En diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (https://t.ly/FWEsn), que se realizó en Viena (Austria) entre 14-25 de junio de 1993. Participaron representantes de 171 Estados, 2 movimientos de Liberación Nacional, 18 organizaciones intergubernamentales, 11 órganos de Naciones Unidas, 6 defensores del pueblo y más de 800 Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Unos 7 mil participantes.
Las Resoluciones de esa Conferencia (https://t.ly/zffvS) son muy significativas, porque implicaron un avance frente a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la ONU adoptada en 1948. Al proclamar que todos los derechos humanos son universales, que los Estados tienen la obligación de promoverlos y protegerlos y que, además, son indivisibles, se realizó una conceptualización integral, a fin de no distinguir derechos de primera (https://t.ly/kIWPK), segunda (https://t.ly/C2GkU) o más generaciones. Sin embargo, desde la perspectiva histórica, es evidente que la evolución de los derechos humanos se ha producido en distintos momentos y bajo condiciones sociales específicas.
De modo que los derechos de “tercera generación”, que son los comunitarios, colectivos, desarrollo, paz, medio ambiente sano, identidad cultural, autodeterminación de los pueblos, se alcanzaron en la segunda mitad del siglo XX. Su base estuvo en el ascenso del “Tercer Mundo” y su lucha contra el colonialismo y el imperialismo, en medio de las confrontaciones entre capitalismo (Estados Unidos) y el “comunismo” (Unión Soviética/URSS). Con el derrumbe del bloque socialista, la globalización instaló la ideología neoliberal y con ella las afectaciones a los derechos laborales y sociales, pero también al desarrollo soberano del Sur Global por las imposiciones del FMI y el Consenso de Washington. Además, crecieron las amenazas extractivistas sobre los recursos naturales. En consecuencia, fueron los pueblos de ese Sur Global, con sus propias y variadas identidades en América Latina, África y Asia, los que canalizaron y promovieron los derechos colectivos y la necesidad de la cooperación internacional y de la ONU para garantizarlos y fortalecerlos.
Fueron puntos de partida las nuevas instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer, la Convención Universal sobre los Derechos del Niño, y la tan importante declaración de la “Década Internacional sobre los Pueblos Indígenas” que dio lugar a la proclamación de dos décadas: 1995-2004 y 2005-2014 (https://t.ly/cr9Ln). Ha constituido un verdadero hito histórico la reciente Resolución de la ONU del 25 de marzo de 2026, que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia, cometido durante cuatro siglos. Recuerda instrumentos legales como las bulas papales de 1452 y 1455, el Código Negro francés de 1685 o la herencia biológica de la esclavitud en la Virginia de 1662. Subraya “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad” (https://t.ly/OqV85). La Resolución exhorta a los Estados que se beneficiaron de la trata y de la propiedad de los esclavos a cumplir con reparaciones por los perjuicios causados, lo cual constituye un asunto actual de Deuda Histórica (https://t.ly/nEKNm).
La propuesta provino de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos y la resolución se aprobó con 123 votos a favor. Resulta sintomático que las 52 abstenciones provengan del Reino Unido y Europa (también Japón), cuyos imperios del pasado se levantaron con la esclavitud. Además, 3 países votaron en contra: Estados Unidos, Israel, e increíblemente Argentina; mientras, por otro lado, se ubica Ecuador, que aparece ausente de cualquier voto. Se trata de dos países latinoamericanos que han adherido al americanismo neomonroísta del Corolario Trump y cuyos gobiernos suscribieron la conformación del “Escudo de las Américas”, además de seguir políticas que han desmontado derechos laborales y sociales, y han reducido las capacidades de sus Estados.
Por otro lado, Ecuador es el primer país que aprobó, por referéndum realizado en 2008, una Constitución progresista que es pionera en proclamar un Estado plurinacional en América Latina (le siguió Bolivia en 2009), que garantiza amplios derechos para los indígenas, montuvios y afrodescendientes, y es la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza. Sin embargo, resulta contradictorio que esos avances hayan sido seriamente afectados desde 2017 por la sucesión de gobiernos empresariales que lograron construir un régimen de privilegio para grandes grupos económicos y bajo renacido dominio oligárquico.
Los derechos de “cuarta generación” están en pleno desarrollo y se vinculan a la era de la información, las nuevas tecnologías, la bioética. Tienen que ver con internet, protección de los datos personales, privacidad, identidad digital, inteligencia artificial, ciberespacio, la genética. En Europa se aprobó una Declaración sobre Derechos Digitales (2022). Sin embargo, en América Latina estos derechos se ven limitados por una serie de factores como la dependencia tecnológica, la conectividad restringida, el descontrol en redes o la falta de institucionalidad. Paradójicamente, Chile es el primer país en el mundo que aprobó la protección de los “Neuroderechos” o “derechos del cerebro” (2021), relativos a la integridad y privacidad mentales, identidad, datos cerebrales, que no pueden estar sometidos a la manipulación tecnológica. Brasil cuenta con un “Marco Civil de Internet” (2014) y se han logrado leyes sobre datos personales en diversos países de la región. Pero el contraste se halla en el peso de las sanciones y restricciones sobre Cuba, sujeta a un bloqueo que, bajo la Doctrina Donroe, ha adquirido características de violación a todos los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas.
América Latina, que ha encabezado notables avances en la proclamación de los derechos humanos, es una región que experimenta la afectación y amenaza de su institucionalización permanente por causa de las disputas internas por la hegemonía en el Estado de élites carentes de conciencia social y ahora también por la injerencia que ha adquirido el monroísmo del siglo XXI. Para la región es un desafío histórico lograr la unidad e integración de objetivos en torno a la paz, el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos, aprovechando de la constitución de un mundo multipolar.
Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.