Juan Torres López

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España).

Página web: www.juantorreslopez.com»

Artículos

Al economista argentino Javier Milei, favorito para las próximas elecciones generales de su país, lo empezaron a llamar «el loco» en primer curso de secundaria y, desde entonces, no se ha podido desprender del calificativo.

Hagamos, en primer lugar, la prueba del algodón: Si la amnistía de los delitos cometidos por Puigdemont y otras personas fuera realmente una solución democrática y auténtica de los problemas de Cataluña ¿por qué ni el PSOE ni Sumar llevaban esta «solución» en sus programas electorales?

Los resultados electorales del domingo pasado representan una derrota sin paliativos de las izquierdas que creo se pueden explicar por cuatro factores a tener muy en cuenta si se quiere que las generales recién convocadas de un vuelco y permitan renovar un gobierno progresista.

He oído la expresión con la que titulo este artículo docenas de veces, pero nunca en boca de alguien rico o con ideas de derechas. No digo que no haya ricos que digan eso, sino que a quien yo oigo decir que no vale la pena ir a votar es a gente que vive al día o malvive o que no es de derechas.

En 1989, el economista John Williamson habló por primera vez del «Consenso de Washington» para referirse a las ideas o principios de política económica que debían seguir aquellos países que quisieran ser bien acogidos y apoyados por las instituciones que tienen su sede en la capital estadounidense: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Tesoro de los Estados Unidos. Tales principios constituían la ortodoxia neoliberal que es bien conocida: privatizaciones, disminución de gastos sociales y de impuestos, plena apertura exterior libertad de movimientos de capital, desregulaciones…

Los grupos de trabajo de Sumar, la plataforma impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, han propuesto la posibilidad de implantar en España una llamada «herencia universal» de 20.000 euros que recibirían todas las personas al cumplir 18 años, lo que tendría un coste anual de unos 10.000 millones de euros que sería financiado con gravámenes sobre el patrimonio y la riqueza.

Hace un par de semanas el Fondo Monetario Internacional publicó en su último Monitor Fiscal un análisis de la situación económica en el que recomendaba volver a las políticas de austeridad para hacer frente a los rebrotes inflacionarios. Concretamente, decía que «los esfuerzos de las autoridades monetarias para que la inflación vuelva al nivel fijado como meta deben complementarse con una política fiscal más restrictiva».

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