Un poco después de que se anunciara la detención de Jeanine Áñez y demás golpistas bolivianos (políticos, civiles y militares) se comprobó sin mayor esfuerzo el contubernio entre los detenidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el imperio estadounidense, pues si ya desde el momento de su arresto Áñez envió un mensaje a sus dos amos para ser rescatada, ahora las declaraciones de ambos cierran la pinza de complicidad en el Golpe de Estado de 2019 acontecido en Bolivia.

La Fiscalía de Bolivia ha comenzado un proceso jurídico para restablecer el orden constitucional resquebrajado por el Golpe de Estado de noviembre de 2019, por el que fue destituido y perseguido el ex presidente Evo Morales y muchos de los funcionarios que conformaban el gobierno plurinacional.

Las denuncias y exigencias del movimiento feminista contra la violencia de género y los feminicidios, por el ejercicio pleno de los derechos de la mujer y el fin del pacto patriarcal, poco a poco van teniendo un eco más profundo y van influyendo-transformando la realidad político-social y cultural de México y el mundo.

Los estragos económico-sociales tras un año de pandemia de Covid-19 en el mundo y la agudización de la crisis capitalista, que, entre otras cosas, ha incrementado la pobreza-explotación y las variadas formas de violencia sistémica, hacen necesario el análisis profundo de la realidad que afrontamos, esto, aunado a la fuerza de las reivindicaciones feministas que nos empujan-permiten acercarnos a las ideas de revolucionarias marxistas como Rosa Luxemburgo, en busca de luz ante tanta oscuridad.

Joe Biden restableció las formas del “buen hacer” del imperio estadounidense iniciando acciones bélicas.

En los últimos meses hemos presenciado al menos dos ejemplos claros de lo que occidente (entiéndase capitalismo según la caracterización realizada por Roberto Fernández Retamar) llama “defensa de la libertad de expresión”.

Podría pensarse que asemejan a las almas condenadas que deambulan cargando la pena que refiriere al pecado cometido según alguna idea religiosa, pero, en realidad habitan los espacios urbanos excluidos de sus derechos humanos, y, en plena pandemia de Covid-19, son invisibilizados en toda estadística sobre contagios, vacunas o programas de apoyo gubernamental.

El movimiento obrero-popular de 1973 y 1974 y el asesinato de Efraín Calderón Lara “Charras” la madrugada del 14 de febrero de 1974, acontecidos en Yucatán, cumplen cuarenta y siete años luchando por permanecer en la memoria colectiva a pesar de la negación gubernamental y su exclusión en la historia oficial enseñada y difundida en las escuelas de todos los niveles del Estado.

El reciente anuncio de la suspensión del carnaval de Mérida, permite evocar hechos históricos desapercibidos para una parte de la sociedad actual, ya sea debido a que pertenecen a las nuevas generaciones y sus referentes temporales no los suscriben, o por el acondicionamiento ideológico de la desmemoria generada por el poder mediante la historia oficial que se encarga de ocultarlos.