Al no contener las crecientes manifestaciones, que ya dejaron 20 muertos y más de 500 detenidos, luego de que el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, el nuevo gobierno decretó el toque de queda en 15 provincias.
Sigue aumentando el número de muertos en las protestas incesantes que sacuden a Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo, mientras el gobierno de Dina Boluarte decretó el toque de queda en 15 provincias en su afán por poner fin a las masivas protestas que se extienden exigiendo su renuncia y la de todo el Congreso.
Miles desafiaron el jueves en las calles de Lima y otros puntos de Perú pese al estado de excepción impuesto para frenar las protestas en demanda de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, en una jornada en la que siete personas murieron y más de cinco decenas resultaron heridas en la sureña provincia de Ayacucho, donde el ejército lanzó desde helicópteros bombas lacrimógenas contra los manifestantes.
Al no contener las crecientes manifestaciones, que ya dejaron 20 muertos y más de 500 detenidos, luego de que el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, el nuevo gobierno decretó el toque de queda en 15 provincias.
La presión se mantuvo en las calles y con bloqueos en más un centenar de carreteras en al menos 13 de los 24 departamentos del país. En el sur se mantienen cerrados cinco aeropuertos de las provincias de Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho.
El gobierno aseguró que las protestas son organizadas y dirigidas por profesionales, y extremistas vinculados a los grupos terroristas y/o insurgentes Sendero Luminoso y Túpac Amaru. El Ejecutivo regional de Ayacucho responsabilizó a Boluarte y a los ministros del Interior, César Cervantes, y de Defensa, Luis Alberto Otárola, por la violencia, y cifró en siete fallecidos y 52 heridos el saldo de los choques entre manifestantes y fuerzas represivas en el aeropuerto Alfredo Mendívil.
Miles de personas recorrieron las calles aledañas al Congreso, en Lima, lo que derivó en enfrentamientos con la policía. La movilización en la capital se enmarcó en la jornada de lucha, convocada por la Confederación General de Trabajadores de Perú, uno de los mayores sindicatos del país.
El tren a la turística de Machu Picchu se mantiene suspendido y hay centenares de turistas varados. Cerca de dos mil camiones de carga bolivianos están bloqueados en las frontera entre ambas naciones.
En Ayacucho lo ocurrido entre el miércoles y el jueves se parece mucho a una masacre. Varios muertos, numerosos heridos. Todos ellos de balas militares. Dina Boluarte y sus secuaces del Congreso ordenaron al Ejército asesinar a un pueblo desarmado.
Farsa, bochorno
En un nuevo juicio farsa, de los que se acostumbran en el Perú de la mafia judicial, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo tras el pedido hecho por la Fiscalía, en el marco de la investigación en su contra por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública tras el golpe de Estado.
Además, la “justicia” dispuso prisión preventiva por 18 meses al derrocado exmandatario, para que fuera investigado por la Fiscalía Nacional por el presunto delito de rebelión, tras su fallido intento de cerrar el Legislativo y establecer un gobierno de excepción del pasado día 7. La Fiscalía estimó en su requerimiento de prisión preventiva que Castillo podría ser condenado a diez años de cárcel.
Mientras, el presidente del Congreso, el general José Williams, famoso como represor, informó que se continuará con el debate para el análisis sobre adelantar las elecciones generales para 2023, además de la reducción de los mandatos presidencial y parlamentario. Pero sus palabras no calman a nadie.
Nuevamente Perú asiste a otro capítulo bochornoso ofrecido por la mayoría de los medios peruanos, que atizan aún más el odio contra los humildes, acusándolos de violentos, vándalos, terroristas, y piden o a sus amigos militares que los castiguen.
Tras aumentar el número de fallecidos y heridos por la dura represión militar durante las manifestaciones en Ayacucho, la Defensoría del Pueblo solicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que cese el uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros.
En Ayacucho lo ocurrido entre el miércoles y el jueves se parece mucho a una masacre. Varios muertos, numerosos heridos. Todos ellos de balas militares. Los manifestantes exigen que Boluarte y sus secuaces del Congreso sean juzgados por criminales, que ordenaron asesinar a un pueblo desarmado.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú demandó la investigación de los responsables de las muertes en Ayacucho. el cese de la intervención militar y responsabilizó de estos crímenes a las más altas autoridades políticas del país.
Todos en Perú saben que la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, trabajó con la central estadounidense de espionaje CIA y el Pentágono, el Departamento de Defensa de su país. Y sabe que no fue por casualidad que un día antes del golpe de estado contra el presidente electo Pedro Castillo, Kenna se reunió con el ministro de defensa del Perú, un general de brigada retirado del ejército quien luego ordenó a los militares que se volvieran contra Castillo.
El desprecio al cholo
José Carlos Agüero, escritor e historiador, señala que hacer política desde el desprecio trae consecuencias graves. Frivolidad, cinismo, el descaro de los grupos de interés, acostumbrados a operar con impunidad, ha terminado por hacer estallar – una vez más – a la gente en todo el Perú, en 18 de las 24 regiones con protestas activas en menos de una semana.
El desprecio es lo que me llama más la atención. porque es antiguo, pero siempre se actualiza. Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala o Pedro Pablo Kuckzinsky no fueron mejores presidentes que Castillo y ahondaron el colapso institucional y social del país.
Es más: destruyeron lo poco que quedaba del tejido social, criminalizaron los espacios regionales y municipales, permitieron que las mafias se hicieran de los poderes más altos. Por eso no es difícil reconocer que para el peruano de pueblo hay otro Castillo diferente al que muestran los medios de comunicación.
Desde la prisión de la Dinoes, ese Castillo es un símbolo, o una proyección: es nuestro, es por quien votamos, es el que elegimos, es uno como nosotros, es cholo, es pobre, es indio, es excluido, es campesino, es un “nadie”, se oye entre los manifestantes que lo defienden, poniendo sus vidas en peligro, y defienden –quizá sin ser conscientes de ello- su voto, la voluntad popular, eso que llaman democracia, pese a todos los insultos, de luchar contra los grandes grupos de poder, del terruqueo y la burla.
El terruqueo es una estrategia política de los sectores oligárquicos y de la derecha peruanos, que utiliza, por asociación, el miedo al terrorismo para obtener rédito político y que anula cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un estado democrático. Pero como dice una pancarta desplegada en Ayacucho: Sólo a la hora de votar y de morir, somos iguales.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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