Fue el 5 de julio de 1984. Mientras el termómetro marcaba 40 grados centígrados, 80 mil personas abarrotaron el viejo estadio San Paolo de Nápoles, los ojos llenos de sueños y un gran deseo de redención. No lo podían creer. Y no se trataba solamente de fútbol, sino de una historia marcada por la desconfianza y el estigma hacia las personas del sur, por la pobreza crónica, los prejuicios, la intolerancia y los estereotipos.

Los días 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el caso de Vicky Hernández, mujer trans de 26 años y activista del grupo Unidad Color Rosa, asesinada por integrantes de la fuerza pública hondureña la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras en el país se fraguaba un golpe de estado.

Entre el 29 y 30 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Miami alertó a Nicaragua y los países del Triángulo Norte que la tormenta tropical Eta iba rumbo a la región, tocando tierra posiblemente como huracán en el Caribe Norte de Nicaragua para luego virar hacia el norte y golpear a Honduras y Guatemala.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) presentó el informe “La normalidad siempre ha sido el problema”[1], donde quedó reflejada una preocupante escalada de los ataques contra defensoras de derechos humanos durante la primera mitad del año.

En Honduras hay un repunte preocupante de la violencia de género, una tragedia que se ha profundizado durante los meses de confinamiento por la pandemia y ante la ausencia crónica de políticas públicas.

Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.

Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), fue ultimado de quince disparos el 18 de marzo del año pasado, en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre. Un año y medio después, las autoridades quieren archivar el caso.

El proceso electoral de 2017 tuvo un desenlace trágico. El burdo fraude, orquestado desde el ejecutivo con el apoyo determinante de los Estados Unidos y el silencio cómplice de la Unión Europea y Almagro, dejó un saldo de más de treinta muertos a manos de las fuerzas represivas del estado, y una profunda crisis político-social que está minando lo poco que queda de una institucionalidad ya fuertemente debilitada después del golpe de 2009.

El pasado 18 de septiembre se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Snaider Centeno, y de una quinta persona.

Desde el 15 de marzo, fecha en que se estableció toque de queda por la pandemia de Covid-19, en Honduras fueron asesinadas 94 mujeres. Desde el inicio del año fueron más de 65 mil las llamadas al 911 para denunciar violencia doméstica, intrafamiliar y sexual.