Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) cuestionan el intento, tanto del PP como de los dueños de las centrales, de vestir de interés público un mero asunto económico proponiendo una extensión de la vida útil de las centrales nucleares, cargando los costes y los riesgos sobre la ciudadanía.