Catorce años después de la ley aprobada por el gobierno de Zapatero, el Consejo de Ministros conformado por PSOE y Unidas Podemos ha aprobado el proyecto de una nueva ley de memoria histórica que parte de asumir como propia la deuda que la democracia mantiene aún con estas víctimas.
Han pasado 85 años y la sociedad española se divide en dos grupos: el de varias decenas de millones de españoles, que lo ignoran todo sobre aquella fecha de 1936 y el de los de aquellos para los que sí tiene un significado determinante, para comprender porqué ahora estamos como estamos.
“Ser inmigrante no es un delito”. Es la consigna que figuraba en la pancarta de la Campaña CIE No el pasado 7 de julio, con motivo de la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia.
El desahucio de dos familias de las fincas que cultivaban en los terrenos del Pazo motivó entre 1933 y 1936 una poderosa rebelión contra la oligarquía, la Iglesia Católica y el poder de la derecha protagonizada por las mujeres del pueblo.
Dos meses después de la emergencia migratoria en Ceuta, jóvenes y niños en tránsito que sobreviven en la calle denuncian la invisibilidad y el abandono institucional en el que viven.
El desmoronamiento ha sido progresivo. Cada vez se eligen magistrados con menos conocimientos jurídicos y más sumisos a sus partidos. Mientras más mediocre es un jurista, más atemorizado vive de perder sus privilegios.
La Revolución cubana no es el paraíso en la Tierra, ya lo sabemos, pese a la belleza de la isla y la enorme cordialidad de su gente. Tampoco es una modélica democracia cómo la del Reino de España, en donde su Rey emérito, Juan Carlos I, está huido desde hace un año en una de las dictaduras teocráticas del Golfo Pérsico por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de armas, aún por aclarar.
El 18 de julio de 1936 ocurrió un golpe militar con fuerte apoyo de empresarios, terratenientes, partidos de derecha, y la Iglesia. El pronunciamiento militar se lanzó desde las posesiones españolas en África a derrocar el gobierno de la Segunda República en España, como primer paso para arrasar con las organizaciones populares, la militancia sindical y los partidos de izquierda.
Antes de la llegada del virus, España era el cuarto país más desigual de la Unión Europea. Tras la pandemia, las rentas pobres han perdido, proporcionalmente, hasta siete veces más que las más ricas