Todo hace pensar que al Estado ecuatoriano le espera un nuevo saqueo protagonizado por los capitales transnacionales.

Entre mediados de marzo e inicios de octubre de 2020 en el Ecuador fallecieron más de 37 mil personas por encima del promedio histórico registrado los cinco años anteriores según información del Registro Civil.

Aunque el discurso oficial distingue entre minería legal e ilegal, en los hechos gran parte -por no decir toda- la minería realmente existente es ilegal: casi todos los proyectos han incumplido normas legales como la consulta previa, libre e informada o la publicación de catastros mineros, irrespetando la prohibición de minería en páramos y fuentes de agua.

La dependencia de los países periféricos especializados en exportar bienes primarios, como fuente preferente de financiamiento de sus economías condenaría a dichos países a la pobreza.

Los defensores de la megaminería promueven un boom minero en el que, según ellos, está “el futuro del desarrollo económico para el país”: pero lejos de ser una salvación, será una condena social, ambiental y económica.

En tiempos de crisis del capital, solo el pueblo salva al pueblo.

Hay cientos de personas que están muriendo… muchas por culpa del coronavirus, pero otras por dolencias menos complejas que podrían ser tratadas de existir los recursos suficientes y las políticas adecuadas. Quizá es hora de admitir que, para evitar una tragedia mayor a la que ya vivimos, necesitamos no solo de la ayuda humanitaria internacional, sino que nos urge dar un golpe de timón en el manejo político que empiece por cobrar inmediatamente todos los impuestos pendientes, que suspenda el pago de la deuda externa, que desprivatice el sistema de salud, que avance hacia la socialización de la banca, que recupere para el Estado el manejo del dinero electrónico, que propugne una profunda transformación agraria, que concrete un aumento del impuesto a la herencia de las grandes fortunas, que se amplíe el bono solidario a una renta vital básica…