“En el contexto latinoamericano o de todo el continente americano, Honduras es una de las economías que más está creciendo y nuestro trabajo esperamos que se traduzca en más empleo e inversión, circulante y más ingreso para la gente» (Juan Orlando Hernández (JOH), al obtener resultados positivos de la revisión del programa con el FMI en su segunda gestión de gobierno
Recién se cumplieron 100 días del Gobierno de Nasy Asfura, denominado el Gobierno de la “Racha”, una especie de energía especial que hace que el partido y simpatizantes trabajen por el triunfo (imprimiendo nuevas identidades en los municipios, trasladando votantes a municipios rurales, eliminando y reasignando votos y adulterando los sellos del sistema de votación), pero también por el desarrollo del país ( bacheando calles 24-7 con material de mala calidad) y más horas que las que autoriza el Código de Trabajo, pero también por hacer posible el sueño de Donald Trump, una Honduras para los “gringos”, visto como su padrino político-ideológico.
Para la oposición política, sobre todo aquellos dirigentes del Partido Liberal no contaminados por el lado “oscuro», el triunfo de Nasry Asfura es un triunfo robado a su candidato Salvador Nasralla, donde se acusa a las consejeras Cosett López y Ana Paula Hall, representantes del Partido Nacional y Liberal al Consejo Nacional Electoral (CNE), de no autorizar el conteo y reconteo de votos que validaban este triunfo. Los dirigentes del partido Libertad y Refundación (LIBRE), también avalan el triunfo de Nasralla, aunque reconocen que la injerencia de Donald Trump al llamar a no votar por su candidata, Rixi Moncada, y la marcha de las iglesias en su contra, afectaron para que no fuera electa presidenta del país, pero también hay que reconocer fallas internas [1].
Curiosamente, estos 100 días de Gobierno coinciden con la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se alcanzó un acuerdo sobre políticas para completar la cuarta y quinta revisiones de los acuerdos suscritos en el Gobierno de Xiomara Castro, lo cual hará posible que el país pueda acceder a unos 245 millones de dólares después del mes de junio, una vez aprobado el acuerdo por el Directorio del Fondo.
Del comunicado emitido por técnicos del FMI se deduce que este organismo avala las medidas tomas por el Gobierno de Nasry Asfura, pero alerta sobre posibles riesgos futuros que se derivan de la experiencia habida con los gobiernos del partido nacional en el pasado.
Entre los logros del Gobierno destacan:
a) La ampliación por el Congreso Nacional del Régimen de Importación Temporal (RIT) hasta 2030, que permite a las empresas la exoneración de impuestos, sobre todo para la importación de insumos y maquinarias.
b) El regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), para garantizar confianza a la inversión extranjera; pero la oposición ligada al partido LIBRE y dirigentes ambientalistas dirán que es la protección de inversiones que violan la soberanía nacional, destruyen el ambiente, fuentes de agua y contaminan la salud humana.
c) La aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, que vuelve a la contratación de empleos temporales, o sea menores que la jornada establecida en el Código de Trabajo. Para la oposición política, sobre todo funcionarios del Gobierno de Xiomara Castro, esta ley precarizará aún más el trabajo y afectará el ingreso y condiciones de vida de los trabajadores. La dirigencia obrera, a lo sumo, debería abrir un buzón municipal de quejas de trabajadores y trabajadoras que denuncian el cambio de su contrato de trabajo de acuerdo permanente por uno de trabajo temporal.
d) La reducción de gasto público con el recorte presupuestario para 2026, estimado en 25.000 millones de lempiras, donde destaca el cierre de instituciones como la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Secretaría de Lucha Contra la Corrupción y de Proyectos, entre las más importantes; pero también el recorte del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 593 millones de lempiras.
e) La re focalización del subsidio a la energía eléctrica. El cercenamiento del listado de beneficiarios en el gobierno de Xiomara Castro, bajo el argumento que gran parte de ellos no merecen dicho subsidio ya que pueden pagar. Se estiman que más de 600,000 familias quedaron fuera del subsidio.
f) La vuelta al fideicomiso en salud manejado por la banca privada y administración de la Secretaria de Salud por el propio presidente de la República, y una eventual discontinuidad en la construcción de hospitales iniciados en el Gobierno de Xiomara Castro. La oposición habla de una privatización de la salud, dejándola en manos de las casas farmacéuticas, banca privada, empresarios y políticos corruptos.
g) La no renuncia a un menor ingreso por impuesto a los combustibles, con una escala da que sitúa al país con los precios de combustibles más altos de la región.
i) Mayor flexibilidad para la obtención de divisas, eliminando trámites burocráticos, que visualizan un mayor control por los agentes cambiarios del mercado y devaluación del lempira, tal como ocurrió a finales del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) [2].
j) Amplios poderes a la Procuraduría General de la República (PGR) y Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), al eliminarse la Secretaria de Lucha Contra la Corrupción y alejarse la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
El FMI enfatiza en medidas de política destinadas al control del gasto y mantenimiento de un déficit fiscal manejable, baja inflación y flexibilidad cambiaria para avanzar a un modelo de metas de inflación con autonomía del Banco Central. Igual, a favor de la focalización de los subsidios a la energía y medidas compensatorios para combatir la pobreza extrema con un nuevo Sistema Único de Información del Sector Social (SUISS) y una SEDESOL libre de corruptos, aunque también los hubo en la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
Ya existe suficiente evidencia del robo de fondos para la compensación social, por lo que los OFIS deberían establecer una condicionalidad en contra del mismo, o sea, si hay robo y destino de fondos a la politiquería, no hay plata, comunicando el FMI a otros organismos como BID y Banco Mundial que paren los desembolsos.
EI FMI, tal como en el pasado, mira con buenos ojos las intenciones del Gobierno de privatizar la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), siguiendo el modelo “fallido” de la partición de la empresa en generación, trasmisión y distribución, con clara dedicatoria a los llamados empresarios nacionales exitosos, que se pueden hacer cargo sin involucrar a la cúpula corporativa del sindicato de la ENEE y su máximo líder, Miguel Aguilar. Para ello, el primer piloto sería la instalación de medidores de energía prepago en los hogares, manejada por una empresa contratada por la ENEE.
El FMI, en el marco de convenio suscrito con el Gobierno de Xiomara Castro, ha avanzado en la eliminación de la “piñata” de los fideicomisos, caracterizados por la corrupción y falta de cumplimiento de las metas propuestas. Sin embargo, elGobierno de Nasry Asfura decidió reactivar el fideicomiso con el Banco de Occidente para atender la mora quirúrgica en salud y abastecimiento de medicamentos por un monto inicial de 250 millones de lempiras.
No obstante, tal como lo ha demostrado desde su creación, el FMI adopta la posición gallo-gallina en temas de corrupción, al aceptar que el Gobierno mantendrá el fideicomiso en salud en forma temporal y no permanente, sabiendo de los problemas que ha generado.
“Las autoridades se comprometen a mantener el nuevo fideicomiso de salud como una excepción temporal, delimitada y sujeta a rigurosas salvaguardias, al tiempo que fortalecen la capacidad del Estado para permitir la eliminación progresiva de este fondo. La presentación al Congreso de legislación clave relacionada con el GAFI es un hito importante, y la aprobación e implementación oportunas de esta legislación, así como la puesta en marcha del registro de beneficiarios finales, serán fundamentales para la evaluación del GAFI en 2026. Las prioridades a futuro incluyen la aprobación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción y la solución de deficiencias institucionales profundamente arraigadas que lastran la confianza de los inversionistas y el crecimiento a largo plazo.” (Comunicado de Acuerdo a nivel técnico del FMI, 11 de mayo de 2026).
Las preguntas apuntan a la definición de la temporalidad de la excepción, la cual puede durar un año o hasta que se atienda el total de cirugías pendientes, igual el monto total que deberá ser pagado al Banco de Occidente. Puede ser también, si el FMI ejerce presión, que el fideicomiso en salud dure hasta que termine el convenio y no aparezca en el nuevo convenio a negociarse con el organismo a principios de 2027. No es de extrañar que el Gobierno mantenga el fideicomiso en salud, aun cuando el FMI apruebe un nuevo convenio, comprometiéndose los funcionarios públicos, diputados y empresarios a no robar.
Finalmente, llama la atención que el FMI hace poca alusión al estado de la Ley de Justicia Tributaria impulsada por el Gobierno de Xiomara Castro. Al parecer ya no insistirá en ello en tanto el Gobierno de Nasy Asfura goza del respaldo de los empresarios que se opusieron a dicha Ley. Incluso, puede hacerse a un lado en caso de aumento de más impuestos a la población (clase media y de bajos recursos), sin tocar las exoneraciones fiscales a las empresas.
Lo mismo puede decirse de las acciones pendientes con Naciones Unidades para la llegada de la CICIH, apostando a la nueva estrategia del Gobierno para el combate de la corrupción, la cual, desde ya, no goza de la aceptación de partidos políticos de oposición, diputados no contaminados con el bipartidismo nacional-liberal en el Congreso Nacional, dirigentes como Salvador Nasralla que han manifestado su rechazo y ciudadanía en general.
Notas:
[1] La población y grupos de la sociedad civil no comprenden por qué LIBRE, hecho Gobierno, no pudo encarcelar a diputados y funcionarios del Gobierno de JOH acusados de corrupción, aun cuando habían suficientes evidencias, tampoco convencer a Daniel Ortega para que varios de estos funcionarios y políticos refugiados en Nicaragua fueran extraditados.
[2] El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, anunció que se incrementará a 125.000 dólares el límite de compra de divisas sin documentos, lo cual vuelve más flexible el sistema, pero también permite que los mayores demandantes de divisas puedan acceder a estas. Entre estos se encuentran los importadores de vehículos, ropa, repuestos y productos enlatados. Aunque un argumento a favor es que la burocracia perjudica más a la mi pymes, el problema es de monto de acceso y la prioridad de destino de las divisas.