Este 30 de junio, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), con el apoyo de Heks-Eper y Redehsur, presentó el boletín “La zona sur, el nuevo escenario de la violencia capitalista”[1].

Entre el 17 y 22 de junio, las autoridades costarricenses clausuraron 92 empresas agrícolas ubicadas en el norte del país, a pocos kilómetros de la frontera nicaragüense.

La entrada en vigor de un nuevo código penal está generando profundas inquietudes y fuertes protestas en diferentes sectores de la sociedad hondureña.

El nuevo informe de la Red contra la Violencia Antisindical evidencia una vez más que Honduras sigue siendo uno de los países de América Latina donde más se persiguen a sindicalistas y activistas laborales.

El informe de la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos (UCRA) del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica (SFE) presentado esta semana confirma una realidad preocupante e incómoda: el 64 por ciento de los vegetales frescos analizados contiene algún tipo de agrotóxico.

El pasado 31 de mayo se cumplió un año de la injusta detención de Rommel Herrera Portillo. El joven fue víctima del falso positivo de la quema de unas llantas en la entrada de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, en el marco de una movilización de médicos y maestros contra la privatización de salud y educación.

La pandemia en Honduras sigue golpeando duro. Más de 5.500 casos y unos 230 fallecidos. Siendo uno de los países con mayor índice de desigualdad y pobreza (67 por ciento) en Latinoamérica, es inevitable que la pandemia se haya ensañado en especial contra los sectores más vulnerables de la sociedad.