Sr. Presidente, Señoras y Señores Diputados, En las últimas semanas, presenciamos, asustados, los niveles de autoritarismo alcanzados por la prensa brasileña en la cobertura del golpe en Honduras. Mientras que nuestra delegación parlamentaria buscaba en Tegucigalpa contribuir para la restitución del orden democrático en el país, los medios nacionales hacían malabarismos para legitimar un gobierno […]
Sr. Presidente, Señoras y Señores Diputados,
En las últimas semanas, presenciamos, asustados, los niveles de autoritarismo alcanzados por la prensa brasileña en la cobertura del golpe en Honduras. Mientras que nuestra delegación parlamentaria buscaba en Tegucigalpa contribuir para la restitución del orden democrático en el país, los medios nacionales hacían malabarismos para legitimar un gobierno golpista e ignoraba solemnemente las innumerables violaciones de derechos humanos y restricciones a los derechos civiles practicadas por el gobierno de Micheletti. Economizando decibeles, apenas registró el cierre y ocupación de emisoras de radio y TV en la capital por parte del Ejército hondureño.
Los índices de violación de la libertad de expresión y de prensa en Honduras, mientras tanto, son altísimos. En Tegucigalpa, el Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron tomadas. La cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, fue blanqueada por ametralladoras. En la ciudad de Progreso, cerraron Radio Progreso. El Canal 26, TV Atlántica, recibió órdenes de los soldados para no transmitir informaciones que no vinieran del gobierno de facto. Los periodistas también están siendo amenazados.
En los primeros meses del golpe, Gabriel Fino Noriega, de Radio Estelar, fue asesinado por fuerzas paramilitares. Eso para no hablar de las agresiones que sufrieran los reporteros de Telesur, de lejos, la emisora que ha realizado la mayor cobertura del golpe y de las prohibiciones y represiones a las manifestaciones públicas de apoyo, en las calles, al presidente depuesto, Manuel Zelaya.
A pesar del vasto papel de violaciones a la libertad de expresión en Honduras, este no parece ser un problema preocupante para la prensa brasileña. Tampoco lo es -coincidencia o no- para la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, siempre la primera en gritar cuando cualquier Estado latinoamericano promueve cambios en los medios de comunicación.
Fue así cuando el presidente venezolano Hugo Chávez no renovó la concesión de RCTV, o cuando la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en 2004, la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión), que tiene como objetivo fomentar la responsabilidad de los prestadores de servicio, anunciantes, productores nacionales independientes y usuarios de los servicios de la comunicación, buscando el equilibrio democrático, la promoción de la justicia social y la formación ciudadana.
Construida a partir de un amplio proceso de participación popular, que duró más de un año con debates realizados en todo el país, la Ley Resorte dio prioridad a la producción local y comunitaria, dio apoyo a los medios populares, estableció la pluralidad de voces en todos los medios, definió el funcionamiento de las emisoras públicas, previendo mecanismos de control social, reguló la propiedad de los medios y el contenido, con restricciones de horario para niños, tiempo para la transmisión de publicidad y la previsión de transmisión de programas que valoren la cultura nacional y la lectura crítica de los medios.
Cuando en Bolivia el presidente Evo Morales aprobó un decreto reservando espacios en los medios de comunicación para la libre opinión de los periodistas y otros trabajadores ligados a sindicatos de la prensa, los grandes medios también chillaron. Consideraron una mordaza el tener que reservar tres minutos diarios en la radio y televisión para ampliar la pluralidad y diversidad de ideas y opiniones en los medios de comunicación masivos. De la misma forma, protestaron el proyecto de la nueva Ley de Comunicación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que luego de innumerables debates en el Foro Ecuatoriano de Comunicación, propone la división equitativa del espectro electromagnético, por donde pasan las ondas de radio y de TV. La propuesta es reservar 33% del espectro para cada uno de los sectores: público, privado y comunitario.
También en defensa de la pluralidad y de voces y del interés público el Parlamento uruguayo aprobó un proyecto de ley sobre contenidos digitales en la televisión, en la radio y en el cine que fijó horario para la transmisión de determinados contenidos y creó la figura del ombudsman público, un puente directo del ciudadano telespectador y oyente con la empresa de comunicación. El ombudsman atenderá, por ejemplo, las denuncias del país, que cuestionen el contenido que afecta a los niños y atenderá los planteamientos de artistas y escritores que estén sufriendo de amenazas a sus libertades. Esta vez, la prensa brasileña permaneció en silencio, sobre esta importante iniciativa del país vecino.
La última en sufrir los ataques de la gran prensa y ser llamada violadora de la libertad de expresión fue la presidenta argentina Cristina Kirchner. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de ser debatida en audiencias pública y de haber incorporado sugerencias de la base de la oposición al gobierno, fue aprobada en el Congreso, promoviendo una transformación completa en el monopolio histórico del grupo Clarín en el país. De acuerdo con el texto, ninguna empresa podrá tener más de diez concesiones de radio y TV abierta (14 menos que el límite actual) y quien posee un canal de TV abierta no puede, en la misma localidad, ser dueño de una emisora de cable. O sea, la ley ataca la propiedad cruzada en la radiodifusión, prohibiendo la concentración vertical y también horizontal. La audiencia también será limitada, como acontece en países como los Estados Unidos. Las áreas cubiertas por el conjunto de emisoras de una misma empresa no pueden alcanzar más que el 35% de los habitantes de aquella región, bajo el riesgo de configuración de otro tipo de monopolio.
La ley enfrenta además el problema de la producción nacional, estableciendo cuotas mínimas para contenidos producidos en el país, así como la producción independiente que gana una reserva de 30% de la parrilla de la programación de emisoras localizadas en ciudades con más de 1,5 millones de habitantes. Hasta la cuestión de la monopolización de la transmisión de los campeonatos de fútbol -tan frecuente aquí en Brasil -fue abordada. Uno de los artículos garantiza el derecho al acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos. Finalmente, establece la realización de audiencias públicas para determinar la prórroga de concesiones de radio y TV..
O sea, así como en varios países de América Latina, el Estado argentino tomó las medidas necesarias para democratizar los medios de comunicación, garantizando mecanismos para la libertad de expresión de sectores antes excluidos de la esfera pública mediática. Rápidamente, la prensa brasileña le cayó encima a la presidenta Cristina Kirchner, así como hizo con los demás presidentes latinos que confrontaron al poder intocable de los medios de comunicación masivos. Se trata de una acción preventiva, para impedir que la ola que pretende construir unos medios más democráticos en nuestro continente llegue aquí al Brasil.
La Conferencia Nacional de Comunicación, pautada para diciembre, ciertamente tendrá entre una de sus principales reivindicaciones la necesidad de quebrar el monopolio de los medios y la defensa de la libertad de expresión para todos y todas en nuestro país. Será un espacio para que la población manifieste sus anhelos en relación al sector de las comunicaciones y, por los resultados ya apuntados en las etapas municipales, que se realizaron Brasil adentro, el pleito por las transformaciones en la regulación de los medios, será grande. Al contrario de lo que defienden los radiodifusores y de lo que parece entender el Supremo Tribunal Federal, la comunicación, como cualquier otra área, necesita ser regulada, para que no valga allí la ley del más fuerte, política y económicamente.
Una parte de los grandes empresarios de los medios se rehúsa a participar del debate público democrático. Retiró sus cuadros de la organización de la Conferencia y prefiere seguir haciendo política como siempre, tras bastidores y en los corredores de Planalto y de este Congreso, sin oír los anhelos des aquellos que son nada más que los receptores de los servicios prestados por los radiodifusores. Mientras, nuestra prensa ataca a aquellos que promueven cambios concretos permitiendo la democratización de los medios y guarda silencio ante las mayores violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Honduras. Algo está fuera de lugar. Y la sociedad brasileña, por lo que parece, da indicios de que se cansó de quedarse sentada, callada, frente a la televisión. Que vengan las transformaciones en los medios que hace tanto tiempo han sido reivindicadas por el pueblo brasileño.
Muchas gracias.
Ivan Valente, Diputado Federal PSOL/SP