollo con muchas contradicciones
Han pasado 9 meses y el desarrollo de los acontecimientos nos ha dado la razón. La mayoría de notables analistas e intelectuales están discutiendo las formas de la intentona golpista -si adelanto de elecciones o sucesión presidencial- y si el APRA es parte de la conjura antidemocrática (http://larepublica.pe/politica/1147695-tres-d-crisis-alguien-esta-ganando). Nos encaminamos a una situación más inestable y polarizante entre sectores de los poderes facticos.
Existen ya elementos de una crisis del régimen (denuncias de corrupción entre los tres poderes del Estado poniendo en cuestión el equilibrio de poderes de Montesquieu), y la nueva ofensiva apro-fujimorista («pidiendo la cabeza del Fiscal de la Nación -con un respaldo de solo el 31% de la población según la encuestadora IPSOS-, de 4 magistrados del TC y la sumisión del presidente PPK al Congreso -que según la misma encuestadora es respaldado por el 81% de la población-), apunta a un golpe de Estado desde el Congreso de la República (que tiene una desaprobación del 66% – https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2017-11/6201117INF_V5_13Nov17%20%28OD%29.pdf).
Los fiscales parece que van a seguir hasta el final y ya deben estar coordinando con la DEA las investigaciones al fujimorista Joaquín Ramírez. Hay un plan maquiavélico en marcha articulado con los medios (exitosa, correo, etc.), pero Keiko no tiene un estratega como Montesinos (que tenía formación militar, era más metódico e inteligente a la hora de elaborar la estrategia de acumulación y correlación de fuerzas). Por eso, en sus elucubraciones debe ser consiente que puede quedar aislada políticamente.
Así las cosas, las declaraciones de Marcelo Odebrecht, confirmando que Keiko y Alan García, han recibido plata para sus campañas electorales, y que PPK, fue consultor de la constructora, han generado una guerra en las alturas, al no ponerse de acuerdo en cómo enfrentar las contradicciones que genera el escándalo (que embarra no solo a varios partidos sino a poderes económicos como el grupo Graña y Montero que es parte del establishment político).
Al parecer, PPK, tendría un pacto con la Casa Blanca (quien inició esta arremetida contra Odebrecht porque le estaba quitando mercados inmobiliarios en los continentes tercermundistas, por ser el símbolo de la patria grande brasilera y además por estar financiando partidos políticos de izquierda latinoamericanos), y por eso no estaría tan preocupado (el encubrimiento del expresidente Toledo en EE.UU. es una prueba de esto), y a la vez explicaría porque no ha llegado a un acuerdo con Keiko y Alan sobre el affaire Odebrecht ( a pesar que PPK viene co-gobernado con estos). Es decir, que el caso Odebrecht tiene sus propias leyes y dinámica, y como en Brasil, va a terminar embarrando a varios partidos que son parte del status quo (pero no solo a los de la derecha sino también a sectores de la izquierda reformista).
La debilidad invita a la agresión
Es por esta razón que a pesar que PPK tiene la prerrogativa constitucional de cerrar el Congreso de la República (controlado por la mayoría fujimorista de 71 congresistas de 130), en caso que le censuren dos gabinetes ministeriales (como sucedió con el primero del ex premier Zavala), el mandatario, mira para otro lado. Al contrario, no solo da visto bueno a leyes como la homologación de pensiones entre policías y militares (que le permite a FP hacerse de un bolsón de decenas de miles de votos teniendo en cuenta que perdieron por 42 mil), que impulsó el fujimorismo, sino que negoció con su enemigo el copamiento del Estado desde donde manejan información estratégica (como la SUNAT o el BCR), permitiendo que le socaven desde adentro del Estado.
La estrategia del gobierno desde su toma de mando siempre fue la de la conciliación y el co-gobierno. Es por esto que se comprende porque a pesar de las piedras en el camino que le pone el fujimorismo, el reciente inaugurado gabinete Mercedes Araoz, tiene como ministros a simpatizantes del apro-fujimorismo como Idel Vextler (Educación), Fernando D Alessio (Salud), Enrique Mendoza (Justicia), entre otros, así como la misma premier (ex ministra del APRA). Esta cuestión el fujimorismo no lo entiende como una estrategia política inteligente por el co-gobierno y la defensa del modelo neoliberal (del cual PPK también es acérrimo defensor), sino como una debilidad y como reza el dicho, «la debilidad invita a la agresión».
A cada señal de conciliación, el fujimorismo ha respondido con más cinismo y más demandas, mientras que PPK viene debilitándose incluso en su respaldo popular, que ha bajado de 30% a 27% según IPSOS (otra encuesta como GFK señala que el fuerte del respaldo popular es en los sectores A-B con un 39%, sectores C-D con 24% y E con 22%, http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/PE/documents/GfK_Opinion_Octubre_2017.pdf).
¿Tiene Keiko un Estado Mayor para su plan golpista?
¿Será parte del mismo Alan García, será Galarreta el articulador, hay un Montesinos detrás de todo esto o es solo un plan aventurero frente a las denuncias por lavado de activos a Joaquín Ramírez, ex Sec. Gral de Fuerza Popular (FP)? Son las preguntas de la Academia. Otros como la revista Semana Económica, señalan que los fujimoristas, «no saben utilizar el poder que tienen».
Pues bien, la aparición, hace unos días, del actual Sec. Gral. de FP, José Climper (el que filtró audios fraguados y es del ala dura de Keiko), en los mass media, puede expresar varias cuestiones. Pero una fundamental es que Climper es parte del Estado Mayor de Keiko, así como otros que son parte de su entorno y son conocidos como «La Mototaxi».
¿Quiénes más integrarían el Estado Mayor? Es lo de menos. Lo importante es saber que hay un Plan golpista en marcha y que Alan García también aporta a este Plan porque incluso está más implicado en el escándalo ya que fue gobierno del 2006-2011 y Odebrecht ejecutó importantes obras. Entonces, que los congresistas del APRA estén en desacuerdo con las tácticas es otra cosa. Pero tampoco vemos a algún congresista del mismo denunciando fervientemente este Plan dictatorial.
Y si los fujimoristas han llegado a esta situación es porque son conscientes que después les va a ser difícil volver a «lavarse la cara». A parecer, no hay marcha atrás (por eso están aprobando no solo la Ley de homologación de pensiones policial y militar sino de alimentación saludable -a favor de la patronal-, la de vetar a nuevos partidos políticos o iniciativas populares locales o prohibir aviso publicitario estatal en medios de prensa).
Pero también es complejo su desarrollo. Si plantean adelanto de elecciones pueden perder voto de los indecisos o sectores de centro al desenmascararse como autoritarios.
Por tanto, lo más probable es que socaven y desgasten tanto a PPK, que éste decida por presión y cansancio, dimitir a su investidura presidencial, dejando el poder a su primer vicepresidente. Pero la crisis continuará ya que el vicepresidente Vizcarra no cuenta con respaldo popular y tiene anticuerpos. Solo la segunda vicepresidenta tendría el aval del aprismo para asumir un gobierno de transición, pero el fujimorismo va a negociar su sujeción, para que no le pongan piedras en las elecciones adelantadas.
Un adelanto de elecciones favorece a Keiko Fujimori
Por otro lado, la Academia, está debatiendo que un adelanto de elecciones no le favorecería a Keiko porque se desprestigiaría frente al pueblo. Pero es todo lo contrario. Un adelanto la favorece porque hasta hoy ha venido jugando el rol de oposición (a denunciado todas las debilidades de PPK como la deficiente reconstrucción del Norte, los escándalos sobre Chincheros o el Lobismo de algunos de sus ministros o asesores). Por eso no es casualidad que la mayoría de encuestas le den puntos a favor y señalen que incluso conquistaría más asientos en el nuevo Congreso de la República.
Y para que Keiko haya decidido esta estrategia es obvio que (teniendo en cuenta los errores de la campaña electoral pasada cuando perdió por un error de exabrupto de la Mototaxi – ayudita a PPK de la DEA mediante-), ha reflexionado bastante. Y ha balanceado que si espera hasta el 2021 su bancada en el Congreso se puede desgastar con tantos escándalos de corrupción de sus congresistas, que la crisis de división de la izquierda le conviene, que la recolección inconclusa de firmas de Julio Guzmán también le conviene o que si espera para el bicentenario, pueden aparecer nuevos líderes.
El salpicón de Odebrecht y el laberinto de la izquierda
En todo este contexto de crisis en las alturas es preocupante el laberinto en el que se encuentra la izquierda reformista. Por un lado, porque, a un sector vinculado a Susana Villarán, ex lideresa de Fuerza Social y alcaldesa de Lima, también le está salpicando la corrupción con la última declaración del funcionario Garreta. «… Según informó El Comercio, Garreta dijo que recibió US$3 millones de Odebrecht y OAS por la publicidad en la campaña contra la revocatoria. También indicó que fue Luis Favre quien, a fines del 2012, lo contactó ha pedido del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis; y que habría negociado con Villarán y José Miguel Castro, el entonces gerente municipal de Lima, el contrato para la realización de la campaña del No, en enero del 2013…», (diario La República, 22/11/17).
En sus descargos, la ex alcaldesa dijo, «… Repito lo que he dicho muchas veces desde enero del 2013 y señalé a la Comisión Lava Jato: me reuní a fines del 2012 con el señor Luis Favre, publicista político, quien me fue presentado por el señor Salomón Lerner para conversar acerca de su posible asesoría a la campaña del No…Supe luego que él (Luis Favre) trabajaba para una empresa, FX (Comunicaciones), cuyo dueño era el señor Valdemir Garreta . No me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago como señala El Comercio…Finalmente, repito: nunca he recibido coimas, no las he promovido en mi gestión. Nunca he favorecido a empresas extranjeras y nacionales en procesos de inversión pública o privada desde la Alcaldía de Lima. Soy honesta, no me he enriquecido ilícitamente, vivo con austeridad, siempre lo he hecho…» (diario La República, 22/11/17).
La ex regidora villaranista y ahora congresista, Marizza Glave, que siempre ponía en duda el pago de coimas por parte de las empresas brasileñas, declaró, «Mientras estábamos en una campaña ciudadana enfrentando una mafia, algunos recibieron a nuestras espaldas dinero de empresas corruptas. Me indigna y me decepciona», (La República, 22/11/17).
Mientras que el otro ex regidor de Villarán, Augusto Rey, dijo, «Pregunté (sobre el financiamiento) y me daban como respuesta las contribuciones de Salomón Lerner, otros aportes que estaban llegando. Esas eran las respuestas que dieron. Tal vez debimos preguntar más, esto no se trata de lavarse las manos», (diario El Comercio, 23/11/17).
Pero para la mala suerte de Susana, el diario El Comercio, acaba de publicar un documento de IDL reporteros, donde se dice que, «Barata detalla que, primero, fue contactado por el entonces gerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, para reunirse en su despacho. En dicha cita, detalla que le pidió un aporte de US$3 millones para la campaña del No…Nos pareció absurdo…Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa (Susana Villarán) pidiendo esa contribución. Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces, esa señora tenía una proyección política muy grande […] En ese momento tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso», comentó ante fiscales brasileños en diciembre del año pasado», («Susana Villarán sabía de aportes de Odebrecht», 23/11/17, https://elcomercio.pe/politica/susana-villaran-sabia-aportes-odebrecht-jorge-barata-noticia-476034 ).
De esta forma, pasamos de titulares enfilando baterías contra Keiko y Alan García por recibir plata de Odebrecht a titulares de la empresa constructora embarrando a un sector de la izquierda reformista.
Es en este marco, que el líder y congresista por el Frente Amplio (FA), Marco Arana, tratando de deslindar de la corrupción, acaba de emplazar a su ex candidata presidencial Verónica Mendoza, para que aclare su relación con las agendas de la ex primera dama y hoy presa Nadine Heredia, donde figura su letra.
Y con relación a PPK dijo, «…No nos olvidemos que se trata de un Presidente empresario, de un Presidente banquero. Podría ser investigado por incompatibilidad moral …», (diario Correo, 20/11/17, https://diariocorreo.pe/politica/marco-arana-veronika-mendoza-debe-ser-investigada-fiscalia-celeridad-787244/).
Por su lado, Verónica Mendoza, en una entrevista reciente a canal N, deslindó de las agendas y llamo a la población a movilizarse contra el intento de golpe parlamentario, pero con ambigüedades respecto a PPK, cuando el propio Odebrecht ha declarado que el actual mandatario fue su consultor y éste incluso formó una empresa con Barata y cía.
Sin embargo, a pesar de que ambos se reclaman de izquierda y convocan a la gente a movilizarse contra la corrupción, pues, por un lado, la izquierda caviar, vinculada a Susana Villarán duda por las repercusiones en contra que pueda tener la agitación callejera, mientras que, por otro, ni el FA ni Nuevo Perú, tienen una estructura partidaria sólida, que le permita movilizar masas.
El único movimiento social urbano e independiente (que tenía una perspectiva de desarrollo de masas), de los viejos aparatos políticos de izquierda (que controlan la CGTP, un sector del magisterio y otros sindicatos mineros, textiles, etc.), como lo fue el Movimiento Sin Techo (MST), con quien Marizza Glave y Susana Villarán tuvieron un vínculo importante para que apoyen la campaña del No a la Revocatoria, fue abandonado por las mismas lideresas y cayó en la desarticulación por la división y desmoralización (al no haber más allá de una ordenanza simbólica un apoyo político respecto a terrenos para programas de vivienda popular).
La Iglesia, las FF.AA. y la izquierda radical son las únicas en salvarse del affaire Odebrecht
Así las cosas, solo la Iglesia y las FF.AA. se salvan del escándalo de Odebrecht. La iglesia católica (la evangélica está dividida entre el fujimorismo y el apoyo a Acuña), hasta ahora no ha denunciado la corrupción como tampoco las FF.AA. debido a su carácter discrecional. En este sentido, solo ellas podrían, en una eventual crisis revolucionaria, intermediar como árbitros políticos.
Mientras que, por otro lado, la izquierda radical integrada por varios colectivos y agrupaciones como Integración Estudiantil, Todas las Voces, Izquierda Socialista, Los Amautas, Comité Malpica, UPM, etc. También quedan indemnes de este escándalo, pero sin la capacidad política de convocatoria de masas. Y es que cunde mucha confusión incluso en sectores que, sí tienen la capacidad de movilizar gente como el movimiento feminista Ni Una Menos, pero que está influenciado por la izquierda caviar.
Por su lado, Gregorio Santos, Antauro Humala y el MOVADEF, también podrían capitalizar políticamente ya que son conocidos a nivel nacional.
¡Unidad y Movilización por una Asamblea Constituyente libre y soberana!
Como decimos anteriormente, la crisis política en las alturas, tiene sus propia dinámica, al igual que en Brasil, se puede generar una tormenta de escándalos a medida que vaya avanzando la investigación y las delaciones premiadas pongan nuevos nombres en la prensa, pero al final, como pasa con el gobierno de Temer, la derecha puede retomar la iniciativa política y restablecer el orden burgués, previo acuerdo entre los poderes políticos y económicos en conflicto.
Pero también puede darse el caso de si, como analizamos anteriormente, Washington mantiene su acuerdo de no ceder la cabeza de Toledo, y por ende proteger a PPK, y no poder llegar a un acuerdo con Keiko y García (que implicaría borrón y cuenta nueva o prisión preventiva domiciliaria), pues, la confrontación puede agudizarse conllevándonos a una crisis revolucionaria donde la salida sea una sucesión pactada con la iglesia y las FF.AA. como garantes del establishment.
O en su defecto, y a pesar de que estamos con una economía relativamente estable y en crecimiento (aunque a un 2.5%, mucho menos que antes cuando crecíamos al 7 o 9%), las masas, después de 18 años, frente a la amenaza apro-fujimorista (de características fascistas), y con un movimiento social desarticulado, la correlación de fuerzas sigue del lado del pueblo (la lucha magisterial fue una victoria), y por tanto, es probable también que las masas despiertan de su letargo e intervengan como árbitro marcando el camino de la lucha callejera como continuación de la Marcha de los 4 Suyos y derrotando la intentona golpista, generando una crisis de poder y que puede tirarse abajo una de las razones de todo este escándalo: la constitución de 1993.
Pero para esto, la izquierda, deberá unirse y levantar la bandera de la Asamblea Constituyente libre y soberana (que exprese la nueva correlación de fuerzas y mapa político nacional), como salida democrática a la crisis política nacional, retomando la iniciativa, y en perspectiva de una sociedad realmente democrática, socialista y al servicio del pueblo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.