El reemplazo casi total del gabinete ministerial a cinco meses de iniciado su mandato evidencia que el gobierno de Ollanta Humala remarca un giro hacia la derecha y el autoritarismo, hecho que fue saludado a página entera ayer por el gremio empresarial más influyente: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). De esta manera […]
El reemplazo casi total del gabinete ministerial a cinco meses de iniciado su mandato evidencia que el gobierno de Ollanta Humala remarca un giro hacia la derecha y el autoritarismo, hecho que fue saludado a página entera ayer por el gremio empresarial más influyente: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).
De esta manera Ollanta Humala -luego de ganar las elecciones con un discurso radical que llevó a la prensa a calificarlo incluso de «antisistema»- ahora se mimetiza al orden neoliberal establecido y empieza a parecerse a los anteriores gobiernos de Fujimori, Toledo y García.
El petardeo a la gestión del premier Salomon Lerner en sus afanes de diálogo para resolver el conflicto generado por el proyecto minero Conga muestra que la tesis presidencial a favor de Conga pretenderá imponerse, y Ollanta confía más en su instructor de la Escuela Militar como Primer ministro para este propósito.
Los personajes de origen democráticos y de izquierda que habían encontrado espacios en el gobierno para introducir una agenda ambiental y social más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos están en franca retirada.
Y, un gran desconcierto envuelve a las bases democráticas y nacionalistas que creyeron y apostaron -una vez más- en que el triunfo electoral de un nuevo outsider de la política abriría una puerta a sus aspiraciones.
El principal aliado del nuevo Humalismo
El comunicado de la CONFIEP señala en algunos de sus párrafos:
«La violencia y el desorden propiciado por pequeños grupos de manifestantes en algunas localidades del país, con evidentes fines ideológicos, están atentando en contra de toda la población nacional, en momentos en que todos los peruanos deberíamos priorizar los intereses nacionales, antes que cualquier interés ideológico particular».
La posición intransigente de estos pequeños grupos violentistas (…) no hacen más que propiciar un ambiente de inestabilidad política y social (…)
Consideramos que el Gobierno ha creado el marco que demuestra su vocación de tolerancia y diálogo democráticos (…) por lo que apoyamos su decisión de hacer prevalecer el estado de derecho, en el uso legítimo de las normas legales vigentes.
La legítima aspiración al progreso exige que trabajemos juntos por la paz y rechazemos todo acto ilegal. La inversión privada moderna, que genera riqueza y trabajo, que respeta escrupulosamente la normatividad jurídica y el medio ambiente y que permite una distribución más justa de los beneficios, no puede verse afectada por ciertos intereses particulares contrapuestos a los de todos los peruanos.
La visión del Perú debe ser una sola: la visión de un país que crece con inclusión social»
Como podemos apreciar la visión de la CONFIEP se fundamenta dogmáticamente en que la inversión privada moderna es la gestora del crecimiento, que confunde con desarrollo, sin considerar que este paradigma no ha resuelto y viene agravando las condiciones de vida de la población. Son precisamente las regiones con mayor inversión minera las más empobrecidas del país.
Por otro lado, miente descaradamente e intenta ocultar la realidad cuando insiste en que la protesta social es obra de pequeños grupos violentistas que persiguen fines ideológicos, buscando ocultar con descaro los graves impactos sociales y ambientales que genera la inversión extractivista que viene enriqueciendo a manos llenas a empresas multinacionales y sus socios nacionales.
La polarización maniquea que formula la CONFIEP es una declaración excluyente, confrontacional, autoritaria, de quienes abusan del poder para seguir imponiendo las condiciones que más le convienen para seguir saqueando los recursos naturales del país en las condiciones más ventajosas posibles e infringiendo las más elementales normas técnicas y ambientales así como los derechos de la población afectada.
Esta posición de abuso de poder no está reñida con la moral empresarial o la responsabilidad social de la CONFIEP que convivió en plena felicidad con el régimen de Fujimori-Montesinos, que le aseguró prosperidad a sus inversiones y mano dura con el pueblo. Entonces, nunca tuvo ni un rubor de vergüenza mientras se pisoteaban los derechos humanos y el estado democrático de derecho.
El estado de derecho
La oligarquía dominante en el país -cada vez más subordinada al capital transnacional- se ha acostumbrado a confundir sus propios intereses con los intereses del país.
Y lamentablemente esa confusión se expande cuando parte del poder estructural de las élites dominantes comprende el control casi absoluto de los medios masivos de información que reproducen al unísono sus puntos de vista y se esmeran en materializarlo como «opinión pública» (En esto es tan eficaz Raúl Vargas y RPP).
Los outsiders de la política, mientras son candidatos, fungen una posición popular, de cuestionamiento o rechazo a un modelo económico que crece y crece, mientras promete redistribuir la riqueza y brindar oportunidades en el futuro a los más pobres.
El sistema de Estado y la democracia criolla «a la peruana» funciona como una maquinaria eficaz que tritura cualquier opción reñida con sus intereses y cumple la función eficiente de captar a su servicio a quienes tienen alguna opción de triunfo electoral.
Eso explica la enorme presión mediática a Ollanta para modificar su plan de gobierno inicial, y adoptar una hoja de ruta flexible a los intereses en juego.
Apenas anunciado extraoficialmente su triunfo en las urnas, pudimos ver la acción concertada de los medios -entre estos a la periodista política supuestamente independiente Rosa María Palacios- para exigirle a Ollanta nombrar a su ministro de Economía y al presidente del Banco Central de Reserva y así tranquilizar a los grupos de poder económico.
Quienes se aprovechan de este sistema político caduco para exprimir al pueblo y a los recursos del país en beneficio propio, sin prestar seria atención a las exigencias de un estado democrático de derecho e ignorando las justas y legítimas demandas del pueblo quizás no se dan cuenta de qué manera están socavando ellos mismos la denominada institucionalidad democrática.
Esta permanente frustación de la voluntad de las mayorías es una situación que amenaza cada vez más el régimen político formalmente demoliberal porque no se muestra eficaz para traducir una democracia efectiva. Por el contrario, los gobiernos terminan endureciendo sus relaciones con el pueblo y criminalizando la protesta social, vulnerando de manera cada vez más sistemática los derechos humanos.
Lo que conviene destacar es que los diversos sectores sociales del pueblo han aprendido a formular sus demandas de desarrollo, territorio, agua, bienestar, con legitimidad, con fundamento técnico y en términos de derecho y de justicia. Mientras, que los gobernantes de turno no salen del mismo fallido discurso neoliberal, que promete un bienestar que nunca llega, y el poder del capital financiero mundial se abate en crisis a nivel mundial.
Será por todo esto que el primer gabinete de Ollanta Humala no ha durado ni siquiera cinco meses y -a este paso- podemos vaticinar que el gobierno actual no culminará en paz sus cinco años de periodo presidencial pues su ilegalidad, ilegitimidad y vulneración del estado democrático de derecho será ostensible ante el pueblo que lo eligió y ante los ojos del mundo.
Sólo podrá mantenerse en el poder como una dictadura y el pueblo está cansado de dictaduras y de tiranías, peor aún si son de origen o sello militar.