Guerra minera en los Andes peruanos

Cuando el remolino de los acontecimientos locales y globales tiende a convertir la cotidianeidad en caos, opacando los caminos, la resistencia de los abajos es el mejor norte para no perdernos en la turbulencia. Esas resistencias permiten comprender tanto las estrategias de las clases dominantes como los notables aprendizajes de los sectores populares, indígenas y campesinos, rurales y urbanos, y el modo como están resolviendo los errores del pasado y como están enrumbando la nave de los procesos emancipatorios.

Los guardianes de las lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de las trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales y militares, son las formas de lucha empleadas por las comunidades y pueblos en la defensa de la vida contra los proyectos de muerte de empresas y gobiernos.

Los estados de excepción y la militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). El gobierno de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y califica a los que protestan como grupo hostil, mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares.

La justicia altera las jurisdicciones de los procesos contra los manifestantes, trasladando los juicios a otras provincias a las que los familiares tienen grandes dificultades para trasladarse. Las grandes mineras como Yanacocha y Antamina realizan convenios con el Estado para emplear efectivos policiales en labores de seguridad privada, mostrando cuál es el papel de los estados en este periodo de acumulación por robo, destrucción y guerra. En el distrito de Kañaris, en la norteña sierra de Lambayeque, en un solo día, el 25 de enero, la policía hirió a 24 campesinos durante un bloqueo de rutas para evitar que la canadiense Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de cobre.

Las estrategias represivas del arriba se combinan con políticas sociales que en las regiones en conflicto se denominan Mesas de Desarrollo a cargo de Ministerio de Energía y Minas. Hasta ahora se instalaron en los departamentos de Apurímac, Cusco y Lambayeque, donde existen proyectos mineros, con la finalidad de llevar la presencia del Estado y mejorar la calidad de vida de la población y generar desarrollo y trabajo, según confesó el viceministro de esa cartera, Guillermo Shinno (Agencia Andina, 22 de enero de 2013). Pero el verdadero objetivo de estos programas sociales, que no son exclusivos de los gobiernos progresistas es, en boca de Shinno, evitar que estos elementos radicales sigan trabando las inversiones y el desarrollo del país.

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú establece que 19 por ciento del territorio nacional fue concesionado a la minería y que los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido en conflictos políticos de envergadura. El informe concluye que la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos es la del complot, es decir, que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias antimineras (cooperaccion.org.pe, 17 de diciembre de 2012).

Luego de más de un año de resistencia al proyecto aurífero Conga, el centro de la protesta se ha trasladado al distrito de San Juan de Kañaris, en el norteño departamento de Lambayeque, que tiene 96 por ciento de su superficie concesionada a la minería. Kañaris tiene 15 mil habitantes en 38 caseríos, dos tercios de los cuales sólo hablan quechua. El 30 de septiembre la población organizó una consulta ciudadana en la que 95 por ciento de la comunidad rechazó los proyectos mineros y el 20 de enero realizaron un paro regional con apoyo del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.

Cuatro elementos a tener en cuenta. El primero es que la consulta se ha convertido en método de lucha, pero no tiene ninguna relación con el sistema electoral: busca mostrar la cohesión comunitaria contra la minería, no es un mecanismo estatal sino comunitario y popular a través del cual se afianzan posiciones y aliados. El segundo es la aparición de nuevas formas de acción como las que encarnan los guardianes de las lagunas, estrechamente vincu­lados a las rondas campesinas, quienes acampan por turnos a 4 mil metros de altura, desafían los vientos y el frío, la represión y a las empresas, para proteger las fuentes de agua y vida.

El tercero es que estos movimientos territoriales están formando una camada de dirigentes jóvenes, con elevada presencia femenina, fuerte ligazón comunitaria y sólido control de las bases. Por último, como apunta Hugo Blanco, los grupos locales tienen ventajas porque son más representativos de las luchas reales y son los pasos iniciales para un reagrupamiento por abajo. Lo que el sistema político califica como fragmentación y localismo incapaces de modificar la correlación de fuerzas es un modo de eludir la burocratización y la cooptación propias de las grandes estructuras organizativas, porque los de abajo quieren controlar más y más a sus dirigentes.

La coordinación se da en las luchas, durante las que se abren espacios de interconexión para potenciar las acciones, que luego se disuelven para que no sean apropiadas por extraños. Son algunas de las lecciones aprendidas por los-de-abajo-en-movimiento en las dos últimas décadas, para garantizar la cohesión comunitaria, sin la cual no hay ni habrá cambios.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/08/index.php?section=opinion&article=027a2pol