En este año 2021, cuatro son las sillas vacantes que los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deberán encontrar la forma de suplir en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 22 de abril, entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú, un instrumento regional adoptado en Costa Rica en el 2018. Como bien se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018, bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas).

El pasado 18 de diciembre del 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su fallo en el que se declara competente para conocer de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en el año 2018. La demanda refiere a una vieja controversia sobre una zona en disputa, denominada en Venezuela «Guayana Esequiba», de unos 159.500 kilómetros cuadrados, disputada en el siglo XIX y XX entre Venezuela y Reino Unido, y Guyana desde que accedió a su independencia en 1966.

El pasado 13 de octubre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se procedió a elecciones con miras a renovar varias vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos.

El pasado 2 de setiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, uno de ellos siendo la misma Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional, y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.

Este 2 de septiembre la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, siendo una de ellos la propia Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.