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¿Qué tanto les interesa a los financiadores del «desarrollo» la persecución de defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes?
Honduras sigue siendo uno de los países más letales para las personas LGBTI. La noche del 10 de julio, Scarleth Campbell, mujer trans activista de la Asociación Arcoíris Honduras, una de las organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual, fue asesinada de varios balazos por desconocidos en un barrio de la capital.
Este 30 de junio, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), con el apoyo de Heks-Eper y Redehsur, presentó el boletín “La zona sur, el nuevo escenario de la violencia capitalista”[1].
Entre el 17 y 22 de junio, las autoridades costarricenses clausuraron 92 empresas agrícolas ubicadas en el norte del país, a pocos kilómetros de la frontera nicaragüense.
La entrada en vigor de un nuevo código penal está generando profundas inquietudes y fuertes protestas en diferentes sectores de la sociedad hondureña.
El nuevo informe de la Red contra la Violencia Antisindical evidencia una vez más que Honduras sigue siendo uno de los países de América Latina donde más se persiguen a sindicalistas y activistas laborales.