La decisión del Congreso guatemalteco de aprobar un punto resolutivo para señalar que en el país vecino no hubo genocidio, generó el repudio de organizaciones civiles que reclaman el acceso a la justicia para las víctimas de masacres y asesinatos cometidos durante 40 años de guerra civil, rechazo que va en aumento y se extendió […]
La decisión del Congreso guatemalteco de aprobar un punto resolutivo para señalar que en el país vecino no hubo genocidio, generó el repudio de organizaciones civiles que reclaman el acceso a la justicia para las víctimas de masacres y asesinatos cometidos durante 40 años de guerra civil, rechazo que va en aumento y se extendió a esferas internacionales.
La semana pasada, en el marco del aniversario de la sentencia de 80 años de prisión contra el ex dictador Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y lesa humanidad, pero que posteriormente fue anulada, el Congreso aprobó por mayoría de votos un punto resolutivo para exhortar a los organismos del Estado a lograr la reconciliación nacional y a cumplir con los acuerdos de paz.
De acuerdo con las y los legisladores, el objetivo es que Guatemala alcance la paz no obstante el punto señala que «la legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados (durante el juicio contra Ríos Montt) resultan jurídicamente inviables que se dieran en Guatemala».
Y agrega que como consecuencia del encausamiento penal -«conocido como El Juicio del Siglo»-, nuevamente se abre la puerta «a la polarización entre hermanos, propiciando condiciones contrarias a la paz y que impiden una definitiva reconciliación».
El Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos (CALDH), organización litigante del juicio contra el ex dictador, calificó el punto aprobado como un «intento de esconder la verdad».
La agrupación sustentó que sí hubo genocidio en el país centroamericano, argumentando que los hechos que define el Código Penal fueron cometidos por las fuerzas del Estado y por «escuadrones de la muerte» en contra de la población civil, en su mayoría de origen maya, durante el conflicto armado interno.
CALDH recordó que el pueblo maya sufrió el exterminio de un alto porcentaje de su población. Tan sólo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró 626 masacres.
Otro hecho que demuestra el genocidio lo constituyen las medidas destinadas a esterilizar a miembros de un grupo o las formas para impedir su reproducción, tales como las violaciones sexuales contra mujeres ixiles y quienes testificaron en el juicio contra Ríos Montt.
En un comunicado y con una protesta frente al Congreso guatemalteco, al menos 29 organizaciones indígenas rechazaron la resolución y acusaron al Parlamento de «haberle faltado el respeto a la Ley de Reconciliación Nacional, que dicta que no habrá extinción de responsabilidad por genocidio, tortura y desaparición forzada», por lo que exigieron su anulación y una disculpa pública.
Al señalamiento se sumó Amnistía Internacional, que además de recordar que se tiene una deuda de justicia con todas las víctimas del conflicto armado, sostuvo que el «Congreso debería apoyar los esfuerzos para pedir cuentas a los que han cometido crímenes atroces contra los Derechos Humanos, en lugar de reforzar un clima de inmunidad y discriminación contra los indígenas de Guatemala».
En tanto, el juez Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional de España, dijo que seguirá investigando el genocidio denunciado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, ya que durante la guerra civil se dio el asalto a la embajada española (1980), en la que murieron 86 personas, entre ellos tres españoles.
Recientemente el Parlamento Europeo entregó el premio «Silver Rose» al CALDH y a la etnia ixil por su lucha contra la impunidad. A la entrega del galardón acudió Juana Sánchez Roma, representante del pueblo indígena, quien declaró que debido a las múltiples masacres «ya no estamos completos», y sostuvo que las y los ixiles que antes no eran tomados en cuenta «van a seguir con la lucha por la justicia».