La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la «Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral», comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias. El […]
La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la «Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral», comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias.
El organismo Ejecutivo se comprometió a solucionar la deuda agraria que suma unos Q300 millones y que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional.
El cumplimiento de las Medidas Cautelares, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas, en marzo de 2011, en el Valle del Polochic. También se acordó de que una finca del estado ubicada en esa región será adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos violentos.
Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas.
Solucionar los conflictos sociales en la comunidad indígena Santa María Xalapan, Jalapa, fue otro de los compromisos asumidos por el gobierno. Así como resolver los conflictos agrarios en la Sierra Chinajá, relacionados con el acceso a la tierra y áreas protegidas.
La solución de la problemática agraria de la comunidad Los Regadíos en el Norte del Quiché y otros conflictos en Alta Verapaz, también fue un acuerdo firmado.
Este organismo también aceptó el retiro de tropas militares en Santa María Xalapan, en San Juan Sacatepéquez y en la comunidad Los Olivos, de Cobán, Alta Verapaz.
El documento de compromisos fue firmado por el presidente de la República, no sin antes, comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas.
Para dar seguimiento a las demandas planteadas se programó una reunión entre el organismo Ejecutivo y los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización.
«Quiero decirle que las comunidades estarán atentas al cumplimiento de estos compromisos, expresó Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina a Pérez Molina, al finalizar la larga reunión en la que se alcanzaron estos acuerdos.
En el Congreso de la República, este 28 de mazo dirigentes comunitarios y representantes del CUC sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión de Energías y Minas, para abordar la normativa relacionada con la minería.
¡El pueblo unido…jamás será vencido!
Comité de Unidad Campesina – CUC