La invasión norteamericana y sus consecuencias

1. La invasión perpetrada por el Ejército de Estados Unidos contra Panamá, el 20 de diciembre de 1989, fue un acto de extremada e injustificada violencia. Esta acción bélica, realizada contra una población completamente desprevenida, contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas.

En esta acción militar, que se ha conocido con el nombre de «causa justa», participaron 25,000 mil soldados norteamericanos. Además de las tropas normalmente acantonadas en las bases ubicadas en el área del Canal de Panamá, bajo las órdenes del Comando Sur, participaron en la invasión:

-La 7ma. división de infantería procedente de Fort Ord-California.
-Un batallón mecanizado de la 5ta. división de infantería acantonada en Fort Polk-Loussiana.
-Una brigada de la 82a. división aerotransportada de Fort Bragg-Carolina del Norte.
-Dos batallones rangers.

El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el «arte» de hacer la guerra, y que luego han sido usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico:

-Bombarderos Stealth F-117.
-Bombas de 2,000 libras.
-Misiles Hell Five.
-Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra.
-Aviones de asalto A-37.
-Cañones de fuego rápido de 30 mm.
-Vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre.
-Fusiles M-16 con mirilla infrarroja.

Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideran que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que es violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que «prohibe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios» (ALDHU, revista Tareas No. 78, pág. 12).

2.Los primeros objetivos militares de la invasión fueron los principales cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá, y las áreas civiles aledañas fueron las más afectadas, tanto por la acción directa de las tropas norteamericanas como por el saqueo posterior. Las áreas más afectadas fueron:

-El Chorrillo, donde estaba el Cuartel Central.
-San Miguelito, cuarteles de Tinajita y de la XI Zona Militar.
-Panamá Viejo, cuartel del escuadrón UESAT.
-Fuerte Amador, en el área revertida.
-Aeropuertos de Tocumen y Paitilla.
-Batallón 2,000 en Pacora.
-Río Hato.
-Fuerte José Domingo Espinar.
Según la Comisión Especial enviada por ALDHU a Panamá, entre el 21 y el 25 de febrero de 1990, y que estuvo conformada por prestantes figuras del continente, encabezadas por el jurista norteamericano Robert White: «…el bombardeo del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa provocó el incendio generalizado y la destrucción de los barrios de San Miguelito y El Chorrillo» (Ibidem, pág. 15).

Al respecto ALDHU concluye que: «Algunos de los objetivos militares perseguidos por los invasores se encontraban dentro de zonas densamente pobladas. Este hecho obligaba a las fuerzas de ocupación a extremar las medidas de seguridad que garantizaran la vida y bienes de la población civil. Sin embargo, parece evidente que las medidas adoptadas por los norteamericanos privilegiaron la protección de sus propias vidas, aumentando el riesgo de la población invadida» (Ibid., pp 16-17).

3. Esta negligencia del ejército norteamericano respecto a la población civil y sus bienes se manifestó con especial dramatismo en las cifras de muertos y heridos. Sin que se haya llegado a una estimación oficial respecto a este punto, los datos recabados por diversos organismos confirman el alto número de víctimas civiles producidas por la llamada «operación causa justa».

La Iglesia Católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341 eran civiles. Ellos estiman los heridos en 2,007, de los cuales tan sólo 124 eran militares panameños (Panorama Católico 14/01/90).

Los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registran 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabiliza 556 muertos y 93 desaparecidos (Beluche, O. La verdad sobre la invasión, CELA, Panamá, 1991, pp 95-102). Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben «alrededor de 4,000» (Ibidem, pág. 102).

Tomando como válidos los datos aportados por la Iglesia Católica y relacionándolos con las cifras de víctimas norteamericanas, 26 muertos y 324 heridos de acuerdo al Comando Sur, nos muestra una alta cifra de 25 panameños muertos por cada norteamericano.

4. Otro de los aspectos en que ha quedado evidenciada la acción destructora de la invasión norteamericana sobre la población civil es el alto número de personas que perdieron sus hogares, y que han pasado a considerarse damnificados o refugiados de la invasión. De acuerdo a testigos presenciales, citados en diversas investigaciones, el combate más duro se produjo en el área residencial de El Chorrillo, comprendida entre las calles 25, 26 y 27, en las que habitaban más de 30,000 personas en un área que no excede de 20 hectáreas.

Encuestadas en el campo de refugiados montado en la Escuela Secundaria de Balboa, a donde fueron llevados inicialmente los chorrilleros evacuados, se contabilizaron 18,000 personas agrupadas en 2,800 familias que perdieron sus hogares en El Chorrillo. Allí fueron destruidos también 123 comercios de diversa índole. A las familias refugiadas de El Chorrillo, hay que agregar otras 48 familias que perdieron sus hogares por la invasión en la ciudad de Colón y un número no precisado de casas que fueron afectadas por los combates en San Miguelito.

El elevado número de hogares y edificaciones afectadas por la invasión demuestra que las tropas norteamericanas no hicieron el menor intento por limitarse a blancos militares, evitando daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.

Pese a las promesas del gobierno norteamericano de compensar los daños causados en las viviendas de estos refugiados, hay que señalar que los afectados se han manifestado insatisfechos con los trabajos de reparación y construcción realizados. Además de que consideran insuficiente la compensación monetaria de $ 800.00 que se les asignó (no a todas las familias) para que repusieran sus muebles y ropas pérdidas durante la invasión. En este sentido, el ex ministro de vivienda, Arq. Alfredo Figueroa, ha negado que Estados Unidos hayan pagado los 40 millones de dólares prometidos para reparar los daños hechos en El Chorrillo. Según él, sólo pagaron 22 millones de dólares (La Prensa, 8/4/91).

5. Respecto a los daños económicos causados por la invasión norteamericana a Panamá las estimaciones también varían de acuerdo a los criterios que se utilicen. En este aspecto, como con las pérdidas humanas, el gobierno nacional surgido con la invasión se ha negado a conformar una comisión especial que cuantifique, con parámetros consensuales, el monto total de las pérdidas.

Para algunos, como el economista Juan Jované, hay que incorporar a las pérdidas materiales producidas por la invasión, las pérdidas sufridas por la economía panameña por culpa de las sanciones económicas norteamericanas impuestas a partir de marzo de 1988. «Tan sólo en el primer año de sanciones, 1988, el producto interno bruto cayó en un 17.1 por ciento y los ingresos corrientes del estado bajaron un 44 por ciento…» (Beluche, Op. cit., pág. 104).

Dentro de las pérdidas sufridas en la propia invasión hay que considerar los daños directos causados por el enfrentamiento militar, sobre todo en las instalaciones públicas y de las FFDD, y los daños directos causados a propiedades privadas por la invasión y el saqueo que generó.

Hasta ahora no ha habido un informe oficial sobre las pérdidas globales sufridas por el estado panameño, como ya se ha dicho. El ejército norteamericano además de la destrucción directa causada a las armas e instalaciones de las FFDD, decomisó un enorme arsenal cuyo valor puede alcanzar varios millones de dólares, que debe computarse entre las pérdidas del estado panameño.

Como una muestra de las millonarias pérdidas sufridas por otras entidades del estado, basta mencionar que la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia estimó daños en 386,000 balboas. En el plano fiscal el estado dejó de percibir por lo menos 4 millones de dólares debido a la invasión, según el Prof. Roberto Méndez (Revista Tareas No. 74, pp 41-42).

En el sector privado, si bien en un primer momento el economista y empresario Guillermo Chapman estimó las pérdidas ocasionadas por la invasión en 1,500 millones de dólares, posteriormente el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá (CEECAM) ha dado cifras más pequeñas pero confiables. Esta información, que fue obtenida por el CEECAM a través de una encuesta aplicada a 1,147 empresas comerciales e industriales, estimó que se había perdido durante la invasión el 90 por ciento de los inventarios y un 10 por ciento de los activos fijos.

Según los datos de la CEECAM los comercios mayormente afectados por el saqueo producido durante la invasión-ocupación, fueron las ciudades de Panamá y Colón, en las que las tropas norteamericanas aniquilaron a las Fuerzas de Defensa panameñas. El interior de la república, donde casi no hubo combates, NO se registraron saqueos.

O sea, el saqueo se produce en las áreas que sufren directamente la invasión. Datos del CEECAM (Informe, mayo de 1990) revelan que las áreas más afectadas por el saqueo fueron, en ese orden: Calidonia, Bethania, Bella Vista, San Miguelito, Santa Ana y Juan Díaz. Según las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta, que citan el informe de CEECAM: «Las áreas más alejadas fueron las que menos sufrieron daños materiales…En cuanto a las áreas rurales, las mismas no sufrieron destrozo alguno.» (Muñoz, L. y Huerta, M. Causas y efectos de la invasión a Panamá, pág. 145).

Los daños económicos a las empresas comerciales e industriales de las ciudades de Panamá y Colón han sido estimados por CEECAM en 432.1 millones de dólares. De los cuales 334.8 millones corresponden a mercancías perdidas, 67.2 millones a instalaciones físicas perdidas, 8.7 millones a materias primas, 21.4 millones se estiman en la categoría no especificada de «otros».

En cuanto a rubros específicos los datos de CEECAM señalan que se perdieron 58.7 millones de dólares en alimentos, 44 millones en el área de transporte, 11.9 millones de dólares en medicinas y productos químicos y 14.9 millones se perdieron en el área de la construcción. Tan sólo en la ciudad de Colón se contabilizan pérdidas por un monto de 68 millones de dólares.

A estos datos hay que agregar que la invasión produjo la pérdida directa de 15 mil empleos, los que se deben agregar a los 60 mil empleos perdidos en 1988 con las sanciones económicas. Esta situación elevó el índice de desempleo en el país a más del 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que agravó las condiciones de miseria socioeconómica de cientos de miles de panameños. El Ministerio de Planificación calcula que la población que subsiste con ingresos inferiores al mínimo necesario para vivir sobrepasa el 40 por ciento de los panameños.

Recuperar el ritmo del crecimiento económico a los niveles previos a la invasión y a las sanciones económicas no será fácil para Panamá. Según Juan Jované: «En todo caso, las pérdidas producidas durante la invasión deberían ser sumadas a las generadas por la aplicación de las sanciones, dando como resultado un impacto total que ha sido calculado por varias fuentes en cerca de 4,000 millones de balboas. Esta cifra equivale a aproximadamente el 75 por ciento del valor total corriente del PIB de 1987».

Jované agrega que: «Esto significa que, sólo para volver al nivel absoluto de 1987, se necesitaría cerca de 3 años. Más aún se necesitarían aproximadamente 6 años y medio a esa alta tasa (del 20 %) para recuperar el nivel del PIB por habitante de 1987» (Economía Nacional: Balance y Perspectivas en 1991, Revista Este País No. 31).

6. Un aspecto poco estudiado hasta ahora es el impacto sicológico que la invasión produce en las mentes de decenas de miles de panameños, sobre todo en los que vivieron directamente el escenario del combate armado, como los chorrilleros, y los habitantes de los barrios aledaños a los cuarteles. Este impacto sicológico, que también podríamos llamar trauma, es la causa objetiva de muchos comportamientos anormales y de extremada violencia que vivieron los panameños los días y semanas subsiguientes a la invasión.

Nos dice la sicóloga Berta Jaramillo que: «Si impresionante fue ver horas y días después, y aún hoy, el área afectada… detengámonos a observar otro panorama: el de las vivencias de la gente que allí vivía». Y agrega: «El que vivió los momentos difíciles del día 20 de diciembre en este barrio, y que hoy experimenta sus efectos, te dirá: ¡tú no puedes comprender!… Esto es realmente cierto» (IDEN. Los efectos sicosociales de la destrucción de El Chorrillo, en El Chorrillo: situación y alternativas. pág. 74).

Definitivamente la invasión con su lógica de destrucción y muerte produce un trauma en la mente de miles de panameños. El hecho de enfrentarse a la destrucción repentina de las instituciones sociales que daban solidez a su existencia, desde las más íntimas como la familia y el hogar, hasta las instituciones públicas, son parte del impacto sicológico de la invasión. El sentimiento de temor, y muchas veces pánico, a perder la vida, puesta realmente en peligro; la ansiedad producida por no saber de la suerte corrida por familiares y amigos; la inseguridad respecto al futuro del núcleo familiar, si contará con medios para alimentarse, si será afectada su vivienda, si sus vidas están o no en riesgo; todos estos aspectos que sufrieron decenas de miles de panameños que habitan las ciudades de Panamá y Colón, forman lo que denominamos trauma de la invasión.

Para las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta los testimonios recabados en el transcurso de su investigación confirman el hecho traumático sicológico de la invasión. Según ellas: «La no comprensión de un hecho tan violento, en el caso concreto de los niños, obtiene resultantes negativas en los individuos: inseguridad, agresividad, conductas atípicas, apatía u obsesión ante determinada situación o actitudes suicidas incluso…» (Muñoz y Huerta. Op. cit., pág. 165).

Y agregan, las sociólogas Muñoz y Huerta, que estos comportamientos anómalos se manifiestan no sólo individualmente, sino que también se sufren colectivamente. «Colectivamente se crean conductas similares a las individuales, pero que crean rasgos distintivos de alienación; indiferencia colectiva, formación de líderes negativos (aquellos en los cuales se da la tendencia a agruparse o formar individuos sin conciencia moral, ni social, ni conductual)» (Ibidem, pág. 165).

La combinación de los efectos sicológicos con los efectos económicos de la invasión es la raíz en la que hay que buscar la explicación de la elevada criminalidad aparecida inmediatamente después del 20 de diciembre. Las cifras de crímenes ocurridos entre los meses de enero y febrero de 1990 revelan que se había producido un acontecimiento tan traumático, que había afectado el comportamiento social.

El gobierno de Estados Unidos es responsable, no sólo por los daños directos a la vida y bienes de los panameños, sino también es responsable por los daños psíquicos causados a la población, y por los daños materiales que personas emocionalmente afectas por la invasión hayan causado. El factor sorpresivo de la acción militar aumentó el efecto de este trauma. De haberse advertido a la población panameña, se habría evitado el impacto sicológico y muchos daños materiales. La principal diferencia entre las víctimas del ataque norteamericano en Iraq y en Panamá, es que los iraquíes sabían lo que iba a pasar, y hasta sabían cuándo iba a suceder.

7. Todos los testimonios, análisis e informes sobre la invasión señalan claramente que el saqueo generalizado de almacenes e instalaciones comerciales e industriales se produce después de que las tropas norteamericanas han atacado y liquidado a las FFDD de Panamá, y cuando éstas tienen bajo su control las áreas neurálgicas de la capital.

«Producida la ocupación militar del país-dice el informe de ALDHU-, destruidas las Fuerzas de Defensa, desarticulada la mínima resistencia inicial y apresados miles de ciudadanos, las ciudades de Panamá y Colón quedaron bajo el total control de las fuerzas de ocupación».

«En estas circunstancias se produjo el saqueo masivo de negocios, tiendas, mercados e incluso residencias particulares. Miles de personas participaron en estos actos, asolando los barrios comerciales y las propias viviendas, especialmente aquellas que habían sufrido el allanamiento previo de las tropas de ocupación» (ALDHU, Op. cit., pp 18-19).

Analizando respecto a quién compete la responsabilidad del saqueo masivo de los negocios en las horas posteriores a la invasión, el informe de ALDHU señala: «De cualquier manera, resulta evidente que, si una potencia extranjera invade un país, debe tomar las providencias y precauciones del caso para cautelar los bienes y la propiedad, máximo cuando, como en este caso, la invasión eliminó las Fuerzas de Defensa y dejó a la población desamparada».

Y prosigue: «Lo cierto es que las fuerzas de ocupación, teniendo el territorio panameño bajo su control y habiendo diezmado a las fuerzas de defensa panameñas adoptaron para sí la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. Esta obligación de las fuerzas ocupantes no fue debidamente observada al no controlar los saqueos ni proteger los bienes y la propiedad particular» (ALDHU, ibidem, pág. 19).

Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), esta actitud contraviene el Convenio de Ginebra sobre la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra (IV-64), que en su articulado obliga al ocupante a garantizar el orden público del territorio ocupado en una acción militar y que señala que es obligación del poder ocupante mantener el derecho de la población civil de proseguir su vida cotidiana de la manera más normal posible.

Respecto a quién le cabe la responsabilidad por las pérdidas sufridas durante el saqueo producido por la invasión, los empresarios panameños agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) han sido enfáticos al señalar:

«La intervención militar norteamericana resultó en la desintegración de las autoridades de policía panameñas que formaban parte de las Fuerzas de Defensa, las cuales fueron efectivamente eliminadas por la acción militar de Estados Unidos. Los eventos aludidos (el saqueo, n. autor) se iniciaron, y pronto se tornaron incontrolables debido a que la autoridad militar de Estados Unidos fue la única autoridad existente y ésta no frenó la avalancha de saqueos y destrucción» (CONEP, Comunicado 17/09/1990).

Al respecto, el dirigente empresarial José Chirino, expresidente del CONEP, ha dicho: «…hubo una omisión, un vacío que tenían la responsabilidad de verlo… y no lo hicieron. No se si es cierto, pero es lo que se oye comentar en las altas esferas de Washington, de que el general Powell había advertido al presidente Bush que atrasaran la operación unos días, porque las fuerzas de policía militar no estaban listas para actuar…» (Beluche, Op. cit., pág. 106).

Sobre el tema el Informe anual, 1990-1991, sobre los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice: «En la noche del 19 al 20 de diciembre de 1989, tropas de Estados Unidos invadieron Panamá. La lucha armada organizada continuó durante el día 20, en que las fuerzas invasoras destruyeron el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y dominaron los principales centros de resistencia militar. En los días subsiguientes se fueron rindiendo los restantes centros militares y los Batallones de la Dignidad que continuaban la lucha. Comenzó paralelamente un saqueo generalizado contra comercios que duró tres y cuatro días, sucesos en los que la policía militar de Estados Unidos se abstuvo de intervenir. La policía de la ciudad fue establecida progresivamente en base a patrullas militares de Estados Unidos en los días subsiguientes» (OEA, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991, pág. 514).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la O.E.A., es de la opinión que las personas que sufrieron pérdidas materiales como consecuencia de la invasión y el saqueo pueden y deben reclamar al gobierno de los Estados Unidos por los daños ocasionado. Aunque la citada comisión llama la atención de manera especial sobre la situación de «los damnificados de menores recursos», ella no vacila en hacer responsable por los daños a los gobiernos de Panamá y Estados Unidos cuando dice que éstos «se encuentran con la opción de reclamar administrativa o judicialmente al estado panameño, trámite que duraría años, o iniciar una acción contra los Estados Unidos de América por supuesta responsabilidad en los hechos»(OEA, Ibidem, pp 525-526).

7.Estas denuncias acerca de la responsabilidad que le compete al gobierno de Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas por los saqueos ocurridos durante la invasión a Panamá, están respaldadas por múltiples testimonios que refieren cómo las tropas norteamericanas, no sólo fueron indiferentes frente al saqueo que se producía antes sus ojos, sino que incluso ellas incentivaron muchas acciones contra la propiedad.

Los testimonios coinciden en señalar que el origen geográfico del saqueo generalizado es el centro de la ciudad, los barrios de El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y Calidonia, controlados desde la madrugada del día 20 por el ejército norteamericano. Desde allí el saqueo se va extendiendo hacia las afueras de la ciudad en la medida en que la población, traumatizada en un principio por la acción militar, descubre que tiene entera libertad para saquear.

Un ejemplo de la anuencia del ejército norteamericano hacia el saqueo la da un testimonio brindado a las sociólogas Muñoz y Huerta por una joven de nombre Soraya, residente en el corregimiento de Tocumen, cercana a las instalaciones del Centro Recreativo Militar (CEREMI) de las Fuerzas de Defensa. Soraya dice: «Los días que vinieron fueron algo difíciles. Yo no tenía nada en la cocina … Los vecinos se portaron muy bien. Se intercambiaban cosas del «saqueo». Del Club de oficiales de las Fuerzas de Defensa no quedó nada. Todo se lo llevó la gente. Y los gringos estaban allí y permitían que se lo llevaran…»(Muñoz y Huerta, Op. cit., anexo).

Bibliografía.

1.ALDHU. «Informe sobre los derechos humanos en Panamá». Revista Tareas No. 78, mayo-agosto de 1991, pp. 9-29.
2.Beluche, Olmedo. La verdad sobre la invasión. CELA. Panamá. 1990.
3.CEECAM. Informe mayo de 1990.
4.CONEP. Comunicado de prensa. 17 de septiembre de 1990.
5.IDEN. «Los efectos sicosociales de la destrucción de El Chorrillo», en El Chorrillo: situación y alternativas. Universidad de Panamá. Panamá 1991.
6.Jované, Juan. «Economía nacional: balance y perspectivas». Revista Este País No. 31, enero-febrero 1991.
7.La Prensa. Panamá. 8 de abril de 1991.
8.Méndez, Roberto. «Consecuencias socio-económicas de la invasión y perspectivas». Revista Tareas No. 74, enero-abril de 1990, pp. 39-50.
9.Muñoz, L. y Huerta, M. Causas y efectos de la invasión a Panamá. Tesis. Universidad de Panamá. 1991.
10.OEA. Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos humanos 1990-1991. Washington 1991.
11. Panorama Católico. Panamá. 14 de enero de 1990.

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